Autor: Iglesias Selgas, Carlos. 
   Elecciones y partidos políticos     
 
 Pueblo.    04/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 12. 

ELECCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS

A ley de Reforma Política faculta ai Gobierne para regular las primeras elecciones »n orden a constituir

un Congreso de lo» Diputados r una Cámara «te Senadores con arreglo a criterios de representación

proporcional tos primeros y a´ sistema mayo-ritario los segundos.

A Entre los diversos pro-bíemas que se plantean a la hora de elaborar tas normas electorales se (ncfuyen

tas i n e. o m patibilidades. la compensación de los gastos electorales y las asociaciones políticas. Hoy

consagraremos nuestro comentario e estas últimas.

A tas asociaciones poiiti-cas han sido el tema más peliagudo con el que se han enfrentado los gobernantes

españoles en la última década, y del que lo menos que se puede decir es que no se ha acertado en su

tratamiento.

A Tres proyectos —1969, 1973 » 1974— fueron estudiados por el Consejo Nacional. Los des primeros s»

debieron a la iniciativa de los ministros José Solis Ruiz y Torcuata Fernandez-Miranda, El primero

naufragó en aquel desdichado ¡ulio de 1969, en que los Servicios de ia Presidencia del Gobierno

torpedearon un estatuto que el propio almirante Carrero Blanco ha-bis votada en el Consejo Nacional.

A Con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, queda claro que osla os-eura intriga fue el peor servi-

cio que, a lo largo de cuarenta años, se hizo a los franquistas y al propio país, puesto que en tiempo

oportuna pudo haberse preparado éste para la transición.

A El segundo intento había *id» ya estudiado por 09 Consejo Nacional el día en que, de modo Inopinado,

el almirante Carrero Blanco fue víctima del atentado que le costó la vida. Como no llegó a alcanzar los

últimos trámites —no se concretó en un texto legal—, sólo nos cabe subrayar el hecho de que Torcuata

Fernández-Miranda, en aquel entonces vicepresidente del Gobierno y secretario general, fue capaz,

después de cuatro años, de poner en marcha de nuevo el tratamiento del tema.

El decreto-ley de 31 de diciembre de 1974, que aprobó el estatuto jurídico del derecho de asociación

política, denominación que en gran parte se debió al malogrado Fernando Herrero Tejedor, adoleció del

inconveniente de extremar las cautelas y hacer prácticamente imposible su ejercicio. No ya la oposición,

sino ni aun siquiera muchos hombres del régimen hicieron ademán de pasar por ventanilla. Asi y todo,

constituyó un «ponente notable del espíritu del «12 de febrero», que tantas esperanzas despertó en su día.

La ley número 21/1976 de 14 de Junio, sobre normas reguladoras de les asociaciones políticas, repre-

sentó un sensible avance en relación con la normativa anterior, aunque por circunstancias distintas no ha

provocado, en la proporción suficiente, el «acceso a la ventanilla.. Su mayor limitación han sido fas

referencias, que se han juzgado peyorativas e Innecesarias, a las Leyes Fundamentales del Reino, y la

intervención del Gobierno en el acto de inscripción, trámite completamente innecesario.

Es de justicia reconocer las dificultades que hubo de vencer el Gobierno para conseguir las mejoras que

en esta ley se encierran respecto al estatuto anterior. La decidida participación que tuvo «n la misma

Manuel Fraga Iribarné, que se consideró su inspirador, y el tranquilizador y meritorio discurso que pro-

nunció el luego presidente Adolfo Suárez, contribuyeron tanto « que se calmaran fas pasiones

exacerbadas, que después por reacción se encresparon en la tarde def mismo día, durante las delibera-

ciones sobre la reforma del Código Penal.

A La convocatoria de elecciónes legislativas —natural consecuencia de la aprobación de la ley de

Reforma Política— debe llevar a una reconsideración del tema. Caben dos soluciones: o bien reformar la

ley 21/1976 en determinados extremos de carácter general o relacionados con las elecciones, o bien, lo

que sería más razonable, regular con un sentido liberal los grupos políticos a los que se reconozca la

facultad de presentar candidatos y asumir campañas electorales, con las naturales compensaciones eco-

nómicas. A estos «grupos políticos» podría aplicarse un tratamiento similar al del proyecto d» ley de

Asociación Sindical, que es mucho más flexible y generoso que el establecido para fas asociaciones

políticas por la ley de 21/1976 de t4 de junio.

A Esta podría ser una importante contribución de las normas reguladoras de las elecciones para las

próximas Cámaras. El Gobierno de Adolfo Suárez, que con tanto tacto está llevando adelante la reforma

política, podría de esta forma desbloquear una situación que fue creada en un momento completamente

distinto por los que concibieren «fa ventanilla» como un medio de controlar la constitución y

funcionamiento de los partidos. A la altura a que hemos llegado, sólo el pueblo español, con sus votos,

puede atribuir «labe!» de demacra-tieidad. y el Gobierno, a lo más, debe recurrir al rninisterio fiscal para

dar cuenta a los tribunales de justicia de las organizaciones o actuado nes políticas que juzgue se salen de

la legalidad.

Tras las elecciones, y una vez asimiladas sus experiencias en función de la nueva Constitución, podría

prepararse una ley electoral nueva, eti que, entre otros extremos, se regularan las asociaciones e grupos a

u» tengan intervención reconocida en el proceso electoral. Las asociaciones políticas, con la carga y el

significado que han tenido en estos últimos diez años, pertenecerían de este modo definitivamente al

pasado, a un pasado en que cualquier actividad política espontánea se estimaba como algo que rozaba con

la ilegalidad.

Carlos IGLESIAS SELGAS

 

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