Autor: Gómez Alfaro, Antonio. 
   Cuando las Cortes condenaron a muerte a los gitanos     
 
 Pueblo.    24/06/1977.  Página: 10-11. Páginas: 2. Párrafos: 17. 

CUANDO LAS CORTES CONDENARON A MUERTE A LOS GITANOS.

Don Luis de Acevedo, don Francisco de Rocamora, Diego Ruiz Navarrete, don

Francisco Vela,

licenciado Rodríguez de Morales, Francisco Pérez, Alonso de Ulloa, don Juan

Coello de Contreras, don

Jerónimo de Aguayo, Blasco Bermúdez, don Juan Ordóñez, don García de Porras, don

Juan Serrano,

Agustín Vaca...

SON nombres que nada dicen hoy a los españoles de 1977, pero que marcaron una

manera de hacer

política durante nuestro Siglo de Oro. Todos ellos eran procuradores en Cortes,

que, el e g i d o s por las

ciudades con derecho a voto, discutían en Madrid los más variados asuntos. Uno

de estos asuntos, y de

aquí el destacar los nombres de estas personas, fue el que todavía, al cabo del

tiempo, se sigue llamando

«problema gitano». Todos ellos, en una memorable sesión celebrada el 8 de

noviembre de 1610. votaron

un proyecto xle ley por el que se condenaba a muerte, sin más distingos ni

paliativos, a todo gitano que no

ajustara su vida a unas normas preestablecidas.

Bueno será recordar aquella ominosa historia ahora que, por vez primera, un

gitano se ha con vertido en

miembro de las Cortes. Los archivos del mismo palacio, en cuyo hemiciclo ocupará

un escaño Juan de

Dios Ramírez Heredia, se guardan los amarillos pápele» que permiten saber de las

discusiones de

aquellos procuradores del Siglo de Oro, que dieron luz verde al texto de una ley

que hoy hace estremecer

al espíritu menos sensible.

INTERÉS

Realmente, el interés de las Cortes hacia los gitanos venía AK mucho tiempo

atrás del proyecto de ley

que acabó siendo texto legal en 1619. Va casi un siglo antes, en 1525, las

Cortes celebradas en Toledo

habían pedido al rey que se hicieran cumplir las normas existentes para los

gitanos y que consistían

fundamentalmente en la expulsión de todos a q u e ll o s que no abandonaran la

vida nómada y tomaran

oficio o amo. Según todos los indicios, las autoridades encargadas de hacer

cumplir estas normas no eran

demasiado rigurosas, a criterio de los procuradores, y por ello insistían en que

se hicieran efectivas.

La misma petición de 1525 se plantearía en 1528, 1534, etcétera» sin que nada

fundamental pareciera

conseguirse.

Novedad importante en esta intervención parlamentaria sobre el tema de los

gitanos es la ocurrida en

1588. Los procuradores, ante la importancia que había adquirido el gitano dentro

del tráfico mercantil de

anímale» de tiro y labor, proponen al rey la invención de la «guía-». Para un

rey «papelista» y burocrático

como Felipe II de-!>ió resultar agradable aquella propuesta, que obligaba » los

gitanos el llevar

testimonio sobre la propiedad de los animales que ofrecían compraventa. Lo

único v lateralmente

grave para gitanos fue que la misma c posición establecía una presunción

de robo cuando

careciera del testimonio. Bastaba, pues, llevar un animo «indocumentado»,

para que los jueces

entendieran que procedía de hurto o roabriendo ni consiguiente proceso.

ACUSACIONES

El 19 de marzo de 1934, procuradores burgaleses de Jerónimo de Salamanca don

Martín de Porras

internen ante sus compañeros para lanzar una larga oración acusatoria contra los

gitanos Irreligiosos,

bárbaros, ladines, embusteros, vagos... | ra los dos procuradores ce venía

«mucho disipar y de hacer de

raíz este nombre gitanos y que no haya n moría» de ellos un el futuro Proponen

con toda naturalidad que

sean separados varones y hembras, llevándolos vivir a provincias lo más lejanas

posibles, esperando que

así acabarían casándose con labradores naturales del reino pues la separación

iría unida a la prohibición

de casar entre ellos. Por si no fuera b: tanta, piensan que se les > ben quitar

los hijos para ternarios en

centros donde aprendan la doctrina y, cumplidos diez años, los chicos aprendan

oficios y las chicas sean

puestos a servir. Piden los procuradores, como con ín, que «si otros remedios se

hallasen más eficaces, se

usa-se de ellos».

Dio la casualidad de que aquel día no hubiera «quorum» suficiente, y sólo se

decidió llamar a los demás

procura-dores para tratar mejor tan importante asunto. La nueva opinión se

celebra el 22 de marzo y de

ella sale el nombramiento de dos procurado-res, Juan Vaca de Herrera, de Toledo,

y Hernando Arias de

Saavedra, de Córdoba, para |que estudien el tema. La formación de comisiones

era. Ya entonces un medio

infalible para retrasar cualquier decisión, y por ello el asunto va a quedar

momentáneamente i!(i mudo.

Hasta que el 5 de abril de 1596, el procurador conquense Juan Suárez vuelve a

referirse a los gitanos,

solicitando la fijación de vecindades para ellos.

Así las cosas, y tras breves paréntesis con alguna otra alusión al tema, el 12

de abril de 1603.. las Cortes

eligen a los procuradores don Luis de Guzmán y don Gonzalo de Cáceres para que

estudien y redacten un

memorial sobre el problema; memorial que se elevará al rey para pedirle una

solución. Este memorial es

llevado al hemiciclo el 7 de julio del mismo año y en él se «suplica

humildemente a Su Majestad» que

decida la expulsión de los gitanos. Convencidos los procuradores, que bajo el

nombre de gitanos figuran

muchos que no lo son, pero imitan su modo nómada de vida, piensan que la orden

taxativa de expulsión

servirá para que el temor haga abandonar sus malas costumbres a esos «falsos

gitanos».

COMISIONES

Cuatro años después, el 12 de agosto de 1607, el procurador por Toro, Alonso de

Ulloa, ruega a sus

compañeros que vuelva a estudiarse el problema gitano, siendo comisionados para

redactar un informe

don Juan Coello de Contreras y don García de Porras. Prueba de que debieron

retrasarse en su encargo, es

que Alonso de Ulloa vuelve a la carga el 13 de febrero de 1609, consiguiendo,

finalmente, que las Cortes

le nombren a él mismo, junto a su compañero toledano Pedro de Vesga, para

realizar el informe.

Algo debieron hacer, pero no demasiado, por cuanto el 3 de noviembre de 1610 los

procuradores les

ruegan que sigan investigando con vistas a la redacción del anhelado informe.

Pocos días después, el 8 de noviembre, es finalmente presentado el informe y

estudiado por los

procuradores: como ya señalamos, por vez primera un texto legal incluye la pena

de muerte como única

solución efectiva para los gitanos, hasta el momento castigados a las más

habituales penas de entonces

:azotes, cárcel, galeras. ¿Qué había ocurrido para que los procuradores

adoptaran una postura llena de

dureza? Sin duda, no el comportamiento de las futuras víctimas de la ley, que

seguían actuando de la

misma forma que lo hacían a su llegada a España. Hemos de pensar que sobre la

decisión parlamentaria

pesó tan g e ncialmente la expulsión de los moriscos, que en aquellos momentos

vivía su momento

culminante. La «nacionalización» pasaba por la necesidad de eliminar a cuantos

elementos no quisieran

vivir «integrados» en la forma lineal que se entendía la integración: abandonar

las costumbres propias y

abrazar las ajenas.

«CONDICIÓN»

No obstante, aunque la petición sigue sus trámites normales, por entonces no

recibe el refrendo regio, que

habrá de esperar algunos años. La ocasión llega de la mano de las necesidades

fiscales de la Corona,

urgida por mil gastos inaplazables y con números «rojos» asustantes. Solicitado

el dinero por el rey a las

Cortes, que son las que deben aprobar el nuevo impuesto que la petición

significa, las Cortes encuentran

un medio fácil para conseguir una serie de leyes cuya aprobación venía

dilatándose. Bastaba con poner

esta aprobación como «condición» a la concesión del dinero, lo que se votó

respecto a la ley de los

gitanos el 13 de abril de 1617.

La votación fue mayoritaria, pese a que algunos procuradores expresaron

votos particulares: el

granadino don Juan Trillo-Figueroa solicitó que no se pusiera como

condición; el sevillano Pedro

Céspedes y el cordobés don Baltasar de Góngora, que las Cortes se

limitaran a suplicar al

Monarca; otro cordobés don Francisco de las Infantas, que se modificará el

proyecto de ley en el sentido

de que los, gitanos pudieran tratar, contratar y avecindarse en local

madrileño Juan Enríquez, que la

edades de mil vecinos; el m»-pena de muerte se sustituyera por galeras y azotes;

el vallisoletano

Francisco Vázquez, que se hiciera un censo de gitanos y se repartieran por

todo el país,

prohibiéndoles abandonar sus vecindarios bajo pena de azotes y galeras y, en

todo caso, que la

«condición» fuera simple «súplicas al rey: galeras y azotes era también

la pena que consideraba

apropiada el con que se Juan Carrasco; y, finalmente, el procurador Jusepe

Suárez, de Toro, creía

conveniente que se trajera a las Cortes cuanto se hubiera legislado y

dispuesto sobre los gitanos, pura

estudiar el tema.

Las cosas, sin embargo, no estaban por este retraso que hubiera significado la

petición de Suárez, ni

estaban por la línea blanda o suplicante de «tros procuradores. Así, pues, la

mayoría democrática impuso

la decisión final, y la petición sobre los gitanos, que iba a acarrear para

éstos la pena de muerte, fue

presentada, al rey como «condición» sin la cual no se aprobaría la concesión del

dinero. Posiblemente, los

procuradores no se hubieran atrevido a una cosa así de tratarse del César Carlos

o de Felipe H; pero el

trono lo ocupaba entonces Felipe III, que se hallaba en Portugal cuando le

llevaron la lista de condiciones.

Fue firmando una por una, sin que nadie sepa las preocupaciones que pudiera

sentir en aquellos

momentos. En Belem, el año 1619, los procuradores vieron por fin cumplidos los

proyectos sobre los que

habían gastado tanta y tanta retórica parlamentaria. Los pap el e s que se

conservan sobre las actividades

de nuestras Cortes a partir de 1619, no vuelven a referirse más a los gitanos.

A. GÓMEZ ALFARO

 

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