Autor: ;Barrenechea, Eduardo. 
 La Reforma Agraria puede morir (II). 
 El tópico del latifundio mal explotado     
 
 Diario 16.    17/05/1977.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 27. 

Martes 17-mayo 77/DIARIO 16

ECONOMÍA/13

La Reforma Agraria puede morir (II)

E1 tópico del latifundio mal explotado

José García Abad, Eduardo Bartenechea y Joaquín Estefanía

Los, modernos investigadores han deteriorado el mito del latifundista aristócrata y absentista, quien

delega en un administrador que arrebata las rentas de su señor y explota a los jornaleros. O del que

desprecia las posibilidades productivas de la tierra, manteniéndolas incultas o dedicadas a la caza, como

símbolo de su "status" privilegiado.

Aunque no conviene precipitarse para acudir al entierro de este arquetipo, parece cierto que no es

predominante.

No entendemos, sin embargo, el énfasis aplicado a demostrar que entre los latifundistas hay, en números

absolutos, más burgueses que nobles, cuando es evidente que en la viña del Señor acampan muchos más

señores sin títulos que titulados. Que un puñado de aristócratas posean el 6 por 100 de las tierras labradas

en toda España, el 8 por 100 de las seis provincias más latifundistas y el 16 por 100 de las 1.400 fincas

más importantes de España no parece demasiado en determinados sectores de la izquierda.

Es de destacar, sin embargo, y así lo hacen Leal Maldonado y Martín Arancibia en su libro "Quiénes son

los propietarios de la tierra", la irrelevancia de la distinción entre nobles y burgueses, pues ambos se

comportan, a los efectos de explotación de la tierra, de forma similar. En todo caso habría que seña1ar,

como agudamente anotan Manuela Leal Maldonado y Salvador Martín Arancibia, en el libro aludido, una

inversión en las costumbres de ambos grupos sociales. Hoy son los burgueses los

que infrautilizan intencionadamente las posibilidades productivas de la tierra, utilizándola como signo de

distinción social, mientras que más aristócratas que nunca explotan directamente la tierra. En definitiva,

ambos autores aciertan plenamente en quitar importancia a la tradicional estimatización del absentismo,

que no es sinónimo de mala explotación de la tierra.

En cambio, conceden una importancia, a nuestro Juicio, desproporcionada al hecho de que los primeros

latifundistas de España sean los Ayuntamientos. Reconforta saber que, a pesar de la desamortización, los

municipios conservan un 17 por 100 de las tierras de España y un 39 por 100 de las 1.400 fincas más

grandes del país. Pero este hecho, por cierto, no desconocido por quienes durante la II República

confeccionaron el Registro de la Propiedad Expropiable, no invalida ningún presupuesto sobre la reforma

agraria ni siquiera en el en-foque tradicional o "burgués", como algunos lo denominan recientemente, si

bien es cierto que matiza adecuadamente los cuadros sobre la distribución de la propiedad de la tierra.

Cuadros que, por cierto, hay que leer con muchas reservas, algunas de las cuales inducen a pensar que la

concentración es aún mayor de lo que parece. No hay que olvidar las fincas puestas a nombre de la mujer

y el hecho de que cuando una explotación trasciende, un Municipio aparece artificialmente dividido.

Por lo demás, el hecho de que las Administraciones Locales dispongan de tan extensas tierras ofrece

interesantes posibilidades de actuación como apoyo a los objetivos de la Reforma Agraria.

Resulta excesivo deducir del hecho de que haya periclitado la utilización feudal de la tierra que los

latifundios están bien explotados y que, por tanto, han desaparecido las razones económicas que

justificaban, junto con las sociales, profundas transformaciones en cuanto al régimen de propiedad de las

tierras.

Olivo y riesgo

Por lo general, los terratenientes —nobles o burgueses— no tienen abandonadas sus tierras, pero pocos

son los dispuestos a afrontar los riesgos y preocupaciones que supone una explotación intensiva y

diversificada. El 30 por 100 de la superficie agrícola de Andalucía está dedicada al olivar, que

proporciona el 25 por 100 de la producción final agraria de la región. El olivo, que origina considerables

problemas de excedentes, dificulta producciones alternativas hortofrutícolas o ganaderas más necesarias

para el país y que contribuirían a frenar el paro estacional asociado al olivar. La otra producción típica del

latifundio es el trigo, que admite grandes máquinas, y en consecuencia expulsa trabajadores para producir

a un costo bajo pero a un precio alto unas producciones frecuentemente excedentarias. Con rendimientos

altos, bajos costos de producción y un precio remunerador asegurado por el Estado, el latifundista, incluso

de regadíos, no encuentra razones para obtener los productos que reclama el país.

Lo que ocurre con los regadíos es especialmente lamentable. Sólo una minoría de los propietarios se ha

tomado la molestia de obtener más de una cosecha.

El latifundio agrava la infracolocación y el paro estacional, aunque no sea su causa única. Poco podrá

hacerse si los cambios en la estructura de la propiedad no van acompañados de una política de

industrialización y comercialización agrarias, política que supondría un importante cambio en el modelo

de desarrollo seguido hasta el momento. La Reforma Agraria no es, desde luego, la panacea, aunque su

realización permitiría a corto plazo y con una inversión relativamente reducida una incidencia sobre el

empleo notable.

Ningún dato nuevo, ninguna investigación reciente han demostrado, que nosotros sepamos, la muerte

antes de nacer de la Reforma Agraria. No parece justificado este aborto si bien hay que reconocer que los

estudiosos del fenómeno han derrumbado no pocos espantajos de la iconografía tradicionalmente

intercambiada. Ha recibido un duro golpe, en efecto, el ropaje de la Reforma Agraria, su presentación

pública. Su estética y no su ética ni su necesidad.

¿Una o dos cabezas?

Recientemente, por ejemplo, se ha puesto en cuestión la imagen de la oligarquía bicéfala —terrateniente y

financiera— mantenida hasta muy recientemente por algunos estudiosos y muy concretamente por el

Partido Comunista de España.

Esta doble caracterización tenía su importancia, ya que explicaba la eficacia de la resistencia a la reforma

agraria. No sólo se oponían a ella, según esta tesis, los terratenientes como tales, sino también como

financieros, a pesar de que, "objetivamente', podría beneficiar a estos últimos.

En la investigación de la que dan cuenta Leal y Martín, entre los mayores propietarios de tierras sólo 11

pertenecen a la burguesía financiera, aunque posean entre todos 115 puestos en Consejos de

Administración.

La investigación aludida supone un importantísimo paso para identificar y caracterizar a los dueños de la

tierra, y ha puesto en cuestión un dogma como el del bicefalismo financiero, que venía arrastrándose sin

mayores análisis. Queda, sin embargo, por demostrar que no existe el bicefalismo agro-industrial o

agro-servicios. Por el contrario, la experiencia parece demostrar que es frecuente la colocación de las

grandes fincas como garantías para obtener préstamos no destinados a la explotación agraria, sino a otras

iniciativas extrasectoriales. Está por ver, igualmente, si la fuerte conexión banca-industria, así como la

consideración de los aludidos avales, no revivirán las resistencias acostumbradas.

No obstante, parece claro que ni la demanda de tierras ni las resistencias aludidas llevarán la sangre al

monte. La. reforma agraria, que según Malefakis arrastró a España a la guerra civil, no es ahora, ni con

mucho, la cuestión que más puede contribuir al gran altercado nacional.

Lo cual no quiere decir que la reforma agraria sea un producto camp, bajo cualquier óptica desde la que

se mire: política, económica o social.

La permanente frustración de este imperativo es una de las características diferenciales de España

respecto a la Europa desarrollada y una de las causas profundas de sus desequilibrios estructurales y de

sus conflictos crónicos. Resulta muy arriesgado discutir la permanencia de esta bandera, aun cuando

algunas apariencias tienden a oscurecerla.

Cuestión bien distinta es el modo de llevarla a cabo. No es tan fácil ponerse de acuerdo sobre unas

cuantas cuestiones concretas:

— ¿Parcelación o reparto individual de la tierra?

— ¿Ídem con o sin obligación de agruparse en cooperativas?

— ¿Fincas de dimensiones óptimas entregadas a sindicatos de campesinos para su explotación

colectiva?

— ¿Dónde situar el límite en cuanto a la extensión de las propiedades?

— ¿Expropiaciones con o sin indemnización? ¿Pagadas en efectivo o en títulos de la Deuda?

— ¿Entregar la tierra a los campesinos en propiedad o en usufructo indefinido?

A lo que habría que añadir todo un entramado de concepciones sobre la naturaleza de la entidad gestora

de la reforma, así como sobre los sistemas de apoyo a la reforma, sin los cuales resultaría inviable: crédito

agrario, formación profesional, industrialización y comercialización, intensificación y mejora de servicios

en las zonas rurales, etc.

Es inútil que nos pronunciemos sobre estas alternativas concretas. Son los propios agricultores y la

comunidad nacional representada democráticamente quienes tendrán que buscar las fórmulas más

adecuadas. Estimamos que puede ser útil, sin embargo, galopar rápidamente por la experiencia española y

de otros países y exponer sucintamente lo que los partidos dicen estar dispuestos a hacer al respecto.

 

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