Autor: Lorente, Elena . 
 Anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Factor determinante de una verdadera autonomía. 
 Los partidos catalanes, decidios a superar el techo de 1932 en materia financiera     
 
 El País.    25/10/1978.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña

Pese a que los parlamentarios catalanes aún no se han puesto de acuerdo con relación al título del

anteproyecto de Estatuto relativo a las futuras finanzas autonómicas, el análisis de las diferentes

propuestas de los grandes partidos —cuya publicación concluimos hoy— muestra que, en este apartado,

se irá mucho más lejos que en el Estatuto de 1932. Desde nuestra, delegación en Cataluña, Elena Lorente

compara lo que será la Hacienda de la Generalidad con lo que fue en el período republicano.

Factor determinante de una verdadera autonomía

Los partidos catalanes, decididos a superar el tedio de 1932 en materia financiera

El tema de la autonomía financiera es fundamental para el desarrollo de una auténtica gestión autonómica

de la Generalidad de Cataluña. En efecto, ni la autonomía estatutaria,´ ni tampoco la autonomía legislativa

y administrativa pueden rodearse de un contenido concreto si no se elaboran los medios necesarios para

satisfacer las necesidades reales de las nacionalidades y, concretamente, de Cataluña. A este respecto,

resulta de sumo interés en la actualidad la comparación de las distintas propuestas dirigidas a la

«Comisión de los Veinte» por los grupos políticos que la integran y de todas ellas en su conjunto con el

sistema que reguló las finanzas de La Generalidad en el Estatuto de Autonomía de 1932.

La institución de la Generalidad en la II República española fue, constitucionalmente, una extensión en

Cataluña del Estado. Tal vez por ello, si de algo careció rotundamente la Generalidad en el período

republicano fue de una gestión financiera que pudiera llamarse autónoma. La Generalidad de Cataluña

estuvo sujeta, en cuanto a la organización de las finanzas, al sistema establecido en el Estatuto de 1932,

que consistía básicamente en la valoración individualizada de los servicios públicos transferidos desde el

Estado a la Generalidad y la consiguiente cesión de impuestos en la medida que respondieran al costo de

los servicios transferidos. Dicha técnica se opone al sistema de cuotas-partes, consistente en la

participación global de los entes autónomos sobre la recaudación de los impuestos, sistema que supone un

poder financiador de la autonomía mucho mayor.

El Estatuto de 1932, condicionado por la Hacienda

En la actualidad, el sistema de cuotas-partes es propuesto unánimemente por los distintos grupos políticos

que integran la «Comisión de los Veinte», aunque con diferentes planteamientos entre ellos, y es,

asimismo, el sistema que se utiliza, por ejemplo, en Alemania, cuyos landers participan con importantes

porcentajes en el impuesto sobre la renta (43 %) y en el impuesto sobre sociedades (50 %).

El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 atribuía a la Generalidad exclusivamente los impuestos de

las antiguas diputaciones, la contribución territorial y el impuesto de derechos reales, si bien con carácter

supletorio se establecía la participación en otros diversos impuestos. En la práctica, la regulación

financiera del Estatuto de 1932, acogida al sistema de transferencias de servicios y consiguiente cesión de

impuestos, supuso un condicionamiento importante del proceso autonómico, no extendiéndose mucho

más lejos de una descentralización de servicios en régimen provisional. En este sentido, el profesor

Sureda, catedrático de Hacienda pública de la Universidad Central de Barcelona, ha afirmado: «Detrás de

la apariencia de unas cesiones de impuestos y de participaciones en el rendimiento de otros impuestos, el

sistema del Estatuto de 1932 ocultaba el recurso a la técnica de la transferencia de fondos desde el Estado

a la Generalidad.»

De este modo, la Generalidad de Cataluña estuvo sometida durante el período republicano a una auténtica

dependencia financiera del Estado que se concretaba en dos aspectos fundamentales. Por un lado, los

recursos globales de la Hacienda de la Generalidad se cifraban según estimaciones del coste de los

servicios debidos y, en segundo lugar, se efectuaban revisiones periódicas de acuerdo con los aumentos

experimentados en la Hacienda del Estado por los respectivos tributos. El resultado de todo ello y del

sistema de financiación regulado en el Estatuto de 1932 fue una dependencia, agravada con dificultades

técnicas crecientes, de la Generalidad con respecto a la Hacienda estatal española.

La conclusión que de todo este proceso se deduce y en la que parecen estar de acuerdo los grupos

políticos de la Cataluña actual es, según palabras del catedrático Santiago Roldan, decano de la facultad

de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, que «sólo los recursos propios,

cedidos por el Estado a las autonomías, confieren efectivamente a las regiones una cierta independencia

financiera».

Otras importantes diferencias

Sin embargo, el problema planteado no se termina con la opción por un sistema global técnicamente más

apropiado. Existen importantísimas diferencias de planteamientos entre los partidos políticos. Entre ellos

parece fundamental la discrepancia sobre la posibilidad de que la Generalidad efectúe recargos sobre

impuestos estatales, postura defendida por Convergencia Democrática y por UCD, en contraposición con

los socialistas y comunistas. Asimismo es de señalar la diferencia existente en el planteamiento de

Convergencia Democrática con respecto a los demás grupos políticos sobre la posibilidad de que la

Generalidad cree otros impuestos que graven las mismas bases imponibles que impuestos estatales ya

existentes.

Estas dos últimas cuestiones, aparte de los diferentes porcentajes de participación propuestos, serán un

importante condicionador de la Hacienda de Cataluña, pues, de prosperar las posturas de UCD y CDC,

Cataluña tendría una presión fiscal mayor a la del resto de España, y, en algún sentido, provocaría el que

Cataluña fuera un territorio tributariamente castigado.

 

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