Ante las elecciones (1). 
 La estabilidad     
 
 ABC.    22/10/1982.  Página: 14-15. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

La estabilidad

A partir de hoy y hasta el martes 26. A B C expondrá en cinco artículos editoriales su criterio ante lo >que

el día 28 se decide en las urnas. N´i las encuestas interesadas ni los despliegues de la propaganda recortan

habitualmente el nivel crítico del elector medio europeo, que acostumbra a rechazar de antemano todo

planteamiento une apunte a resultados con vencedores imbatibles. En un momento nacional confuso. A B

C (quiere mantenerse a una distancia insalvable de todo interés de partido: jiero eso no es un pretexto para

huir Inicia la neutralidad. Por fidelidad a sus lectores, por fidelidad a sus convic-ciones, A B C analizará

la oferta electoral inte cree más acorde con los dos grandes objetivos nacionales: el arraigo de las

libertades y ta superación de la crisis económica. A B C ( expone esta opción —t/ue es la del centro-

derecha reformista y liberal—frente a todo oportunismo, seguro de su valor como alternativa ahora y a lo

largo de los próximos cuatro años, firme en su convicción de que ese proveció es el más útil para hacer

frente a los actuales problemas de España.

DESDE que en 1976 se inició el cambio político, España ha vivido en transición. Hay en el activo de ese

balance un logro esencial: la nación dispone de un sistema, arbitrado por la Monarquía constitucional,

semejante al de las democracias industriales más estables y prósperas del mundo. Ese sistema está

fundado en el imperio de la Ley y la salvaguardia de las libertades. El nuevo régimen cuenta con un

respaldo inmensamente mayoritario y la persona que lo simboliza, el Rey, ha pasado de la aceptación

inicial a convertirse en el soporte de las libertades. Con avances y retrocesos, entre aciertos y sobresaltos,

en medio de las dificultades, el sistema tiende a la estabilidad. Pero hay también un pasivo en este

balance. A lo largo de estos seis años, la capacidad productiva de los españoles no ha rendido al ciento

por ciento porque se estaban reajustando los cimientos sociales. Muchos problemas han sido pospuestos o

abordados a ritmo lento, porque una parte sustancial de las energías nacionales se aplicaba a la operación

constituyente.

En este crítico período se ha pasado de un paternalismo autoritario a una Monarquía democrática y de un

Estado centralista a un Estado autonómico. Nueva Constitución, nuevos Estatutos regionales, nuevas

leyes orgánicas, nuevas instituciones, y reelaboración de extensas áreas del ordenamiento jurídico.

Además, se ha relevado a una parte de los cuadros dirigentes, se han configurado las fuerzas políticas y se

han ido decantando las opiniones.

¿Qué ocurre con una sociedad cuando experimenta una mutación de tal envergadura? Que se abre un

compás de espera en muchos sectores de actividad. En primer lugar, la Administración Pública disminuye

su ritmo de operatividad y baja su tasa de rendimiento. En segundo lugar, toda modificación de las

normas legales requiere un margen de tiempo para que se adapten a ellas los que las aplican y los que las

cumplen. En tercer lugar, una fracción no despreciable de los recursos públicos deriva hacia gastos

consuntivos, de propaganda institucional y de reorganización burocrática. Y en cuarto lugar, la parte más

fuerte del tejido social —empresarios, ahorradores, inversores— se coloca en una prudente expectativa a

la espera de que se defina y afirme el nuevo marco nacional.

Las consecuencias de estos cuatro fenómenos interrelacionados son, a corto plazo, negativas para el

crecimiento económico, sobre todo, si se dan en años de depresión internacional. Nuestras estadísticas

reflejan esa situación de estancamiento y aun de regresión económica. En estas condiciones ¿vamos a

lanzarnos a nuevos cambios estructurales?, ¿ampliaremos en cuatro años más la incertidumbre de la

transición?, ¿emprenderemos otra remodelación aún más acusada? Sería seguramente un error muy grave

y de un enorme coste social.

IMAGINEMOS lo que ocurriría si se acometiese una nueva reforma fiscal. La que con muy poca

oportunidad y bastante improvisación se ha implantado ha retraído el ahorro y la inversión y ha agudizado

la evasión de capitales. Uno de los más diversos efectos de ese conjunto de reacciones sociales ha sido la

no creación de puestos de trabajo y el masivo desempleo juvenil. Otro nuevo cambio de la fiscalidad al

alza, en lina economia ya muy fatigada, duplicaría loe efectos adversos de la reforma anterior.

IMAGINEMOS lo que sucedería si se introdujese un nuevo cambio en la estructura empresarial. Si la plu-

ralidad sindical, la libre negociación de convenios, el derecho de huelga y el principio de inamovilidad de

plantillas han exigido adaptaciones en la gestión empresarial, otro cambio desestabilizaría unas

estructuras productivas desbordadas por el último reajuste.

IMAGINEMOS lo que pasaría si emprendiésemos otra revisión a fondo de un ordenamiento legal que

acaba de ser actualizado y que todavía no tiene una implantación plena. Incluso hay leyes orgánicas

pendientes de aprobación por el Tribunal Constitucional. Si se hiciera eso aumentaría la inseguridad

jurídica y se produciría un riesgo adicional de parálisis del Estado.

IMAGINEMOS qué acontecería si se iniciase una vasta operación de remodelación y depuración de la

Administración pública, ya muy afectada por el cambio político y el fenómeno autonómico. Se produciría

un entorpecimiento suplementario de la actividad burocrática y disminuiría su rendimiento, que es lo

contrario de lo que necesitamos.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, después de una larga transición, España necesita una pausa para

consolidar las instituciones, desde el Parlamento a las Administraciones autonómicas, pasando por las

patronales y los sindicatos. Lo que necesitamos, para que España no se pare, no es un cambio estructural,

sino estabilidad. Demos por concluida la transición y pongámonos a trabajar, a producir y a adscribir

razonablemente los limitados recursos disponibles.

Y si no hacemos esto no sólo pondremos en peligro el cambio político futuro, sino el cambio ya realizado.

Todavía hay en España sectores que no se han convencido de que, como decía Churchill, la democracia es

la menos mala, de las formas de gobierno. Y no se han convencido, porque la transición ha implicado un

coste social y, sobre todo, porque las nuevas instituciones no han alcanzado pleno arraigo y operatividad.

Si ahora iniciásemos otra etapa de cambios, en vez de ampliarse la aceptación de las nuevas instituciones,

aumentaría el número de inadaptados y discrepantes.

Y ¿qué propuesta electoral nos ofrece esa urgente y necesaria estabilidad? No es la izquierda, que postula

nuevos cambios como si aquí todavía no hubiera pasado nada. Es en la oferta del centro y la derecha

liberal conservadora, plural y diversa, pero acorde en el fondo, donde hay un propósito de concluir la

transición, de consolidar las instituciones y, en suma, de dar a España la estabilidad que precisa para

afrontar los problemas reales y ponerse seriamente a trabajar. Esta oferta abre un horizonte a la libertad

real y de esfuerzo nacional, frente a la libertad abstracta y a la incertidumbre.

 

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