Autor: ROMANO. 
 Tribunales. 
 Desórdenes públicos     
 
 ABC.    09/10/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 10. 

SÁBADO 9-10-82

LOCAL

Tribunales

Desórdenes públicos

El orden público es un bien jurídico protegido penal y gubernativamente como exigencia del

mantenimiento y desarrollo del Estado. Desde este punto de vista se condena por )a sentencia del Tribunal

Supremo la actuación de un grupo de militantes de Fuerza Nueva que, infringiendo la prohibición

gubernativa, aunque con un móvil atenuatorio de índole patriótica, desencadenaron una serie de hechos de

excepcional gravedad por sus consecuencias lesivas para la integridad física de las personas.

Jurídicamente, en un piano de Derecho positivo, esta es la solución necesaria de un caso que, desde otro

ángulo, revela una situación social patológica: que la bandera nacional sea, en vez de instrumento de

cohesión, instrumento de discordia por quienes abruptamente la rechazan o ia monopolizan. No se ha

planteado ni consta en la sentencia de la Audiencia la investigación de otra posible responsabilidad penal

o gubernativa contraria: !a celebración de una manifestación que infringió la orden de enarbolar la

bandera nacional y, a mayor abundamiento, se la ofendió.

LOS HECHOS. Et gobernador civil de Córdoba autorizó una manifestación convocada por ios partidos

PSOE, PTA, PSA y PCA con motivo del Día de Andalucía, la cual se celebró el 2 de diciembre de 1979.

La autoridad gubernativa había puesto como condición que la bandera de España ocupase lugar preemi-

nente, sin banderas ni símbolos ilegales. Cuando el delegado gubernativo advirtió que faltaba la bandera

nacional recibió como explicación que habiendo preparado grandes banderas andaluzas, no encontraban

otra nacional mayor. El delegado lo comunicó a ia autoridad, pero no recibió contraorden, mas poco

después apareció una gran bandera tricolor con las siglas PC (ML) coreada por grupos de manifestantes

con el «slogan» «España mañana será republicana». Por intervención del delegado gubernativo y de la

Policía Nacional se retiró la bandera, con agresiones verbales y físicas.

Juan Suárez Herrera, afiliado a Fuerza Nueva, partido al que se había advertido no participara en la

manifestación, expresó su disgusto a un periodista por lo ocurrido, el cual le contestó en forma despectiva

para la bandera nacional. Suárez marchó a la sede de FN, donde estaban los afiliados Miguel Quintana

Domínguez, Antonio Fernández Jiménez, con antecedentes penales por robo y hurto, y Carlos José

Pericet Meléndez-Valdés, y lleno de ardor patriótico -tomó una bandera nacional secundado por Pericet

que tomó otra más pequeña y salieron a la calle acompañados por el jefe provincial Juan Meléndez-

Valdés Criado, con antecedentes penales por depósito de armas de guerra; Humberto Lloreda Pajares,

subjefe provincial; Carlos María Pereda Pérez, jefe provincial de Fuerza Joven, y José Antonio Leiva

Gómez, quienes siguieron con gritos de «España entera y una sola bandera».

Llegados al punto donde terminaba la manifestación con el himno de Andalucía, al requerimiento del

delegado gubernativo el jefe provincial respondió que si nadie llevaba la bandera de España, allí estaban

ellos para ponerla en su lugar, y momentos después los manifestantes prorrumpieron en abucheos,

desbordando a los servicios de orden y con insultos a Jos miembros de Fuerza Nueva y otros que se les

habían agregado y contra la Policía, a! tiempo que volvía a exhibirse la bandera tricolor, defendiéndose

los recién llegados como podían y resultando heridos por arma blanca los dos abanderados y otras per-

sonas.

Quintana, que llevaba un revólver mortífero a distancia de cinco o seis metros y lesivo a nueve o diez,

cargado con cartuchos de perdigones, efectuó tres disparos ¡ntimidatorios siendo detenido por un sargento

de la Policía Nacional que asimismo vio a otro individuo que disparaba cerca de Quintana; una policía

municipal de servicio fue amenazada con una navaja y una pistola. A consecuencia de los disparos

resultaron heridas diez personas, una de ellas policía, y dos con pérdida de un ojo.

Sentencia y recurso. La Audiencia de Córdoba estimó que estos hechos constituían sólo un delito de

tenencia ilícita de armas, del que era autor Miguel Quintana Domínguez, condenándole a un año y cuatro

meses de prisión menor, y absolvió a todos los demás procesados de los delitos de desorder> público y

lesiones y taitas de lesiones.

Contra esta sentencia recurrió en casación el Ministerio Fiscal, por estimar indebida la inaplicación del

artículo 246 del Código penal, definidor del delito de desórdenes públicos, y en cuanto a Manuel

Quintana la inaplicación también indebida det artículo 566 número tercero. Basaba la primera presunta

infracción legal en que el dolo se deducía por los gritos que daban al intentar incorporarse a la mani-

festación, por el hecho de portar armas y por el conocimiento de la alteración del orden que produciría su

incorporación a la manifestación y la voluntad de realizar el hecho. Basaba la segunda en que, aun

admitiendo, como era de admitir, la legítima defensa de Quintana que no se concretaba si era excesiva o

incompleta, era de apreciar un abuso culposo en su legítimo ejercicio, al no actuar con la diligencia y

precaución debidas para no causar mal a personas distintas de los agresores.

Sentencia del Supremo. La Sala Segunda del Alto Tribunal acoge el primer motivo del recurso y rechaza

el segundo, por plantear éste una cuestión nueva. Para acoger aquel motivo, aduce el siguiente

considerando, tras establecer determinadas salvedades de orden sistemático, puesto que el fiscal cita el

artículo 246 y la segunda sentencia aplica el 246 bis, diferencia que no afecta al bien jurídico protegido y

la calificación que se postula supone pena inferior:

En el delito de desorden público «!a gravedad en el ámbito punitivo radica, no tanto en el resultado

obtenido por los agentes, como en el específico ánimo tendencial o elemento subjetivo del injusto como

supone el designio de atentar contra la paz pública y aun reconociendo las dificultades que el

descubrimiento y detección de ese elemento anímico entraña, su exigencia es forzosa en la comisión del

delito, y de ahí el que sea obligado un atento, ponderado y ecuánime estudio de los hechos y de cómo

fueron gestándose, desarrollándose y consumándose, para colegir que la falta de ese elemento intencional

hace invia-ble la imputación por el cauce del articulo 246 desplazando los graves desórdenes ocasionados

a otro tipo en que encuentren su adecuado asiento, porque lo que prima en el resultando de hechos

probados es la serie de altercados producidos y la grave perturbación ocasionada por el desmedido afán

de protagonismo en el símbolo representativo de la nación sobre los de la región andaluza, cuando no de

banderas no autorizadas, arrogándose los procesados el monopolio de portar las banderas nacionales,

pues, por muy plausibles que fueran sus ardores patrióticos, ío hicieron contraviniendo ia admonición de

que el partido político en el que militaban no debía participar en la manifestación previamente autorizada

gubernativamente a los partidos políticos integrantes del PSOE, PTA, PSA y PCA, según había hecho

saber y advertido previamente el señor comisario jefe provincial de Policía a los miembros de Fuerza

Nueva, y cuya intervención, contraviniendo esas órdenes, provocó una serie de reacciones en cadena que

culminaron en la grave comisión de desmanes y agresiones y hechos que se relatan.»

En su virtud se condena a Juan Meléndez-Valdés, Humberto Lloreda, Carlos Pereda Pérez, José Antonio

Leiva, Miguel Quintana, Juan Suárez Herrera y Carlos Pericet, por desórdenes públicos, con la atenuante

de obrar por motivos altruistas y patrióticos en todos y la de minoría de edad en Leiva, y la agravante de

reincidencia en Meléndez-Valdés, a las penas, excepto el último, de un mes y un día de arresto mayor y

20.000 pesetas de multa y al último de los indicados dos penas de 20.000 y 10.000 pesetas de multa,

manteniendo la condena de Miguel Quintana por tenencia ilícita de armas. ROMANO.

 

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