Autor: Guillén, Marco A.. 
 28-O Terceras elecciones generales. La hora de votar. Justicia. 
 Hacia la unidad de las jurisdicciones     
 
 Diario 16.    28/10/1982.  Página: IV. Páginas: 1. Párrafos: 11. 

Hacia la unidad de jurisdicciones

Si una sociedad para sobrevivir necesita de la Administración de la Justicia, una sociedad democrática no

es compatible con un mal funcionamiento de la Justicia.

Y es que tenemos una maquinaria judicial deficiente, obsoleta, anquilosada, costosa; pero, eso sí,

solemne, reverencial e intangible. Es decir, pobres, pero orgullosos.

En consecuencia, ios ciudadanos vivimos de espaldas a la Magistratura, desconfiamos de ella y deseamos

no tener que servirnos nunca de ella, entre otras cosas porque no la consideramos como un servicio

público.

La falta de credibilidad de un aparato judicial burocratizado en exceso, oxidado en la mayoría de sus

engranajes, sacralizado y mitificado en su fachada, poco transparente en su funcionamiento y»espléndido

en su miseria por lo que se refiere a la dotación de personas y equipos explica en gran medida la

desorientación y el miedo del ciudadano y la distancia que le separa de la Administración de Justicia.

Por eso el conjunto de partidos democráticos con implantación estatal propugnan en sus programas

electorales la agilidad, la gratuidad y la transparencia del funcionamiento de la maquinaria judicial.

Prácticamente todos ellos postulan para conseguir tales fines dos tipos de medidas: la generosidad

presupuestaria y la modernización del equipamiento, así como la multiplicación de efectivos personales,

por un lado, y la elaboración de normas que simplifiquen y aceleren los procesos.

En otro punto están de acuerdo los partidos: en la eliminación de pluralidad de jurisdicciones. Se admite

la peculiaridad de la Justicia Militar. Pero el largo y enojoso proceso del 23-F les ha hecho ver la

necesidad de una reforma del Código de Justicia

Castrense en la que este ámbito jurisdiccional se constriñe notablemente.

Ninguno de los programas electorales pretende la reforma constitucional, aun cuando es conocida la

opinión que el presidente de Alianza Popular tiene respecto a este tema, según sus manifestaciones

reiteradas antes de la campaña electoral.

La normativa electoral sólo se la plantean abiertamente en su programa UCD y PCE, aunque es bien

sabido el deseo compartido por los demás partidos de elaborar una ley electoral que sustituya al decreto

que rige la celebración de los próximos comicios.

El punto más controvertido es el del aborto: la izquierda —PSOE y PCE— son partidarios de la

despenalización mediante una ley reguladora de la interrupción del embarazo.

El centro y la derecha se manifiestan contrarios. Pero aun así hay matices. UCD y AP no admiten ningún

supuesto que legitime el embarazo ni atenúe su pena. El CDS, por su parte, cree que se debe modificar el

Código Penal.

En cuanto a la pena de muerte, desterrada felizmente de nuestro Código Penal por prescripción

constitucional, parece que sólo AP estaría dispuesto a restaurarla en algunos casos.

 

< Volver