Numerosas denuncias por propaganda callejera ilegal     
 
 ABC.    31/03/1983.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Numerosas denuncias por propaganda callejera ilegal

Madrid

El Ayuntamiento está preparando un informe oficial sobre la supuesta agresión de que fue objeto días

atrás un repartidor de propaganda callejera por parte de unos agentes de la Policía Municipal.

Independientemente de quien lleve o no razón en este desagradable asunto, lo que sí es cierto es que cada

vez prolifera más en nuestra ciudad este tipo de actividad publicitaria. El paro juvenil presenta un campo

abonado para que determinadas empresas utilicen a estos jóvenes como medio para dar a conocer sus

productos o servicios con el consiguiente panfletillo. Sin embargo, esta actividad se realiza en plan

«pirata», cuando ,en realidad existe una normativa que la regula y en la que se contempla el pago de las

tasas municipales correspondientes. Hasta 30 denuncias al mes se producen por esta causa.

El suceso que da pie a esta información se produjo el pasado lunes en los alrededores de la Gran Vía. José

Luis San Torralbo se encontraba repartiendo propaganda en las calles aledañas cuando se le acercó un

vehículo de la Policía Municipal. Según su versión, los agentes se dirigieron a él de forma no demasiado

ortodoxa y su respuesta se produjo en el mismo tono. Tras entregarle la papeleta de multa le obligaron a

subir al vehículo y fue trasladado hasta la calle de la Ballesta. «Durante el trayecto —dijo— me

propinaron algún que otro puñetazo.» Ya en esa calle le ordenaron bajarse y se dirigió a la Casa de

Socorro, donde dice que le certificaron golpes de carácter leve, y de allí pasó al Juzgado de Guardia,

donde presentó denuncia.

Este tipo de actividad publicitaria en la calle está regulada por la Ordenanza de Limpieza Urbana (OLU),

que contempla la prohibición de tirar papeles al suelo en la vía pública, fijar carteles en las paredes y

repartir propaganda por las buenas. Es un hecho que esta propaganda es arrojada al suelo por los

ciudadanos, que la reciben de manos de los jóvenes, y como es el Ayuntamiento el que procede a limpiar

posteriormente, ha establecido unas tasas a las firmas comerciales o distribuidoras.

Algunas empresas no cumplen este requisito y, cuando la Policía Municipal exige al repartidor la

autorización y éste no la lleva, tiene la obligación de pedirle el DNI para cursar la correspondiente

denuncia, que siempre va dirigida contra la empresa anunciadora y no contra el repartidor.

 

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