Autor: ;Barrenechea, Eduardo. 
 La Reforma Agraria puede morir (y IV). 
 Qué harán los partidos con la contrarreforma franquista     
 
 Diario 16.    19/05/1977.  Página: 10. Páginas: 1. Párrafos: 21. 

10/ECONOMÍA

Jueves 19-mayo 77/DIARIO 16

La Reforma Agraria puede morir (y IV)

Qué harán los partidos con la contrarreforma franquista

José García Abad, Eduardo Barrenechea y Joaquín Estefanía

Desencadenada la guerra, cada bando intensifica su política agraria. En la España republicana el Gobierno

actúa a remolque de las ocupaciones espontáneas de tierras, limitándose, por lo general, a legalizar los

hechos consumados. Dicta además normas que ordenan la expropiación de las tierras de quienes se pasen

a los rebeldes y de aquellos que no cultiven sus tierras con la intensidad acostumbrada.

En la España franquista todas las tierras afectadas por la Reforma Agraria, incluso las expropiadas de

acuerdo con la ley y entregadas en el mismísimo bienio negro, son devueltas a sus antiguos propietarios.

Además, se expropian las tierras de numerosos republicanos como castigo político.

Terminada la guerra, el Régimen pone en práctica una lenta, política de asentamientos sobre nuevos

regadíos. El esquema de actuación es el siguiente:

El Instituto Nacional de Colonización (hoy IRYDA) expropia, casi siempre de acuerdo con el propietario,

grandes fincas de secano. Realiza a continuación costosas obras de riego para llevar el agua hasta la

misma parcela. Como contrapartida, el IRYDA entrega al antiguo propietario una importante "reserva" de

tierras que puede hincharse considerablemente gracias a diversas argucias. Por ejemplo, dividir la finca

fingidamente entre personas de plena confianza para ampliar la zona reservada. Si se quiere evitar la

expropiación, basta con fingir que el propietario está perforando un pozo. El resto, denominado "tierras en

exceso", es dividido en parcelas pequeñísimas (de 2 hectáreas en los primeros momentos, posteriormente

de 5 a 10), donde se asienta a los nuevos colonos.

Como señala Carrión (1), 225.556 hectáreas se han reservado a los propietarios de un total de 375.922.

Algunas de las fincas de regadío entregadas a los propietarios superan las 100 hectáreas. El Estado, que

ha dedicado 100.000 millones de pesetas durante los dos primeros planes de desarrollo para estos

menesteres, ha utilizado una gran proporción de estas grandes sumas para aumentar la riqueza de los

propietarios adinerados.

El más beneficiado es el antiguo propietario, el cual recibe una finca en regadío más pequeña, pero mucho

más valiosa que la de secano que poseía anteriormente. Además, el IRYDA le sitúa a pie de finca un

considerable número de agricultores que no pueden vivir explotando exclusivamente la pequeña parcela

recibida.

Quién ha sido el beneficiado de esta singular Reforma Agraria puede deducirse del siguiente cuadro:

"Interesa por ello rectificar esta orientación —recomienda Pascual Carrión—, dedicando a instalación de

colonos modestos casi la totalidad de la superficie que se transforma, pues bastará con dejar a los

propietarios de antes una superficie que oscile de 10 a 20 hectáreas; es decir, uno de los lotes mayores de

las zonas regables."

Cómo la ven los partidos

Ni Alianza Popular ni la Federación de Partidos Demócratas y Liberales integran en sus programas

reformas agrarias de cualquier tipo.

La Federación Popular Democrática propugna una Reforma Agraria dentro de las siguientes líneas

generales: Las autoridades regionales, con ayuda del Estado federal, deberían realizar un estudio de las

distintas comarcas, señalando cuál es la dimensión óptima en cada una de ellas para las explotaciones

agrarias. El partido propugna el acercamiento a esa medida ideal.

Los latifundios mal explotados se expropiarían, aprovechando la legislación vigente. A los explotados

racionalmente se les aplicaría una contribución progresiva, pero no la expropiación.

El Partido Socialista Obrero Español distingue a este respecto dos etapas: la de consolidación democrática

y la de transición al socialismo. Durante la primera se aplicarán fundamentalmente los instrumentos

fiscales. Durante el periodo de transición al socialismo propugnan "una Reforma Agraria avanzada que

suponga la autogestión en todas las empresas del sector y la cesión de la tierra a cooperativas; un control

del conjunto de procesos de producción y comercialización por le sociedad, que impida en cualquier caso

la explotación del hombre por el hombre" (2).

La Reforma Agraria propugnada por el PC es algo más moderada que la propuesta por la DC. Distingue

tres etapas: medidas a corto plazo; consolidación de la democracia, y democracia socialista. A corto sólo

plantea una gestión democrática de los montes comunales; devolución a los campesinos de los montes de

mano común y la promoción de sindicatos democráticos.

Para la etapa de "consolidación de la democracia", el Partido Comunista de España se pronuncia por la

expropiación con indemnización de los latifundios no cultivados o que no lo son debidamente. Las

propiedades afectadas pasarían a formar parte de un fondo de tierras para mejorar las explotaciones

familiares y facilitar las explotaciones cooperativas o comunitarias. Las grandes fincas expropiadas

deberían ser explotadas comunitariamente; sin embargo —aclaran—, en algunas zonas puede ser de más

interés la explotación individual.

El PC desea reformar la ley de Arrendamientos, otorgando a los colonos la posibilidad de que accedan a

la propiedad de la tierra, siempre que los propietarios hayan demostrado su desinterés por el cultivo

directo.

El PC patrocina la explotación familiar viable garantizando precios remuneradores, créditos,

desgravaciones fiscales y seguridad social.

Para la etapa socialista, el PC no tiene peores intenciones: "En el problema de la tierra —señala— se

seguirá manteniendo el criterio antes expuesto."

El Partido del Trabajo de España hace un planteamiento más radical. Postula una Reforma Agraria a la

manera campesina (hecha desde el seno social campesino y no impuesta por otros) de carácter

democrático (esto es, dirigida por la parte más numerosa del campesinado) y nacional (porque debe ir

encaminada a satisfacer las necesidades de todo el pueblo).

La tierra será para el que la trabaja. Los campesinos y obreros del campo decidirán libremente de qué

forma, individual o colectiva, van a poseerla y explotarla.

Como puede observarse, salvo alguna excepción, a los partidos políticos no les ha quitado el sueño la

Reforma Agraria. Es previsible, sin, embargo, que con el desarrollo del sindicalismo agrario, que resucita

con grandes dificultades, la presión campesina hará variar la óptica de los partidos.

(1) "La Reforma Agraria de la II República y la situación actual de la agricultura

Española". Ariel.

(2) "Programas Agrarios de los partidos políticos españoles". Editorial Agrícola Española. Sobre los

programas económicos de los partidos pueden consultarse también: "Partidos políticos y Economía:

Alternativas para el futuro", Miguel A. Cruzado, Akal 74, y "El fin del modelo franquista. La

economía de la democracia". Agrupación de Periodistas de Información Económica (APIE).

 

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