Constitución y estatutos     
 
 ABC.    28/06/1979.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS

El artículo dos de la Constitución afirma que ésta, la propia Constitución, «se fundamenta en la

indisoluble unidad de la nación española, patria común e indisoluble de todos los españoles...»

Expresada así, en primer término, la unidad nacional, lógico es deducir que es éste y no otro

distinto el principio rector, el criterio prevalente, la definición primera e indiscutible del régimen

democrático constitucional.

A renglón seguido, en el mismo artículo, la Constitución dice: «y reconoce y garantiza el

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integren y la solidaridad entre

todas ellas». Deberán, por lo tanto, los Estatutos autonómicos contener cuantas proposiciones

de autonomía sean posibles con un límite no susceptible de discusión o negociación: el límite

que marca la unidad de la nación española. Dicho en otros términos de mayor simplificación, la

Constitución acepta las autonomías, pero niega, como anticonstitucionales, los separatismos,

las independencias histórico-regionales. La Constitución dice sí al autonomismo, pero dice no a

la secesión.

A la vista de los Estatutos vasco y catalán, los partidos políticos han presentado sus «motivos

de desacuerdo» (entiéndanse como enmiendas, pese a la escrupulosa precisión del léxico de

la tecnocracia política). Y ocurre que la mayor y más sustantiva parte de estos «motivos de

desacuerdo» —en cuya elaboración y presentación destaca, merecidamente, UCD, o sea, el

partido en el Gobierno— lo son no por asuntos de forma o de matiz, sino por contradicción

abierta de las normas o artículos estatutarios y el articulado de la Constitución.

Estamos, por lo tanto. En la situación más grave. Los Estatutos chocan contra la Constitución.

Al parecer, la idea Constitucional de la autonomía «de las nacionalidades» (con minúscula)

excede, desborda, invade y arrasa la idea constitucional de «la unidad de la nación española».

En este debate estamos, ante este dilema tremendo y decisivo.

¿Qué criterio puede servir para resolver con congruencia política? En general, el articulado

entero de la Constitución. En concreto, la reserva de competencias exclusivas del Estado, cuya

enumeración hace el artículo 149 de la Constitución. Precisamente los Estatutos vasco y

catalán contradicen no pocos apartados o puntos de este artículo. Y, con lógica elemental, los

«motivos de desacuerdo» van señalando, por materias y puntos concretos, todo lo que no es

transferible o delegable a las autonomías en la educación y la cultura, en la organización

judicial, en la política económica, en la Hacienda, en la Policía, en la facultad legislativa, etc.

Incluso en denominaciones —«Gobierno», «Parlamento»— de peligrosa ambigüedad.

La voluntad política del Gobierno de negociar hasta e) límite para llegar a un acuerdo ha sido

ya expresada públicamente. Otro artículo constitucional, el artículo 150 en su punto 2.°, permite

a4 Estado «transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica,

facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean

susceptibles de transferencia o delegación». Este artículo —cuya virtud pueda ser su mayor

peligro— permitirá una digna negociación; puede ser un factor de distensión en la pugna de los

Estatutos y los artículos de la Constitución.

Ahora bien, nunca para desembocar, ni siquiera por vía indirecta, en la negación de la unidad

española que presupone, a su vez, un Estado español con competencias aceptadas en todo el

territorio nacional. Hay, sin duda, competencias y funciones indelegables. Imposibles de ser

fraccionadas o vendidas en un pacto político.

Una vez más —porque no es de otra manera el auténtico juego democrático— la

responsabilidad de la solución del gravísimo asunto de las autonomías no recae sólo sobre el

Gobierno y los diputados y senadores da UCD, sino que alcanza de lleno a los parlamentarios

de todos los partidos. A fin de cuentas, las bazas más decisivas van a jugarse en las Cámaras.

Y no es buen síntoma, por cierto, la posición descomprometida, elusiva, confusa, del PSOE y

del PCE, porque con afirmaciones de la unidad nacional y sin oposición clara a la

anticonstitucionalidad de algunas normas estaturias, poco se puede lograr en favor de la

unidad.

De la Constitución —que proclama su fundamento en ella— no puede deducirse, en modo

alguno ni por insólita interpretación, el desgarramiento de España. La definición constitucional

de las autonomías tiene que estar, siempre y en todo caso, subordinada al mantenimiento de la

unidad patria. Sean reconocidos en su verdadera legitimidad, ni un punto más allá, los

derechos y competencias de las Comunidades Autónomas. Pero que no sean jamás las

autonomías el trampolín que lance a España, en un suicida salto atrás, a una alucinante

disgregación medieval.

 

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