Loa empresarios en la política     
 
 ABC.    05/05/1982.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Los empresarios en la política

Pretender que los empresarios no tengan intervención en la política y que se mantengan en una postura de

neutralidad, como quieren algunos partidos, según se manifiesta en la campaña andaluza, es una

pretensión indebida, improcedente, injusta.

Si los programas de los partidos contienen formulaciones sobre el modelo económico al que se ajustará la

vida social, si la política incluye la realización de una economía determinada, ¿por qué no van a

manifestar su opción política los empresarios? ¿Por qué no van a tener derecho a apoyar la política más

concorde con su función y sus legítimos intereses?

A los sindicatos no se les discute su acción política. Al contrario, las centrales sindicales socialista y

comunista, UGT y CC OO, son parte principal de sus correspondientes partidos y, en todo momento,

actúan de acuerdo con ellos. Sus líderes figuran en las candidaturas electorales, y si triunfan ocupan un

escaño en el Congreso. ¿Por qué negar a los empresarios la posibilidad, si lo desean, de manifestarse

políticamente y de secundar la campaña de un partido determinado?

Afirma la Constitución la igualdad ante la ley «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

¿Cómo pretender, entonces, en contra del artículo 14 de la norma suprema, que la condición personal de

empresario o la circunstancia social de dirigir una empresa resulte motivo que impida el ejercicio de

derechos políticos? Las asociaciones empresariales, como los sindicatos de trabajadores, son igualmente

libres «dentro del respeto a la Constitución y a la ley», según el artículo 7. ¿Por qué, pues, acotar la

libertad de las asociaciones empresariales tratando de vedarles participación en la política? ¿Acaso es

lógico convocar a estas asociaciones a la realización de pactos con manifiesto contenido político, como

los que se acuerdan con el Gobierno y los sindicatos, y censurarles, al mismo tiempo, la pública expresión

de sus preferencias políticas en una campaña electoral?

Claro está que no es tanto la acción política de los empresarios lo que se impugna y se pretende

desvirtuar, sino el hecho de que la política empresarial se incline, naturalmente, a favor de los partidos de

signo conservador o liberal. Buena prueba de ello son las recientes reuniones del secretario general del

PSOE con representaciones del estamento bancario y de los empresarios. ¿Qué otra finalidad perseguía en

estos encuentros don Felipe González que no fuese convencerles de la moderación económica del

socialismo dirigido por él —un curioso socialismo dispuesto a prescindir de las nacionalizaciones— e

intentar una neutralización de su apoyo político a la derecha? No hay que engañarse: si las organizaciones

empresariales secundaran el juego político de la izquierda, los partidos políticos y los sindicatos de

izquierda aceptarían de buen grado la acción política de los empresarios.

La aplicación de fondos económicos en favor de una determinada opción política es también argumento

que se esgrime contra los empresarios. Pero esta alegación, aunque fuese cierta, se diluye ante el dato

cierto de los miles de millones que han empezado a entregarse a los sindicatos. No debe olvidarse que

esos fondos proceden de un patrimonio integrado por aportaciones que no eran sólo ni principalmente

provenientes de los trabajadores y que, además, fueron deducidas de los salarios de quienes no

pertenecen, en su mayoría, hoy a los sindicatos que reciben tan enormes cantidades.

 

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