Autor: Rodríguez Sahagún, Agustín. 
   Las empresas y la financiación de la Seguridad Social     
 
 Ya.    30/08/1977.  Página: 6-7. Páginas: 2. Párrafos: 15. 

Las empresas y la financiación de la Seguridad Social

Agustín RODRIGUEZ SAHAGUN EMPRESAS Y FINANCIACIÓN

LA petición hecha por el empresariado al Gobierno para que se establezca una moratoria hasta finales de

año en el pago de la.s cuotas de la Seguridad Social y la cifra superior ai billón de pesetas (millón de

millones) que resulta de la proyección de los gastos en la misma al 31 de diciembre—según los datos que

me llegan—ponen una vez más de actualidad la necesidad de una reforma profunda del sistema actual de

la Seguridad Social y, de modo inmediato, en lo que se refiere a su financiación.

Por supuesto, no es en un articulo de periódico donde cabe desarrollar el contenido de esa reforma, pero si

pueden hacerse algunas consideraciones fundamentales que deben tenerse en cuenta en el momento de

establecer los planteamientos sobre los que aquélla ha de apoyarse. Ese pretende ser el objetivo de estas

líneas, atendiendo de manera especial a la problemática que incide en las empresas.

LA Administración debe tomar conciencia plena de que en la forma y ritmo de crecimiento actuales, las

cotizaciones a la Seguridad Social son un importante factor de inflación que disminuye seriamente la

competitividad de las empresas españolas en el mercado exterior, además de representar un obstáculo

decisivo para la creación de nuevos puestos de trabajo y una discriminación importante en contra de la

pequeña empresa, que es la que menos posibilidades tiene de sustituir la mano de obra—encarecida por la

Seguridad Social—por inversiones de capital.

Efectivamente. las continuas alzas de las cotizaciones a la Seguridad Social y su crecimiento—más que

proporcional—en el conjunto de la renta han sido uno de los factores más importantes de la inflación de

costes que venimos padeciendo, especialmente a partir de la reforma de 1972.

Basta para ello considerar algunos datos como muestra, Así, por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad

Social en la categoría de peones representan en 1977 el 1.672 por 100 de lo que suponían en 1966; es de-

cir, se han multiplicado por diecisiete en apenas once años. Y refiriéndonos a los índices medios de los

últimos años, la presión inflacionista de las cotizaciones salta a la vista con ese 35 y 26,5 por 100 de alza

en 1975 y 1976, respectivamente. Peor suerte nos depara e! año en curso, ya que a finales del primer

cuatrimestre, en una muestra de empresas bastante amplia que ha servido de modelo para el análisis, el

incremento medio resultaba del 47 por 100.

¿Qué sistema económico puede absorber estas presiones inflacionistas sin resquebrajarse? ¿Cómo pueden

sobrevivir así las empresas que no tienen posibilidad de repercutir estos aumentos en sus precios?

Además, todo este crecimiento recae directamente sobre el proceso productivo, ya que ea con cargo a él

como se realiza la financiación, casi en exclusiva, de la Seguridad Social. La participación estatal en

dicha financiación en España es sólo el 3,3 por 100 en 1977, frente a cifras del 30 por 100 en una gran

parte de los países de la Europa occidental.

UNA situación así no tiene ninguna justificación, pues a un lado los efectos econónv-cos

contraproducentes, una gran parte de las prestaciones no conciernen para nada el ámbito empresarial y

derivan de planteamientos de solidaridad nacional que deben ser atendidos por el conjunto de la sociedad,

es decir, con cargo al presupuesto general del Estado.

El alza espectacular da las cuotas, su financiación casi exclusiva con cargo al proceso productivo y la

forma misma de cotización—sin deagravación para las exportaciones — afectan de forma importante la

competitividad exterior de las empresas españolas, especialmente a las de los sectores que incorporan una

mayor proporción de mano de obra.

De otro lado, la actual financiación de la Seguridad Social opera como un impuesto progresivo sobre la

mano de obra, que encarece ésta, y, dada su elevada cuantía, constituye un obstáculo importante a la hora

de la creación de nuevos puestos da trabajo y resulta, por tanto, incompatible con la necesaria política de

empleo.

No podemos olvidar que a! paro es hoy uno de los problemas más graves que tiene planteados España, no

sólo por sus consecuencias, sino por el factor de inestabilidad social que representa y la grave injusticia

que supone, por muy bien que funcione el segur:- de desempleo—lo que desgraciadamente no ocurre—.

El nuevo modelo económico que se establezca tiene que afrontar seriamente una mayor utilización de la

mano de obra, pues el paro ha dejado de ser fricciona!, estacional y coyuntura! para tener un carácter

verdaderamente estructural.

Por ese mismo carácter de impuesto progresivo sobre la mano de obra, además de estimular la

sustitución de ésta por capital, se perjudica a los sectores económicos que tienen una mayor proporción de

trabajo en relación con sus cifras de negocios. Perjudica asimismo de forma especial a la pequeña

empresa, que es la que menos posibilidades tiene de disponer de los fondos necesarios para mecanizar,

automatizar, etc.

TODO ello exige no sólo que una parte importante de la financiación pase al presupuesto general del

Estado, sino que el montante que en el futuro corresponda pagar a las empresas lo sea en base a un cri-

terio distinto del actual y no vaya en detrimento de la política de empleo. Es éste un punto decisivo a tener

en cuenta para el planteamiento de la reforma fiscal.

Entre tanto, y mientras se aborda en profundidad la reforma de la gestión de la Seguridad Social, resulta

imprescindible atender a loa graves problemas que la situación expuesta ha supuesto para la gran mayoría

de las empresas, especialmente pequeñas y medianas. Atenderlos fijando ya una reducción de las

cotizaciones —que estimo no debe ser inferior al 5 por 100 a fin de año para que sea operativa—dentro de

un calendario de traspaso escalonado de un 30 a un 35 por 100 de la financiación al presupuesto general

del Estado, a realizar en un plazo máximo de tres años.

Y atender también a la grave situación financiera en que se encuentran las empresas con una moratoria

aplicable de forma inmediata. No ocurra que siendo "imposible contablemente una moratoria general de

cotizaciones de empresas a la Seguridad Social", como se ha informado en el Consejo de Ministros, el

impago se produzca en muchos casos—sin orden ni concierto—por imposibilidad física de realizarlo,

dado el actual deterioro empresarial.

Asi de difícil ge presenta la vuelta de las vacaciones y la Administración debe estudiar alguna fórmula

que ayude a resolver el problema de los cientos de miles de empresarios que no pueden resolverlo por sí

solos.

Agustín RODRÍGUEZ SAHAGUN

 

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