Consejo de Ministros. 
 Aprobadas las normas electorales  :   
 Inspiradas en la Ley Electoral de 1907. Excluidos los ministros y los altos cargos de la Adminstración. 
 Pueblo.    16/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 19. 

APROBADAS LAS NORMAS ELECTORALES INSPIRADAS EN LA LEY ELECTORAL DE 1907

Bajo la presidencia de don Adolfo Suárez González se reunió ayer el Consejo de Ministros en el palacio

de la Moncloa.

El Gobierno, en cumplimiento del mandato contenido en la ley Básica para la Reforma Política ha

aprobado un decreto-ley en el que se contienen las normas que han de regular las primeras elecciones para

las futuras Cortes Españolas, a cuyo fin se ha solicitado de) presidente de la Cámara una convocatoria de

la Comisión de Competencia Legislativa.

Estas normas pretenden regular el proceso electoral en su totalidad y sustituir el complejo normativo hoy

vigente sobre la materia. Su fuente principal de inspiración ha sido la ley Electoral de 1907 y Ja práctica

decantada sobre ella, pero también se han tenido en cuenta los avances técnicos que el derecho

comparado ofrece y las exigencias impuestas en torno al número de diputados, los distritos electorales y

el sistema de escrutinio, por la propia ley Básica, de cuyo cumplimiento se trata.

LOS MINISTROS, EXCLUIDOS

Serán electores y elegibles, de acuerdo con los preceptos de la misma ley Básica. todos los españoles

mayores de edad. Sin embargo, para garantizar la libertad democrática de la cual el sufragio es

instrumento, se establece un sistema de inelegibilida-des que comprende aquellas instituciones y

funciones necesariamente ajenas a las contiendas políticas de partido. En lo que se refiere a este tema, el

Gobierno ha considerado que para ias próximas elecciones las in. elegibilidades deben ser especialmente

rigurosas. En esta línea se ha acordado que quienes formen parte del Gobierno como ministros están

incluidos entre los inelegibles Asimismo se incluyen en este concepto, entre otros, los altos cargos de la

Administración Central, Local. Institucional y Sindical; los miembros de la carrera judicial y fiscal y los

militares en servicio activo.

CANDIDATURAS CERRADAS

El sistema electoral para la designación de los diputados es el de representación proporcional con

candidaturas completas, bloqueadas y cerradas, cuya presentación se reserva a los partidos V federaciones

constituidos de acuerdo con las normas reguladoras del derecho de asociación política, a ¡as coaliciones

de estas fuerzas que puedan formarse por mera declaración ante la Junta Electoral Central v a lo= propios

electores que deseen promover candidaturas m-deoendienfes.

Para la distribución de escaños se atiende a la conocida regla D´Hont. que resume en una soia onerarión

el funcionamiento del cociente . electoral y el computo de los restos de acuerdo con eí sistema de la

mavor media.

Esta misma regla ya supone un poderoso corrector del excesivo fraccionamiento de las representaciones

paramentarías. A esa misma finalidad responde ta exclusión en la atribución de escaños de aquellas listas

de candidatos que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos emitidos en ´a ircunscripción.

SUFRAGIO RESTRINGID0

Para elección del Senado se ha seguido el sistema mayoritario en su modalidad de sufragio restringido,

de manera que cada elector puede votar hasta tres candidatos, obteniendo los cuatro escaños

correspondientes a cada distrito quienes hayan obtenido mayor número de sufragios.

Todas estas operaciones tienen lugar en la circunscripción provincial, única que la ley Básica para la

Reforma Política configura como distrito electoral Tan sólo hacen excepción la peculiaridad de Ceuta y

Me-lilla y las provincias insulares, distribuidas estas últimas en circunscripciones que permiten a las islas

menores obtener una propia representación en el Senado.

La distribución del número de diputados entre 1 a s provincias españolas ha partido de un doble principio:

la necesidad de asegurar un mínimo, según exige la ley para la Reforma Política, y, a la vez, el respeto de

ia representación en función de la población. La articulación de ambos criterios ha permitido que. pese a

la irregular distribución de nuestra demografía, el escalonamiento sntre ei número de diputados corres-

pondientes a las diversas provincias, fuera lo más suave y equilibrado posible. Ello ha dado Jugar a !a

atribución de dos diputados a cada provincia, uno más por cada 144.500 habitantes- o restos de población

superiores a 70.000. En consecuencia, el número cíe diputados a elegir por cada provincia, aparte de uno

por Ceuta y uno por Melilla, es el siguiente:

Tres, en Soria Guadalajara. Segovia. Teruel, falencia. Avila y Huesca, cuatro en Cuenca, Zamora Alava,

Logroño, Albacete, Lerida, Burgos y Salamanca; cinco en Almería, Huelva, Castellón Lugo, Cáceres.

Orense, Gerona. Valladolid. Toledo, Tarragona, Ciudad Real, Navarra y Santander; seis en León.

Baleares y Las Palmas; siete en Badajoz. Jaén. Santa Cruz de Tenerife. Guipúzcoa, Córdoba y Granada:

ocho en Zarago-za. Pontevedra. Murcia. Má-laga y Cádiz; nueve en Alicante y La Coruña; diez en

Oviedo y Vizcaya; doce en Sevilla; quince en Valencia; treinta y dos en Madrid y treinta y tres en

Barcelona.

MÁXIMA GARANTÍA

Para garantizar la pureza del sufragio y actualizando los preceden tas existentes en nuestro Derecho, se ha

encargado la administración electoral a unas Juntas Electorales, Central, Provinciales y de Zona pre-

sididas y parcialmente compuestas de magistrados y completadas por representantes de Corporaciones ju-

rídicas y por electoras. Desaparecen de estas Juntas aquellos miembros de las antiguas Juntas del Censo,

cuya designación deoenrtía de la libre decisión dei Gobierno y se introduce en la de superior jerarquia

vora-les propuestos por tas fuerzas políticas presentes sn el proceso electoral, que también podrán

nombrar interventores en cada mesa Se pretende así asegurar una máxima garantía de imparcialidad a

estos órganos.

En cuanto a la campaña electoral, las normas aprobadas por el Consejo de Ministros garantizan igualdad

de oportunidades a todas las candidaturas, asegurando el libre y gratuito acceso de las mismas a la

Televisión Española, a las emisoras de radio de titularidad pública y a la Prensa de igual titularidad Con el

mismo fin, se prevé la utilización gratuita de locales públicos y lugares cerrados para los actos de

propaganda y de vallas de publicidad proporcionadas por las autoridades locales. Las normas electorales

también prevén la constitución de organismos de control sobre la televisión, integrados por representantes

de la Administración y de los diversos partidos contendientes en las elecciones.

SUBVENCIÓN DEL ESTADO

Las juntas electorales provinciales, durante la campaña electoral, y a los efectos de la misma, sustituirán a

la autoridad gubernativa correspondiente en el ejercicio de determinadas competencias de control

previstas por la vigente legislación reguladora del derecho de reunión y de !a libertad de Prensa.

El Estado asume la obligación de subvencionar, al menos en parte, a las candidaturas. De entre los di-

versos sistemas al efecto, se ha optado por la financiación en función de los resultados electorales.

En cuanto al acto de votación. se trata de rodearlo de las máximas garantías, para asegurar el secreto del

voto y la pureza del escrutinio. A este fin se aplicarán por primera vez en España las técnicas más usuales,

como es el caso de la papeleta de modelo oficial, el voto bajo sobre y la utilización de cabinas.

El escrutinio general y la proclamación de electos corresponde a las juntas electorales.

El contencioso electoral se atribuye exclusivamente a los tribunales, para garantizar la máxima

objetividad y despolitización en la decisión de los recursos contra la proclamación de candidatos y de

electos.

Por último, las norma» electorales retocan ligeramente las disposiciones penales contenidas en la ley de

1907.

16 de marzo de 1977 PUEBLO

Excluidos los ministros y altos cargos de la Administracion

 

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