Autor: Garrigues y Díaz Cañabate, Antonio. 
   Carlos Arias     
 
 ABC.    05/03/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

ABC. MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 1975.

CARLOS ARIAS

«He sentido la picadura, el dolor de ciertos sectores, que se sienten inquisidores de la ortodoxia y que me

han tachado de desviacionista». La «ortodoxia» de los que se creen en posesión de la verdad y creen a los

demás desposeídos de ella, es decir, poseídos por el error, es una de las constantes más perniciosas de la

intransigencia española —salvando la buena fe que pueda asistir a los que la protagonizan—. El

«desviacionismo» en este caso es situarse en el camino real, camino no de realeza, sino de realidad, de la

realidad humana en la que el trigo y la cizaña crecen juntos, y es la conquista de la verdad una constante y

porfiada lucha.

«Nuestra propia Constitución no solamente prevé, sino que establece previsoramente el mecanismo a que

ha de sujetarse su posible modificación». «No considero necesario, ni oportuno, ni conveniente la reforma

constitucional». (Se entiende en el sentido de una nueva Constitución. Dentro de la que rige, la posición

del presidente es profundamente renovadora). Se ha hablado de la España invertebrada, lo que si fuera

verdad, que no lo es, sería grave porque los seres invertebrados son zoológicamente inferiores a los

vertebrados. Pero todavía más grave es que se la trate como nación estructuralmente «inconstituida» y

sujeta por ello a un constante proceso de «reconstitución» por casi dos siglos. En este proceso

desenfrenado, una nueva Constitución tendría la gran ventaja de que podría ser «reconstituida» en cuanto

empezara a regir, y así, sucesivamente.

«Explícitamente, el Estatuto no excluye a ninguna fuerza política o a ninguna entidad política de

comparecer en este aspecto plural de las asociaciones... Hablando en claro y conciso lenguaje: ni

comunismo ni separatismo; ahora bien, cualquier otra exclusión no podrá ser atribuida ni ser responsable

de ella ni el Gobierno ni mucho menos el Consejo Nacional». El profesor Tierno Galván, un hombre de

vasta y profunda cultura, situado inequívocamente al otro lado de la frontera del Régimen, en un debate

de signo y prejuicio negativo sobre el Estatuto de las asociaciones, al decir que ese Estatuto significaba la

muerte del reformismo, ha, sin embargo, añadido: «Parece que hay un núcleo que ha evitado que el

proyecto de asociaciones fuera amplio y lo que inteligentemente hubiera sido deseable: un equivalente de

los partidos políticos con el nombre de asociaciones. Si esto se hubiera hecho, habría que admitir que los

que hemos estado siempre en situaciones democráticas, habríamos estado en una situación de perplejidad,

condicionados por los problemas de nuestro país, de nuestra Patria, y por los problemas concretos de

nuestros respectivos grupos». Después de las palabras categóricas del jefe del Gobierno, de que cualquier

exclusión que no sea la del comunismo y el separatismo no podrá ser atribuida ni al Gobierno ni al

Consejo Nacional, parece que la «situación de perplejidad» debería renacer en los disidentes con todas

sus consecuencias prácticas, sobre todo si se añade que el presidente ha dicho también que una izquierda

no subversiva —en la que, según sus declaraciones, entra el socialismo no marxista— no está excluida de

la actuación política. En verdad, un socialismo no marxista ni revolucionario impregna hoy en algún

grado y medida la política de los más variados regímenes. incluido el español.

Es verdad que esa izquierda no subversiva tiene que «acatar, al menos, los Principios del Movimiento»,

pero para una izquierda de esa clase, si acepta la Monarquía, y no se ve por qué no habría de aceptarla, los

únicos Principios que podían ser incompatibles serían el 2.°, sobre la Confesionalidad, y el 8.°, sobre el

carácter representativo del orden político. Pero el de la Confesionalidad está atemperado tanto por la ley

de Libertad Religiosa, que neutraliza todo lo que de excluyente pudiera tener la confesionalidad «more»

tradicional, como por el Concilio Vaticano II, que es ahora la doctrina de la Iglesia Católica, una doctrina

que, en su proyección política, no es ciertamente reaccionaria; y el Principio 8.°, porque lo que se

establece en él a través de los cauces legales de la familia, el Municipio, el Sindicato, no es la

participación corporativa de estas entidades, sino la participación del pueblo, a través de esos cauces, en

las «tareas legislativas y en las demás funciones de interés general». Y todo sistema constitucional en el

que es el pueblo el que participa en esas tareas y funciones a que se refiere ese Principio 8.° es

democrático si se practica fielmente, sea cualquiera el cauce de la participación.

El presidente Carlos Arias representa una voluntad clara, honesta, prudente, firme, de evolución del

Régimen hacia la participación de todas las fuerzas políticas en un pluralismo ordenado que no esterilice

el necesario vigor de la acción política: «Dije que España, que la juventud, que la generación actual, a mi

juicio, están plenamente capacitadas para aceptar el reto, su futuro destino en la Historia. Precisamente

ese destino que le ha fabricado, que le ha preparado la previsión, la prudencia, la tenacidad del Jefe del

Estado. Pero, claro, para esto es necesario que empecemos por reconocer con cierta humildad que el

sistema es perfectible, que a los Principios Fundamentales, que a los Principios del Movimiento, no se les

ha sacado todo el contenido, un contenido inagotable en el campo social, en el campo político, en el

campo de la cultura, en el campo de la organización política.» Esto es lo que está por hacer y lo que hace

que el sistema esté, por los que se dicen sus valedores, desvirtuado y mutilado.

Pero para realizar esta obra ingente en profundidad, con energía e imaginación, el hombre Carlos Arias

necesita la asistencia de todos los que están en esta línea, que son seguramente la gran mayoría de los

españoles, sobre todo la mayoría silenciosa, porque tiene que luchar contra «los inquisidores de la

ortodoxia», que son minoritarios, pero que están en posiciones de poder. Con ellos se puede dialogar y se

debe pactar, lo mismo que con los que están de buena fe extramuros del Régimen.

Querer forzar «ex novo» otra Constitución, o querer acelerar desmañadamente el proceso iniciado el 12

de febrero, puede conducir no a la tierra de promisión, sino al callejón de una dictadura de signo político

incierto, pero de un signo inequívoco, como su nombre indica, dictatorial, es decir, de negación del valor

supremo que tiene el hombre: gozar de una libertad moralmente ordenada. Contra ese peligro, la

Monarquía de Don Juan Carlos constituye la mejor garantía.

Esa evolución correctora e innovadora es la que no puede quedar, una vez más, en una ocasión perdida.

Antonio GARRIGUES.

 

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