Autor: Torres, Pablo . 
 Asociación Sindical de Archiveros y Bibliotecarios. 
 Contra la destrucción de los archivos de antecedentes políticos  :   
 "Se privará al pueblo español de una parte de su patrimonio histórico". 
 Pueblo.    17/12/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Asociación Sindical de Archiveros y Bibliotecarios

CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE ANTECEDENTES POLÍTICOS

"Se privará al pueblo español de una parte de su patrimonio histórico"

MADRID (PUEBLO, por Pablo TORRES).—La comisión gestora de la Asociación Sindical de

Archiveros y Bibliotecarios, una vez conocido el proyecto del Ministerio del Interior, de destruir los

antecedentes políticos que guardan los archivos de las Direcciones Generales de Seguridad y de la

Guardia Civil, ha elaborado un escrito en contra de tal medida: «Los expedientes —dice la nota— que se

pretenden destruir son un testimonio veraz y objetivo de las corrientes, tensiones y luchas ideológicas,

políticas y sociales de la sociedad actual. Los historiadores del futuro encontrarán en ellos una fuente

irreemplazable de conocimiento para la interpretación de la historia de nuestros tiempos y bajo ningún

concepto se les puede privar de esas fuentes de información.

"Si es por problema de espacio, se pueden trasladar todos los documentos a Alcalá de Henares"

Ante el hecho de hacer una previa selección de los expedientes, la comisión gestora se pregunta: «¿Qué

garantías hay sobre la ecuanimidad y sentido histórico de quienes hagan la selección? ¿No se prestará este

expurgo a la eliminación de algunos expedientes por motivaciones políticas y a la conservación de otros

de la misma naturaleza por idénticas motivaciones, pero de sentido opuesto?

Encabeza la lista de firmantes del escrito Luis Sánchez Belda Está preocupado por el tema y nos dice: «Si

es por problemas de espacio, se pueden incorporar todos los documentos al archivo general de la

Administración en Alcalá de Henares. Allí hay el espacio suficiente. Sí, sí, por supuesto, que

se puede garantizar la confidencialidad de los documentos con una orden al archivo, especificando que no

se pueden consultar en el período de tiempo que se considere necesario. Tan sólo hay que declarar a estos

documentos como confidenciales. Piénsese, por ejemplo, dónde se hubiera podido consultar sobre la

Inquisición si cuando acabaron los proce-sos y se hubieran eliminado los archivos. ¿Dónde investigaría el

historiador?

En otro punto del escrito se recoge: «Los archivos aludidos forman parte del «tesoro documental y

bibliográfica de la nación» (artículo 1.° punto uno, C y D de la ley 26/1972, de 21 de junio), cuyo

cuidado, defensa e incremento «es deber de todos los españoles», como establece literalmente la citada

ley en su artículo segundo.»

El escrito recoge la preocupación de los archiveros y bibliotecarios ante el hecho: «Incurriríamos en grave

responsabilidad si no denunciáramos a las autoridades competentes y a la opinión pública la existencia de

este proyecto, que privará al pueblo español de una parte de su patrimonio histórico, que tiene el mismo

valor y la misma consideración que el de otras épocas de la historia».

Firman el escrito de denuncia Luis Sánchez Belda. Justo García Morales. David Torra Ferrer, Carmen

Crespo Nogueira. José Antonio Pérez Rioja, Francisca Aleixandre. Olga Gallego y Manuel Vaquerizo.

 

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