Autor: ;Barrenechea, Eduardo. 
 La Reforma Agraria puede desaparecer (III). 
 Los partidos en la II República     
 
 Diario 16.    18/05/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 20. 

La Reforma Agraria puede desaparecer (III)

Los partidos en la II República

José García Abad, Eduardo Barrenechea y Joaquín Estefanía

Como señala Malefakis, la reforma agraria española fue una de las pocas excepciones históricas al

camino seguido por las grandes reformas del pasado: unas, asociadas al terror; otras, en régimen de

partido único; o con una acción precipitada en una situación revolucionaria.

En el caso español, el proceso empezó siguiendo exactamente el modelo prescrito por el mundo

occidental para la reforma agraria en un país subdesarrollado. Este ideal es descrito por Malefakis de la

siguiente forma:

"Los occidentales esperan la llegada al Poder de Gobiernos burgueses ilustrados, a través de los

elementos obreros responsables; estos Gobiernos distribuirán tierras entre el campesinado. La

redistribución tendrá lugar en un marco democrático, esto es, mediante decisiones parlamentarias que

armonicen los puntos de vista de partidos políticos rivales, decisiones que se llevarán a efecto a través del

aparato burocrático normal, con el debido respeto al procedimiento legal. Se garantizará a los anteriores

propietarios una serie de derechos mínimos. La colonización de las tierras expropiadas se llevará a cabo

siguiendo criterios técnicos, de tal modo que los nuevos sistemas de cultivo resulten económicamente

viables. Se admite que todo esto llevará algún tiempo, pero la creencia general es que será posible

empezar a repartir las tierras con la suficiente rapidez como para evitar que los campesinos recurran a

soluciones más violentas."

A los tres meses de proclamada la II República, el Gobierno contaba ya con un proyecto de reforma

agraria. Las contradicciones internas de aquel Gobierno, le obligan a llevar el proyecto al Parlamento muy

suavizado respecto a la redacción formulada por los técnicos. El Parlamento, que recibe este proyecto el

25 de agosto de 1931, no lo aprobará hasta septiembre de 1932, con un texto mucho más suave que el de

los dos borradores anteriores. La ley de Reforma Agraria promulgada establece como campo de

aplicación Andalucía, Extremadura, Salamanca y la Mancha. Considera expropiables: los señoríos

jurisdiccionales; las tierras incultas o deficientemente cultivadas; las que sean regadas con obras

realizadas con auxilio del Estado; todas las que en lo sucesivo se hallen comprendidas en estas zonas

regables en extensión mayor de 30 a 50 hectáreas; las fincas arrendadas situadas a menos de dos

kilómetros de los pueblos de menos de 25.000 habitantes, siempre que el titular tuviese más de 1.000

pesetas de renta catastral; todas las fincas arrendadas durante doce años.

Estableció los siguientes límites a la extensión de las tierras:

Secano. Cultivos herbáceos, 300 a 600 hectáreas.

Secano. Olivares, 150 a 300 hectáreas.

Secano. Viñedo, 100 a 150 hectáreas.

Dehesas. 400 a 750 hectáreas.

Nuevos regadíos, 30 a 50 hectáreas.

Si las tierras están cultivadas directamente por los propietarios se aumentan estos límites en un 35 por 100

en los mínimos y en un 25 en los máximos.

Se exceptúan los baldíos, eriales y pastizales no susceptibles de un cultivo permanente en un 75 por 100

de su extensión, con lo cual quedan excluidos, según Pascual Carrión, uno de les redactores del primitivo

proyecto, gran número de dehesas que tienen más de un 25 por 100 de malos terrenos, lo cual es muy

corriente en las grandes fincas.

Para capitalizar las grandes fincas, excluidos los señoríos, se tiene en cuenta el líquido imponible

asignado por el Catastro. E1 tipo de capitalización oscila del 5 al 20 por 100 cuando la renta estaba

comprendida entre 15.000 y 200.000 pesetas. La

indemnización se paga parte en numerario y parte en títulos de la deuda. La numeraria se abona según una

escala que oscila del 20 al 1 por 100, según la renta.

La ley autoriza la ocupación temporal de tierras en algunas localidades donde la crisis era más aguda. Los

agricultores asentados provisionalmente en estas tierras debían pagar a los propietarios una renta no

inferior al 4 por 100 del valor fijado por el Instituto de Reforma Agraria.

Las comunidades de campesinos decidían la explotación de la tierra en régimen colectivo o parcelado, al

tiempo que se expresaba la intención de fomentar la creación de cooperativas.

No se aprobó el proyecto de Banco de Crédito Agrícola, lo que según opinión de cuantos han estudiado el

tema ahogó la reforma.

El 31 de diciembre de 1933, quince meses después de aprobarse la ley, sólo se habían ocupado 24.000

hectáreas, en las que se asentaron a 2.500 campesinos, en lugar de los 60.000 a 75.000 que anualmente

había propuesto asentar la Comisión Técnica.

En 1934 se instalan 6.620 campesinos sobre 81.500 hectáreas. A finales de este año se habían expropiado

468 fincas, con una extensión total de 89.000 hectáreas, distribuidas entre 8.600 agricultores. Al mismo

tiempo, se habían ocupado 61 fincas, con una extensión próxima a las 28.000 hectáreas, en las que se

asentaron 3.650 agricultores. A finales de 1934 estaban asomados 12.260 agricultores.

En 1935, alcanzado el poder por las derechas, se promulga la nueva ley de Reforma Agraria (10 de

agosto), que de hecho supone la anulación de la reforma agraria. A partir de entonces sólo podrían

colocarse 2.000 campesinos al año, cantidad insignificante teniendo en cuenta las 250.000 familias sin

tierras que vivían en las provincias latifundistas y las 650.000 familias con propiedad insuficiente. Como

diría José Antonio Primo de Rivera, a ese ritmo se tardarían doscientos años para resolver el problema.

En febrero de 1936 gana las elecciones el Frente Popular. El 3 de marzo publica un decreto restableciendo

el de intensificación de cultivos de 1932, que había sido abolido por las derechas. Apoyándose en la ley

de Reforma Agraria de las derechas, que preveía la ocupación de tierras por razones de utilidad social,

utiliza esta posibilidad en términos muy amplios. El 19 de Junio las Cortes reponen la ley de 1932,

radicalizando su contenido. El mes siguiente estallaba la guerra civil.

 

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