Autor: J. M. G. R.. 
   Duras jornadas     
 
 ABC.    17/07/1979.  Página: 3-4. Páginas: 2. Párrafos: 24. 

DURAS JORNADAS

Por José María GIL ROBLES

CUANDO estas líneas se escriben —primeras horas de la mañana del día 16 de julio— se da

prácticamente por aprobado entre bastidores el Estatuto de Guernica, a base de jornadas de marchas

forzadas en la Moncloa, cortas horas de descanso y reflexión y deseos vehementes de disfrutar un buen

agosto con las aspiraciones de los vascos satisfechas.

¿Cuáles son los términos del acuerdo? ¿En qué medida son satisfactorios para los que sustentan

posiciones enfrentadas? No lo sabemos; y bien seguro es que son muy pocos los que están en el secreto de

los dioses. Porque la verdad es que pocas veces un tema de tan honda trascendencia para el porvenir

próximo y remoto de España ha sido tratado por procedimientos tan poco propios de una democracia

parlamentaria.

El origen de la anomalía hay que buscarlo en la propia Constitución y de un modo concreto en su artículo

151.

Nuestros constituyentes —hablo, como es lógico, en términos generales— se mostraron tan generosos

en la aceptación del parlamentarismo teórico, como remisos a la hora de desarrollarlo en la práctica. Con

pretendido espíritu de eficacia inspirador del Reglamento Provisional, encomendaron a las Comisiones la

tarea básica de dictaminar los proyectos de ley, y redujeron la labor de los Plenos a la condición de un

salón de lectura con intervenciones tasadas en el que de cuando en cuando un espíritu inconformista se

acordaba de que el hemiciclo es un lugar de polémica hablada en que, normalmente, se entrecruzan

exposiciones bien preparadas con opiniones improvisadas en el calor de una discusión libre, ágil y

esclarecedora. La luz surgida del choque de las ¡deas —lo hemos visto estos años con lamentable

frecuencia— ha tenido la duración de un relámpago. Pronto ha caído sobre el salón de sesiones el velo de

la mediocridad escrita para sumir a los representantes del pueblo en un sopor del que despertaban a veces

con dificultad para pulsar, no siempre con acierto, el mecanismo electrónico de las votaciones

teledirigidas.

La tendencia se ha agudizado en la discusión y aprobación de los Estatutos, que ha tenido que pasar por

las siguientes etapas:

1. La iniciativa del Estatuto corresponde a los parlamentarios elegidos por los territorios que aspiren al

autogobierno.

2. El proyecto pasa a la Comisión Constitucional del Congreso —el Senado se enterará por la

Prensa, como los demás ciudadanos—. Comisión que lo examinará en el plazo de dos meses con el

concurso y asistencia de una delegación de los parlamentarlos proponentes para determinar de común

acuerdo su formulación definitiva.

3. Si se llega al acuerdo, el texto resultante se someterá no al Pleno de las Cortes, sino a referéndum del

cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del Estatuto.

4. El proyecto aprobado en cada provincia aspirante a la autonomía, se elevará a las Cortes. Los Plenos

de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Parece que el resultado se da

por previsto.

5. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo aplicará como ley.

Esta tramitación reduce al mínimo la intervención del Parlamento.

Los territorios que aspiren al autogobierno tienen la iniciativa del texto del Estatuto; intervienen en la

Comisión Constitucional para elaborar el texto definitivo; y lo aprueban por referéndum, sin que el voto

de los restantes ciudadanos españoles sea siquiera consultado.

Al Pleno de las Cortes le corresponde únicamente el «brillante» papel de emitir un voto de ratificación de

lo aclamado por referéndum en el País Vasco. Es posible que eso permita a diputados y senadores salvar

platónicamente su voto y su conciencia. ¿Pero puede alguien pensarse que no «e obtenga el voto de

ratificación, y que un gesto de independencia de las Cortes pueda a última hora echar por tierra la obra

elaborada en el seno de la Comisión Constitucional con el refuerzo de los autonomistas, y aprobada por

referéndum de los que van a disfrutar el régimen autonómico? No nos hagamos ilusiones.

En cuanto al Rey, despojado en esta materia de toda posibilidad de actuar, la Constitución le Impone la

obligación de sancionar en términos Imperativos. «Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y

promulgará como ley». El acto será, sin duda, solemne con numerosa batería de fotógrafos.

Trazado un cauce tan estrecho, la discusión del Estatuto de Guernica ha dado en la práctica un paso más.

La Comisión Constitucional con sus aditamentos está pasando a la categoría de un organismo de

homologación de lo que se elabora en la Moncloa en sesiones extenuantes de trabajo y almuerzos de

penosa digestión polémica, entre los vascos, apoyados a distancia por la amenaza de las bombas y las

tartarinescas declaraciones de guerra a España en que se alían la senectud y el ansia de notoriedad, y la

crema de la oligarquía de la UCD constituida por especialistas, consejeros y todos amigos seguros del

presidente.

El procedimiento ha dado, al parecer, resultados positivos. Hasta ahora —como es lógico cualquier juicio

sobre materia tan cambiante puede quedar desactualizado de la noche a la mañana— son muchos los

artículos enviados a homologación de la Comisión Mixta Constitucional-Vasca y los gravemente

conflictivos que faltan pueden despacharse en horas veinticuatro.

Hago votos sincerísimos por que se llegue a un acuerdo transaccional aceptable por la mayoría de los

españoles. SI el resultado se obtiene, la mayor o menor ortodoxia del procedimiento seguido pasa a un

lugar secundario.

Son, sin embargo, muchos y muy delicados los puntos que han enfrentado a los vascos extremistas y al

resto de los españoles para que se consiga una solución de paz de un modo tan expeditivo.

Con la presión de plazos perentorios como los fijados desdichadamente por la Constitución, y bajo la

amenaza de la violencia desencadenada por la ETA no se puede trabajar con sosiego e incluso me

atrevería a decir con dignidad. El presidente de la Comisión Constitucional pronunció días pasados una

frase que me pareció tan poco feliz como significativamente sincera. Hay que acabar —vino a decir— en

la -fecha señalada. El proyecto me quema las manos.

La frase revela una triste realidad. Se está discutiendo el tema vasco obedeciendo a la presión del miedo.

Miedo del Gobierno a una ruptura de consecuencias imprevisibles. Miedo del PNV a los extremistas que

le pueden hacer imposible la vida por su izquierda.

En esa situación de ánimo es difícil hacer una obra fecunda. Lo dijo de un modo insuperable don Antonio

Maura: «Un Gobierno no puede actuar bajo la inspiración de la musa temblorosa del miedo.»

Temo que este ambiente de coacción haya llevado, por vía transaccional, a fórmulas equívocas,

susceptibles de generar en el futuro problemas muy graves.

Piense la UCD si vale la pena de atribuirse hoy un triunfo más aparente que real, fácilmente encomiado

por los poderosos medios de la propaganda oficial, si deja en el suelo la simiente de nuevos y peores

problemas.

Esperemos que en cuanto la Comisión Constitucional acabe de registrar la tarea que se le va remitiendo

por entregas nos dé una relación completa de lo aprobado, e incluso un texto comparativo de lo

pretendido y de lo conseguido por los vascos. Sólo así podremos ver si se han salvado los puntos

esenciales que separan una autonomía de una concesión larvada al secesionismo, y si las ambigüedades y

los equívocos que, por desgracia, será difícil que no existan, se pueden superar a la luz de unos postulados

claros y firmes, puestos en los cimientos del Estatuto.— J. M.G. R.

ABC. MARTES, 17 DE JULIO DE 197

 

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