Autor: Diego, Enrique de. 
 La Junta Electoral Central cuida de la limpieza democrática de la consulta. 
 No es posible el pucherazo tecnológico     
 
 ABC.    08/10/1982.  Página: 42-43. Páginas: 2. Párrafos: 18. 

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NACIONAL / ELECCIONES 82

Reportaje

VIERNES 8-10-82

La Junta Electoral Central cuida de la limpieza democrática de la consulta

No es posible el «pucherazo tecnológico»

MADRID. En unas elecciones alguien tiene que velar por la transparencia y la limpieza de su desarrollo y

resultados, alguien —por encima de la pugna de los partidos— nene que ser el garante de la democracia

electoral. Esa es la misión que cumple la Junta Electoral Central, y el entramado de Juntas Electorales

Provinciales y de Zona. El sistema español insiste reiteradamente en la independencia de este organismo,

aunque quizá no esté adecuadamente dotado de medios. Tampoco están perfectamente delimitadas sus

posibilidades de actuación en la tutela de los medios de comunicación estatales y el control de las cuentas

de los partidos políticos.

La Junta Electoral Central —cuya sede está en las Cortes— es un organismo administrativo, pero

totalmente independiente del Gobierno. No es tampoco parlamentario ni del Poder Judicial, pero en su

constitución sí está fuertemente judicializado. Se pensó, en el decreto de 1977, que está línea era la mejor

para asegurar su independencia. Aunque, por ejemplo, en Francia —y para que se vea que no es el único

sistema— sus funciones las desarrolla el Ministerio del Interior y los prefectos. Es decir, Juan José Rosón

y los gobernadores civiles.

Lo cierto es que la Junta Electoral Central no está sujeta a mediatizaciones. Nuestro sistema no es el más

frecuente, pero es bueno, en la valoración de los técnicos jurídicos. Constituyen la Junta, el presidente del

Tribunal Supremo, cinco magistrados del citado Tribunal (por sorteo), el consejero permanente del Estado

de más antigüedad, el presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el presidente de la

Academia de Jurisprudencia y Legislación, el presidente del Consejo General de la Abogacía, el presi-

dente de la Junta de Decanos de Colegios Notariales, un catedrático de Derecho de Madrid (por sorteo).

Como se ve, la flor y nata de la abogacía española. Buenos abogados para todo el pueblo. Cada proceso

electoral, como vocales, hay cinco catedráticos o académicos que el decreto prevé sean designados a

propuestas conjunta de los partidos políticos. Lógicamente resulta muy difícil que los partidos hagan una

propuesta conjunta, así que en la práctica esos vocales son catedráticos representativos de un amplio

espectro ideológico, de forma que resulte una designación equilibrada. El secretario, por último, es el

letrado mayor de las Cortes.

Para asegurar la independencia, el presupuesto de la Junta es un capítulo independiente, que otorgan las

Mesas de Congreso y Senado. Independencia económica que es menor en las provinciales y las de zona,

cuyos medios tienen que ser dados por los Gobiernos Civiles.

DESDE EL CENSO ELECTORAL A LOS GASTOS DE LOS PARTIDOS

Tiene su importancia decir que la Junta es un organismo administrativo electoral y no un órgano judicial,

para que se entiendan casos como el de la campaña de los empresarios andaluces, con prohibición de la

Junta y posterior fallo a favor de los empresarios por parte de la Audiencia Nacional. El ciudadano, ante

las decisiones de la Junta, siempre puede recurrir a la vía judicial.

Una de las misiones de la Junta es el censo electoral con la inspección de todos los servicios relativos al

censo, reproducción y difusión. Ocurre que el censo tiene muy mala imagen, al incluir habitualmente a

muertos y desaparecidos. Aunque el censo depende del Instituto de Estadística, en la Junta se nos precisa

que los plazos para comprobación y recurso son suficientemente amplios, lo que ocurre es que mucha

gente no va a comprobar si está incluido y luego pasa lo que pasa. Por ejemplo, el caso del señor Félix

Pérez Miyares, delegado del Gobierno en Andalucía, que no pudo votar en las elecciones autonómicas,

con el lógico escándalo institucional. Muy probablemente, Pérez Miyares estaba censado en Madrid, dado

que había sido ministro.

Algunos en el tema del censo exageran su eficacia, como un.emigrante que vivía en Argentina y que pidió

a la Junta Electoral Central el nombre de una señorita de buena posición económica, que pudiera casarse

con él, y mandaba todo su curriculum humano. La Junta no pudo complacerle.

Otra función es la evacuación —palabra técnica, aunque suene mal— de consultas de las Juntas

Electorales provinciales sobre voto por correo, distribución de los locales para la campaña, reclamaciones

de los partidos políticos o candidatos. Cuando se proclaman las candidaturas, las reclamaciones ya sólo

pueden hacerse a las Audiencias, y después de la proclamación de los elegidos, al Tribunal Supremo.

También conoce las coaliciones electorales.

Igualmente lleva la campaña electoral en cuanto a espacios gratuitos de TVE y RNE y los periódicos

estatales, a través del Comité de Radio y Televisión, con seis miembros nombrados por la

Administración, otros seis designados por la Junta, y seis vocales técnicos —con voz, pero sin voto—.

También controla la programación general relacionada con las elecciones, pero esto no está suficiente-

mente claro. Según e! Estatuto de RTVE, sus funciones las ejerce a través del presidente del Ente Público

y el Consejo de Administración. Si la Junta —por de oficio o por denuncia— considera que un programa

no debe difundirse, pues no está claro qué puede hacer la Junta porque no están claros sus poderes y no

hay precedentes. Tema éste que en el mundo jurídico tiene mucha importancia.

Luego viene la proclamación de diputados y senadores. No acaba aquí su función en la campaña, porque

luego está el control de la regularidad de gastos e ingresos de los partidos, detallando las cuentas

corrientes a través de las que se han efectuado los pagos. Los partidos deben dar cuenta de sus

£ Está mal regulado el control de los gastos de los partidos en campaña electoral

gastos. Pero esto todavía no está suficientemente regulado. La Junta, a través de sus técnicos, emite un

juicio sobre esas cuentas y se las pasa al ministerio fiscal por si considera que hay delito. Hasta ahora, la

práctica es que el ministerio fiscal devuelve los temas considerando que no hay delito, y la Junta puede

poner multas que van desde las mil a las veinticinco mil pesetas.

A pesar de que las multas sean escasas en dinero y escasas en número —se han puesto entre diez y

doce— también aquí existen los morosos: cuando se va a cobrar hay partidos que ya han desaparecido y

resulta que el domicilio social era el domicilio particular de algún líder.

LAS CIFRAS DEL COMPUTADOR SON FIABLES, PERO NO OFICIALES

Todo lo relacionado con propaganda electoral depende de la autoridad judicial.

Para los mal pensados del «pucherazo», hay que decir que el computador no es la última palabra. No es lo

oficial. Lo oficial son los resultados que hace públicos la Junta Electoral Centra! cuatro días después de la

jornada electoral, con las actas de los colegios electorales. Lo que ocurre es que la fuente es la misma,

soto que al computador llegan a través de los Gobiernos Civiles utilizando también las actas. No hay,

pues, ninguna posibilidad de pucherazo tecnológico. Los cambios son mínimos de los datos oficiosos a

los oficiales.

EL VOTO DE LOS EMIGRANTES, MUY DIFÍCIL DE RESOLVER

En todas las elecciones se remueve el caso del voto por correo de los emigrantes. Tema de difícil

solución. No es que haya mala intención, pero no se pueden enviar las documentaciones y papeletas de

voto hasta que no se proclaman las candidaturas, que es cuando se pueden imprimir. Luego hay que

enviar todo eso y, claro, desarrollar todo el proceso en Singapur no es lo mismo que en Avila.

Se apunta que la solución podría ser abrir mesas electorales en Consulados y Embajadas, pero para esto

habría que reformar la ley Electoral. Apunte interesante, pero a resolver. En Suiza no sería posible porque

está prohibido a los emigrantes realizar cualquier acto de contenido político.

También puede ser interesante saber que una invalidación general de las elecciones no es posible. Se

tendría que revisar caso por caso e ir arreglando los entuertos, en el peor de los casos.

Otro tema es que los miembros de la Junta no se pueden presentar a las elecciones, y para asegurar una

independencia absoluta y real han llegado al acuerdo de no hacer ningún tipo de declaración ni ningún

contacto con la Prensa, por muy alejado del tema que se plantee.

Para todo este trabajo la infraestructura no es muy grande: dos letrados de las Cortes (que no están

liberados de sus demás funciones) y tres administrativos. Para las elecciones andaluzas se contrataron

temporalmente dos administrativos más y en éstas se han contratado a tres personas.

Con todo lo dicho, espero que queden claras las funciones de la Junta Electoral Central y no ocurra más

eso de un ciudadano, habitante de Alcalá de Henares, que se dirigió a la Junta, acogiéndose al derecho de

petición, exponiendo que la solución a todo era un Gobierno de concentración, con absolutamente todos

los líderes incluidos en él, y ocupando precisamente él la Presidencia del Gobierno. Enrique DE DIEGO.

 

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