Las normas electorales     
 
 Arriba.    24/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

LAS NORMAS ELECTORALE

UN análisis global y sistemático del decreto-ley merece reparar en primer lugar en su propio

rango normativo. En razón a que la ley para la Reforma Política autorizaba al Gobierno para

regular las primeras elecciones legislativas hubiera podido promulgarse por simple decreto sin

recurrir a una forma [jürídico-adminislrativa como el decreto-ley, condicionada a requisitos y

trámites más complejos. Si el Gobierno ha preferido la mayor dificultad ha sido buscando una

también mayor coherencia, poniendo de manifiesto una interpretación en virtud de la cual la ley

para la Reforma adquiere un valor de plataforma o suelo jurídico de todo el edificio

constitucional ulterior. Ello le confiere un rango de super ley y no de ley ordinaria. De otra parte,

el sujetar voluntariamente a trámite la normativa electoral contando con unas Cortes que no

sólo no objetaron, sino que sancionaron abrumadoramente el cambio político, supone la

prosecución del proceso desde la vía de legalidad desde el primer momento emprendido. Por

consiguiente, razones jurídicas tamo como politicas postulaban el rango de decreto-ley

abandonando la tentadora tesis de la deslegalización —siempre aventurada y peligrosa— de

las normas vigentes, en este caso concreto, la ya venerable ley Electoral de 1907.

Un juicio sobre la bondad de la norma que inau gura el ordenamiento electora) de las primeras

legislativas de la Monarquía debe formarse en función a una triple respuesta: política, juridico-

procesal, y la que es consecuencia del propio sistema o mecanismo electoral propiamente

dicho.

En el orden político ha de ponderarse su aceptación por los presuntos actores de la contienda

electoral, los partidos políticos. Anunciados al país por el Ministro de Justicia —que para este

período bien podría llamarse de Gracia y Justicia—, los criterios que Informan el procedimiento

electoral, las formaciones políticas significativos han reaccionado favorablemente

disponiéndose a concurrir a los comicios sectores que sólo hace poco tiempo se empecinaban

en un antagonismo radical e histórico. Como suele ocurrir, la taumaturgia sólo es posible si va

acompañada de buena voluntad. Lo cierto es que en un plano puramente práctico, nuestra

nueva normativa resuelve satisfactoriamente aspectos políticos tan sustantivos como la

determinación de la población electora, la representación adecuada de ¡a población agrupada

en circunscripciones provinciales y el papel que se reserva a los partidos políticos como

grandes agentes del proceso. Un cierto concepto de la justicia representativa demanda la

fijación de un mínimo básico de escaños por circunscripción territorial, lo que concede una

cierta superrepresentación aritmética a las provincias desertizadas sin que por ello se per-

judique en términos de operativldad política a las más densamente pobladas. Un sistema

exactamente proporcional aniquilaría a Soria, concediéndole a Madrid cerca de un tercio de los

escaños del Congreso, lo que vendría a reducir al absurdo todo el sistema.

En cuanto a los partidos, el decreto-ley paree animado de un propósito de promoción y sopo; te

de las hoy todavía incipientes opciones politicas: se pronuncia por el sistema de listas cerro das

y bloqueadas, lo que supone transferir en be neficio de los partidos lo que podría en mucho

casos defenderse como derecho del elector. Este tipo de elección faculta al partido para

jerarqui-zar el orden por el cual serán determinados lo candidatos electos constriñendo a!

elector a vc-tar una lista completa, ya que no se le pe mi i t formar su propia lista de acuerdo

con sus prefe rencias Esta medida atenúa claramente en alguna forma la inicial vento´a que

pudiera disfruta la clase política províniente del anterior réaimer cuyos candidatos, en muchos

casos, habrán te nido oportunidad de ser conocidos por los electores a través de un dilatado

ejercicio de funciones públicas. De otra oarte, la anunciada neutralización política del

Movimiento y la instrumentación oportuna del acceso igualitario a los medros de comunicación

oficiales y a la financiación pública de las campañas en función de los resultados electorales,

completaría ya de por sí un marco de juego limpio electoral. A mayor abundamiento, la

decisión del Gobierno de incompatibi-lizar a los altos cargos públicos con lo particioo-clon a

título de candidato, además de neutralizar políticamente a la Administración Público com

porta un elemento ético y político de excepciones´ importancia para estos primeros pasos

Inaugura les de la democracia.

El régimen de garantías iurídico-procesales se consigue en el más alto grado al situar baio le

competencia de las Juntas del Censo y la supervisión iudicial una serie de facultades que en

circunstancias normales son propias de ´a autoridad gubernativa, así como por la posibil;d"d de

nombramiento de interventores de los partidos políficos, como ya se hizo en e! reciente

Referéndum. Todo ello unido a la articulación de !os recursos procedentes que habrán de ser

sustanciados igualmente por la autoridad electoral.

En cuanto al procedimiento elegido, el método de Víctor d´Hondt —un civilista apasionado de

las matemáticas—, data de 1899 y se ha revelado como de sencillo manejo para la atribución

de escaños en función del número de votos Su mayi-ventaja, además de la sencillez, consiste

en aus no multiplica excesivamente la fragmentación oar lamentaría, objetivo al que responde,

igualmente, la medida de descalificar electoralmente a ios agrupaciones políticas que no

superen ´a mínirm tasa de fiabilidad, que se cifra en alcanzar el 3 por 100 de los sufragios

computados en la provincia.

El decreto-ley vendrá completado oor el decra-to de convocatoria y las órdenes ministeriales de

desarrollo puramente administrativo y de praced´-mientos materiales, así como por

disposiciones publicitarios y financieras. Todo permite augurar que el sufragio universal, igual,

directo, libre y secreto se hará como Dios manda.

 

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