Autor: Iglesias Selgas, Carlos. 
   Las incompatibilidades en las Cortes de la República     
 
 Pueblo.    12/02/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

LAS INCOMPATIBILIDADES EN LAS CORTES DE LA REPÚBLICA

PARA muchos resulta paradógico que alguna oposición, que a lo largo de muchos años utilizó como

punto de referencia la legislación de la República, cuando de elecciones se trata, la haya olvidado por

completo en las bases para un proyecto de ley Electoral que ha hecho público recientemente. Este es el

caso de las incompatibilidades de los parlamentarios, que, en la forma en que han sido formuladas en el

documento presentado al Gobierno, no guardan paralelismo con los criterios que, en su día, se man-

tuvieron por los Gobiernos de la Segunda República.

Los Gobiernos de la República, que, al efecto, se inspiraron, en lo sustancial, en la legislación anterior,

dictaron tres disposiciones: el decreto de 8 de mayo de 1.931 v las leyes de 8 de abril de 1933 y de 7 de

diciembre de 1934.

El decreto de 8 de mayo de 1931 modificó la ley Electoral de 8 de agosto de 1907, que, en lo sustancial,

mantuvo vigencia durante el período, al sólo efecto de la elección para Cortes Constituyentes. En lo re-

lativo a incompatibilidades —entendidas en sentido amplio— suprimió, entre las condiciones in-

dispensables para ser admitido como diputado, lu de no estar comprendido en ninguno de los casos que

establecía la ley de Incompatibilidades vigente, cuya aplicación quedaba subordinada a lo que

establecieron las Cortes Constituyentes, que inicialmente nada decidieron al respecto.

Recordemos que el momento de las elecciones de 1931 es muy paralelo al presente, pues, en un caso

como en otro, las Cortes se convocaron, de hecho, para elaborar una nueva Constitución y en una

situación mar cadamente singular. La casi totalidad de los ministros no sólo se presentaron, sino que

fueron elegidos, incluido el presidente del Gobierno Provisional de la República, don Niceto Alcalá

Zamora. Junto a él, obtuvieron su escaño Azaña, Ni-colau d´Olwer, Fernando de los Ríos, Lerroux, Largo

Caballero, Albornoz. Prieto, Miguel Maura. Marcelino Domingo y Martínez Barrios.

La ley de 8 de abril de 1933 declaró el cargo de diputado a Cortés incompatible con todo cargo de

elección popular y con todo cargo, gratuito o retribuido, de la Administración del Estado, regiones,

administración provincial o municipal, fuese o no de libre nombramiento del Gobierno y cualquiera que

fuera, en su caso, la forma de retribución. Sin embargo, exceptuó de la incompatibilidad los cargos de

ministro y de subsecretario y dio a los funcionarios del Estado, regiones, provincias y municipios la

posibilidad de pasar a la situación de excedencia forzosa por elección para cargos parlamentarios,

siéndoles de abono el tiempo de exce dencia para todos los efectos.

La ley de 7 de di-ciembre de 1934 redujo el ámbito de las incompatibilidades, al exceptuar no sólo a los

ministros y subsecretarios, sino también al presidente del Consejo de Estado. presidente y fiscal del

Tribunal de Cuentas y directores generales o de categoría superior a los mismos con residencia en

Madrid, y asimismo los funcionarios que, sin encontrarse en estos casos, tenían residencia oficial en

Madrid por empleo o destino, si habían obtenido este último por oposición o concurso, sin que hubiera

tenido que intervenir el Gobierno por libre decisión para su nombramiento ni para su ascenso ni para su

traslado Por lo que se refiere a los directores generales. se aceptaba que fueran diputados a Cortes, a razón

de sólo uno por Departamento ministerial.

Es curioso que e! documentó de la oposición, que, como es patente, no se inspira en la legislación de la

Segunda República, cuente con el único precedente legislativo paralelo de la ley número 30/1975. sobre

régimen de incompatibilidades de los procuradores en Cortes, qup no puede considerarse una de las más

felices consecuciones del régimen, en donde —con prolijidad, aunque sin llegar a tanto— se enumeran

algunos cargos paralelos a los consignados en el documento de la oposición, pero para unas Cortes de

carácter corporativo.

Es cierto que fue una práctica común durante todo el siglo pasado que los partidos proponían las

incompatibilidades cuando estaban en la oposición y luego las olvidaban ruando estaban en el poder. Bien

es verdad que los instalados en el Gobierno no aceptaban las propuestas y que los de la oposición no

insistían demasiado para asegurarse su oportunidad más adelante.

La compatibi1idad el de] ministro y el escaño de la causa legisla

Uva es una practica común en los países de sistema parlamentario. Este es el caso del Reino Unido, la

República Federal Alemana, Italia y Portugal. Donde existe incompatibilidad. por ejemp!o Francia, ésta

no les impide presentarse a candidatos, sino que ¡es da ¡a opción por uno u otro cargo y sobre la base de

que. si optan por el dp ministro, le sustituye en el Parlamento el suplente.

Según repetida confirmación histórica, podríamos aventurar sin demasiado temor a-I error que si alguno

de los partidos que componen la oposición llegara a conseguir el poder inmediatamente procedería a re-

formar las incompatibilidades en la forma propuesta.

Entendemos, por el contrario, que podría aceptarse de las pro puestas de la oposición el que quienes

ostentando cargos o funciones públicas determinadas se presentaran a candidatos fueran, durante el perío-

do electoral y hasta que se resolviera definitivamente sabré e! acia, suspendidos en éstos con luí-efectos

que legalmente se señalaran. De esta forma no se interferiría la función pública con la actuación

preelectoral y el propio candidato quedaría en situación de mayor libertad. Como es natural, de esta

suspensión tendrían que quedar ex cluidos, en todo caso, los ministros y los subsecretarios.

Además de estas razones históricas y de Derecho comparado ha; otra de mucho más peso para e!

momento actúa! La ley de Reforma Poli-tica no ha realizado la reforma, que tendrá que concretarse en la

nueva Constitución. Lo único que ha hecho ha sido abrir el proceso. No tendría el menor sentido que

quedaran excluidos de la reforma propiamente dicha los que la han hecho posible. Una cosa es clara: el

ministro que no se presente a las elecciones o haciéndolo no resulte elegido, sólo podrá tener en la etapa

inmediata el carácter de ministro técnico.

En realidad, lo ade cuado en este orden seria seguir e! precedente del decreto de 8 de mayo de 1931 y

deiar a las nuevas Cortes, que, libre y soberanamente, decidan sobre las incom patibilidades, entendidas

en sentido amplio.

Carlos IGLESIAS SELGAS

 

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