Leyes fundamentales     
 
 ABC.    02/04/1964.  Página: 11-16. Páginas: 6. Párrafos: 251. 

LEYES FUNDAMENTALES

PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

La forma política del Estado nacional, es la Monarquía tradicionalista católica, social y representativa.

Ley de 17 de mayo de 1958

Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España,

Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino,

PROMULGO como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de los españoles en

los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes:

I

España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria

es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.

II

La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de

la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia

nacional que inspirará su legislación.

III

España, raíz de una gran familia de pueblos, con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira a la

instauración de la justicia y de la paz entre las naciones.

IV

La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su

independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de

su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria

para el mejor servicio de la Patria.

V

La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la familia, como

base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al

bien común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras. La Ley ampara

por igual el derecho de todos los españoles.

VI

Las entidades naturales de la vida social: Familia, Municipio y Sindicato, son estructuras básicas de la

comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias sociales

de interés general deberán ser amparadas para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento

de los fines de la comunidad nacional.

VII

El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y

servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del

Movimiento Nacional y de cuantos determinan la ley de Sucesión y demás leyes fundamentales, la

Monarquía tradicional, católica, social y representativa.

VIII

El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La

participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a

cabo a través de la Familia, el Municipio, el Sindicato y demás entidades con representación orgánica que

a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema

representativo, será considerada ilegal.

Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad.

IX

Todos los españoles tienen derecho: a una justicia independiente, que será gratuita para aquellos que

carezcan de medios económicos; a una educación general y profesional, que nunca podrá dejar de

recibirse por falta de medios materiales; a los beneficios de la asistencia y seguridad sociales, y a una

equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia social,

reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes.

X

Se reconoce el trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles, y a la propiedad privada

en todas sus formas como derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de

la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada y, en su caso, suplida por la acción del Estado.

XI

La Empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de

intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la

justicia y en la reciproca lealtad, y

LEY DE SUCESION EN LA JEFATURA DEL ESTADO

Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de sucesión será el de primogenitura.

Ley de 26 de julio de 1947

Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de la participación del pueblo en las tareas del

Estado, elaboraron la Ley fundamental que, declarando la constitución del Reino, crea su Consejo y

determina las normas que han de regular la Sucesión en la Jefatura del Estado, cuyo texto, sometido al

referéndum de la Nación, ha sido aceptado por el ochenta y dos por ciento del Cuerpo electoral, que

representa el noventa y tres por ciento de los votantes.

De conformidad coa la propuesta de las Cortes, y con la expresión auténtica y directa de la voluntad de la

Nación, dispongo:

1. España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su

tradición, se declara constituido en Reino.

2. La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los

Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde.

3. Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus poderes un Consejo de Regencia, constituido por el

Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía Consejero del Reino y Capitán General del

Ejército de Tierra, Mar o Aire o, en su detecto, el Teniente General en activo de mayor antigüedad y por

este mismo orden. El Presidente de este Consejo será el de las Cortes, y para la validez de los acuerdos se

requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus tres componentes y siempre la de su Presidente.

4. Un Consejo del Reino asistirá al Jefe del Estado en todos aquellos asuntos y resoluciones

trascendentales de su exclusiva competencia. Su Presidente será el de las Cortes, y estará compuesto; por

los siguientes miembros:

El Prelado de mayor jerarquía y antigüedad entre los que sean Procuradores en Cortes.

El Capitán General del Ejército de Tierra, Mar o Aire o Teniente General en activo de mayor antigüedad

y por el mismo orden;

El General Jefe del Alto Estado Mayor y, a falta de éste, el más antiguo de los tres Generales Jefes del

Estado Mayor de Tierra, Mar o Aire;

El Presidente del Consejo de Estado;

El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia;

El Presidente del Instituto de España;

Un Consejero elegido por votación por cada uno de los siguientes grupos de las Cortes: a) El sindical, b)

El de Administración Local c) El de Rectores de Universidad; y d) El de los Colegios profesionales;

Tres Consejeros designados por el Jefe del Estado, uno entre los Procuradores en Cortes natos; otro entre

los de su nombramiento directo, y el tercero, libremente.

El cargo de Consejero estará vinculado a la condición por la que hubiese sido elegido o designado.

5. El Jefe del Estado oirá preceptivamente al Consejo del Reino en los casos

siguientes:

1º. Devolución a las Cortes para nuevo estudio de una ley por ellas elaborada.

2º. Declarar la guerra o acordar la paz.

3º. Proponer a las Cortes su sucesor.

4º. En todos aquellos otros en que lo ordenase la presente Ley.

6º. En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser

llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y

podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque

ya hubiese sido aceptada por las Cortes.

7. Cuando, vacante la Jefatura del Estado, fuese llamado a suceder en ella el designado según el

artículo anterior, .el Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará

conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle el juramento prescrito en la presente

Ley , proclamarle Rey o Regente.

8. Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del Jefe del Estado sin que hubiese sido

designado sucesor, el Consejo de Regencia , asumirá los poderes y convocará, en el plazo de tres días, a

los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino para que reunidos en sesión ininterrumpida

y secreta, decidan, por dos tercios como mínimo a la persona de estirpe regia que, poseyendo las

condiciones exigidas por la presente Ley, y habida cuenta de los supremos intereses de la Patria, deban

proponer a las Cortes a título de Rey.

Cuando, a jucio de los reunidos, no existen personas de la estirpe que posea dichas condiciones a la

propuesta no hubiese sido aceptada por las Cortes, propondrán, a éstas como Regente la personalidad que

por su prestigio, capacidad y posibles asistencias de la nación deba ocupar este cargo. Al formular esta

propuesta podran señalar plazo y condición a la duración de la Regencia, y las Cortes deberán resolver

sobre cada uno de estos extremos.

El Pleno de las Cortes habrá de celebrarse en un plazo máximo de ocho días, y el sucesor, obtenido el

voto favorable de las mismas, presentará el juramento exigido de esta Ley, en cuya virtud, y acto seguido,

el Consejo de Regencia le transmitirá sus poderes.

9. Para ejercer la Jefatura del Estado como Rey o Regente se requerirá ser varón y español, haber

cumplido la edad de treinta años, profesar la religión católica, poseer las cualidades necesarias para el

desempeño de su alta misión y jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que

informan el Movimiento Nacional.

10. Son Leyes Fundamentales de la Nación: el Fuero de los Españoles, el Fuero del Trabajo, la Ley

Constitutiva de las Cortes, la presente Ley de Sucesión, la del Referéndum Nacional y cualquiera otra que

en lo sucesivo se promulgue confiriéndola tal rango.

Para derogarlas o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum de la

Nación.

11. Instaurada la Corona en la persona de un Rey, el orden regular de sucesión será el de primogenitura y

representación, con preferencia de la línea anterior a las posteriore ; en la misma línea, del grado más

próximo al más remoto; en el mismo grado, del varón a la hembra, la cual no podrá reine , pero sí, en su

caso, transmitir a sus herederos varones el derecho, y dentro del mismo sexo, de la persona de más edas a

la de menos; todo ello sin perjuicio; las excepciones y requisitos preceptuados en los artículos anteriores.

12. Toda cesión de derechos antes de reinar, las abdicaciones cuando estuviere designado el sucesor, las

renuncias en todo caso y los matrimonios regios, así como el de sus inmediatos sucesores, habrán de ser

informados por el Consejo del Reino y aprobados por las Cortes de la Nación.

13. El Jefe del Estado, oyendo al Consejo del Reino, podrá proponer a las Cortes queden excluidas de la

sucesión aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que, por su desvío

notorio de los principios fundamentales del Estado o por sus actos merezcan perder los derechos de

sucesión establecidos en esta Ley,

14. La incapacidad del Jefe del Estado, apreciada por mayoría de dos tercios de los miembros del

Gobierno, será comunicada en razonado informe al Consejo del Reino. Si éste, por igual mayoría, la

estimare, su Presidente la someterá a las Cortes, que, reunidas a tal efecto dentro de los ocho días

siguientes, adoptarán la resolución procedente.

15. Para la validez de los acuerdos de las Cortes a que esta Ley se refiere, será preciso el voto favorable

de los dos tercios de los Procuradores presentes, que habrá de equivaler, por lo menos, a la mayoría

absoluta del total de los Procuradores.

Dada en El Pardo a veintiséis de julio de mil novecientos cuarenta y siete.— Francisco FRANCO

BAHAMONDE.

PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

los valores económicos estarán subordinados a los de orden humano v social

XII

El Estado procurará por todos los medios a su alcance perfeccionar la salud física y moral de los

españoles y asegurarles las más dignas condiciones de trabajo, impulsar el progreso económico de la

Nación con la mejora de la agricultura, la multiplicación de las obras de regadío y la reforma social del

campo; orientar el más justo empleo y distribución del crédito público; salvaguardar y fomentar la

prospección y explotación de las riquezas mineras; intensificar el proceso de industrialización, patrocinar

la investigación científica y favorecer las actividades marítimas, respondiendo a la extensión de nuestra

población marinera y a nuestra ejecutoria naval,

En su virtud, dispongo:

1. Los principios contenidos en la presente Promulgación, síntesis de los que inspiran las Leyes

fundamentales refrendadas por la Nación en 6 de julio de 1947, son, por su propia naturaleza.

permanentes e inalterables.

2. Todos los órganos y autoridades vendrán obligados a su más estricta observancia. El juramento que se

exige para ser investido de cargos públicos habrá de referirse al texto de estos Principios fundamentales.

3. Serán nulas las leyes y disposiciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los Principios

proclamados en la presente Ley fundamental del Reino.

Dado en el Palacio de las Cortes. en la solemne sesión de diecisiete de mayo de mil

novecientos cincuenta y ocho Francisco FRANCO BAHAMONDE

LEY DE REFERENDUM

LEY DE 22 DE OCTUBRE DE 1945 (1)

.Abierta para todos los españoles su colaboración en las tareas del Estado a través de los organismos

naturales, constituidos por la Familia, el Municipio y el Sindicato, y promulgadas las Leyes básicas que

han de dar nueva vida y mayor espontaneidad a las representaciones dentro de un régimen de cristiana

convivencia, con el fin de garantizar a la nación contra el desvío que la historia política de los pueblos

viene registrando, de que en los asuntos de mayor trascendencia o interés público, la voluntad de la.

nación puede ser suplantada por el juicio subjetivo de sus mandatarios; esta Jefatura del Estado, en uso de

las facultades que le reservan las Leyes de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, y ocho de

agosto de mil novecientos treinta y nueve, ha creído conveniente instituir la consulta directa a la Nación

en referéndum público en todos aquellos casos en que. por la trascendencia de las leyes o incertidumbres

en la opinión, el Jefe del Estado estime la oportunidad, y conveniencia de esta consulta.

En su virtud, dispongo:

1. Cuando la trascendencia de determinadas Leyes lo aconseje o el interés público lo demande, podrá el

Jefe del Estado, para mejor servicio de la Nación, someter a referéndum los proyectos de Leyes

elaboradas por las Cortes.

2. El referéndum se llevará a cabo entre todos los hombres y mujeres de la Nación mayores de veintiún

años.

3. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones complementarias conducentes a la formación del

censo y ejecución de la presente Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintidós de octubre de mil novecientos cuarenta y

cinco.—Francisco FRANCO BAHAMONDE

LEY DE CORTES

LEY DE 17 DE JULIO DE 1942 (1)

La creación de un régimen jurídico, la ordenación de la actividad administrativa del Estado, el

encuadramiento del orden nuevo en un sistema institucional con claridad y rigor, requieren un proceso de

elaboración del que, tanto para lograr la mejor calidad de la obra como para tu arraigo en el país, no

conviene estén ausentes representaciones de los elementos constitutivos de la comunidad nacional. EI

contraste de pareceres—dentro de la unidad del régimen—, la audiencia de aspiraciones. la critica

fundamentada y solvente, la intervención de la técnica legislativa deben contribuir a la vitalidad, justicia y

perfeccionamiento del Derecho positivo de la Revolución y de la nueva Economía del pueblo español.

Azares de una anormalidad que, por evidente, es ocioso explicar, han retrasado la realización de ente

designio. Pero, superada la fase del Movimiento Nacional en que no era factible llevarlo a cabo, se estima

llegado el momento de establecer un órgano; que cumpla aquellos cometidos.

Continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general,

en los términos de las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, el órgano que se crea

significará, a la vez que eficaz instrumento de colaboración en aquella función, principio de

autolimitación para una institución más sistemática del Poder.

Siguiendo la línea del Movimiento Nacional, las Cortes que ahora se crean, tanto por su nombre cuanto

por su composición y atribuciones, vendrán a reanudar gloriosas tradiciones españolas.

En su virtud, dispongo:

1. Las Cortes son el órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Es

misión principal de las Cortes la preparación y elaboración de las Leyes, sin perjuicio de la sanción que

corresponda al Je]e del Estado.

2. Las Cortes se componen de Procuradores natos y electivos, a saber;

a) Las Ministros.

b) Los Consejeros nacionales.

e) El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal Supremo de Justicia y el del Consejo Supremo de

Justicia Militar.

d) Los representantes de los Sindicatos nacionales en número no superior a la tercera parte del total de los

procuradores.

e) Los Alcaldes de las cincuenta capitales de provincia, los de Ceuta y Melilla y un representante por los

demás Municipios de cada provincia, elegido entre sus miembros por los propios Municipios. Un

representante por cada Diputación Provincial y Mancomunidades interinsulares canarias, elegido entre

sus miembros por las Corporaciones.

f) Los Rectores de las Universidades.

g) El Presidente del instituto de España y dos representantes elegidos entre los miembros de las Reales

Academias que lo componen. El Presidente del Consejo Superior de investigaciones Científicas y dos

representantes del mismo, elegidos entre sus miembros.

h) El Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles v otro representante del mismo, elegido por los

Presidentes de las Asociaciones de ingenieros que lo constituyen. Dos representantes de los Colegios de

Abogados; dos representantes de los Colegios de Médicos; un representante de los Colegios de

Farmacéuticos; un representante de los Colegios de Veterinaria; un representante de los Colegios de

Arquitectos; un representante de los Colegios de Licenciados y Doctores en Ciencias y Letras; un

representante de los Colegios Notariales; un representante del Colegio Nacional de Registradores y un

representante de los Colegios de Procuradores de los Tribunales, que serán elegidos por las Directivas de

los respectivos Colegios Oficiales. Tres representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio, elegidos

por las Directivas de las Cámaras de Comercio.

i) Aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar, administrativa o social, o por sus relevantes

servicios a España, designe el Jefe del Estado, en número no superior a cincuenta (2).

FUERO DE LOS ESPAÑOLES

Ley de 17 de julio de 1945 (1)

Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos de la

Nación: Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas

del Estado, según la ley de su creación, han elaborado el "Fuero de los Españoles", texto fundamental

definidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador de sus garantías;

Vengo en disponer, de conformidad en un todo con la propuesta por aquéllas formulada, lo siguiente:

Artículo único.—Queda aprobado, con el carácter de Ley fundamental reguladora, de sus derechos y

deberes, el "Fuero de los Españoles", que a continuación se inserta:

TITULO PRELIMINAR

1. El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la dignidad, la

integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto portador

de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo ejercicio

garantiza el orden al bien común.

TITULO PRIMERO

Deberes y derechos de los españoles CAPITULO PRIMERO

2. Los españoles deben servicio fiel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obediencia a las

leyes.

3. La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencia de clases ni acepción de

personas.

4. Los españoles tienen derecho al respeto da su honor personal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera

que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad,

5. Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas,

bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Estado velará para

que ningún talento .se malogre por falta de medios económicos.

6. La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección

oficial

Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán

otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica.

7. Constituye título de honor para los españoles el servir a la Patria con las armas.

Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley.

8. Por medio de leyes, y siempre con carácter general, podrán imponerle las prestaciones personales que

exijan el interés de la Nación y las necesidades públicas,

9. Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica.

Nadie estará obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arreglo a la ley votada en

Cortes.

10. Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo, a

través de la familia, el Municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras representaciones que las Leyes

establezcan.

11. Todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas serán su mérito y capacidad.

12. Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales

del Estado.

13. Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de correspondencia.

14. Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional.

15. Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a

no ser con mandato de la Autoridad competente, y en los casos y en la forma que establezcan las leyes.

16. Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido

por las leyes.

El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de sus

fines. Las normas fundacionales, que revestirán forma de Ley, coordinarán el ejercicio de este derecho

con el reconocido en el párrafo anterior.

17. Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado actuarán conforme

a un orden jerárquico de normas preestablecidas, que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni

alteradas.

18. Ningún español podrá ser detenido sino en tos casos y en la forma que prescriben las leyes.

En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad

judicial.

19. Nadie podrá ser condenado sino en virtud de Ley anterior al delito, mediante sentencia del Tribunal

competente y previa audiencia y defensa del interesado.

20. Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad sino por delito de traición, definido en las leyes

penales, o por entrar al servicio de las armas o ejercer cargo público en país extranjero contra la

prohibición expresa del Jefe del listado.

21. Los españoles podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, a las Cortes y a las

Autoridades.

Las Corporaciones, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas e Institutos arañados sólo podrán

ejercitar este derecho de acuerdo con las disposiciones por que se rijan.

CAPITULO XX

22. El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con

derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana postura.

El matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.

23. Los padres están obligados a alimentar, educar e instruir a sus hijos. El Estado suspenderá el

ejercicio de su patria potestad o privará de ella, a los que no la ejerzan dignamente, y transferirá

la guarda y educación de tos menores a quienes0 por ley corresponda.

CAPITULO III

24. Todos tos españoles tienen derecho al trabajo y e] deber de ocuparse en alguna actividad socialmente

útil.

25. El trabajo, por su condición esencialmente humana, no puede ser relegado al concepto material de

mercancía, ni ser objeto de transacción alguna incompatible con la dignidad personal del que lo presta.

Constituye por sí atributo de honor y título suficiente para exigir tutela y asistencia del Estado.

26. El Estado reconoce, en la Empresa una comunidad de aportaciones de la técnica, la mano de obra y

el capital en sus diversas formas, y proclama, por consecuencia, el derecho de estos elementos a participar

en los beneficios.

El Estado cuidará de que las relaciones entre ellos se mantengan dentro de la más estricta equidad y en

una jerarquía que subordina los valores económicos a los de categoría humana, al interés de la Nación y a

las exigencias del bien común.

27. Todos tos trabajadores serán amparados por el Estado en su derecho a una retribución justa y

suficiente, cuando menos, para proporcionar a ellos y a sus familias bienestar que les permita vida moral

y digna.

28. El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce

el derecho a la asistencia en tos casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo,

invalidez, paro forzoso y demás riesgos que puedan ser objeto de seguro social.

29. El Estado mantendrá instituciones de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la Iglesia,

las Corporaciones y tos particulares.

30. La propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares

o sociales, es reconocida y amparada por el Estado.

Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien común.

La riqueza no podrá permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.

31. El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente

ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano.

32. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

(Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente

indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes.)

TITULO II

Del ejercicio y garantía de los derechos

33. El ejercicio de los derechos que se reconocen en este "Fuero" no podrá atentar a la unidad espiritual

nacional y social de España.

34. Las Cortes votarán las leyes necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos en este Fuero.

35. La vigencia de los artículos 12, 13. 14, 15, 16 y 18 podrá ser temporalmente suspendida por el

Gobierno, total o parcialmente, mediante Decreto-Ley, que taxativamente determine el alcance y duración

de la medida.

36. Toda violación que se cometiere contra cualquiera de los derechos proclamados ea este Fuero,

será sancionada por las leyes, las cuales determinarán las acciones que para su defensa y garantía

podrán ser utilizadas ante las jurisdicciones en cada caso competentes.

Dada en El Pardo a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.— Francisco FRANCO

BAHAMONDE.

FUERO DEL TRABAJO

Ley de 26 de julio de 1947

Renovando la tradición católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación

del Imperio, el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y

sindicalista en cuanto representa una, reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista,

emprende la tarea de realizar—con aire militar, constructivo y gravemente religioso—la Revolución que

España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y

la Justicia.

Para conseguirlo—atendiendo, por otra parte, a cumplir las consignas de Unidad. Libertad y Grandeza de

España —acude al plano de lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo español,

subordinando la economía a su política.

Y partiendo de una concepción de España como unidad de destino, manifiesta, mediante presentes

declaraciones, su designio de que también la producción española en la hermandad de todos sus

elementos sea una unidad que sirva a la fortaleza de la Patria y sostenga los instrumentos de su Poder.

El Estado español recién establecido formula fielmente con estas declaraciones que inspiraran su política

social y económico en el deseo y la exigencia de cuantos combaten en las rindieras y forman, por el

honor, el valor y el trabajo, la más adelantada aristocracia de esta era nacional.

Ante los españoles, irrevocablemente unidos en el sacrificio y en la esperanza, declaramos:

I

1. El trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio

voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación en orden

al decoro y holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional.

2. Por ser esencialmente personal y humano, el trabajo no puede reducirse a un concepto material de

mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste.

5. El derecho de trabajar es consecuencia del deber impuesto al hombre por Dios, para el cumplimiento de

sus fines individuales y la prosperidad y grandeza de la Patria.

4. El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre y, en tal sentido,

lo protegerá con la fuerza de la Ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndole compatible

con el cumplimiento de los demás fines individuales, familiares y sociales,

5. El trabajo, como deber social, será exigido inexcusablemente, en cualquiera de sus formas, a todos

los españoles no impedidos, estimándolo tributo obligado al patrimonio nacional.

6. El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, y es titulo suficiente

para exigir la asistencia y tutela del Estado.

7. Servicio es el trabajo que se presta con heroísmo, desinterés o abnegación, con ánimo de contribuir al

bien superior que España representa.

8. Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial

del Estado.

II

1. El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y

su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al

trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo

nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de

la fábrica.

2. El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo.

3. Sin perdida de la retribución, y teniendo en cuenta las necesidades técnicas de las empresas, las leyes

obligarán a que sean respetadas las festividades religiosas que las tradiciones imponen, las civiles

declaradas como tales y la asistencia a las ceremonias que las jerarquías nacionales del Movimiento

ordenen.

4. Declarada fiesta nacional el 18 de julio, iniciación del Glorioso Alzamiento, será considerado,

además, como Fiesta de Exaltación del Trabajo.

5. Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un

merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta

disposición.

6. Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los

trabajadores tengan éstos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegria, la milicia, la salud

y el deporte.

III

1. La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia

una vida moral y digna.

2. Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados.

3. Gradual e inflexiblemente, se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo

permita el superior interés de la nación.

4. El Estado fijará bases para la regulación del trabajo, con sujeción a las cuales se establecerán

las relaciones entre los trabajadores y las Empresas. El contenido primordial de dichas relaciones

será, tanto la prestación del trabajo y su remuneración, como el recíproco deber de lealtad, la asistencia y

protección en los empresarios y la fidelidad subordinación en el personal.

5. A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden

en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador.

6. El Estado velará por la seguridad y continuidad en el trabajo.

7. La Empresa habrá de informar a su personal de la marcha de la producción en la medida necesaria

para fortalecer su sentido de responsabilidad en la misma, en tos términos que establezcan las leyes.

IV

1. El artesanado—herencia viva de un glorioso pasado gremial—será fomentado y eficazmente protegido

por ser proyección completa de la persona humana en su trabajo y suponer una forma de producción

igualmente apartada de la concentración capitalista y del gregarismo marxista.

V

1. Las normas de trabajo en la empresa agrícola se ajustarán a sus especiales características y a las

variaciones estacionales impuestas por la Naturaleza.

2. El Estado cuidará especialmente la educación técnica del productor agrícola, capacitándole para

realizar todos los trabajos exigidos por cada unidad de explotación.

3. Se disciplinaran y revalorizarán los precios de los principales productos, a fin de asegurar un

beneficio mínimo en condiciones normales al empresario agrícola y, en consecuencia, exigirle para los

trabajadores jornales que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

4. Se tenderá a dotar a cada familia campesina de una pequeña parcela, el huerto familiar, que

le sirva para atender a sus necesidades elementales y ocupar su actividad en los días de paro.

5. Se conseguirá el embellecimiento de la vida rural, perfeccionando la vivienda campesina y

mejorando las condiciones higiénicas de los pueblos y caseríos de España.

6. El Estado asegurará a los arrendatarios la estabilidad en el cultivo de la tierra por medio de contratos

a largo plazo, que les garanticen contra el desahucio injustificado y les aseguren la amortización de las

mejoras que hubieren realizado en el predio. Es aspiración del Estado arbitrar los medios conducentes

para que la tierra, en condiciones justas, pase a ser de quienes directamente la explotan.

VI

l. El Estado atenderá con máxima solicitud a los trabajadores del mar, dotándoles de las instituciones

adecuadas para impedir la depreciación de la mercancía y facilitarles el acceso a la propiedad de los

elementos necesarios para el desempeño de su profesión.

VII

1. Se creará una nueva Magistratura del Trabajo, con sujeción al principio de que esta función de justicia

corresponde al Estado.

VIII

1. El capital es un instrumento de la producción.

2. La Empresa, como unidad productora, ordenará los elementos que la integran en una jerarquía que

subordine los de orden instrumental a los de categoría humana y todos ellos al bien común.

3. El Jefe de la Empresa asumirá por sí la dirección de la misma, siendo responsable de ella ante el

Estado.

4. El beneficio de la Empresa, atendido un justo interés del capital, se aplicará con preferencia a la

formación de las reservas necesarias para su estabilidad, al perfeccionamiento de la producción y al

mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores.

IX

1. El crédito se ordenará en forma que, además de atender a su cometido de desarrollar la riqueza

nacional, contribuya a crear y sostener el pequeño patrimonio agrícola, pesquero, industrial y

comercial.

2. La honorabilidad y la confianza, basadas en la competencia y en el trabajo, constituirán garantías

efectivas para la concesión de créditos.

El Estado perseguirá implacablemente todas las formas de usura.

X

1. La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio,

2. Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo,

enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro

total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente.

XI

1. La producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria. Es deber de todo

español defenderla, mejorarla e incrementarla. Todos los factores que en la producción intervienen

quedan subordinados al supremo interés de la Nación.

2. Los actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o

atenten contra ella, serán considerados como delitos de tesa patria.

3. La disminución dolosa del rendimiento en el trabajo habrá de ser objeto de sanción adecuada.

4. En general, el Estado no será empresario sino cuando falte la iniciativa privada o lo exijan los

intereses superiores de la Nación.

5. El Estado, por sí o a través de sus Sindicatos, impedirá toda competencia desleal en el campo de la

producción, así como aquellas actividades que dificulten el normal establecimiento o desarrollo de la

economía nacional, estimulando, en cambio, cuantas iniciativas tiendan a su perfeccionamiento.

6. El Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida económica de la Nación.

XII

1. El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las

funciones individuales, familiares y sociales. Todas las formas de propiedad quedan subordinadas al

interés supremo de la Nación, cuyo intérprete es el Estado.

2. El Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de

propiedad ligadas vitalmente a la persona humana: el hogar familiar, la heredad de tierra y los

instrumentos o bienes de trabajo para uso cotidiano.

3. Reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo

como institución moral dotada de derecho inalienable y superior a toda ley positiva. Para mayor garantía

de su conservación y continuidad, se reconocerá el patrimonio familiar inembargable.

XIII

1. La Organización Nacionalsindicalista del Estado se inspirará en los principios de unidad. Totalidad y

Jerarquía.

2. Todos los factores de la economía serán encuadrados por ramas de la producción o servicios en

Sindicatos verticales. Las profesiones liberales y técnicas se organizarán de modo similar, conforme

determinen las leyes.

3. El Sindicato vertical es una Corporación de derecho público que se constituye por la integración en un

organismo unitario de todos los elementos que consagran sus actividades al cumplimiento del proceso

económico, dentro de un determinado servicio o rama de la producción, ordenado jerárquicamente bajo la

dirección del Estado.

4. Las Jerarquías del Sindicato recaerán necesariamente en militantes de F. E. T. y de las J. O. N. S.

5. El Sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará principalmente

su política económica. Al Sindicato corresponde conocer los problemas de la producción y proponer sus

soluciones, subordinándolas a1 interés nacional. El Sindicato vertical podrá intervenir por intermedio de

órganos especializados en la reglamentación, vigilancia y cumplimiento de las condiciones de trabajo.

6. El Sindicato vertical podrá iniciar, mantener o fiscalizar organismos de investigación, educación

moral, física y profesional, previsión, auxilio y las de carácter social que interesen a los elementos de la

producción.

7. Establecerá oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador, de acuerdo con su aptitud

y mérito.

8. Corresponde a los Sindicatos suministrar al Estado los datos precisos para elaborar las estadísticas de

su producción.

9. La Ley de Sindicación determinará la forma de incorporar a la nueva organización las actuales

asociaciones económicas y profesionales.

XIV

1. El Estado dictará las oportunas medidas de protección del trabajo nacional en nuestro territorio, y

mediante Tratados de trabajos con otras Potencias cuidará de amparar la situación profesional de los

trabajadores españoles residentes en el extranjero.

XV

1. En la fecha en que esta Carta se promulga. España está empeñada en una heroica tarea militar, en la

que salva los valores del espíritu y la cultura del mundo a costa de perder buena parte de sus riquezas

materiales.

A la generosidad de la juventud que combate y a la de España misma, ha de responder abnegadamente la

producción nacional con todos sus elementos.

Por ello en esta Carta de derechos y deberes, dejamos aquí consignados como más urgentes e ineludibles

los de que aquellos elementos productores contribuyan con equitativa y resuelta aportación a rehacer el

suelo español y las bases de su poderío.

XVI

1. El Estado se compromete a incorporar la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de

mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes.

LEYES FUNDAMENTALES

3. Para ser Procurador en Cortes se requiere:

1. Ser español y mayor de edad.

2. Estar en el pleno uso de tos derechos civiles y no sufrir inhabilitación política.

4. Los Procuradores en Cortes acreditarán ante el Presidente de las mismas la elección, designación o

cargo que les dé derecho a tal investidura. El Presidente de las Cortes les tomará juramento, dará

posesión y expedirá los títulos correspondientes.

5. Los Procuradores en Cortes no podrán ser detenidos sin previa autorización de su Presidente, salvo el

caso de flagrante delito. La detención, en este caso, será comunicada al Presidente de las Cortes.

6. Los Procuradores en Cortes que lo fuesen por razón del cargo que desempeñan perderán aquella

condición al cesar en éste. Los designados por el Jefe del Estado la perderán por revocación del mismo.

Los demás Procuradores lo serán por tres años, tiendo susceptible de reelección; pero si durante estos tres

años, un representante de Diputación. Municipio o Corporación cesase como elemento constitutivo de los

mismos, cesará también en tu cargo de Procurador (3).

7. El Presidente, los dos Vicepresidentes y los cuatro Secretarios de las Cortes te nombraran por Decreto

del Jefe del Estado.

8. Las Cortes funcionarán en pleno y por Comisiones, Las Comisiones las fija y nombra el Presidente de

las Cortes, de acuerdo con el Gobierno. Igualmente fija, de acuerdo con él, el orden del día, tanto del

Pleno como de las Comisiones.

9. Las Cortes se reúnen en Pleno para el examen de las Leyes que requieran esta, competencia y además,

siempre que sean convocadas por el Presidente, de acuerdo con el Gobierno.

10. Las Cortes conocerán, en Pleno, de los actos o Leyes que tengan por objeto alguna de las materias

siguientes:

a) Los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Estado.

b) Las grandes operaciones de carácter económico y financiero.

c) El establecimiento o reforma del régimen tributario.

d) La ordenación bancaria y monetaria.

e) La intervención económica de los Sindicatos y cuantas medidas legislativas afecten, en grado

trascendental, a la Economía de la Nación.

f) Leyes básicas de regulación de la adquisición y pérdida de la nacionalidad española y dé los deberes y

derechos de los españoles.

g) La ordenación político-jurídica. de las instituciones del Estado.

Las bajel del régimen local,

h) Las bases del Derecho Civil, Mercantil, Social, Penal y Procesal.

j) Las bases de la organización judicial y de la Administración pública.

k) Las bases para la ordenación agraria, mercantil e industrial.

1) Los planes nacionales de enseñanza.

m) Las demás Leyes que el Gobierno, por si o a propuesta de la Comisión correspondiente, decida

someter al Pleno de las Cortes.

Igualmente el Gobierno podrá someter al Pleno materias o acuerdos que no tengan carácter de Lev.

11. Los provectos de Ley que hayan de someterse al Pleno pasarán previamente a informe y propuesta

de las Comisiones correspondientes.

12. Son de la competencia de las Comisiones de las Cortes todas las demás disposiciones que no estén

comprendidas en el artículo 10 y que deban revestir forma de Ley, bien porque así se establezca en alguna

posterior a la presente, o bien porque se dictamine en dicho sentido por una Comisión compuesta por el

Presidente de las Cortes, un Ministro designado por el Gobierno, un miembro de la Junta Política, un

Procurador en Cortes con título de Letrado, el Presidente del Consejo de Estado y el del Tribunal

Supremo de Justicia. Esa Comisión emitirá dictamen a requerimiento del Gobierno, por propia iniciativa

de éste o a petición del Presidente de las Cortes.

13. En caso de guerra, o por razones de urgencia,, el Gobierno podrá regular, mediante Decreto-ley, las

materias enunciadas en los artículos 10 y 12. Acto continuo de la promulgación del Decreto-ley. se dará

cuenta del mismo a las Cortes (4).

14. Las Cortes en Pleno o en Comisión, según los casos, serán oídas para la ratificación de aquellos

Tratados que afecten a materias cuya regulación sea de su competencia, coforme a los artículos anteriores.

15. Además del examen y elevación del proyecto de Ley del Gobierno, las Comisiones legislativas

podrán someter proposiciones de Ley al Presidente de las Cortes, a quien corresponde, de acuerdo

con el Gobierno, su inclusión en el orden del día.

Las Comisiones legislativas podrán recibir del Presidente de las Cortes otros cometidos, tales como

realizar estudios, practicar informaciones, formular peticiones o propuestas. Podrán constituirse, para

estos fines, en Comisiones especiales distintas de las legislativas.

16. El Presidente de las Cortes remitirá el proyecto de Ley, elaborado por las mismas, al Gobierno, para

ser sometido a la aprobación del Jefe del Estado.

17. El Jefe del Estado podrá devolver las leyes a las Cortes para su nuevo estudio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1.º Las Cortes, de acuerdo con el Gobierno, redactarán su reglamento.

2.º Las convocatorias para la elección de los miembros que requieran este procedimiento se harán en la

primera quincena de octubre.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y

dos.—Francisco FRANCO BAHAMONDE

 

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