Autor: Gil-Robles, José María. 
   La hora de iniciar las conversaciones     
 
 ABC.    29/06/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

LA HORA DE INICIAR LAS CONVERSACIONES

LA discusión del proyecto de Estatuto vasco en la Comisión correspondiente del Congreso va a poner

a prueba la capacidad negociadora del Gobierno y de los partidos que la apoyan directa o indirectamente

en el Parlamento.

He hablado de negociación y conviene dejar aclarado que no se trata de un intento de superar diferencias

entre partes colocadas en un plano de igualdad, sino de gestionar una solución de interés general por

medio de conversaciones entre los depositarios de un poder, que no puede abdicar en materias que sean

consustanciales con el principio de la soberanía que encarna, y los representantes de una entidad

infraestatal, que postula el reconocimiento justo de su personalidad diferenciada y el ejercicio (dentro de

un marco político superior) de las facultades que de ese reconocimiento se derivan.

El problema ha de acometerse arrancando de esa posición básica, que no puede ni debe tener en cuenta

actitudes cerra´ das, que hacen imposible un diálogo constructivo, y mucho menos actitudes amena-

zadoras, apoyadas en la violencia. Quienes se colocan en ese terreno se eliminan por sí mismos de la

noble tarea de elaborar una solución equitativa.

La posición de quienes negocien con los mandatarios vascos ha de ser la de no ceder ante presiones de los

extremistas, por grandes que sean las masas en que aparentemente se apoyen, ni parapetarse en una

negativa a conversar mientras esa coacción no desaparezca. El Gobierno y los grupos políticos que le

sostienen han de sentirse suficientemente fuertes para no tener en cuenta durante las conversaciones la

actitud de quienes, por actuar al margen de la ley, no pueden tener más interlocutor que las fuerzas

coactivas del poder público.

La negociación ha de tener hoy como única base el Estatuto entregado a! Congreso de los Diputados.

Estatuto que ni es ni puede ser intangible, pues presentarlo como tal equivaldría a una imposición

inadmisible. Tampoco es un texto recusable en bloque o poco menos. Hay en él mucho plenamente

aceptable por quien sea autonomista sincero, del mismo modo que hay también puntos que tiene

necesariamente que rechazar quien no admita desviaciones secesionistas. Conservar y perfeccionar lo

primero y eliminar con prudencia, pero con decisión, lo segundo es !a difícil tarea que aguarda a los

negociadores del problema tal vez más grave que España tiene planteado.

Se dibuja en mi espíritu con especial relieve el recuerdo de una conversación que en el año 1931 tuve con

don José Ortega y Gasset en el Palacio del Congreso. Había concluido la Comisión constitucional el

dictamen sobre el proyecto de Constitución que había elaborado por encargo del Gobierno provisional de

la República la llamada Comisión Jurídica Asesora. El texto salido de la Comisión parlamentaria

provocó, por el notorio sectarismo de alguno de sus artículos, una auténtica conmoción en todo el país.

Dolido por la incomprensión sectaria que lanzaba medio país a una ofensiva a fondo contra la

Constitución, oí de los labios de don José Ortega una lección de moderación que me impresionó

hondamente.

Fue el punto de vista que días más tarde expresó en el magnífico discurso pronunciado en las Cortes

Constituyentes el 4 de septiembre de 1931. Aprobó con frases laudatorias el proyecto considerado en su

conjunto, pero anunció la presentación de numerosas enmiendas, reveladoras de una parcial discrepancia

y añadió: «Ni tampoco es reserva hacer constar que esa tan certera Constitución ha sido mechada con

unos cuantos cartuchos detonantes, introducidos arbitrariamente en ella por el espíritu de propaganda o

por Ja ¡incontinencia del utopismo. Mas, por lo mismo que se trata de incrustaciones inorgánicas,

fácilmente con unas pinzas se las puede extirpar o, al menos, cabe modelarías de otra manera, con lo que

e] resto será más coherente, mucho más compacto.

Faltó, por desgracia, el estadista que llevara a cabo la delicada operación. Por el contrario, agravó el texto

con ceguera que condujo a la catástrofe de 1936. Por no quitar a tiempo el explosivo, la República acabó

en pedazos. ¿Habrá olvidado España esta lección?

El juicio de Ortega me parece plenamente aplicable al texto del Estatuto vasco. También hay en él mucho

aprovechable; tal vez más de lo que a primera vista pudiera pensarse. Pero también se han introducido en

él cuerpos extraños, elementos detonantes que, pensando en el momento actual y desde luego conside-

rados en potencia, encierran gravísimos riesgos para toda España, comenzando por el propio País Vasco.

No por ello hay que rechazar el proyecto en su conjunto. Hay que operar con delicadeza y contacto, que

no son incompatibles con la firmeza, y extraer esos factores de disgregación sin destruir o inutilizar el

conjunto. Como proponía Ortega, la labor debe ser mucho más de pinzas que de bisturí.

No creo que quienes se opongan a pretensiones desorbitadas de los vascos obren con acierto apoyando su

oposición tan sólo en criterios interpretativos de la Constitución. Conviene que no olviden que han sido

en buena parte los equívocos, las ambigüedades y las imprudencias del texto de la ley fundamental, lo que

ha permitido llevar al Estatuto de Estella principios que hoy alarman a los grupos gubernamentales y a los

que fueron sus aliados en las últimas Constituyentes. La admisión del principio de la nacionalidad como

de categoría superior a la de región, la falta de distinción entre autonomía y autogobierno que no son

conceptos intercambiables, y el amparo de los derechos históricos de los territorios forales en la

desdichada disposición adicional de la Constitución, están dando ya frutos bien amargos.

No se trata de prescindir de la Constitución a la hora de decidir acerca de la procedencia o improcedencia

de determinados artículos del Estatuto vasco. La Constitución es en extremo defectuosa. Tuvo en la hora

del referéndum el rechazo de una mitad del país. Pero aún así es una regla de convivencia que es preciso

acatar, aunque no guste, si no se quiere que la sociedad española se deslice hasta la anarquía. Lo que hay

que hacer es reforzar las conclusiones a que lleve una simple exégesis de textos legales, propicios a las

interpretaciones más dispares, con una sólida contribución doctrinal.

Estas consideraciones, hechas con el más sincero espíritu de concordia, suponen un llamamiento al buen

sentido de quienes van a sentarse a un lado y ai otro de la mesa de las conversaciones: a los partidos que

en su día, al no medir las consecuencias de sus actos, contrajeron la grave responsabilidad de hacer

posible un intento de desmembración del país, y a los grupos vascos que, incluso por instinto de

conservación, no pueden dejarse arrastrar por extremistas irresponsables.

Es necesario dotar al País Vasco de un Estatuto. Eso nadie lo niega. Pero hay que hacerlo sin prisas y sin

pausas; sin concesiones arrancadas a la debilidad y sin mutilaciones que lo desnaturalicen en lo que tiene

de legítimo.

Malo, muy malo sería que los vascos responsables —pienso principalmente en el Partido Nacionalista

Vasco— salieran de Madrid con las manos vacías o poco menos. Pero tan malo o peor sería que llegaran

a Vasconia con un artefacto explosivo que podría, no tardando mucho, estallarles entre las manos.

El problema vasco —al igual que el catalán— tal como hoy está planteado es una triste realidad cuyas

causas sería prolijo examinar. Pero basta que sea una realidad para que no sea lícito desconocerlo o

desdeñarlo. Hay que buscar una solución. El Estatuto puede y debe ser esa salida, a condición de que, por

querer resolver un problema actual, no se vaya a crear otro más grave para e) futuro. Porque los vascos y

los catalanes más enamorados de su autonomía no pueden desconocer que no son ellos los únicos que

habitan en Vasconia y en Cataluña, y que hay realidades suprarregionales que sería suicida menospreciar.

Pero tema es éste que desborda los límites del presente artículo.

José María GIL ROBLES

 

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