El Consejo de Ministros aprobó las normas electorales. 
 Serán inelegibles los ministros y altos cargos  :   
 Tres diputados, mínimo por provincia. Todos los partidos tendrán acceso a TVE. Se podrá votar o ser elegido a partir de veintiún años.. 
 Informaciones.    16/03/1977.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 24. 

16 de marzo de 1977

INFORMACIONES

EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ LAS NORMAS ELECTORALES

Serán inelegibles los ministros y altos cargos

TRES DIPUTADOS, MÍNIMO POR PROVINCIA

TODOS LOS PARTIDOS TENDRÁN ACCESO A TVE.

SE PODRA VOTAR O SER ELEGIDO A PAR-TIR DE LOS VEINTIÚN AÑOS

MADRID, .16 (INFORMACIONES}.

EL Consejo de ministros, reunido ayer en sesión extraordinaria, bajo la presidencia de don Adolfo

Suárez, aprobó un decreto-ley por el que se regulan las próximas elecciones parlamentarias.

Serán electores y elegibles, de acuerdo con los preceptos de la misma ley básica, todos los españoles ma-

yores de edad. Sin embargo, para garantizar la libertad democrática de la cual el sufragio es instrumento,

se establece un sistema, de inelegibilidades que comprende aquellas instituciones y funciones

necesariamente ajenas a las contiendas políticas de partido. En lo que se refiere a este tema, el Gobierno

ha considerado que para las próximas elecciones, las inelegibilidades deben ser especialmente rigurosas.

En esta linea se ha acordado que quienes formen parte del Gobierno como ministros están incluidos entre

los inelegibles. Asimismo se incluyen en este concepto, entre otros, los altos cargos de la Administración

central, local, institucional y sindical; los miembros de la carrera judicial y fiscal y los militares en

servicio activo.

A este respecto, el Gobierno ha convocado a la Comisión de Competencia Legislativa de las Cortes, por

lo que, presumiblemente, el texto articulado del decreto-ley no será hecho público en tanto no sea

conocido por la citada Comisión. De la nota oficial, dada a conocer pasadas las once de la noche de ayer,

cabe destacar que las nuevas normas se apoyan en la ley Electoral de 1907 y la recientemente aprobada,

por referéndum, ley para la Reforma Política.

Serán electores y elegibles los mayores de veintiún años y no podrán ser elegidos los miembros del

Gobierno y los altos cargos de la Administración central, local, institucional y sindical. Asimismo, las

candidaturas al Congreso serán completas, bloqueadas y cerradas y se excluirá de las listas a los

candidatos que obtengan menos del 3 por 100 de los votos emitidos en el distrito correspondiente.

El mínimo de diputados por provincia es de dos, pero se establece una corrección según el número de

habitantes, lo que hace que sean tres para las de menor población hasta llegar a los treinta y dos y treinta y

tres en Madrid y Barcelona, respectiva mente. Las Juntas Electorales estarán presididas por magistrados y

compuestas por electores, para asi garantizar la pureza del sufragio, asimismo, los partidos tendrán acceso

en igualdad de condiciones durante la campaña electora] a TVE., Radio Nacional y la Prensa oficial Una

comisión de la que formarán parte ¡os partidos controlará la TVE

COSTES DE LA CAMPAÑA

En función de los resultados electorales, el Estado compensará en parte los costes de la campaña y las

Juntas Provinciales sustituirán a la autoridad gubernativa, du r a n t e la campaña, en el ejercicio de de-

terminadas competencias sobre el derecho de reunión y libertad de Prensa. Asimismo se arbitran normas

muy concretas para asegurar el secreto del voto y la pureza del escrutinio. La referencia facilitada por la

Dirección General de Coordinación Informativa, dice textualmente:

«Bajo la presidencia de don Adolfo Suárez González, se ha reunido el Consejo de ministros en el palacio

de la Moncloa.

El Gobierno, en cumplimiento del mandato contenido en la ley básica para la Reforma Política, ha

aprobado un decreto-ley en el que se contienen las normas que han de regular las primeras elecciones para

las futuras Cortes Españolas, a cuyo fin se ha solicitado del presidente de la Cámara una convocatoria de

la Comisión de Competencia Legislativa.

Estas normas pretenden regular el proceso electoral en su totalidad y sustituir el com-plejo normativo hoy

vigente sobre la materia. Su fuente principal de inspiración ha sido la ley Electoral de 1907 y la

práctica decantada sobre ella, pero también se han tenido en cuenta los avances técnicos que el derecho

comparado ofrece y las exigencias impuestas en torno al número "de diputados, los distritos electorales y

el sistema de escrutinio por la propia ley básica, de cuyo cumplimiento se trata.

El sistema electoral para la designación de los diputados es el de representación proporcional con

candidaturas completas, bloqueadas y cerradas, cuya presentación se reserva a los partidos y federa c i o n

e s constituidos de acuerdo con las normas reguladoras del derecho de asociación política, a las

coaliciones de estas fuerzas que puedan formarse por mera declaración ante la Junta Electoral Central y a

los propios electores que deseen promover candidaturas independientes.

Para la distribución de escaños se atiende a la conocida regla d´Hont. que resume en una sola operación el

funcionamiento del cociente electoral y el cómputo de los restos, de acuerdo con el sistema de la mayor

media.

Esta misma regla ya supone un poderoso corrector del excesivo fraccionamiento de las representaciones

parlamentarias. A esa misma finalidad responde la exclusión en la atribución de escaños de aquellas listas

de candidatos que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos emitidos en la ircunscripción.

Para elección del Senado, se ha seguido el sistema mayoritario en su modalidad de sufragio restringido,

de manera que cada elector puede votar hasta tres candidatos, obteniendo los cuatro escaños co-

rrespondientes a cada distrito quienes hayan obtenido mayor número de sufragios.

Todas estas operaciones tienen lugar en la circunscripción provincial única que la ley básica para la

Reforma Política configura como distrito electoral. Tan sólo hacen excepción la peculiaridad de Ceuta y

Melilla y las provincias insulares, distribuidas estas últimas en circunscripciones que permiten a las islas

menores obtener una propia representación en el Senado.

La distribución del número de diputados entre las provincias españolas ha partido de un doble principio:

la necesidad de asegurar un mínimo, según exige la ley para la Reforma Política, y, a la vez, el respeto de

la representación en función de la población. La articulación de ambos criterios ha permitido que, pese a

la irregular distribución de nuestra demografía, el escalonamiento entre el número de diputados corres-

pondientes a las diversas provincias fuera lo laás suave y equilibrado posible. Ello ha dado lugar a la

atribución de dos diputados a cada provincia, uno más por cada 144,500 habitantes o restos de población

superiores a 70,000. En consecuencia, el número de diputados a elegir por cada provincia, aparte de uno

por Ceuta y uno por Melilla, es el siguiente:

Tres en Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel, Patencia, Avila y Huesca; cuatro en Cuenca, Zamora, Álava,

Logroño, Albacete, Lérida, Burgos y Salamanca; cinco en Almería, Huelva, Castellón, Lugo, Cáceres,

Orense, Gerona, Valladolid, Toledo, Tarragona, Ciudad Real, Navarra y Santander; seis en León,

Baleares y las Palmas; siete en Badajoz, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Guipúzcoa, Córdoba y Granada,

ocho en Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Málaga y Cádiz; nueve en Alicante y La Coruña; 10 en Oviedo y

Vizcaya; 12 en Sevilla; 15 en Valencia; 32 en Madrid y 33 en Barcelona.

JUNTAS ELECTORALES

Para garantizar la pureza del sufragio y actualizando los precedentes existentes en nuestro Derecho, se ha

encargado la administración electoral a unas Juntas Electorales, Central, Provinciales y de Zona

presididas y parcialmente compuestas de magistrados y completadas por representantes de Corporaciones

Jurídicas y por electores. Desaparecen de estas Juntas aquellos miembros de las antiguas Juntas del

Censo, .cuya designación dependía de la libre decisión del Gobierno, y se introduce en la de superior

jerarquía vocales propuestos por las fuerzas políticas presentes en el proceso electoral, que también

podrán nombrar interventores en cada mesa. Se pretende asi asegurar una máxima garantía de

imparcialidad a estos órganos.

En cuanto a la campaña electoral, las normas aprobadas por el Consejo de ministros garantizan igualdad

de oportunidades a todas las candidaturas, asegurando el libre y gratuito acceso de !a;r mismas a

Televisión Española, a las emisoras de radio de titularidad pública y a la Prensa de igual titularidad. Con

el mismo fin se prevé la utilización gratuita de locales públicos y lugares cerrados para los actos de

propaganda y de vallas de publicidad proporcionadas por las autoridades locales. Las normas electorales

también prevén la constitución de organismos de control sobre la televisión, integrados por representantes

de la Administración y de los diversos partidos contendientes en las elecciones.

Las Juntas Electorales Provinciales, durante la campaña electoral y a los efectos de la misma, sustituirán a

Ja autoridad gubernativa correspondiente en el ejercicio de determinadas competencias de control

previstas por la vigente legislación reguladora del Derecho de Reunión y fle la libertad de Prensa.

El Estado asume la obligación de subvencionar, al menos en parte, a las candidaturas. De entre los

diversos sistemas al efecto, se ha optado por la financiación en función de los resultados electorales.

En cuanto al acto de votación, se trata de rodearlo de las máximas garantías para asegurar el secreto del

voto y la pureza del escrutinio. A este fin se aplicarán por primera vez en España las técnicas más usuales,

como es el caso de la papeleta de modelo oficial, el voto bajo sobre y la utilización de cabinas.

El escrutinio general y la proclamación de electos corresponde a las Juntas Electorales.

El contencioso electoral se atribuye exclusivamente a los Tribunales, para, garantizar la máxima

objetividad y despolitización en la decisión de los recursos contra la proclamación de candidatos y de

electos.

Por último, las normas electorales retocan ligeramente las disposiciones penales contenidas en la ley de

1907.

El viernes, nuevo Consejo de ministros

MADRID, 16 (INFORMACIONES).—Pasado mañana, viernes día 18, volverá a reunirse, en sesión

ordinaria, el Consejo de ministros, presidido por don Adolfo Suárez. Es posible que el Gobierno se ocupe

en esta ocasión preferentemente de la aplicación del reciente programa de actuación económica. Hay

analistas que opinan rae la economía no aguanta hasta las elecciones.

 

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