Autor: Lorente, Elena . 
   El derecho cívil catalán y el anteproyecto de Estatuto     
 
 El País.    27/10/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

El Derecho civil catalán y el anteproyecto de Estatuto

ELENA LORENTE El anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña replantea, en términos de

actualización, el viejo tema de la subsistencia del derecho catalán, cuyo conocimiento, afirma el

anteproyecto, será requerido a los miembros de la judicatura destinados en Cataluña. Se trata de un

derecho que hasta 1716 comprendía todos los aspectos de la vida social, pero que desde aquella fecha, y

con altibajos, está restringido únicamente al derecho civil, careciendo, incluso en esta disciplina, de

mecanismos normales de renovación. Pese a ello, y junto con figuras periclitadas, algunas instituciones

del derecho civil catalán son, aun hoy en día, más avanzadas que las vigentes en el resto de España.

Las especialidades del derecho civil catalán han sobrevivido en el tiempo, a pesar de un largo peregrinaje

histórico, lleno de paréntesis y de contratiempos de todas clases. Tal como existe hoy, el derecho civil de

Cataluña es, en líneas generales, lo que respetó el centralizador decreto de Nueva Planta de 1716. y que

fue recogido en la compilación de 1960. Dicho decreto de Nueva Planta toleró únicamente el derecho

optivado catalán, pero suprimió incluso los órganos que debían renovarlo.

Bajo la Segunda República, el Parlamento autónomo, en el ejercicio de su competencia legislativa, dictó

cuatro leyes de carácter civil que fueron las principales fuentes de derecho privado en la Cataluña

autónoma: la ley sobre mayoría de edad a los veintiún años, la ley sobre contratos de cultivo, la ley sobre

capacidad de la mujer casada y de los cónyuges y una última sobre la sucesión intestada.

Destaca el carácter progresista de la instauración de la mayoría de edad a los veintiún años, en aquel

entonces todavía no reconocida en ningún país de Europa, y, asimismo, la caracterización de la capacidad

de la mujer y de los cónyuges. Las leyes dictadas por el Parlamento catalán bajo la República fueron

abolidas por el general Franco en septiembre de 1938. A partir de esta fecha se vuelve a la regulación en

materia de derecho privado catalán del represor decreto de Nueva Planta, hasta que el 21 de julio de 1960

las Cortes promulgan una ley que aprueba la compilación catalana.

Puede afirmarse que el derecho de familia catalán recogido en la compilación, y actualmente vigente en

Cataluña, contiene una serie de figuras más avanzadas de las del Código Civil español, que coexisten con

otras figuras francamente retrógradas. Entre las figuras avanzadas destaca el principio de la libre

investigación de la paternidad y el régimen de separación de bienes que se aplica a la institución

matrimonial. Respecto a la investigación de la paternidad. Encarnación Roca, profesora agregada de

Derecho Civil de la facultad de Derecho de Barcelona, afirma: «En la actualidad, el principio de la libre

investigación de la paternidad, vigente en Cataluña desde el siglo XV y aceptado en otros países europeos

desde, solamente, 1958, es de suma importancia, puesto que, a partir de la aplicación del principio

constitucional igualitario en materia de filiación, se dará pie en Cataluña a un gran avance en el

reconocimiento de los hijos ilegítimos, en la medida que el derecho civil catalán admite todos los medios

de prueba posibles para la investigación de la paternidad en contraposición con el derecho común, que

sólo admite la prueba documental, fundamentalmente derivada de la voluntad de los progenitores».

En materia de sucesiones persisten algunas especialidades importantes que se rigen por una amplia

libertad de testar, estableciéndose una legítima muy corta, y el principio de conservación indivisa del

patrimonio.

Límites a la capacidad de legislar

En el proyecto de Constitución y en el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña se reconoce la

capacidad de las nacionalidades para legislar en materia civil, siempre que ya exista en dichos territorios

un derecho civil propio. A este respecto, existe en estos momentos la gran duda de si la Generalidad de

Cataluña podrá ejercer su actividad legislativa sobre materias ya legisladas por su derecho foral, o bien se

podrán crear otras nuevas. Es de señalar, por otra parte, que el proyecto de Constitución establece algunas

materias reservadas a la legislación estatal y, por tanto, se entiende que, salvo estas últimas, la

Generalidad tendrá plena competencia para legislar en materia civil.

Por último, hay que destacar un punto de conflicto importante: el problema de a quién se aplicará el

derecho civil catalán ya existente o la nueva legislación. A este respecto existe una plena contradicción

entre la regulación del tema por el anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo establecido en

el artículo catorce del Código Civil. En síntesis, el Estatuto establece que «son catalanes quienes tengan

su vecindad administrativa en Cataluña», mientras que el Código Civil exige un tiempo de residencia

mucho mayor que la simple vecindad administrativa.

 

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