Consejo de Ministros. 
 Desaparece la Secretaría General del Movimiento  :   
 Su patrimonio pasa al marco general de la Hacienda Pública, y sus funcionarios, a la Administración Civil; Las cadenas de Prensa y Radio del Movimiento pasan, como organismo autónomo, al Ministerio de Información y Turismo. 
 Pueblo.    02/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 33. 

CONSEJO DE MINISTROS

DESAPARECE LA SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Su patrimonio pasa al marco general de la Hacienda Pública, y sus funcionarios, a la Administración Civil

Las cadenas de Prensa y Radio del Movimiento pasan, como organismo autónomo, al Ministerio de

Información y Turismo

Sobre el nombramiento del presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo: EL GOBIERNO

RAZONA SU ACUERDO

SE CONCRETAN LOS LIMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN y se reducen las facultades de

la Administración

MADRID. (PUEBLO.) — El Consejo de Ministros decidió en su reunión de ayer la desaparición de la

Secretaría General del Movimiento. Asimismo, el Gobierno aprobó un real decreto-ley sobre Libertad de

Expresión, que significa la derogación del articulo segundo de la ley de Prensa.

Por otra parte, el Gobierno informó de la remisión al Tribunal Supremo de las razones en las que se funda

su acuerdo de nombrar presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don Juan Becerril

AntónMiralles.

El Consejo conoció también la grave advertencia formulada por el ministro de Asuntos Exteriores al

embajador de Argelia por las campañas difamatorias que desde territorio argelino se desarrollan contra

España.

Estos fueron los acuerdos más importantes adoptados por el Consejo de Ministros celebrado ayer en la

Moncloa.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Consejo de Ministros, en su reunión del día de ayer, ha aprobado un real decreto-ley sobre Libertad de

Expresión.

En dicha norma se trata de armonizar el derecho de todos los ciudadanos a la libre información, con el

respeto a su honor y a los demás derechos inherentes a la persona, por ser ambos principios

fundamentales de todo Estado de Derecho.

En este sentido, el decreto-ley aprobado recoge claramente el principio de que la libertad de expresión y

el derecho a la difusión de informaciones no tendrán más limitaciones que las establecidas en el

ordenamiento jurídico con carácter general. Con este fin se suprimen los límites que la indeterminación

de los tipos o a la discrecionalidad de la Administración podían suponer para la libertad de expresión.

Ello no supone dejar sin adecuada protección los valores éticos y sociales que a través de dichas

limitaciones trataban de garantizarse, sino que se considera suficiente la tutela prevista al efecto en el

ordenamiento penal general y la que sobre el mismo ejerce la jurisdicción ordinaria. De aquí que la

intervención administrativa se reduzca a aquellos supuestos concretos que signifiquen ataque a

instituciones, cuya marginación de toda contienda política es la primera garantía de que deben rodearse.

Coherente con este principio, el decreto-ley limita las facultades administrativas de secuestro a la

salvaguardia de la unidad de España, de la institución monárquica y de las Fuerzas Armadas, para

preservarlas de todo lo que pueda representar demérito o menoscabo, o que atente al prestigio de las

mismas.

En otro orden de cosas, las informaciones obscenas o pornográficas demandan también una acción eficaz

por parte de la Administración, que signifique la adecuada protección contra los ataques a la moral

pública.

Por otro lado, se fortalece la protección penal y los instrumentos ya previstos por nuestro ordenamiento

procesal para defender el honor y la fama de los particulares, mediante las correspondientes acciones ante

la jurisdicción ordinaria, por entender que la concurrencia democrática sólo es posible si el contraste y

enfrentamiento entre opciones políticas diversas se hace de manera que ninguno de los contendientes

pueda erigirse en juez de la conducta ajena, función reservada, exclusivamente en lo jurídico, a los

tribunales de justicia y, en lo político, al voto de los ciudadanos.

El decreto-ley concede a los delitos de calumnia e injurias, previstos y penados en el artículo 453 y

siguientes del Código Penal, cometidos en medios de comunicación social, el tratamiento de delitos

semipublicos, bastando para su persecución denuncia de la persona agraviada.

Estos delitos serán sancionados en su grado máximo cuando se cometan en períodos de campaña electoral

y con motivo u ocasión de ella. Para los mismos se arbitra un procedimiento de urgencia y se establece la

responsabilidad civil solidaria de la empresa propietaria del medio in formativo en que se haya propagado

la calumnia o injuria.

Por último, y en base a las consideraciones aludidas al principio, de suficiente tutela del ordena miento

penal, queda derogado el articulo 2.º de la vigente ley de Prensa e Imprenta y el artículo 165 bis b) del

Código Penal, y del mismo modo quedan suprimidas las facultades de suspensión atribuidas a la

Administración por el articulo 69 de la ley de Prensa e Imprenta.

El decreto-ley representa, en suma, el intento de equilibrar las medidas liberalizadoras, que permitan una

plena libertad de expresión en España, con aquellas otras de carácter preventivo, que eviten el deterioro

de determinados principios e instituciones que constituyen fundamentos básicos de la comunidad, y con

las de protección, que haga posible a todos los ciudadanos la eficaz defensa del derecho a que se respete

su honor personal y familiar.

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley sobre reestructuración de los órganos dependientes

del Consejo Nacional y nuevo régimen jurídico de las asociaciones, funcionarios y patrimonio del

Movimiento. La conveniencia de dicha disposición se justifica en base al proceso político que se

desarrolla actualmente en nuestro país a partir de la aprobación de la ley para la Reforma Política, la

incidencia de la misma —a nivel de legislación ordinaria— sobre las funciones y las estructuras de los

órganos de la Secretaria General del Movimiento, que por citada disposición desaparece y la adecuación a

la nuevas situaciones existentes en la sociedad española, caracterizada por un acusado pluralismo político

e ideológico.

Reconociendo los señalados servicios prestados durante un dilatado período de tiempo por el Movimiento

al Estado español, y respetando la vigente ordenación constitucional, se procede a una modificación

legislativa, que atiende al doble criterio de acordar la extinción de aquellos órganos unipersonales o

colegiados de carácter puramente político e insertar, dentro de la esfera de la Administración Pública, a

los que han desarrollado meritorias tareas antes de la nueva situación creada por la reforma política en

curso, gestionando o des empeñando funciones de interés social y general. Respecto a estas últimas, se

considera aconsejable su plena integración en el marco de la Administración General del Estado, habida

cuenta, por otra parte, de las soluciones exigentes en otros países de nuestra área geográfica y cultural.

Asimismo el real decreto-ley citado establece las medidas oportunas para transferir el patrimonio del

Movimiento, tanto por lo que se refiere a su titularidad como a su régimen jurídico al marco general de la

Hacienda Pública.

Los actuales cuerpos de funcionarios de la Administración del Movimiento quedan asimilados, con

arreglo a la vigente plantilla orgánica y con la plenitud de sus derechos administrativos y económicos,

constituyendo cuerpos separados a extinguir, a los funcionarios civiles del Estado. En lo sucesivo les

serán de aplicación las normas por las que se rigen los funcionarios de la Administración Civil.

Las entidades asociativas del Movimiento de todo género podrán incorporarse al régimen general del

Derecho de Asociaciones, regulado en la ley de 24 de diciembre de 1964.

Para la ejecución de las medidas oportunas relativas a la extinción o transferencia a la Administración

Pública de los órganos integrados en la estructura actual, se otorga al Gobierno la autorización oportuna, a

fin de que adopte aquellas que estime necesarias.

El ministro secretario general del Movimiento pasará a denominarse ministro secretario del Gobierno,

correspondiéndole la Secretaría del Consejo de Ministros y las funciones que expresamente le delegue el

presidente del Gobierno.

Con independencia de los órganos anteriormente citados, el mismo real decreto crea la Comisión de

Transferencia de la Administración del Movimiento, con la finalidad de llevar a cabo las funciones

correspondientes en orden a la integración en la Administración del Estado de los medios personales y

materiales que formaban parte hasta ahora de la del Movimiento. Dicha comisión dependerá del ministro

secretario del Gobierno, así como el Instituto de Estudios Políticos, este último con carácter de organismo

autónomo.

Finalmente, y hasta que se adopte una nueva organización y régimen jurídico de los medios estatales de

comunicación social las cadenas de Prensa y Radio del Movimiento pasan a depender también con

carácter de organismo autónomo, del Ministerio de Información y Turismo.

ASUNTOS EXTERIORES

El ministro de Asuntos Exteriores informó que el embajador de Argelia había sido convocado al

Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se le reitero la profunda preocupación del Gobierno por el hecho

de que desde territorio argelino y a través de una emisora oficial se promuevan campañas difamatorias

contra España y atentatorias a la seguridad e integridad de nuestro territorio nacional. Se le señaló al

embajador argelino que el Gobierno español consideraba estos hechos de la mayor gravedad.

REORGANIZACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE ASUNTOS EXTERIORES.— El Consejo de

Ministros, a propuesta del titular de Asuntos Exteriores, ha aprobado la reorganización del Consejo

Superior de Asuntos Exteriores. Dicho Consejo, órgano asesor del ministro de Asuntos Exteriores en

cuestiones de política exterior y de relaciones internacionales, ha sido reorganizado con objeto de

incorporar a sus trabajos a personalidades de la vida pública y privada que puedan colaborar en la

preparación de las decisiones que afecten a la política exterior de España. Es política del Ministerio de

Asuntos Exteriores en esta etapa incorporar a la ejecución de la política exterior a todos los elementos de

la vida nacional que puedan aportar a contribuir a alcanzar los objetivos que determine el Gobierno.

JUSTICIA

El Gobierno ha tenido conocimiento del escrito formulado por el Tribunal Supremo, recibido en el día de

ayer y relativo al no cumplimiento del real decreto de 25 de marzo por el que se nombraba presidente de

la Sala Cuarta del Alto Tribunal. El referido escrito ha sido objeto de detallado examen y como resultado

de él, el Gobierno ha elaborado su contestación exponiendo las razones en que aparece fundado su

acuerdo de nombramiento.

GOBERNACIÓN

A propuesta del ministro de la Gobernación el Consejo aprobó un real decreto regulador de las

denominaciones de asociaciones no políticas y sobre régimen jurídico de los promotores.

Con este, real decreto se desarrolla la ley de Asociaciones de 1964 en lo referente a la denominación de

las asociaciones al objeto de articular su identidad dotar de protección el nombre adoptado y evitar

lesionar el derecho y la actuación de los demás entes asociativos.

Asimismo, el Consejo aprobó, a propuesta del ministro de la Gobernación, un real decreto por el que se

modifica la composición de la Comisión Interministerial de Planes Provinciales en el que se incrementa la

participación de las Corporaciones Locales Además de la nueva composición que se establece, este real

decreto contiene nuevas normas sobre la actuación de dicha Comisión en Pleno y en Comisión

Permanente, así como la distribución de competencias entre una y otra.

AGRICULTURA

El Ministro de Agricultura informó ampliamente al Consejo sobre los efectos de las heladas en la

agricultura española, como consecuencia de la corriente de aire polar que penetró en la Península los días

29 y 30 de marzo, que produjeron heladas generalizadas en gran parte del país, de diferente signo. En la

noche del 29 al 30 el viento helado alcanzó en algunas comarcas hasta 70 kilómetros por hora, y en la

noche del 30 al 31 las bajas temperaturas se manifestaron en régimen de calma, pero con cierta

persistencia.

Los efectos del frío han tenido una amplísima gama de matices, que van desde situaciones catastróficas a

otras de posible recuperación. Los daños más acusados corresponden a frutales, almendro y viñedo,

aunque resultan todavía de muy difícil evaluación.

Los servicios técnicos del Ministerio de Agricultura proceden en la actualidad, en colaboración con los

propios agricultores afectados, a practicar una evaluación real y exacta de los daños, lo que exige un

detenido y profundo reconocimiento de las zonas afectadas. Se estima que el informe final estará

definitivamente redactado en un p1azo de quince a veinte días.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Red de Termógrafos del Ministerio de Agricultura, anuncian una

mejoría completa del tiempo con posibilidad, y muy remota, de heladas exclusivamente en puntos altos de

la Península.

El Consejo de Ministros aprobó a propuesta del ministro de Agricultura, tres importantes mociones del

F.O.R.P.P.A.: por la primera se autoriza al Organismo para conceder ayudas para el cañado ovino con el

fin de regular los precios durante el periodo abril-junio, previsión de hundimiento de los precios de

corderos vivos en campo. Otra de las mociones, se refiere al establecimiento de medidas en previsión de

posibles situaciones excedentes en el sector lácteo, para lo que se prevé financiar el «stock» así como la

compensación de gastos que origine dicha movilización.

Finalmente, el Consejo acordó el restablecimiento de las comunicaciones telefónicas con Gibraltar.

2 de abril de 1977

PUEBLO

 

< Volver