Publicadas las normas electorales. 
 La financiación de las campañas, en detalle  :   
 Los partidos podrán abrir cuentas bancarias para recibir contribuciones. Amplia relación de inelegibilidades e incompatibilidades. Normas para la celebración de mítines y demás actos electorales. 
 Informaciones.    23/03/1977.  Página: 4-5. Páginas: 2. Párrafos: 51. 

23 de marzo de 1977

INFORMACIONES PUBLICADAS LAS NORMAS ELECTORALES

La financiación de las campañas, en detalle

MADRID, 23 (INFORMACIONES).

EL «Boletín Oficial del Estado» publica, hoy el real decreto-ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre normas

electorales, que regula las primeras elecciones para constituir un Congreso de trescientos cincuenta

diputados y elegir doscientos siete senadores. Dichas normas establecen el funcionamiento, por regla

general, de la provincia como circunscripción electoral —salvo las peculiaridades de Ceuta y Melilla y

los archipiélagos canario y balear— y los -principios que han de inspirar el sistema electoral por una y

otra Cámaras.

La misma disposición reconoce explícitamente, en su preámbulo, que la organización de la democracia

exige hacer del sufragio el instrumento de libre opción entre alternativas políticas concurrentes en

términos de Igualdad, así como la necesidad de adecuar esta constante de la democracia occidental a las

peculiares circunstancias españolas de hoy, en las cuales se trata de introducir instituciones y modos

durante mucho tiempo no utilizados.

INELEGIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Con el fin de garantizar la mayor objetividad del proceso —que es una de las constantes casi obsesivas

del real decreto-ley—, el Gobierno ha considerado conveniente introducir un amplio cuadro de

inelegibilida-des, sobre el que, a su vez, se instrumentan las incompatibilidades.

Se consideran inelegibles:

• Los ministros del Gobierno.

• Los subsecretarios, directores generales de la Administración del Estado y los cargos asimilados a

ellos, asi como, en general, los que desempeñen cargos o funciones que hayan sido conferidos por

decreto, previa deliberación del Consejo de ministros.

• Los presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo del Estado, del Tribunal de Cuentas del Reino y

del Consejo de Economía Nacional.

• Los oficiales generales, jefes, oficiales, suboficiales y clase de tropa de los tres Ejércitos, Policía

Armada y Cuerpo de la Guardia Civil

• Los miembros de la carrera judicial y fiscal que se hallen en situación de activo, incluidos los de

la Justicia municipal.

• Los presidentes, vocales y secretarios de las Juntas Electorales.

• Los gobernadores civiles generales, gobernadores civiles y subgobernadores civiles,

• Los delegados del Gobierno en las islas y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

• Los jefes superiores y comisarios provinciales de Policía.

• Los presidentes de Sindicatos nacionales.

• Quienes desempeñen cargos sindicales no electivos de nivel nacional.

• Los presidentes y delegados generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

• Los presidentes y directores de organismos autónomos con competencia en todo el territorio nacional.

DENTRO DEL MOVIMIENTO

En tanto no se adopten las medidas pertinentes en relación con la estructura del Movimiento Nacional, y

sin perjuicio de lo que en las mismas se establezca, la disposición transitoria quinta de este real decreto-

ley contempla también las «elegibilidades siguientes:

• No serán «legibles los titulares de los cargos señalados en el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Mo-

vimiento, ni, en general, quienes hayan sido designados por decreto de la Jefatura Nacional del

Movimiento.

• Tampoco «eran elegibles por el distrito comprendido en todo o en parte en el ámbito territorial de su

jurisdicción, los subjefes provinciales, los delegados provinciales y loa jefes locales del Movimiento.

INELEGIBILIDAD EN EL DISTRITO

Tampoco aeran elegibles por el distrito o distritos comprendidos en todo o en parte en el ámbito territorial

de su jurisdicción:

• Los presidentes de Diputación, mancomunidades interinsulares y cabildos, asi como los alcaldes de

Ayuntamientos.

• Los secretarios generales de los Gobiernos Civiles.

• Los delegados y jefes regionales o provinciales de los Ministerios civiles y de sus organismos

autónomos.

• Los presidentes y directores de los organismos autónomos de competencia territorial limitada.

• Los que desempeñen cargos sindicales no electivos de nivel territorial limitado.

• Los presidentes, directores y delegados provinciales de las entidades gestoras de la Seguridad Social,

siempre que sean cargos de libre designación.

OTRAS PROVISIONES

La calificación de inelegibilidad procederá, respecto de quienes sean titulares de loa cargos mencionados

en los dos apartados anteriores, el octavo día posterior a la publicación del decreto de convocatoria de las

elecciones —que se efectuará por real decreto, acordado en Consejo de ministros, a propuesta del

presidente del Gobierno, y entre cuya fecha de publicación en el "B. O. E." y la de votación deberá me-

diar un plazo mínimo de cin-cuenta y cuíco días— o en cualquier momento posterior hasta la celebración

de éstas. En las normas electorales se establece también que el cargo de diputado es incompatible con el

de senador.

Algunas de las causas de melegibiíidad reseñadas anteriormente —y concretamente las referidas a los

presidentes de altos organismos (Tribunal Supremo, Consejos de Estado y Economía Nacional, Tribunal

de Cuentas); militares, jueces y fiscales; presidentes, vocales y secretarios de las Juntas electorales;

gobernadores y subgobernadores civiles; delegados del Gobierno en superiores y comisarios de superiores

y comisarios de Policía; cargos sindicales no electivos de nivel nacional; presidentes y delegados de las

entidades gestoras de la Seguridad Social y presidentes y directores de organismos autónomos—, lo son

también de incompatibilidad. La aceptación por un diputado o un senador de cualquier cargo o función

declarado incompatible llevará consigo la simultánea renuncia al correspondiente escaño

El desempeño de determinados cargos —subsecretarios, directores generales de la Administración y

cargos asimilados a ellos; presidentes de altos organismos; militares; miembros de las carreras Judicial y

Fiscal y presidentes, vocales y secretarios de las Juntas electorales— constituye, asimismo, causa de

incompatibilidad. Los titulares de alguno de ellos que fuesen elegidos diputados o senadores, no podrán

asumir el ejercicio de sus funciones si. en la fecha de constitución de la correspondiente Cámara, no hu-

bieren renunciado o cesado en el caigo incompatible. La aceptación ulterior por un diputado o senador de

cualquiera de dichos cargos, llevará consigo la simultánea renuncia al correspondiente escaño. A modo de

Justificación y resumen, el preámbulo del real decreto-ley reconoce que atendiendo a las peculiaridades

del aquí y ahora español, se consideran inelegibles los titulares de cargos que en las más sólidas

democracias no lo son, pero cuya intervención en estos primeros comicios podrían devenir inconveniente

a los efectos de mejor conocer la voluntad del pueblo español

LOS PARTIÓOS PODRAN ABRIR CUENTAS BANCARIAS PARA RECIBIR CONTRIBUCIONES

AMPLIA RELACIÓN DE 1NELEG1BILIDA-DES E INCOMPATIBILIDADES

NORMAS PARA LA CELEBRACIÓN DE MÍTINES Y DEMÁS ACTOS ELECTORALES

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

La organización electoral ge encarga a unas Juntas central, provinciales y de zona, en las que están pre-

sentes magistrados y jueces, por su misma función garantes de la objetividad y que en todo caso han de

asumir la presidencia y dirección de dichas Juntas; representantes, de corporaciones jurídicas y docentes,

a quienes, lógicamente, puede asociarse el conocimiento de las técnicas jurídico-públicas y, por último, el

propio electorado, que, en las Juntas central y provinciales, participa a través de vocales propuestos por

las fuerzas políticas contendientes y, en las Juntas de zona, mediante electores designados por sorteo. De

esta manera, se pretende que los órganos encargados de la Administración electoral acojan en su seno a

quienes mejor pueden asegurar su absoluta imparcialidad.

A estas Juntas corresponde la administración del censo, la organización de las secciones y mesas electo-

rales, la dirección del proceso electoral, incluyendo el control sobre el ejercicio de las libertades públicas

durante este período, el escrutinio general y la proclamación de los electos.

DISTRIBUCIÓN DE ESCAÑOS

El real decreto-ley sobre normas electorales procede también a la distribución del número de diputados

que integran el Congreso y de los componentes del Senado entre las diferentes provincias españolas,

conforme a unos determinados varemos proporcionales. En cuanto a los diputados se ha considerado

conveniente asegurar un mínimo inicial de dos diputados por provincia y dividir el resto de los escaños en

función de la población, atribuyendo un escaño por cada ciento cuarenta y cuatro mil quinientos habitan-

tes o restos de población superiores a setenta mil. De esta forma, estima la disposición legal publicada

hoy, se suavizan en alguna medida los efectos de nuestra irregular demografía y se atiende a un mayor

equilibrio territorial en la representación.

Respecto del Senado, la ley para la Reforma Política atribuye a cada provincia cuatro escaños

senatoriales, exceptuando las provincias insulares, a cada una de las cuales se atribuye un escaño más, a

fin de garantizar la representación propia en el Senado de cada isla, que constituye, a sólo estos efectos y

en la medida de lo posible, una circunscripción electoral.

Conforme a estos preceptos generales, el capitulo II del real decreto-ley establece que para la elección de

diputados y de senadores, cada provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla constituirán un único distrito

electoral. Se exceptúan, a efectos de la elección de senadores, las provincias insulares, en las que a tal

efecto se formarán los nueve distritos siguientes: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Gran Canaria,

Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y La Gomera-Hierro.

La distribución provincial del número de diputados, conforme a estas previsiones, será el siguiente: Tres

en Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel, Palencia, Avila y Huesca; cuatro en Cuenca, Zamora, Álava, Lo-

groño, Albacete, Lérida, Burgos y Salamanca; cinco en Almería, Huelva, Castellón, Lugo, Cáceres,

Orense, Gerona, Valladolid, Toledo, Tarragona, Ciudad Real, Navarra y Santander; seis en León,

Baleares y Las Palmas; siete en Badajoz, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Guipúzcoa, Córdoba y Granada;

ocho en Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Málaga y Cádiz; nueve en Alicante y La Coruña; diez en Oviedo

y Vizcaya; doce en Sevilla; quince en Valencia; treinta y dos en Madrid, y treinta y tres en Barcelona. Los

distritos de Ceuta y Melilla elegirán un diputado cada uno de ellos.

Cada distrito electoral elegirá cuatro senadores, a excepción de los siguientes: Mallorca, Gran Canaria y

Tenerife, que elegirán tres; Ceuta y Melilla, que elegirán dos, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote,

Fuerteventura, La Palma, La Gomera-Hierro, que elegirán uno.

CANDIDATURAS BLOQUEADAS

Según se afirma textualmente en el preámbulo de las normas electorales, el sistema de elección para el

Congreso se inspira en criterios de representación proporcional con candidaturas completas, bloqueadas y

cerradas —que no podrán ser alteradas por el elector—, cuya presentación se reserva a los partidos y fe-

deraciones constituidos de acuerdo con las normas reguladoras del Derecho de Asociación Política (esto

es, partidos legalizados), a las coaliciones de estas fuerzas, que pueden formarse por mera declaración

ante la Junta Electoral Central, y a los propios electores que deseen promover candidaturas determinadas

y no de partido, en cuyo caso se establece que el número de promotores no será inferior al uno por mil de

los censados y, en todo caso, al menos, de quinientos.

En cuanto al Senado, se prevé la presentación de candidaturas Individuales en condiciones análogas a las

establecidas respecto del Congreso. Dentro del sistema electoral mayoritario, se ha optado por la

modalidad de sufragio restringido, de manera que cada elector puede vota* hasta tres candidatos, obte-

niendo los cuatro escaños correspondientes a cada distrito quienes hayan conseguido mayor número de

sufragios. Se respeta así —agrega el preámbulo— el criterio de la ley para la Reforma Política, a la vez

que se arbitran, técnicas para garantizar el respeto y representación de las minorías, lo que es esencial en

la democracia.

PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

La votación se iniciará a las nueve de la mañana, y se prolongara, sin interrupción, Ibaste las veinte

horas. En cada mesa electoral —el electorado de cada distrito se distribuirá en secciones, cada una de las

cuales tendrá un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500— existirán dos urnas, una destinada a

recibir los votos emitidos para elegir diputados y la otra los emitidos para elegir senadores. Las papeletas

electorales destinadas a la elección de diputados deberán expresar la denominación, con la sigla ó

símbolo, y una relación clasificada de los candidatos, que no podrá alterarse, por lo que el elector deberá

optar, entre ,una de las listas proclamadas; en las papeletas para la elección fie senadores se expresará la

totalidad de candidatos proclamados en el distrito, en una relación alfabética, precedidos de un recuadro

en el que el votante señalará con una cruz su preferencia, hasta un máximo de tres. La votación se

efectuará en sobre cerrado, que será cumplimentado en el interior de una cabina, con objeto de garantizar

el secreto del voto y la pureza del sufragio.

EL ESCRUTINIO

La distribución de escaños en el Congreso de Diputados se realizará de acuerdo con la regla «D´Hont»,

que resume en una sola operación el funcionamiento del cociente electoral y el cómputo de restos, ´ de

acuerdo con el sistema de la mayor media. Esta misma regla ya supone un poderoso corrector del exce-

sivo fraccionamiento de las representaciones parlamentarias. A esta misma finalidad responde la

exclusión en la atribución de escaños de aquellas listas de candidatos que no hubieran obtenido, al menos,

el 3 por 100 de .los votos emitidos en la circunscripción.

Todo el proceso electoral se rodea de las garantías necesarias para que el voto sea libre. Para garantizar la

pluralidad de alternativas y su fecunda concurrencia se ha establecido una serie de previsiones sobre la

base de dos principios: la Igualdad de oportunidades de todos los contendientes, asegurada a través de los

medios informativos de titularidad pública y de la adecuación de espacios y lugares idóneos para la pro-

paganda electoral, y el control, por quienes administran el proceso electoral de toda la campaña e incluso

de los gastos por ella ocasionados, a fin de que ninguna libertad pueda ser inhibida por el abusivo

ejercicio de la libertad ajena. Al mismo fin responden las sanciones penales, sin duda a veces severas,

contenidas en estas normas.

GASTOS ELECTORALES

El Estado subvencionará los gastos que originen las actividades electorales, de acuerdo con las siguientes

reglas: un millón de pesetas por cada escaño obtenido en el Congreso o en el Senado; 45 pesetas por cada

uno de los votos obtenidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera

obtenido escaño de diputado; 15 pesetas por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que

hubiera obtenido escaño de senador.

El Estado entregará estas subvenciones a los representantes de las asociaciones, federaciones o coalicio-

nes que hubieran presentado la candidatura o al represeatante de ésta cuando hubiera sido promovida por

agrupación de electores. Ello, no obstante, las asociaciones, partidos, federaciones y coaliciones y los

representantes de candidaturas promovidas por agrupaciones de electores podrán notificar a la Junta -

Electoral Central que las subvenciones a que eventualmente tengan derecho, conforme a lo dispuesto en

este artículo, sean abonadas en todo o en parte a las entidades de crédito que designen, las cuales

compensarán con cargo a tales subvenciones los anticipos o créditos que puedan haber otorgado.

Las normas contemplan también la obligatoriedad de abrir cuentas en establecimientos bancarios para la

recaudación de fondos, aunque se establece la prohibición de que se aporten a dichas cuentes fondos

provenientes de la Administración del Estado, entidades locales, organismos autónomos, entidades

paraestatales, empresas nacionales, provinciales, municipales y de economía mixta, así como de entidades

o personas extranjeras. La fiscalización de estes cuentas corresponderá a las Juntas Electorales.

CONTROL JUDICIAL

Las normas establecen también una serie de controles estrictamente judiciales, que pretenden asegurar la

defensa de la legalidad en todo el proceso electoral. de manera que sean los jueces quienes en último

término decidan sobre la proclamación o no de las candidaturas, así como sobre la proclamación de los

resultados de las elecciones.

Por lo que respecta, a la campaña electoral, tendrá una duración de veintiún días, viniendo obligados los

Ayuntamientos a la reserva de lugares para la colocación gratuita de carteles, disponiendo todos los

candidatos de igual superficie para su propaganda. Se establece también que las asociaciones,

federaciones, coaliciones y candidatos independientes serán civilmente responsables de los daños cau-

sados en los inmuebles por cualquier tipo de propaganda gráfica, siendo a estos efectos solidarios en su

responsabilidad los miembros de la candidatura con la entidad que los ¡presente.

Las asociaciones, federaciones, coaliciones y agrupaciones tendrán derecho al uso gratuito de espacios en

la televisión, radio y Prensa de titularidad pública, combinando los criterios de equidad con las

necesidades del medio. Por lo que respecta a la utilización de la radio y de la televisión, se constituirá, un

comité, bajo la dirección de la Junta Electoral Central.

La celebración de actos públicos contempla igualmente el señalamiento de locales oficiales y de lugares

abiertos al uso público, que se habilitan para estos actos, cuya duración no podrá exceder en ningún caso

de dos horas, mientras que los mítines en lugares no oficiales será libre, aunque vendrá necesariamente

ajustada a los preceptos de la ley que regula el derecho de reunión. Las competencias que dicha ley atri-

buye a los gobernadores civiles serán asumidas por las Juntas Provinciales Electorales, manteniéndose en

todo caso las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto del mantenimiento del orden público. Las

competencias sobre depósito y secuestro preventivo, a que se refieren los artículos 12 y 64 de la ley de

Prensa, 14/1966, de 18 de marzo, se entienden transferidas a la correspondiente Junta Electoral Provincial

en-lo que a dichos impresos se refiere.

De las infracciones a lo establecido en el apartado anterior, conocerá exclusivamente la jurisdicción

ordinaria. •

 

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