Respondiendo a las necesidades de los últimos tiempos. 
 El Gobierno adopta nuevas medidas de protección ciudadana     
 
 El Alcázar.    02/02/1979.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

NACIONAL:

EL ALCÁZAR

El Gobierno adopta nuevas medidas de protección ciudadana

El Ministerio del Interior ha hecho pública una nota en la que explica las razones que han hecho necesario

el Real Decreto-Ley sobre competencia y procedimientos penales y protección de la seguridad ciudadana

que fue aprobado en el último Consejo de Ministros y que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.

Este Real Decreto-Ley consta de doce artículos y tres disposiciones. Su contenido es muy vario y sus

disposiciones sólo tienen de común la protección de la seguridad ciudadana con medidas de carácter

penal, procesal y gubernativo. Responde a necesidades que se han hecho patentes en los últimos tiempos

y que no admiten espera.

El Decreto-Ley se justifica en su preámbulo por la necesidad de adoptar medidas de protección ciudadana

y seguridad en establecimientos comerciales mientras se desarrollen los preceptos oportunos de la

Constitución, de los nuevos textos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha

disposición fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 26 y sus puntos más importantes son

los siguientes:

La apología pública, oral o escrita o por medio de la imprenta u otro procedimiento de difusión, relativos

a los delitos cometidos por personas integradas en grupos organizados y armados y sus conexos, será

castigada con la pena de prisión menor.

El que recabe o facilite cualquier modo de información o realice cualesquiera otros actos de colaboración

que favorezcan la comisión de delitos por miembros de bandas armadas y organizadas y sus conexos, será

también castigado con la pena de prisión menor, salvo cuando correspondiere la imposición de pena más

grave por aplicación de cualquier otra norma penal.

Las normas de procedimiento de urgencia establecidas en el título III del libro IV de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal serán de aplicación al enjuiciamiento de los siguientes delitos: los cometidos por

personas o personas integradas en bandas organizadas y grupos armados o conexos; a los delitos de

apología de los hechos antes citados; a los que se apoderen de cosas ajenas con violencia o intimidación

en las personas o empleando fuerza en las cosas; a los que utilizaren un vehículo de motor, empleando la

fuerza; a los comprendidos en los dos últimos párrafos del artículo 496 y 496 bis del Código Penal y 481

bis.

A los juzgados centrales y a la audiencia nacional le corresponderá la competencia para el conocimiento,

instrucción y fallo de las causas seguidas por los delitos antes citados.

Losjueces de instrucción o centrales a cuya disposición fuere puesto una persona detenida como presunto

autor, cómplice o encubridor de cualquier delito, recabarán inmediatamente por vía telegráfica del

registro central de penados y rebeldes información de antecedentes penales de la misma y si se halla

declarada rebelde por algún juzgado o tribunal. El juez de instrucción o central, atendidas las

circunstancias del caso y los antecedentes del inculpado, podrá decretar la prisión provisional

incondicional, aunque el delito tenga señalada pena inferior a la de presidio o prisión mayores.

Contra los autos o providencias que dicten los jueces de instrucción o centrales en las causas seguidas por

los delitos citados no procederá recurso alguno, salvo el de apelación, directamente y en un sólo efecto,

en los casos específicamente previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y contra las resoluciones que

acordarán la libertad condicional, que deben ser interpuesto en el plazo de 24 horas. No se llevará a cabo

la excarcelación de los presos o detenidos cuya libertad se hubiese acordado, en tanto la resolución no sea

firme, cuando el recurrente sea el Ministerio Fiscal y se trate de delitos de bandas armadas.

El Estado indemnizará a las personas que resulten perjudicadas con ocasión de estos actos delictivos ya

citados. Todas las personas que vendan o arrienden locales de cualquier clase estarán obligados a facilitar

a los servicios de seguridad ciudadana los datos de in-dentificación de los contratantes.

Se considerarán actos que alteran la seguridad pública el incumplimiento de las normas de seguridad

impuestas a las empresas para prevenir actos delictivos. Las Fuerzas de Seguridad que vigilen el exterior

de los establecimientos penitenciarios podrán acceder al interior e intervenir con los medios adecuados

cuando se produzcan desórdenes graves.

Los Bancos, Cajas de Ahorros y demás entidades de crédito sólo vendrán obligados a pagar en efectivo

los talones o cheques a su cargo hasta el límite de quinientas mil pesetas. Las cantidades que excedan de

ese volumen podrán pagarse mediante talón, cheque, abono en cuenta corriente u otra modalidad que no

suponga movilización de efectivo.

Queda derogado en su integridad el Decreto-Ley 10/1975, de 26 de agosto.

Respondiendo a las necesidades de los últimos tiempos

 

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