Autor: Garrigues, Antonio. 
   El Gobierno, el Presidente y las elecciones. Un problema de ética política     
 
 ABC.    22/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

ABC. VIERNES. 23 DE ABRIL DE 197

EL GOBIERNO, EL PRESIDENTE Y LAS ELECCIONES. UN PROBLEMA DE ETICA POLÍTICA

LA finalidad de las elecciones es la de conocer la voluntad del pueblo español. Es una

voluntad amorfa. No está experimentada ni orientada. La experienca la adquirirá a lo largo

del tiempo y la orientación la tiene que recibir de los líderes políticos, que hoy escasean por razones ob-

vias, y que también, a su vez, necesitan experiencia y formación.

Las primeras elecciones, después de un paréntesis tan largo, tendrán algo de ensayo general, de

improvisación, de aproximación a lo que tiene que ser una democracia verdadera. No se puede pedir ni

esperar otra cosa ni de los electores ni de los elegibles. Las_ culpas se pagan y los españoles tienen que

pagar su largo período de inmadurez y de falta crónica de sentido político, de «facer y desfacer» hombres

y sistemas. Habida cuenta de todo esto, que es la realidad, lo que estamos viviendo no es tan malo como

pudiera haber sido, y lo que hay que hacer es no hacer nada que lo haga más difícil todavía.

La meta no son las elecciones ni la Constitución, aunque éstas sean etapas no sólo necesarias, sino

cruciales. La meta es llegar a un sentido de la convivencia, a un consenso social básico que haga posible

la estabilidad constitucional; que la nueva Constitución no sea una más, sino una y no más. Si la

Constitución que salga de las nuevas Cortes no se respeta por todos, y los partidos —y no digamos las

regiones— no son complementarios en el seno de la unidad nacional, estaremos una vez más

construyendo sobre arena.

DICHO esto, y lo difícil no es decirlo, sino hacerlo —porque no es -sólo cambiar las —instituciones, sino

la conciencia nacional—, hay que añadir, descendiendo al «aquí y ahora» español, como da a entender la

exposición de motivos del decreto-ley electoral, que es indudable que las elecciones no tienen que ser

«manipuladas» si han de expresar la verdadera voluntad, por imprecisa que sea, del pueblo español.

Este problema del respeto a esa voluntad tiene sus tecnicalidades, como todo problema político, pero es,

sobre todo, un problema de ética política. En todos los países civilizados las elecciones se hacen bajo un

Gobierno —no pueden hacerse de otra manera—, sin que eso influya en el resultado electoral.

Recentísimamente ha sido elegido alcalde de París no el candidato del Gobierno, sino de la oposición al

mismo.

Si se piensa que el Gobierno español —el actual u otro renovado—, por tener en su mano una serie de

recursos y medios de presión electoral, los va a utilizar en favor o en contra de determinadas opciones

políticas, el precepto de incompatibilidades ministeriales y gubernamentales me parece, si se me permite

la expresión, un poco ingenuo; porque dimitan o no dimitan algunos ministros, esos métodos se utilizarán

directa o indirectamente, abierta o encubiertamente, si ése fuese el designio del Gobierno, sea el que

fuere.

LA primera norma d« toda verdadera democracia es excluir las exclusiones, salvo aquellas incompatibles

con la democracia misma. Si se ha llegado a la legalización del «Partido Comunista», trabajosamente por

sus dudosas credenciales democráticas, excluir a los ministros o querer excluir a los que llaman neo-

franquistas, o cualquier otra exclusión, no hace ningún sentido. Y especialmente después de afirmarse en

el decreto-ley el principio de la máxima extensión, activa 7 pasiva, del sufragio.

Todo miembro del Gobierno que así lo quisiera podría y debería presentarse a las elecicones, derogando

el actual cuadro de incompatibilidades del decreto-ley. Las elecciones son para elegir y no hay ninguna

razón válida para que los que están llevando ahora el peso pesado del tránsito institucional no puedan

someterse a esa prueba de fuego que es para el político de raza el afrontar el voto popular.

Y si a este error se añadiera la intención oculta de utilizar los cuarenta puestos parlamentarios de libre

elección del Monarca como vía de consolación por las incompatibilidades ministeriales, eso sería sumar

dos errores, el segundo más grave, pues desnaturalizaría y desvirtuaría una facultad de la Corona, que

indudablemente tiene una finalidad mucho más alta y compleja que la de ese puro arbitrio, especie de

artículo 29 del sistema electoral de Cánovas.

PERO hay otra cosa más importante que destacar. Según la vigente Ley Orgánica del Estado, artículo 13

y siguientes que regulan el Gobierno de la nación, el presidente y los ministros integran el Gobierno; «el

presidente y los demás miembros del Gobierno» deben prestar juramento; «el presidente y los demás

miembros del Gobierno» son solidariamente responsables; y el cargo de presidente (artículo 14, III) y el

de «los demás miembros del Gobierno» (art. 17, II) «tendrán las incompatibilidades que señalen las

leyes», y las leyes (decreto-ley de 13 de mayo de 1975) sólo regulan las de los ministros sin hacer

distinción alguna entre ellos, quiere decirse entre ministros y presidente, porque unos y otros son

ministros.

Según estos textos, el régimen en cuanto a responsabilidad e incompatibilidades es el mismo para el

presidente y para los ministros. El hecho de que el presidente (que es el primer ministro) no esté

específicamente mencionado por el artículo 4 del decreto-ley, regulador del proceso electoral, no puede

interpretarse como que el presidente esté exento del mismo, porque no sería fácilmente explicable que la

Intervención de un ministro en el proceso electoral constituya un «inconveniente para conocer la voluntad

del pueblo español», como dice la exposición de motivos del mencionado decreto-ley, y la intervención

del presidente de ese mismo Gobierno no lo sea.

El primer ministro es el ministro primero, pero es un ministro. Presidir viene de «sedere», de sentarse. El

presidente es el que se sienta primero_, el que ocupa el primer lugar con autoridad para ordenar la marcha

de las discusiones y orientar la acción de Gobierno. Si el presidente no es un ministro, no siendo —como

no lo es tampoco— presidente ejecutivo como en las Repúblicas presidencialistas, ¿qué es? ¿Qué puede

ser? No puede haber una categoría intermedia desconocida entre la Jefatura del Estado y el Gobierno. El

primer ministro es la cabeza de! cuerpo unitario que constituye el Gobierno en su conjunto.

Luego las incompatibilidades de los ministros afectan a todos ellos, incluido el presidente, que es uno

más, aunque sea el primero. El que no puedan presentarse a las próximas elecciones los miembros del

Gobierno, incluido, naturalmente, su presidente, sería un gran daño para, el proceso de democratización

vigente; daño que habría que tratar de evitar. Es lo que es en todas partes y lo que debe ser en España, que

en materia de ética política no tiene por qué ser diferente. — Antonio GARRI-GUES.

 

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