La CEOE valoró positivamente el intento del Gobierno. 
 Ferrer pide a Suárez un compromiso público con el programa económico     
 
 Diario 16.    30/08/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Diario 16/30-agosto-79

La CEOE valoró positivamente el intento del Gobierno

Ferrer pide a Suárez un compromiso público con el programa económico

MADRID, 30 (D16).-Carlos Ferrer pidió ayer que el presidente Adolfo Suárez se comprometa

públicamente a cumplir con el programa económico del Gobierno, durante el transcurso de una rueda de

prensa en que la CEOE fijó su posición sobre el plan elaborado por la Administración económica.

La entidad empresarial juzgó globalmente en términos favorables el programa, pero las matizaciones

introducidas durante la conferencia de prensa por sus principales dirigentes caracterizan la posición de la

CEOE como un «si, pero...».

Tanto Carlos Ferrer como Félix Mansilla insistieron en la necesidad de modificar el sistema fiscal,

producto de la reforma Ordóñez por considerar que grava el ahorro y la inversión, mientras que premia el

gasto.

El presidente de la CEOE dudó que ia Administración cuente con mecanismos apropiados para hacer

efectivo el control del gasto público prometido en el programa y, en especial, la vigilancia de los gastos

de la Seguridad Social.

Problema de imagen

Carlos Ferrer fue reacio a asegurar que con el programa económico los empresarios vayan a invertir:

«Depende del factor confianza. El Gobierno tiene un problema de marketing, de venta del programa, y se

requiere que el presidente del Gobierno asuma la responsabilidad directamente en el tema económico,

como sucede en otros países.»

Ferrer se mostró partidario de que el programa sea llevado a las Cortes y que allí se asuman los

compromisos de cumplirlo.

«El programa se ajusta, en sus líneas fundamentales, a las modernas economías —destacó Ferrer—, pero

deja varios interrogantes por resolver, como son las vías de control del gasto público que se van a seguir

y, en concreto, el control de la Seguridad Social que es difícil de conseguir con el actual sistema, ya que

el Estado carece de medios de control.»

Como factores proclives al relanzamiento de la inversión el presidente de la CEOE enumeró los campos

político, automático y laboral, «donde la incertidumbre se ha despejado». Ferrer matizó, sin embargo,

sobre la situación laboral destacando que «se mantiene un elevado índice de absentismo laboral, y el

trabajo en el sector público es escasamente productivo».

Otra reforma fiscal .

Félix Mansilla. del Comité Ejecutivo de la CEOE, señaló que la reforma fiscal necesita una reorientación,

«adaptándola al espíritu del programa económico respecto del cual está desajustada».

Los desajustes de la reforma fiscal son de dos ciases, puntualizó Mansilla. Uno, es ideológico, «ya que

está inspirada en el programa de un partido que no está en el Gobierno», en indirecta alusión ai PSOE.

Otro, es de carácter coyuntural, «ya que la reforma se hizo pensando fundamentalmente en los efectos

recaudatorios y redistributivos. La consecuencia final de ello ha sido un castigo al ahorro y la inversión».

Ferrer, por su parte, añadió que la política fiscal debe dejar de ser un mero instrumento recaudatorio para

transformarse en un arma política económica orientada a estimular la inversión.

«Hay que adecuar el sistema fiscal a la coyuntura actual en la que predomina el paro», agregó Ferrer.

Mansilla opinó que el sistema fiscal actual pone trabas que obstaculizan la creación de puestos de trabajo.

Aclaró que «no estoy gratando de iniciar la contrarreforma fiscal, sino de adecuar la orientación de las

modificaciones introducidas en 1977».

Ferrer se opuso a cualquier intento de financiar el déficit público en 1979 —que juzgó insoportable para

el país- con mayor presión fiscal. Añadió que de cara al presupuesto de 1980 y años posteriores se impone

una estricta reconsideración y reducción del gasto público que sólo debe crecer al mismo ritmo que la tasa

de incremento del producto interno bruto.

«Esta orientación -anadió el presidente de la CEOE- también debe aplicarse a la financiación de las

Comunidades autónomas y los Ayuntamientos».

Mayor crecimiento

Los dirigentes de la CEOE se mostraron contrarios a una política de escaso crecimiento económico.

Carlos Ferrer propuso que se fije una tasa de crecimiento para el producto industrial bruto de dos puntos

porcentuales por encima del existente en la OCDE. Destacó que «esta es una cuestión básica si queremos

que España continúe adelante».

Esta es la Opinión de la CEOE

El documento elaborado por la CEOE sobre el programa económico del Gobierno cuenta con diecisiete

folios. En su primera parte hace un análisis minucioso del contenido de dicho programa para pasar

posteriormente a valorarlo de un modo más general.

• Reducción del gasto público.— El nivel de gasto público alcanzado en 1979 no es soportable por el país

ni es posible financiarlo con más presión fiscal ni a través de los déficit que implica, y una gran parte de

ese gasto público no es productivo y tiene fuertes componentes de despilfarro e ineficacia.

Es evidente que sigue habiendo necesidades sin cubrir y siempre las habrá en términos comparativos,

pero el problema no es ése, sino el de ponderar en qué medida el nivel de desarrollo español y la actual

situación económica permite disponer de recursos suficientes para atender a un volumen de gastos tan

elevado. La respuesta evidentemente es no, salvo que queramos engañarnos a nosotros mismos y

dilapidando el presente arruinar el futuro.

• La Seguridad Social.

Dentro de este gasto público, uno de los más graves problemas nacionales es el del crecimiento de los

gastos de la Seguridad Social que se han incrementado particularmente en los últimos cuatro años. A ello

ha contribuido, en gran medida, el descontrol y el fraude.

Independientemente de la fijación de techos de incremento anual para los .gastos de la Seguridad Social,

de la lucha contra el fraude y de la mayor participación del Estado en su financiación, otro camino a

seguir es el de la liberalización de las prestaciones de todos aquellos servicios en los que la iniciativa

privada pueda ser más eficaz que el sector público.

• Política monetaria.

La política monetaria debe continuar siendo utilizada como instrumento de lucha contra la inflación. Sin

embargo, la creación de las disponibilidades líquidas debe permitir la financiación tanto de los aumentos

de costes que se estimen presumibles y aceptables como del crecimiento programado del PIB. La

aplicación de dicha política monetaria debe hacerse con la suficiente flexibilidad y capacidad de

adaptación para evitar los cambios bruscos de liquidez de un periodo a otro. E! aumento del crédito al

sector privado debe ser suficiente e igual al incremento previsto para las disponibilidades líquidas.

• Política fiscal.

La política fiscal debe dejar de ser un mero instrumento recaudatorio para transformarse en un arma de

política económica orientada en esta coyuntura a estimular el ahorro y la inversión, en lugar de

desanimarla como está ocurriendo.

En la presente situación la cobertura de las necesidades del sector público no debe hacerse a expensas de

dicho ahorro e inversión, sino más bien gravando el gasto y la renta consumida.

• Relaciones laborales.

La economía supone la desaparición de una serie de controles e intervenciones administrativas; entre ellas

se impone una regulación flexible de las relaciones laborales, lo cual no significa el libre despido sino

sencillamente acercarnos a los sistemas vigentes en otros países europeos de economía libre.

• Política de rentas.— La lucha contra la inflación y la creación de puestos de trabajo exige una política

de rentas que no sea inflacionista; es decir, que los incrementos salariales permitan liberar recursos para la

inversión, que a su vez creará empleo. Es así como se podrá demostrar la solidaridad efectiva entre los

trabajadores que tienen puesto de trabajo y los que carecen de él.

Esto significa que los incrementos salariales deben situarse por debajo del aumento de la productividad y

ser inferiores a los aumentos del índice de precios al consumo, teniendo en cuenta el efecto que en ellos

tenga el aumento del precio del petróleo.

 

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