Autor: Miralles Álvarez, Jaime. 
   Gobierno y Ejército     
 
 Diario 16.    05/11/1982.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

JAIME MIRALLES

Abogado y periodista

Gobierno y Ejército

El descubrimiento de una nueva trama golpista y la detención, en esta: últimas horas, de tres jefes del

Ejército que proyectaban una nueva rebelión ocupando el palacio de La Zarzuela y el de la Moncloa, o

sea, secuestrando al Rey y al jefe del Gobierno, plantea algunas cuestiones cuya gravedad no permite

permanecer en silencio por temores que serían injustificables.

Es indudable que, con arreglo a la legislación vigente, el enjuiciamiento de este nuevo crimen contra el

Estado corresponde a la jurisdicción militar, por ser militares los inculpados.

Ahora bien, los poderes del Estado no solamente están obligados a cumplir la ley positiva, sino también a

modificarla, adecuándola en todo momento a la situación de la sociedad. Tan es así, que la propia Cons-

titución española autoriza al Gobierno para dictar decretos ley, en caso de extraordinaria y urgente ne-

cesidad.

Galaxia

Para formar juicio sereno sobre esta grave cuestión debe tenerse muy en cuenta que, en noviembre de

1978, los conspiradores implicados en la Operación Galaxia» proyectaron un golpe de Estado cuya reali-

zación culminaría con la ocupación del palacio de la Moncloa, sede del titular del poder ejecutivo; que el

23 de febrero de 1981 todos los españoles vimos las tropas sublevadas en la calle al mando de oficiales,

de jefes y de generales; que en junio de ese mismo año fueron detenidos varios jefes del Ejército y varios

civiles por proyectar una nueva sublevación para el día del santo del Rey; que en diciembre siguiente se

conoció públicamente un documento, firmado por varios militares, cuyo contenido denotaba una clara afi-

nidad con los golpistas del 23 de febrero.

En el tratamiento de todas esas conductas, todos hemos podido apreciar una clara benevolencia que no

sería lícito cargar sólo sobre la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales militares cuando, en buena

doctrina, es el Gobierno el obligado, en primer término, a llevar a cabo la investigación exhaustiva que

ponga a disposición de los jueces a la totalidad de los golpistas que, con tan clara frecuencia, intentan una

y otra vez atentar contra las instituciones legítimas y muy concretamente, contra la cúspide del Estado,

que es el Rey, cuya lealtad a la Constitución y a España es paradigma de lealtades para los ciudadanos ci-

viles y militares.

Por otro lado, también ha de tenerse muy en cuenta que no solamente el sentir general, sino también la

orientación legislativa que emana del texto constitucional, claman de consunc por la unificación jurisdic-

cional, lo que lleva consigc la atribución a los tribunales de la jurisdicción ordina ria de la competencia

pare juzgar a los autores de estos delitos contra el Estado, que cometen indistintamente los civiles y los

militares que olvidan sus obligaciones.

Disciplina

El Gobierno, en el ejercicio del poder ejecutivo, tiene el deber clarísimo de respetar el derecho del Ejér-

cito a que la disciplina se mantenga en sus filas. No sería honesto ignorar que es un derecho del Ejército

el que los Gobiernos pongan todo su celo no en halagar a las Fuerzas Armadas con erróneas debilidades,

sino en estimular el sentido de la disciplina que inspira a nuestros Ejércitos. Las Fuerzas Armadas tienen

derecho a que no se les confunda con los golpistas, y los militares que las integran a que no se les equi-

pare a unos cuantos que, contrariando los más elementales deberes que hon ran al uniforme y a quienes lo

visten, traicionan la con fianza que el pueblo español tiene depositada en ellos.

Responsabilidad

El Gobierno actual contraería una gravísima responsabilidad política si, por omisión, pretendiera hacer

heredero de sus errores al Gobierno que salga de las urnas el día 28. Este Gobierno, este ministro de De-

fensa, que tan equivocadamente vienen actuando en relación con las cuestiones militares, están

claramente obligados, en este momento, a dos cosas: a llevar hasta el final la investigación sobre los

últimos hechos descubiertos, tan claramente relacionados con los actores en las anteriores sublevaciones,

para presentar ante la justicia a todos los responsables con uniforme o sin él, y a dictar un real decreto-ley

que atribuya al órgano correspondiente de la jurisdicción ordinaria la competencia para enjuiciar estos

crímenes contra el Estado, que atenían en primer lugar contra las Fuerzas Armadas.

La norma constitucional que autoriza estas disposiciones atiende, precisamente, a los supuestos de

necesidad extraordinaria y urgente, a que respondería este real decreto-ley que desde aquí se propugna.

El Ejército y España lo agradecerían.

 

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