Autor: Iglesias Selgas, Carlos. 
   La incompatibilidad entre el Ministerio y la Diputación     
 
 Pueblo.    24/01/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 18. 

LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL MINISTERIO Y LA DIPUTACIÓN

LA incompatibilidad entre el Ministerio y la Diputación, es decir, entre el cargo de ministro y el de

diputado, es uno de los temas en discusión en los momentos previos a que por el Gobierno se dicten las

normas que ´han de regular las primeras elecciones a Cortes para constituir el Congreso de los diputados y

el Senado.

Se trata de un problema político de fondo que puede tener múltiples implicaciones y que debe abordarse

en función de otras consideraciones políticas, teniendo en cuenta la tradición nacional en esta materia y

las exigencias de ´Régimen que está implícito en la Ley de Reforma Política.

Como punto de partida, hay que señalar que la incompatibilidad es la regla que prohibe a un parlamen-

tario ejercer ciertas ocupaciones al mismo tiempo que su mandato. En un sentido amplio, aunque menos

técnico, el concepto se extiende a las condiciones particulares de ihelegibilidad que impiden a ciertas

categorías de personas, generalmente en razón al cargo o profesión, acceder a la función parlamentaria. Es

con este último alcance corno empleamos el término.

La incompatibilidad parlamentaria se introduce en España como un instrumento para salvaguardar la

separación de poderes implantada por el decreto de Cortes de 24 de septiembre de 1810 y con la misma

finalidad pasa a la Constitución de Cádiz, artículos 129 y 130, aplicándose tanto´ en el primer período

constitucional (1810-14) como durante el trienio liberal (1820-23).

Con la vuelta a] libera-lismo, representado por la implantación del Estatuto Real, se introducen el consti-

tucionalismo europeo y algunos principios del Gobierno parlamentario, desapareciendo la

incompatibilidad de todo tipo de empleados. En el marco de la lucha de la burguesía por el poder político,

que se desarrolla en la cuarta década del pasado siglo, la eliminación de ia incompatibilidad entre el

Ministerio y la Diputación es pieza clave; por ello se suspende la aplicación del artículo 129 de la

Constitución de 1812 y la Constitución progresista de 1937 excluye a los ministros de la incompatibilidad

y de la reelección en el cargo de diputado. La eliminación de incompatibilidad es condición del Gobierno

parlamentario.

En esta materia la legislación vigente, que está constituida por la ley número 30/1975. de 10 de agosto, in-

cluye entre los cargos sujetos a incompatibilidad parlamentaria los de subsecretario, director general,

gobernador civil y demás cargos políticos de libre designación y remoción del Consejo de Ministros.

También son i n compatibles los contratistas y altos cargos efe empresas nacionales, concesionarias o

explotadoras de monopolios.

Pensamos que las normas electorales que han de ser dictadas por el Gobierno para las próximas eleccio-

nes regularán las incompatibilidades con arreglo a criterios distintos, puesto que la ley de Reforma

Política ha transformado sustancialmen-te nuestro Sistema; este aspecto no puede olvidarse en el

tratamiento del tema.

En la circunstancia concreta de la España de hoy no parece que haya motivos para que se establezca un

sistema de incompatibilidades demasiado amplio ni tampoco para que se excluyan a los miembros del

Gobierno de la participación en las elecciones legislativas. En este sentido apuntan las siguientes razones:

PRIMERA. Los antecedentes de la legislación española que se incluyen en las Constituciones y leyes de

incompatibilidades, así como aquellas que, de modo expreso, no han sido derogadas. Aludimos,

concretamente, a las leyes de 8 de abril de 1933 y de 7 de diciembre de 1934. Con arreglo a esta última

eran incompatibles con el mandato parlamentario todos los cargos públicos retribuidos de la Administra-

ción del Estado, con excepción de los de ministro, subsecretario y directores generales, si bien estos

últimos sólo en número de uno por cada Ministerio.

La excepción de los ministros, y de algunos cargos a partir de la implantación del régimen parlamentario,

ha estado justificado en el hecho de que en tal régimen éstos se eligen normalmente entre los

componentes de las Cámaras. Recordemos el caso inglés en que los ministros, no, tienen acceso a los

Comunes o a ios Lores si no tienen una u otra condición.

SEGUNDA. Se ha dichc que esta incompatibilidad, que no tiene sentido en tm régimen parlamentario

normal, podría estar justificada en las- próximas elecciones por tratarse de una fase preconstitucional en

la que precisamente se van a definir las reglas del juego político. Sin embargo, es preciso reconocer que ,

en estas reglas no se están definiendo de modo unilateral, sino con la colaboración de todos los afectados.

Por otra parte, es un hecho evidente´ que las dos experiencias que tenemos en España de situaciones

similares no abundan por esta interpretación. Recordemos que éstas fueron la convocatoria de elecciones

en 1876 por Antonio Cánovas del Castillo y, en 1931, por el Gobierno provisional de la República pre-

sidido por Niceto Alcalá Zamora., Del Gobierno de Antonio Cánovas del Castillo se presentaron varios

miembros, que fueron elegidos, entre eilos el propio presidente. Otro tanto ocurrió en 1931. en que Niceto

Alcalá Zamora y numerosos miembros .del Gobierno se presentaron, y fueron elegidos.

TERCERA. La ley de Be-forma Política ha abierto un proceso político del que no parece natural que que-

den excluidos los que lo han hecho posible, y esto ao ya por razones personales —»qu« serian muy

estimables, pero que podrían sacrificarse al interés público—, sino porque es lógico que los que abren un

proceso puedan participar en él.

Independientemente d e i juicio que se tenga de las personas, sería lamentable que los que han asumido la

responsabilidad de la primera parte de la reforma queden eliminados en el momento más crítico. Puede

decirse qu« !a participación en el Gobierno no está condicionada en España a la pertenencia a la

Diputación; todo hace suponer, sin embargo, que el ministro que no salga diputado estará en situación

incómoda y difícilmente podrá actuar con la libertad necesaria. CUARTA. Las incompatibilidades, por su

carácter restrictivo de derechos, pueden • considerarse, en términos jurídicos, «odiosas», y deben

circunscribirse a loa casos estrictamente necesarios. En realidad, la exclusión de los ministros y otras

autoridades sólo puede estar justificada para que no resuelvan los asuntos electorales quienes puedan

tener intereses en ellos. Si se encarga ia resolución de los recursos en materia electoral a órganos

independientes del Gobierna no hay razón de carácter general para una exclusión, Creemos que sería co-

rrecto en esta ocasión que personas que han asumido importantes responsabilidades en la vida política es-

pañola vieran reducidas sus posibilidades de acción para el inmediato futuro y para mes largo plazo. Es

cierto que el Rey tiene reconocida una reserva de senadores, pero, aparte de que ésta es una facultad

extraordinaria de la que no cabe prejuzgar e¡ uso que se hará, es indudable que en el futuro no tendrán

autoridad los que no resulten elegidos diputados o senadores, La presentación a las elecciones de los

ministros puede ser. finalmente, ¡a prueba de fuego de su popularidad personal.. El que no se encuentre en

condiciones de presentarse o no tenga interés por ello no pasará d« un ministro técnico, Juzgamos, pues,

conveniente que las normas por las que regule el Gobierno las primeras elecciones s» inspiren en materia

de incompatibilidades en la ley ds 7 de diciembre de 1934 que, a su vez, se hab|a basado en la mejor

tradición legal española en la materia. Según hemos subrayado al comienzo del articulo, esta ley deja

fuera de las incompatibilidades a los ministros y algunos altos cargos, incluidos Jos subsecretarios.

Daríamos así un. nuevo paso en orden a !a normalización de nuestro sistema institucional, ía más im-

portante consecución de la ley de Reforma Política.

C. IGLESIAS SELGAS

 

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