Sesión de investidura. 
 Felipe González propugna un cambio hacia adelante     
 
 Ya.    01/12/1982.  Página: 8-13. Páginas: 6. Párrafos: 126. 

pág. 8

SESIÓN DE INVESTIDURA

i-XIJ-1982

Todos debemos pensar en el presente y en el porvenir de España, aunque sea de distinta manera Felipe

González propugna «un cambio hacia adelante»

El candidato a presidente del Gobierno, Felipe González, pronunció su discurso de investidura ante el

pleno del Congreso. Señaló en su programa de gobierno cuatro áreas de actuación. Son las siguientes:

Lucha contra la crisis económica y el paro; avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria;

reforma progresiva de la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 103 de la Constitución

y del contenido del Título VIII, que exige una nueva distribución del poder en el ámbito de las

Comunidades Autónomas y de los entes locales; proyectar hacia el exterior digna y eficazmente la

realidad de España.

La intervención de Felipe González comenzó a las 16,37 y concluyó a las 17,52. Ofrecemos el texto del

discurso:

Señor presidente, señoras y señores diputados:

Al disponerme a solicitar la investidura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución,

quiero, ante todo, transmitir a la Cámara y a los ciudadanos que representamos la convicción de que este

acto no es un simple trámite. Al contrario. Estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro

futuro. Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva, porque desde los primeros pasos por el nuevo

camino empezamos ya a ir configurando su trazado.

Lo proclamo con la satisfacción de haber sido uno más de los que han luchado por este día. Pero también

con la humildad debida, porque ha sido el pueblo español, libre y pacíficamente, quien ha instaurado el

cambio y nosotros no somos más que los encargados de desempeñar la honrosa tarea de impulsarlo.

Para constatar lo que afirmo basta contemplar esta Camara y comparar su composición con la de hace

sólo pocas semanas. Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras; otras leyes, otros modos, otros contenidos

de gobierno. Y lo ha querido con tal sabiduría y tan clara conciencia cívica que nuestro primer deber, el

de todos nosotros, consiste en interpretar con acierto esa voluntad popular. El pueblo ha votado el cambio

y nuestra obligación es realizarlo. Un cambio hacia adelante. Un cambio sintonizado con el futuro. Un

cambio hacia una España que progrese en paz y libertad.

Para conseguirlo los ciudadanos han elegido el 28 de octubre unas Cámaras con una mayoría fuerte —es

decir, con un Gobierno sólido— y con otras fuerzas políticas vigorosas. Yo me felicito de esos aciertos,

porque creo en la eficacia del diálogo y la participación, lo que supone interlocutores capaces. Porque es

más fácil la generosidad y la lealtad desde posiciones de fortaleza que desde la debilidad, que necesita

recurrir con frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.

Por eso espero que nuestras naturales discrepancias se manifiesten siempre en esta Cámara con ia claridad

y comprensión que por mi parte ofrezco desde ahora sin reservas. Todos debemos pensar en e¡ presente y

en el futuro de España, aunque sea de distinta manera.

Hacer compatibles esas maneras diversas y conjugarlas al servicio del interés común es lo que nos exigen

los ciudadanos con su rotunda votación.

Por obra de ese mandato, y no sólo por un tramite establecido, es por lo que solicito de la Cámara mi

investidura como presidente de Gobierno.

Y ¿para qué? Naturalmente, para gobernar. Esto es obvio, pero importa afirmarlo sin acritud, con la

conciencia clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la sensación de no

estar gobernados. Porque gobernar no significa solamente estar atento a las curvas del camino; gobernar

es guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte. Tener bien claro un rumbo a largo plazo, una

perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos. Gobernar es aferrarse con ilusión y

esperanza a ese rumbo, a sabiendas de que, aunque no se alcance plenamente el horizonte, debe bastarnos

la humilde seguridad de que cada paso correcto nos acerca a la meta de una España mejor para todos.

Nuestro horizonte como socialistas, con la responsabilidad de gobernar para todos los españoles, es

profundizar constantemente en las libertades de las personas y de los pueblos de España. Ahora bien, co-

mo las polémicas recientes y el oscurantismo interesado de tiempos pasados pueden confundir a muchos,

debo reafirmar que este horizonte pertenece a la vez al futuro y a! pasado. Es la reencarnación actual de

valores de siempre, porque el proyecto viene a revitalizar la solidaridad humana, debilitada por el

individualismo, por el egoísmo corporativo y por la agresividad competitiva de grupos sociales muy

concretos. Nuestro sentido del cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en los valores más

permanentes del hombre, rechazando la concepción atomizada de la sociedad.

Paz social, unidad, progreso

Nos proponemos gobernar sobre la base de tres principios que debo proclamar categóricamente:

— La paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía de desarrollo de las libertades, que es un

concepto más noble y amplio que el de orden público, reducido a la tranquilidad en las calles. Paz y

seguridad en todos los ámbitos: en el trabajo, en el ocio, en la creación, en la interdependencia de

nuestra vida en común, en las relaciones internacionales.

— La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos, con las preferencias

de los grupos, con las singularidades propias de este rico y variado mundo que llamamos España, no sólo

no excluye esas diferencias, sino que, al contrario, la unidad se vigoriza gracias a la autenticidad

con que son vividas por sus portadores humanos. Unidad, por tanto, en el sentido creador de

• estimularnos y potenciarnos unos a otros precisamente porque somos diferentes, nunca en la interpreta-

ción negativa de antagonismos o luchas destructoras.

— El progreso, corno un instrumento al servicio de la justicia, como un concepto que va más allá del

mero desarrollo económico, que incluye el incremento de la riqueza nacional, pero que atiende a las

necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán de comprensión, de dignidad, de igualdad.

Por ello nos obliga a luchar contra las diferencias, que privilegian a ciertos grupos y marginan laceran-

temente a otros.

Estas bases nos permitirán reforzar la presencia de España en el mundo, no con la vana pretensión de un

protagonismo internacional exagerado, porque tenemos sentido de la medida al situar a nuestro país en la

escala de las potencias mundiales. Pero tenemos también conciencia de nuestras aportaciones en el pasado

y de nuestra capacidad de presente y de futuro, y esperarnos que unas y otras nos permitan alcanzar en la

vida internacional el nivel de nuestra auténtica dignidad. Se puede ser digno con poco, como se puede ser

indigno con mucho, y de esto último no quiero mencionar ejemplos de quienes aprovechan su fuerza para

someter o explotar.

Paz, unidad y progreso: Ese es el perfil del horizonte, de nuestro rumbo permanente.

Debo ahora referirme a las curvas del camino, a la situación inmediata }´ a nuestros propósitos. Aludiré

sólo a sus principales rasgos porque, recientísimas como son las elecciones generales y dada ¡a difusión

de nuestro programa ampliamente respaldado, parece innecesario fatigar a la Cámara repitiendo detalles

de todos conocidos y que pueden ser objeto de ulterior debate.

Pero quiero anticipar que es nuestra intención informar a los españoles en los próximos meses sobre la

situación que hemos recibido, y en particular en la presentación de los presupuestos. Asimismo les iremos

dando cuenta en el , futuro de cuanto les atañe, sincera y claramente, para que la esperanza se base en la

verdad y no en datos deformados o insuficientes, ni en promesas quiméricas.

Cuatro áreas de problemas

Cuatro son las áreas de problemas en las que agrupo los aspectos detallados en nuestro programa

electoral, que es, naturalmente, la base del programa del Gobierno, porque sólo cumpliendo aquél res-

ponderemos fielmente al voto mayoritario expresado por los españoles. Enumeraré así esas cuatro áreas,

para que pueda seguirse más fácilmente mi exposición:

Primera, la lucha contra !a crisis económica y el paro.

Segunda, el avance hacia una sociedad más libre y más igualitaria.

Tercera, ¡a reforma progresiva de la Administración del Estado en cumplimiento de! artículo 103 de la

Constitución y dfi contenido de! titulo VIII, que exige una nueva distribución a´ei poder en el áml.iito de

las comunidades autónomas y de los entes locales.

Cuarta, proyectar hacia el exterior digna y eficazmente la realidad de España.

Estas cuatro áreas, como saben sus señorías, están estrechamente ligadas entre sí y sólo a efectos de

exposición podemos separarlas. Así la reforma de la Administración tiene un claro sentido instrumental al

servicio, tanto de los objetivos sociales que nos proponemos cuanto de la construcción del Estado de las

autonomías; y el avance en las primeras áreas mencionadas fortalecen nuestra posición en el exterior,

sirviéndose al mismo tiempo de una política internacional eficaz.

Antes de entrar en los problemas de la crisis económica, permítanme que recuerde, con todos los

presentes, la grave situación por la que atraviesan amplias zonas de España, golpeadas por la catástrofe de

las inundaciones, a las que debemos prestar una atención justa y urgente.

No deseo que se interprete la referencia inicial a Jos temas económicos como una creencia en su primacía,

porque lo que nos preocupa ante todo es el hombre, entendiendo los bienes materiales como instrumentos

a su servicio y no como objetivos finales. Nos importa afianzar una sociedad de ciudadanos libres,

mejorando su bienestar y haciendo posible una generación de españoles regidos por la ética y por la

solidaridad y no por un sistema de controles rigurosos. Sin embargo, a los hombres los limitan y

preocupan hoy, muy inmediatamente, los problemas económicos, porque el marco histórico en que

vivimos está dominado por una crisis de marcada intensidad y extensión.

Esa crisis general, junto con nuestra deficiente estructura económica, legada del pasado, nos enfrenta hoy

con cuatro desequilibrios fundamentales: el paro, que alcanza a dos millones de personas, que constituye

el 16 por 100 de la población activa, nivel que se sitúa siete puntos por encima de la inedia registrada en

la OCDE; ia inflación, con un suelo del 14 ó 15 por 100, que no se ha conseguido rebajar en los últimos

tres años, mientras caía en los países desarrollados y .se ampliaba sucesivamente nuestra diferencia con

ellos en dos.

l-XM-1982

SESIÓN DE INVESTIDURA

pág. 9 YA

Cuatro áreas básicas: lucha contra la crisis económica y el paro, avance hacia una

sociedad más libre e

igualitaria, reforma de la

Administración del Estado y

digna y eficaz proyección

exterior

«No perderemos oportunidad para crear trabajo»

cuatro o seis puntos; el déficit de la balanza de pagos, que aunque algo reducido en la balanza corriente,

se refuerza con una mala evolución de la balanza de capitales y determina globalmente pérdida de

reservas; y el déficit de las administraciones públicas del orden de un billón de pesetas en 1982, es decir,

equivalente a un 5 por 100 del producto interior bruto y,que viene presentando hasta ahora un rápido

ritmo de crecimiento que amenza con ponerlo fuera de control.

Crisis económica y paro

Ante estos cuatro retos del presente se impone una primera realidad: la de que el margen de maniobra

para la política económica es reducido en el plazo inmediato y sólo se amplía hacia el futuro. Por

consiguiente, y con la decisión de utilizar al máximo ese margen en la dirección que marca nuestro

programa, la confianza en las soluciones posibles se apoya fundamentalmente en tareas y reformas que

emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos sólo se recogerán a más largo plazo. Esta es la realidad,

puesto que la crisis económica internacional —que contrasta con la expansión de los años sesenta — no

desaparecerá del horizonte tan pronto como habían venido anunciando voces que ignoraban la pro-

fundidad de los desequilibrios que nos han atenazado.

Entre los desequilibrios mencionados, sin duda el más doloroso, desde un punto de vista humano, es el

del paro. No intentemos disfrazar su crudeza con el término menos agresivo de «desempleo». Nuestro

deber es vivir el paro como el drama de cada hombre o mujer que desea trabajar sin conseguirlo, vivirlo

como una serie interminable de días de frustración y de desesperanza. Porque no se trata sólo de un

problema económico que se podría aliviar sustancialmente con un subsidio. El paro ataca a las raíces más

profundas del ser humano: socava la energía moral y la confianza, debilita el espíritu de participación

ciudadana, lleva a cuestionar la solidaridad social; no podemos resignarnos a que el joven aprendiz o el

universitario repitan lo que está en trance de convertirse en una frase hecha: la de que están «estudiando

para el paro», porque eso les lleva a la desilusión, al rechazo del sistema y a la rebeldía, como tampoco

podemos aceptar que hombres maduros y responsables sientan herida su dignidad por el despido como si

no fueran capaces de trabajar para atender las necesidades de los suyos, como si no tuvieran nada que

ofrecer para contribuir con su esfuerzo al progreso de todos.

El paro es un castigo moral inmerecido que se siente tanto más cuanto que es inmerecido, además del

castigo material que impone la penuria a quienes lo sufren. Y el hecho de que sea una plaga prácticamente

mundial —agravada en España en comparación con los países desarrollados— no nos dispensa de

combatirlo tenazmente. En esa lucha prioritaria emplearemos todos los instrumentos disponibles, todos

los esfuerzos, desde la inversión creadora de empleo hasta la modificación y reducción de los horarios,

desde los reajustes de técnicas y de sectores hasta apoyos públicos a contratos para los sectores que

encuentran más dificultad para acceder a un empleo y la ayuda a la readaptación de los trabajadores a

nuevas tareas. Aplicaremos esos medios en todos los campos; en el de la empresa privada como en el

sector público, en la agricultura como en la industria, la construcción o los servicios, en el de la educación

para nuevas profesiones como en el de la exportación a mercados extranjeros. No perderemos la menor

oportunidad para crear trabajo. Cuando sea inevitable, sectorial o temporalmente, el paro pondremos en

juego la solidaridad de todos para no colocar en una situación ue desamparo v ue miseria insostenible a

quienes se vean reducidos a ello; de la misma manera que combatiremos el fraude laboral con todas sus

formas de picaresca que degradan a quienes se ven implicados en ellas, ya sean trabajadores o

empresarios. Esa picaresca, como el fraude fiscal, la evasión de capitales y otras formas de delitos

relacionados con la actividad económica serán perseguidos con el rigor a que obliga la ley y con la dureza

que merecen las actitudes punibles de egoísmo insolidario.

Las acciones que se requieren no pueden ser obra solamente del Gobierno, sino que exigen un cambio en

la actitud de toda la colectividad. Nadie piense tampoco que el paro va a reducirse entregando la tarea de

solucionarlo solamente a los mecanismos automáticos del mercado. Estos automatismo nos llevarían más

bien a un enorme aumento de la desigualdad social, a la desigualdad social de un egoísta «sálvese quien

pueda». Por eso he querido subrayar la gravedad del drama humano que constituye el paro y por eso

convoco a todos los que sientan este problema a la imaginación y al esfuerzo en torno a una decidida

política, cuyo objetivo se cifra —como consta en nuestro programa— en la creación de 800.000 empleos

en cuatro años. No ignoro que este objetivo de empleo ha sido tachado de ambicioso por nuestros críticos,

pero debe recordarse que el Acuerno Nacional de Empleo para 1982 se propuso la creación de 350.000

empleos en un año, que compensasen una destrucción equivalente, y fue considerado como un método

realista de afrontar el problema del paro. Consideramos, pues, posible invertir la tendencia anterior,

frenando primero el crecimiento de la tasa de paro y reduciéndola luego, en años sucesivos, hasta niveles

próximos a los de los países desarrollados de la OCDE.

La inflación

El segundo desequilibrio grave que nos afecta es el de la inflación, que algunos prefieren considerar en

primer lugar. Por nuestra parte, sabemos que este problema y el del paro se entrelazan, dentro de la

interdependencia general de las disfunciones económicas; conocemos también las dañosas repercusiones

de la inflación sobre los propósitos de ahorro, las iniciativas de inversión, sobre la balanza de pagos,

sobre el valor de la moneda. Ahora bien, desde nuestra perspectiva humanista, siempre indeclinable, la

inflación es, para expresarme sencillamente, el problema de quienes ven decaer el poder adquisitivo de

sus recursos monetarios, mientras que el drama del paro empieza por no poder siquiera obtener esos

recursos.

Dicho esto, es claro que la inflación reclama una política tan decidida y enérgica como la lucha contra el

paro, combatiéndola con el debido empleo de la política monetaria, así como con todos los restantes

instrumentos disponibles y, entre ellos muy principalmente, mediante acuerdos responsables entre las

fuerzas sociales, que han demostrado ser indispensables. Nuestro objetivo para el año próximo es reducir

en tres puntos la tasa de inflación respecto a la de 1982, y con este fin actuaremos también decididamente

para frenar el crecimiento del déficit público, hacer una política monetaria ajustada rigurosamente y

propiciar los acuerdos sociales necesarios, según se especifica en nuestro programa.

Nos proponemos un objetivo de crecimiento del Producto Interior Bruto del orden del 2,5 por 100 para

1983, sin sobrepasar una inflación en el entorno del 12 por (Continúa en pág. siguiente)

« pág. 10

SESIÓN DE INVESTIDURA

l-XII-1982

«Nos proponemos un crecimiento del producto interior bruto del orden del 2,5 por ciento para 1983»

«Planificación acordada» para superar los problemas

(Viene de la pág. anterior)

100, para permitir, con la evolución prevista de otros factores de liquide?., la consecuencia de los ohjeti-

viis anteriores.Ello supondrá un notable esfuerzo para la economía española, en un contexto internacional

desfavorable, pues las previsiones para 1983, recientemente realizadas por la OCDE para los países de

nuestra área, prevén un crecimiento cero y un crecimiento del paro en el próximo año. y sólo en años

posteriores podremos aprovechar impulsos internacionales positivos, gracias a la probable estabilidad de

los precios reales del petróleo, a la consecución de éxitos en la lucha contra la inflación y a una política

financiera de las grandes potencias menos egoístas y más responsables que la que actualmente

contemplamos.

Ahora bien, como en e¡ caso del paro, también en la lucha contra la inflacion es indispensable la parti-

cipación de todos, en e! sentido de aceptar la necesidad de un mayor esfuerzo de ahorro y de inversiones

y de refrenar toda tentación hacia una carrera irresponsable de expansión de! consumo, que no estaría

adaptada a las presentes circunstancias de la economía española y de la mundial.

Por su parte, la balanza de pagos, corno resultante de la actividad nacional y de sus intercambios con e!

exterior, constituye, sin duda, el frente de acción más condicionado por el marco circundante. De un lado,

porque su déficit depende en buena parte de desarrollos exteriores de los mercados mundiales que

escapan a nuestro control; de otro, porque la corrección a fondo de sus problemas subyacentes depende de

evoluciones internas que requieren un largo plazo. Seria excesivo detallar aquí estos factores y, por otra

parte, la corrección de otros desequilibrios —mayor ahorro interno, éxito contra la inflación, aumento de

!a competitividad por reducción de los costes, expansión monetaria ajustada, etc— indicará favorable-

mente reduciendo el déficit exterior.

Déficit del sector público

Otro desequilibrio fundamental es el del déficit del sector público, cuyo crecimiento aspiramos primero a

frenar y en años sucesivos a reducir, al tiempo que reestructuramos el gasto público, inclinándolo más en

el sentido de la inversión y de las transferencias constructivas. Afortunadamente disponemos de más

palancas de control en nuestras manos para abordar este problema que en el caso anterior, sobre todo si

una actitud general de austeridad, de trabajo y de rendimiento reduce la inaceptable costumbre de paliar

por la vía de las subvenciones u otras ayudas públicas los problemas que no se han sabido o no se ha

tenido voluntad política de atacar en sus causas profundas. En cualquier caso, la actitud de ampliar el

déficit público con negligencia, financiándolo de manera inflacionísta, lejos de ser una panacea que

resuelva los problemas, es una grave irresponsabilidad que golpea a los sectores más débiles a través de ¡a

inflación. Se debe preferir de modo más riguroso y correcto la financiación a través de los ingresos

públicos claramente planeados, de los gastos considerados socialmente necesarios o convenientes.

Por otro lado, los desajustes y disfunciones acumulados en el sector público ofrecen, sin duda, un campo

muy amplio para actuar con rigor, con el fin de conseguir el máximo rendimiento de los caudales que

aporta al Estado el pueblo entero. Queremos acometer inmediatamente las reformas institucionales

necesarias para mejorar el rendimiento de la Administración en todos sus aspectos y para conseguir que el

control del gasto no sea meramente formal, sino capaz de comprobar que se aprovechan eficazmente los

recursos puestos a disposición de! Estado.

Sobre este objetivo —el de potenciar la eficacia administrativa como instrumento al servicio del pueblo—

volveré antes de concluir, porque es ahí donde podemos y debemos ejercer la mayor presión reformadora,

con el fin de que el sector público sirva de ejemplo en cuanto a» austeridad, correcta actuación y eficacia.

Presión que tiene la obligación paralela de ejercerse contra el fraude fiscal, que es una de las expresiones

más dañinas y lamentables de la insolidaridad de unos españoles respecto a otros y de la irresponsabilidad

de quienes se niegan a asumir la parte que les toca del sacrificio colectivo. Para exponer con profundidad

nuestras ideas sobre todo ello nos brindará la ocasión oportuna el debate, en el más breve plazo posible,

sobre los presupuestos generales del Estado para 1983. Cabe anticipar que la perspectiva con que

contemplamos el gasto público hará de este cambio una de las armas eficaces para combatir la injusticia,

al tiempo que promueva el progreso económico. No debe interpretarse esta última afirmación como

una orientación intervencionista que menosprecie la iniciativa privada o exagere la confianza en las

potencialidades del sector público. Concebimos el sector público mucho más como un estímulo, para el

conjunto que como elemento suplantador de iniciativas sociales, además de asignar la máxima imortancia

a sus funciones redistribuidoras, indispensables para corregir las desigualdades subsistentes en nuestro

país. Desigualdades contra las que vamos a seguir luchando los socialistas donde quiera que se presenten,

ya sea en ios ámbitos de la educación, de la cultura, en el ejercicio del trabajo profesional o en las

lacerantes situaciones de sectores marginados y menospreciados. A este respecto el sector público,

además de una palanca básica para estimular y apoyar iniciativas prioritarias, tiene !a posibilidad de

ofrecer una gama de servicios sociales que son hoy irrenunciables en todos los países avanzados.

Estimular iniciativas creadoras

Ello no contradice el que en un sistema económico como el español sea el sector privado el que en me-

dida decisiva determina el volumen de los bienes y servicios producidos, de la inversión y del empleo, y

así lo hemos declarado expresamente en nuestro programa electoral. Por ello, nuestra política económica

estimulará tanto como pueda todas las iniciativas creadoras, con facilidades adicionales para aquellas

empresas de dimensión modesta, que por ello encuentran más dificultades para ser atendidas por los

intermediarios financieros o para exportar a los mercados extranjeros.

Podría parecer indicado ahora, concluidas las anteriores definiciones sobre el enfoque con que vamos a

abordar ios problemas básicos, descender a particularidades .sectoriales muy variadas, desde los

problemas concretos de un cierto número de empresas en crisis hasta la profunda reconversión exigida

por los sectores industriales golpeados por la crisis; desde las dificultades con que se encuentra eí sector

de la pesca hasta los males tradicionales de una agricultura que, junto a problemas meramente técnicos,

plantea los sociales de hacer frente a bolsas, de paro dramáticas y clama por una política capaz de hacer

habitables con dignidad extensas áreas rurales de nuestro país. Habría que enumerar el esfuerzo para

intensificar el ahorro de energía practicando una política realista de precios y preparando nuestras

industrias para competir con potentes empresas de los países de nuestro entorno; la consecución de un

sistema financiero más eficaz y capaz cíe atender flexiblemente a las necesidades de crédito a medio y

largo plazo de nuestra economía; el dotar al país de una infraestrutura suficiente en viviendas, obras

públicas, transportes y comunicaciones; pero estos y otros muchos aspectos parciales no añadirían nada a

lo ya conocido de nuestro programa y alargarían mi exposición excesivamente, por lo que es preferible

dejarlos para el debate posterior, en el que sin duda se pueden plantear las cuestiones concretas que

interesen a la Cámara.

Por eso me limitaré a precisar que nuestro proyecto político inmediato se insería en una perspectiva

temporal más dilatada en el tratamiento de los problemas fundamentales. Porque debe estar claro para

todos que ni la salida definitiva de la crisis, ni una mejora sustancial en la eficacia de nuestro aparato

productivo o en el cambio de los comportamientos económicos pueden obtenerse con rapidez, sino que

exigen, por el contrario, una continuada persistencia en el progreso hacia los objetivos definidos.

Planificación

La articulación de las medidas económicas, a lo largo del tiempo y entre sí, tiene una importancia grande

para reforzar su eficacia gracias a una cronología calculada y para conseguir una evolución armónica que

reduzca al mínimo las perturbaciones inherentes a toda reforma. Con el establecimiento de. un proceso de

planificación acordado, no impuesto, que hemos previsto en el programa presentado ante el país, se fijará

la evolución posible y deseable de los grandes objetivos macroeconómicos, que muestren la manera de

superar nuestros problemas actuales. De ese modo se reducirán incertidumbres empresariales, se facilitará

la toma de decisiones públicas y privadas y se aumentará la coherencia entre ellas. Esa planificación debe

permitir ensamblar el conjunto de la política económica del Gobierno, aumentando la garantía de conse-

guir los resultados pretendidos.

Nos encontramos, en suma, con un panorama económico ciertamente difícil. Pero también es cierto que

afrontaremos los problemas con el respaldo definitivo de ¡a mayoría política de que disponemos y que

quizá no tiene parangón histórico en nuestro país por su significado y amplitud.

No hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas. No hay sino el esfuerzo, e¡ trabajo, la

necesidad de actitudes responsables, de la tenacidad. Pero las soluciones existen y pueden alcanzarse por

la acción conjunta de la mayoría de un pueblo, en apoyo de una política económica razonablemente

concebida y bien instrumentada, que sea capaz de acelerar nuestro avance hacia una modernidad, con la

doble vertiente de la justicia social y del bienestar material, que nos ha venido siendo negada en nuestra

historia reciente.

Política social

Por lo que respecta al vasto campo de la política social --segundo de los temas mencionados—, no

necesito indicar, después de mis palabras introductorias, que es en él donde buscamos principalmente los

resultados derivados de la acción en las otras áreas. Nuestra preocupación es el pueblo y nuestro objetivo

es conseguir que el crecimiento económico sea de todos y para todos, porque de lo contrario sería injusto

apelar a la solidaridad, que constantemente estamos demandando como condición para el resurgimiento.

Por eso la mejora de la gestión de la Seguridad Social en general y los distintos tipos de prestaciones

serán objeto de una consideración adecuada, según lo previsto por nuestro programa electoral. Muy

concretamente, el mantenimiento del poder adquisitivo de !as pensiones será garantizado mediante una

ley de revalorización automática. Se crearán también mecanismos institucionales y no solamente

económicos para el establecimiento de un marco democrático de relaciones laborales y se tenderá al

mantenimiento del poder adquisitivo de las rentas salariales.

Se contribuirá así a reducir las tensiones de toda negociación, y el trabajador y la empresa podrán plantear

sus problemas y adoptar sus previsiones más racionalmente.

Antes de pasar a otros aspectos de este sector quiero insistir en la consideración de tres grupos humanos

merecedores de un trato especial: los jóvenes, que serán apoyados mediante programas de empleo juvenil,

contratos de relevo y otras medidas; la llamada «tercera edad», con una cartilla sanitaria es-

l-XII-1982

pág. 11 YA

Educación y cultura, piezas clave de la labor de gobierno

«En un plazo prudente presentaremos un nuevo proyecto de ley de autonomía universitaria»

pecial de servicios geriátricos adecuados, entre otras ventajas; y la mujer, cuya persistente discriminación

debe ser cada vez más corregida por razones de justicia.

Como he dicho en diversas ocasiones, la dignidad de una nación se mide por el trato que otorga a los

sectores sociales marginados, como minusválidos, presos, personas sin ingreso alguno, grupos étnicos

separados secularmente, como los gitanos, etcétera. Pese a la dificultad de la situación económica ya

descrita iremos sentando las bases para integrarlos en la sociedad.

La política sanitaria estará basada en la promoción de la salud, la prevención individual y colectiva, la

atención primaria, la asistencia eficiente y la reinserción social del enfermo.

De todos modos, los aspectos sanitarios atienden a una situación de enfermedad que con frecuencia sufre

previamente la incidencia del género de vida. La vivienda, el medio ambiente, la educación o el lugar de

residencia, entre otros factores, repercuten sobre la salud además de figurar entre las necesidades básicas

cuya atención es indispensable.

En lo que respecta a la vivienda, la política prevista supone la creación de una infraestructura suficiente,

capaz de generar las condiciones necesarias para la actividad constructora, junto con mejores formas de

financiación de compra, así como la promoción pública para alquiler. Sin embargo, en este campo, como

en otros, quisiéramos llevar al terreno de los hechos la aplicación de nuevas ideas y la reducción de costes

mediante planeamientos y diseños adecuados, que muchas veces son ya conocidos por los técnicos, pero

cuya aplicación se ve retrasada por los intereses especulativos, desde las condiciones jurídicas de la

propiedad del suelo hasta las defectuosas regulaciones urbanísticas. Introducir las modificaciones precisas

para eliminar trabas a la política de la vivienda será un aspecto importante de la reforma administrativa.

Medio ambiente

El medio ambiente es un componente vital de la existencia humana y su degradación irresponsable; no

sólo se traduce en perturbaciones sanitarias o psíquicas, sino que, al ser afectado por agresiones

destructoras, reduce la calidad de la vida.

La creciente protesta de los ecologistas, perceptible en todas partes, especialmente en los países in-

dustrializados, responde a esa sensibilidad humana hacia su entorno y evidencia la necesidad de adoptar

medidas ya previstas en nuestro programa.

De todas maneras el enfoque y solución de los problemas del bienestar tienen que empezar en cada uno

de nosotros mediante el enriquecimiento de las posibilidades individuales por la vía de la educación y de

la cultura. Más que en las compensaciones económicas directas e incluso en los servicios sociales

colectivos, es en este campo formativo donde se encuentra la clave del progreso social.

Educación y cultura

La educación aumenta la igualdad de oportunidades al fomentar las capacidades individuales y, por tanto,

el desempeño de tareas más idóneas. Además, el ejercicio de la libertad ciudadana sólo se alcanza

plenamente con una educación que nos instruya sobre nuestros derechos y sobre los medios de recla-

marlos, al mismo tiempo que nos inspira el respeto hacia los derechos ajenos. Por otra parte, la riqueza

cultural aumenta el gozo que pueda suministrar el disfrute de servicios públicos de este tipo o incluso del

ambiente mismo. Y sobre todo, sin propósito de agotar el tema, recordaré tan sólo que el progreso social

es obra humana, que son los hombres los que hacen la historia.

Todo ello explica el hecho de que la educación y la cultura sean piezas clave de nuestra labor de

Gobierno, a fin de conseguir la «democracia avanzada» propugnada en nuestra Constitución. Para ello, el

texto constituyente establece derechos tales como la libertad de expresión, la superación de las dis-

criminaciones socioeconómicas o la igualdad de oportunidades ante la cultura, como instrumentos decisi-

vos para el pleno desarrollo de la personalidad.

Dicho más brevemente, la transformación de España y su progreso exigen una extraordinaria acción

educativa y cultural, porque el retraso en ese campo sigue siendo considerable. Desarrollar el sistema

educativo español para cubrir esas deficiencias es un claro mandato de la Constitución.

Importa notar que las deficiencias no son sólo cuantitativas, sino cualitativas. La afición en el pasado a

estadísticas que median el progreso en este campo por la multiplicación de centros, de puestos escolares o

indicadores análogos ha de complementarse con un examen más atento de la realidad considerando los

métodos educativos, los programas, la participación de padres y profesores y, sobre todo, el contenido

mismo y las orientaciones de la educación.

Nivelar las oportunidades

Por otro lado, no se trata sólo de incrementar y mejorar en general, sino también de contribuir una vez

más a la equidad y a la justicia.

Persisten en España profundas diferencias entre clases y sectores sociales en cuanto a los niveles edu-

cativos avanzados y, lo que es más penoso, esas diferencias se transmiten regularmente de padres a hijos.

Estudios realizados entre nosotros permiten afirmar que los hijos de cuadros superiores han tenido

veintiocho veces más oportunidades de llegar a la Universidad que los hijos de trabajadores. Nuestra

política educativa tenderá, como en todos los países democráticos, a nivelar las oportunidades.

Dentro de la educación es imperativo sacar a la Universidad de la crisis y postración actuales, rehabi-

litándola ante sí misma y ante la sociedad, porque de ella emana el vigor y la autenticidad educativas

hacia los escalones precedentes de la enseñanza. La gran mayoría de la comunidad universitaria desea

realizar ese esfuerzo de moralización y reclama hace tiempo un marco institucional que se lo permita.

Con ese fin, el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley de autonomía Universitaria en un plazo

prudente, para dar a la Universidad una real autonomía de gestión, función y gobierno

Por otro lado, se corregirán las discriminaciones geográficas y sociales, contrarias al acceso a la

Universidad, mediantes becas y programas especiales, así como por medio de fórmulas nuevas en la

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Relacionada con la Universidad se encuentra una dirección tan decisiva para el progreso como la política

científica y de investigación. No es posible seguir manteniendo por más tiempo un estancamiento

científico y técnico que frena el progreso económico y el desarrollo humano. Es preciso insertar la in-

vestigación en la sociedad española, impulsando una ciencia al servicio del hombre y de la calidad de

vida, para caminar hacia un modelo de desarrollo distinto.

Para ello se incrementará sustancialmente el presupuesto para la investigación, concentrándolo en

inversiones estratégicas. No basta, sin embargo, el mero aumento del

(Continúa en pág. siguiente)

^Mf«P pág. 12

SESIÓN DE INVESTIDURA

l-XII-1982

«Apelaremos a la cooperación internacional para erradicar el terrorismo»

(Viene de la pág. anterior)

gasto, sino que es preciso encauzarlo mediante una seria reforma institucional, asegurando una coordi-

nación que evite duplicar esfuerzos, elaborando un presupuesto único y suprimiendo las trabas

burocráticas contra la capacidad creadora.

Me he extendido en los aspectos educativos porque en ello está la clave a largo plazo del futuro español,

al contribuir, como ninguna otra actividad, al progreso de los hombres mismos, que es el objetivo central

de nuestros afanes al que se someten todas las demás líneas de ación. Pero la educación no es en sí misma

más que una parte de la cultura, a cuyo servicio, conservación y perfeccionamiento se encuentra. La

cultura encarna nuestra concepción del mundo, nuestra escala de valores y nuestro sentido de la vida, y si

bien en los terrenos de la investigación y de la ciencia hemos de lamentar haber retrocedido respecto a

nuestro puesto relativo del pasado. En cambio, nuestra cultura ha logrado mantener, pese a negligencias y

tergiversaciones, unos valores humanos tan altos como los que pueden ofrecer otros ámbitos culturales en

el mundo. Esto es verdad especialmente en las manifestaciones más profundas de la vida popular, que el

arte o la literatura han sabido recoger y que hemos de preservar como las raíces mismas de nuestra

personalidad y como la fuente de donde brotan los impulsos más nobles y enérgicos para la creación

artística y literaria. En esa misma dirección, el proceso autonómico ayudará a sostener y fomentar las

diversidades culturales que enriquecen con su variedad nuestro escenario vital.

Desde ese punto de vista, es importante reaccionar positivamente contra los efectos colonizadores de-

rivados del proceso tecnológico de los medios de difusión cultural. Ei adelanto logrado por otros países

tiende a imponer sus constumbres, sus vocabularios y sus valoraciones entre los pueblos donde se ha

debilitado la producción propia. Eso se hace más evidente aún cuando ios medios técnicos salvan

fácilmente las fronteras por su propia naturaleza, y el caso de la radío y la televisión lo pone de manifiesto

con elocuencia.

innecesario es añadir que los demás medios serán objeto de la misma-atención, como el cine o el teatro, la

difusión impresa, las manifestaciones plásticas, la actividad musical y, en general, todas las formas en que

se plasma la personalidad de un pueblo y en el que puede cada uno experimentar el goce artístico.

AI mismo tiempo, el deporte y la educación física complementarán debidamente esa relación personal,

lograda mediante el acceso de todos a la cultura, porque al facilitar ese acceso estamos multiplicando las

fuentes de satisfacción personal, al mismo tiempo que creando ciudadanos responsables y más capaces de

participar en la construcción de un futuro esperanzador.

Seguridad como garantía de libertad

En el amplio espectro que abarca el análisis de los problemas de la sociedad ocupa un lugar, que he

destacado desde el comienzo, la seguridad como garantía de la libertad.

El Gobierno cumplirá y hará cumplir la ley. No permitiremos ninguna actuación al margen de la

Constitución, y los que piensen que pueden violentarla encontrarán una respuesta rigurosa por nuestra

parte.

Estamos convencidos de que nuestra Constitución permite a todos los ciudadanos pacíficos ejercer sus

derechos individuales o colectivos, expresar sus ideas con libertad. No hay, pues, explicación alguna para

las actitudes violentas.

Desde el llamamiento a todos, grupos parlamentarios y ciudadanos, para que contribuyan a mejorar la

seguridad ciudadana y la convivencia en paz, queremos asegurarles que ni el terror, ni el chantaje, ni los

intentos involucionistas desviarán la decisión del Gobierno de cumplir la Constitución. El 28 de octubre

ha supuesto la más importante derrota moral para los que desean suplantar la voluntad de los ciudadanos.

Ese objetivo nos llevará a dedicarnos muy especialmente a la mejora profesional de los Cuerpos de

Seguridad para incrementar su eficacia y ampliar su vinculación a las aspiraciones y expectativas de todo

el pueblo. Con estos medios humanos, que han dado clara prueba de espíritu de sacrificio y afán de su-

peración, lucharemos contra la violencia para asentar de modo inconmovible la tranquilidad y la paz.

Somos muy conscientes de que con ese clima sería más fácil resolver los demás problemas de la vida

nacional.

Por eso apelaremos con vigor a la necesaria cooperación internacional en la tarea de erradicar el

terrorismo.

La seguridad ciudadana y la libertad requieren no sólo disponer de unas fuerzas adecuadas contra la

violencia desestabilizadora, sino, además, una organización de la justicia a la altura de su misión. Una vez

más los miembros de esa Administración son en su inmensa mayoría capaces de desempeñar sus

funciones con celo y competencia, y es ¡a organización y la estructura en que están insertos, así como la

falta de medios, la causa de las deficiencias presentes. Nos proponemos introducir las reformas procesales

y de todo tipo para agilizar la maquinaria judicial, evitando innecesarias e injustas acumulaciones en las

cárceles, mejorando la situación de los internos y garantizando a los ciudadanos una satisfactoria

Administración de Justicia que implique ia gratuidad de las tasas judiciales como un elemento más de

igualdad social.

Defensor del Pueblo

En esta línea, para concluir con el tema, se inserta nuestra decisión de establecer cuanto antes la figura

constitucional de Defensor del Pueblo, cuya actuación se ha retrasado hasta ahora y que para nosotros es

el complemento indispensable de la justicia, al poner al alcance del ciudadano unos cauces más

inmediatos para hacer oír sus agravios y para elevarlos a los centros de gestión donde puedan estudiarse y

resolverse.

Pero no es sólo la Justicia, sino toda la Administración la que requiere serias reformas, y con ello abordo

el tercer área de grandes temas: el de las reformas para librar a la Administración de trabas heredadas, de

procedimientos anticuados y de corruptelas intolerables, a fin de que se convierta en eficaz ejemplo de

servicio. Ya en otro pasaje de esta exposición he insistido en la trascendental importancia de una

maquinaria administrativa capaz de ser la columna centra) del sector público.

La competencia profesional, el espíritu de servicio y la ética han de erigirse, por todos los medios, en los

principios inspiradores de los organismos públicos. Solamente con un instrumento que responda a los

propósitos y a los fines del Gobierno llegarán a ser una realidad nuestros proyectos de austeridad, de

rentabilidad del gasto público y de eficacia en la promoción e impulso de las actividades nacionales.

Reforma del gasto público Ligados a los proyectos legales que desarrollan la mejora de la función pública

se encuentra una ya prevista ley de reforma de! gasto público. Anticipándonos a ello, nos proponemos

congelar en e) presupuesto ciertas partidas de gastos, especialmente de algunas compras y transferencias,

exigiendo a todos los entes públicos una justificación rigurosa al solicitar créditos extraordinarios para sus

necesidades. Las oficinas presupuestarias de cada Ministerio serán potenciadas para cumplir eficazmente

su misión, en colaboración con los servicios centrales de Hacienda.

La austeridad y el rigor en el empleo de´ los caudales públicos será así un criterio tajantemente exigido. Al

mismo tiempo, se configurará adecuadamente el delito económico y se ejercerá una constante lucha

contra el fraude fiscal, con el que los ciudadanos desaprensivos agravan más aún las cargas de los

contribuyentes honestos y perturban las previsiones de la redistribución de la renta.

Las reformas de la Administración no se circunscriben sólo a las ramas fiscales o financieras, sino que

han de alcanzar a todas ellas. Estamos firmemente persuadidos de que parte de los defectos que hoy

pueden parecer humanos no se deben a fallos personales, sino a la desmoralización producida en el

funcionario, al verse forzado a actuar en un sistema defectuoso. La gran mayoría de los empleados pú-

blicos prefiere, sin duda, formar parte de un sistema que realce su propia dignidad y que merezca la más

alta estimación pública.

Moralización de la función pública

La necesaria moralización de la función pública tendrá su primera expresión en un inmediato proyecto de

ley de incompatibilidades, que por vía ejemplificadora concretará sus primeros criterios sobre diputados,

senadores y altos cargos de la Administración.

Esa labor de reforma y saneamiento, imprescindible para alcanzar todos los demás objetivos, ha de

articularse con la culminación del proceso autonómico, al aprobarse cuanto antes los estatutos de ¡as

cuatro comunidades autónomas pendientes. En este aspecto, cuya regulación tiene por objeto vitalizar la

pluralidad dentro de la unidad integradora, afirmo nuestro compromiso de alcanzar el máximo

constitucional en las competencias fijadas por ios respectivos estatutos.

Autonomías

Con los acuerdos autonómicos, y una vez aprobados los estatutos pendientes, habremos puesto las bases

para que el proceso autonómico se produzca de modo ordenado, objetivo y solidario.

Queda, no obstante, una gran tarea pendiente: no basta con transferir competencias, funcionarios y

recursos; durante el próximo período legislativo hará falta, sobre todo, culminar la construcción del

Estado de las autonomías, a través principalmente del desarrollo legislativo del artículo 149.1.18 de la

Constitución.

Entramos así en una especie de segunda fase del proceso autonómico en la cual el positivo desarrollo de

cada autonomía ha de concillarse con la construcción positiva de! Estado de todos. En este sentido,

resultarán decisivas leyes tales como las bases del estatuto de la función pública, la ley del procedimiento

administrativo común, las bases del régimen presupuestario, financiero y contable, las bases de la

contratación administrativa, la legislación de responsabilidades de las administraciones y de sus auto-

ridades, funcionarios y agentes, la legislación sobre el dominio público y patrimonio...

Estas leyes tienen unidad sistemática. Su conjunto va a definir e! nuevo modelo de Administración

Pública, y todas ellas deberían responder a una misma lógica e impulso. Son, además, leyes «consti-

tucionales» o de aquellas que sirvan para enmarcar el juego de los partidos en lugar de ser el fruto del

mismo. Por ello, deberían ser, en lo posible, leyes producidas por el acuerdo más amplio posible entre las

fuerzas parlamentarias.

En este sentido, mi Gobierno propondrá a todas las fuerzas políticas parlamentarias la elaboración de un

amplio acuerdo institucional sobre los puntos clave o ejes verte-bradores de aquel conjunto de leyes. El

texto de estos acuerdos, y el de los votos particulares a los mismos, servirá de base para la elaboración de

los correspondientes proyectos o proposiciones de ley y de sus enmiendas, así como de marco para el

correspondiente debate parlamentario.

Entendemos que este momento de cambio esperanzado resulta propicio para la negociación constructiva,

y en ella pondremos todo nuestro esfuerzo y buena voluntad.

Para concluir este área instrumental — pero decisiva— de la organización del Estado, mencionaré

solamente que la red de participación con que queremos reforzar las capacidades creadoras de los espa-

ñoles impone también la reforma y perfeccionamiento de ¡a administración provincial y local, que

permita un más amplio desarrollo de su autonomía. Con este fin, nuestro programa incluye un proyecto de

ley que modifique la vigente en materia de elecciones locales y permita la renovación de las actuales

corporaciones en términos de la más adecuada representación democrática.

Con los mismos objetivos se remitirá en el presente período de sesiones un proyecto de ley de régimen

local y otro de financiación de las entidades locales, cuyas posibilidades de acción se facilitarán más aún

gracias a un plan de colaboración establecido de acuerdo con la Federación Española de Municipios y

Provincias, sin perjuicio de otras medidas como las transferencias de servicios, la asistencia técnica y la

reforma del Instituto de Estudios de Administración Local. El resultado será completar un sistema

descentralizado de administraciones públicas, porque de ese modo potenciaremos la democracia y la

solidaridad justamente en las estructuras de base donde el contacto entre los hombres es más directo,

donde se viven los problemas concretos y donde los ciudadanos pueden sentir más cálidamente el orgullo

de la solidaridad y los . frutos de la participación.

Política exterior

Deseo referirme ahora a la política exterior, que debe estar estrechamente ligada a la evolución interior,

dentro de una orientación política general. No debe haber, en esos planos esenciales, lugar para la

improvisación, las contradicciones o la inconsecuencia.

Dentro de esta opción básica, la actuación exterior debe ser ajena a concepciones partidistas y seguir

rigurosamente las directrices de una política de Estado, atenta a los intereses permanentes de España, tal

como resulten de un consenso nacional o, a) menos, de las aspiraciones expresadas por la gran mayoría de

nuestro pueblo.

El Gobierno de la nación emprenderá sin dilaciones la definición y puesta en práctica de una política

exterior que refuerce el papel de España en el concierto internacional, afirme nuestra presencia en pie de

igualdad allí donde los intereses nacionales estén en juego y permitan a nuestro país contribuir

activamente a ¡as grandes causas de la paz y de la distensión en el mundo. Para ello tenemos que partir de

una idea exacta de nuestra real capacidad de acción en el mundo internacional: sin jactancias ni

complejos. Somos conscientes de nuestro nivel real de poder e influencia en el concierto de las naciones,

conocemos también nuestros recursos y nuestras potencial idades.

Los problemas que inevitablemente reclamarán nuestra aten

l-XII-1982

pág. 13

«Practicaremos una política exterior de Estado»

«El Gobierno reafirma con todo vigor la reivindicación de Gibraltar.» «Hará falta culminar la

construcción del Estado dé las autonomías»

ción serán los de nuestro entorno inmediato. Creemos que es esencial fortalecer y profundizar nuestras

relaciones con los países vecinos: Portugal, Francia y los países del Magreb. Las dificultades transitorias

no deben hacer olvidar nunca la necesidad del mutuo entendimiento y de la cooperación beneficiosa para

todos. De esa manera contribuimos también al equilibrio de la región mediterránea, cuya importancia en

el tablero mundial se acrecienta cada día.

Nuestra política de vecindad encuentra una dirección privilegiada en lo que se refiere a Portugal. Sobre la

base dei más escrupuloso respeto a las posiciones e intereses de cada parte, una política española que no

colocase como una de sus principales prioridades la amistad y cooperación con Portugal carecería de

visión y de realismo.

No hace falta repetir nuestra vocación europeísta, nuestra voluntad de contribuir a una Europa de los

hombres y de los pueblos. En esa línea trabajaremos con tesón para allanar los obstáculos que aún se

oponen a nuestra plena integración en las Comunidades Europeas y creemos que no será pretencioso

conseguir la adhesión dentro del horizonte dado por la presente legislatura.

España se encuentra inserta en el conjunto del mundo occidental, cuyos valores humanos fundamentales

compartimos y defendemos. Ahora bien, reclamamos el derecho y el deber de determinar libremente, en

uso de nuestra soberanía, ¡as modalidades de nuestra participación en la política y en la defensa de ese

conjunto.

Para ello será necesario articular los mecanismos de cooperación, especialmente en los campos culturales

y técnico, a fin de desarrollar una política a la vez realista y eficaz.

Por supuesto que en esas y en todas ¡as áreas mundiales será constante preocupación del Gobierno la

potenciación de los intereses de los españoles radicados en el extranjero. No podemos olvidar a esos

millones de compatriotas tan lejanos que trabajan y luchan cada día —a veces en un medio difícil y

hostil— ganándose la vida, pero también proyectando en otras tierras la presencia de España.

Según establece la Constitución, el Gobierno irá creando las condiciones que permitan su retorno, y, entre

tanto, redoblará sus esfuerzos para protegerlos mediante adecuada gestión diplomática, muy es-

pecialmente cuando se produzcan violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos más elemen-

tales, como son los casos de desapariciones, detenciones arbitrarias o expulsiones injustificadas.

Gibraltar

El Gobierno reafirmará con todo vigor la reivindicación de Gibraltar, cuya actual situación colonial atenta

a la integridad del territorio nacional y menoscaba la posición internacional y estratégica de España.

Consecuentemente, el Gobierno mantiene el propósito de reintegrar Gibraltar al territorio nacional

mediante negociaciones con el Reino Unido que conduzcan a ese objetivo, de acuerdo con las

resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Al desarrollar este eje prioritario de su política, el Go-

bienio obrará de manera que no se penalice a la población de Gibraltar ni a la del Campo de Gibraltar y

que el resultado final de la negociación respete los intereses legítimos de la población.

Especificados así los escenarios y problemas principales de nuestra política exterior inmediata, debo

recordar aún nuestro deber de participar en las grandes cuestiones de interés para todos los pueblos, como

son la paz y el desarme, los derechos del hombre y la libertad de los pueblos, o la construcción de un

nuevo orden económico más justo para los países en desarrollo.

España no puede estar ausente de esa inmensa tarea colectiva, de la que depende literalmente la su-

pervivencia y el progreso de la humanidad, si no como protagonista ai menos como copartícipe en tan

noble empeño. Pues también en el plano internacional debe inspirarnos la solidaridad entre los hombres y

entre los pueblos: o nos salvarnos juntos o perecemos juntos. Y España debe incorporarse cuanto antes al

grupo de naciones que marchan en vanguardia hacia esa meta común.

Defensa nacional

Quiero terminar el análisis de estas grandes áreas con una referencia precisa a la defensa nacional, pieza

fundamental para la realización de una política exterior respetable.

La Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de nuestra integridad territorial y del orden

constitucional, a las órdenes del poder legítimamente constituido.

El Gobierno aplicará el programa electoral ofrecido al pueblo español tanto en sus aspectos sociales y

económicos como en la adaptación progresiva de nuestro despliegue operativo a las necesidades y

misiones atribuidos por la Constitución a las Fuerzas Armadas.

Públicamente proclamo nuestra confianza y solidaridad con las Fuerza» Armadas, cuya honrosa misión

´no ha sido empañada por actuaciones minoritarias.

Empezamos una nueva etapa en la vida política española. Con Su Majestad el Rey, cuyo papel en favor

de la paz y la libertad reconocemos todos los españoles, quiero manifestar mi fe en el futuro de España.

También mi profunda convicción en la necesaria articulación de todas las instituciones del Estado, que

nos permita desarrollarnos hacia el futuro como una nación cada vez más libre e independiente.

Realizaremos desde la acción de Gobierno el esfuerzo necesario para incrementar constantemente la

profesionalizaron y la eficacia de esas instituciones del Estado.

Por eso. examinaremos con toda atención los términos de nuestra relación defensiva y de cooperación con

los Estados Unidos de América y reestudiaremos, con el rigor necesario para la defensa de nuestros

intereses y de nuestra dignidad, la decisión adoptada por el anterior Gobierno español en relación con e¡

Tratado del Atlántico Norte, manteniendo nuestros compromisos con el pueblo español.

Todo ello desde el diálogo nacional e internacional que exigen estas importantes decisiones.

En todo caso, para nosotros, tanto por herencia histórica como por las realidades de hoy, existe un

compromiso de presencia y de "actuación decidida en el continente iberoamericano. Con este conjunto de

naciones reforzaremos nuestros lazos de cooperación en todos los campos, con la convicción de que una

parte importante de nuestro futuro pasa por esta operación histórica.

Del mismo modo, dedicaremos atención especial a la política del Mediterráneo, en el mundo árabe y en

África, por su enorme potencial político y humano.

Concluyo así mi presentación sumaria de todo el panorama abarcado por nuestro proyecto de Gobierno, y

debo recordar de nuevo que en modo alguno mis palabras han pretendido recoger las precisiones de un

programa tan detallado como el que elaboramos para las elecciones.

Así y todo, quizá pudiera pensarse que incluso el anterior resumen resultaba innecesario por dos razones.

La primera sería la publicidad electoral de nuestro programa, pero, frente a esa consideración, mi

concepto del debido respeto a la Cámara exigía la recapitulación de lo más esencial, al menos, de nuestro

proyecto.

La segunda razón merece ser algo más explayada. En efecto, mientras preparaba mis palabras de hoy he

creído a veces percibir, como quizá también mis oyentes ahora, que algunos de los objetivos e incluso de

los instrumentos propuestos podrían haber sido igualmente emitidos desde otras posiciones políticas. Este

hecho podría ser satisfactorio, pues nos colocaría en coincidencia en torno a objetivos como la mejora del

bienestar y la eficacia de la Administración. Pero esa coincidencia no impide que nuestra propuesta sea

distinta, en su misma raíz, como lo han percibido los 10 millones de ciudadanos que la han respaldado

con su confianza. Y es que la singularidad del proyecto no se encuentra tanto en la expresión verbal de los

detalles, cuanto en las maneras de ejecutar los programas y en el énfasis particular que se atribuye a

ciertos objetivos por comparación a otros.

Esto es io que ha percibido nuestro pueblo: que a veces tras palabras que suenan como semejantes existen

políticas distintas, personas con formación e ideología diferente; que eran otras sus experiendas vitales a

lo largo de una vida política que conoció las asperezas de la represión y que reforzó durante ella la

vocación de servicio al pueblo, levantando las banderas de la libertad, la justicia y el progreso humano.

En otras palabras, los españoles han votado por el cambio en la forma más eficaz posible, confiándolo a

quienes están desde hace tiempo comprometidos con un afán de renovación.

Por todo ello, porque nos respalda una voluntad mayoritaria y porque confiamos en el espíritu de servicio

a la sociedad que, aun en la discrepancia, anima a las fuerzas políticas representativas de otros sectores,

nos sentimos alentados por la más viva esperanza y nos disponemos a progresar hacia un horizonte claro

mediante un programa realista.

Subrayo estas últimas palabras porque se nos ha imputado exageración en los compromisos. Quienes así

lo hacen sólo confían en los recursos materiales. Nosotros, además de. valorarlos debidamente, ponemos

nuestra esperanza en los ciudadanos, en los hombres y mujeres que acaban de votar por el cambio. Esta

esperanza tiene fundamento: la geografía nos muestra a países construidos sobre pobres recursos naturales

que han sabido desarrollarse con el esfuerzo de los hombres, cómo la historia propia nos deslumhra con

las ciudades fundadas en América por un puñado de españoles. Y esa esperanza se refuerza para el futuro

al comprobar cómo nos alientan muy especialmente los jóvenes, en quienes están arraigando con fuerza

los valores de la solidaridad, libremente asumidos, que tanto importan para nuestro proyecto en común.

Esos hombres, mujeres y jóvenes son nuestro apoyo, pero también nuestros jueces. Y, sobre todo, han de

ser en esta Cámara nuestra permanente ocupación. A ellos quiero dedicar mis palabras finales, ima-

ginando que ahí, en e¡ centro del hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle,

me esfuerzo por verlos, mirándonos y escuchándonos. ¿Quiénes son? Un ama de casa camino det

mercado, un empleado de banca, un botones de hotel. Les veo y me pregunto: ¿Qué piensan de nosotros?

¿Siguen nuestros debates? ¿Les ilusionamos o les desencantamos? ¿Hacemos lo mejor para su futuro, que

es el de nuestros hijos?

Para comprender mi deber con nuestro pueblo yo me inspiro mejor en esa sencilla visión que en las frases

sonoras y convencionales. La paz, la unidad y el progreso son ellos y para ellos. Esas palabras tienen

carne y hueso, ropas y gestos. Confiemos en su esperanzada y libre participación, indispensable para el

éxito, y tengámosles presentes durante nuestros debates, como yo pensaré a diario mientras, fiel al

horizonte y atento al camino, presido mi Gobierno si merezco el honor de que ahora se me otorgue la

responsabilidad de la investidura.

Muchas gracias.» (Reportaje gráfico de Carvajal)

 

< Volver