Ni cuarto poder ni prensa del Estado     
 
 Diario 16.    22/10/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

En la prensa

Ni cuarto poder ni prensa del Estado

"Antonio Fontán, hoy senador de UCD y presidente de la Cámara Alta, ayer director del diario Madrid, ha

expresado sus deseos, en una conferencia pronunciada en un centro cultural, de que la prensa renuncie a

cualquier tentación de poder y protagonismo. Según sus palabras, en la España democrática "la prensa

debe recobrar su lugar, que no es ese cuarto poder, acuñado en Norteamérica, ni debe aspirar a serlo".

No es fácil entender las razones por las que una persona con tan dolorosa experiencia profesional en el

pasado como el señor Fontán, cuyo diario fue clausurado por el Régimen de Franco por su talante crítico,

recomienda ahora a sus colegas criterios de actuación, en relación con el Estado, tan diferentes a los que

guiaron su propio comportamiento. El argumento de que la existencia de instituciones democráticas

reserva a la prensa la exclusiva función de ser "el narrador objetivo de los hechos" sería insostenible aun

cuando la democracia hubiera logrado en nuestro país ese grado de madurez y consolidación que todavía

permanece lejano..."

"Los titulares del derecho a editar periódicos pueden ser empresas capitalistas, cooperativas de

trabajadores, sociedades de redactores, centrales sindicales o partidos políticos. Pero nunca el Estado. En

ninguna sociedad verdaderamente democrática y pluralista la Administración usurpa esa parcela de poder

social para instrumentalizarla en provecho propio. Y si el partido político que llega al Gobierno es, a la

vez, editor de un periódico, éste debe vivir —como dicen los mexicanos— en el error: fuera del

presupuesto nacional.

Por esa razón, las nuevas opiniones del señor Fontán, que ha abandonado ese presunto "cuarto poder"

para afincarse en el partido que controla dos poderes estatales bien reales (el legislativo y el ejecutivo),

resultan sumamente oportunas cuando el Gobierno y la Oposición comienzan a discutir la suerte de los

medios de comunicación social de propiedad estatal. Una de las herencias más incómodas de la

disolución del Movimiento Nacional y de la transferencia de su patrimonio al Estado es la existencia de

una nutrida cadena de diarios y emisoras, creadas en su día como órganos de propaganda del Régimen.

No es una carga precisamente ligera: cuarenta periódicos y 45 estaciones de radio distribuidos por toda la

geografía nacional, que dan ocupación a miles de periodistas, trabajadores de taller y empleados, y que

arrojan en su conjunto una pérdida —oficialmente no reconocida, pero conjeturable— de cientos de

millones de pesetas.

El Gobierno, usufructuario de ese costoso tinglado, carece de argumentaciones jurídicas, políticas y

morales para disponer de tan poderoso aparato, que simula hablar desde la sociedad cuando, en realidad,

obedece las instrucciones que recibe de los despachos oficiales. Máxime cuando la explotación de ese

instrumento de intoxicación y propaganda, especialmente útil para preparar unas elecciones o santificar al

presidente del Gobierno mediante las técnicas del "culto a la personalidad", es deficitaria.

El legado de los sindicatos verticales en el campo de los medios de comunicación plantea problemas

semejantes. Es de suponer que forme parte de la agenda de negociaciones entre las centrales y el

Gobierno. La cuestión, así pues, merece un análisis por separado. Como también el régimen jurídico que

precisan los dos únicos instrumentos de comunicación a los que cabe asignar funciones estatales y no

gubernamentales: Radio Nacional de España y Televisión Española.

El desmontaje de este monumental tinglado que es la antigua Prensa del Movimiento, rebautizado ahora

con el nombre de Medios de Comunicación Social del Estado es, a la vez, una necesidad del sistema

democrático y una operación compleja y costosa. Por lo pronto, es imprescindible respetar los derechos

legítimamente adquiridos de los trabajadores de ese sector. Al parecer, los partidos de la Oposición se han

negado, en las conversaciones de la Moncloa, a la privatización de esos medios en pública subasta. En

algunos casos, los grupos o partidos tratarán de reivindicar la titularidad jurídica de los periódicos que les

fueron confiscados en 1936-1939; pero no es seguro que la actual situación de los edificios y talleres sea

la misma que hace cuarenta años y, además, se encontrarían con problemas para el encaje de las

plantillas. Otra fórmula posible sería ofrecer a los profesionales de la información que trabajan en esos

medios su explotación en régimen cooperativo; pero la solución sólo resultaría viable en los casos, al

parecer infrecuentes, en que las empresas no fueran deficitarias.

Lo indispensable es acabar, cuanto antes, con esa abusiva usurpación por el Gobierno de tareas sociales.

La carga que para el presupuesto implicaría pagar las nóminas de esos periódicos y revistas en paro, tal

vez resultara inferior al déficit global de esas empresas en plena actividad. Por lo demás, la desaparición

de esos medios de comunicación, que hacen una competencia ilícita al sector privado, crearía un vacío

que la iniciativa empresarial o los propios partidos podrían llenar rápidamente; con lo que la

reincorporación al trabajo activo de esos profesionales, muchos de ellos altamente capacitados, quedaría

grandemente facilitada."

("El País", 21-X-77)

 

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