Autor: Paris Eguilaz, Higinio. 
   El escándalo de la Hacienda Autónoma catalana     
 
 El Alcázar.    07/08/1979.  Página: 2. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

EL ESCÁNDALO DE LA HACIENDA AUTÓNOMA CATALANA

No nos ha extrañado, pues lo esperábamos desde que se aprobó la Constitución y quedó la vía

libre para la tramitación de los Estatutos de Autonomía.

Tantas idas y venidas de personalidades y parlamentarios catalanes, tantas reuniones secretas

en la Moncloa para llegar a consensos, que aprobaría después la ponencia y luego la Comisión

Mixta, privando a los españoles de su derecho a enterarse de las discusiones del Estatuto en

las Cortes y de las razones invocadas por unos y otros, para poder formular en la Prensa los

oportunos comentarios, contribuyendo asía que los Estatutos sean, en su parte económica,

justos en su contenido y mantenidos dentro de las normas constitucionales, para descubrir af

fin que los defensores del Estatuto en lo que se refiere a la Hacienda autonómica, lo que

intentan es pagar al Estado menos impuestos que lo que en justicia y en derecho les

corresponde, lo que de conseguirlo tendría consecuencias graves, gravísimas, no sólo para la

autonomía de Cataluña, sino para las demás regiones y para la Nación española.

Para que el lector se entere, en forma clara y resumida, de la propuesta de los parlamentarios

catalanes que negocian el Estatuto en materia de Hacienda, su posición es la siguiente, según

ha informado la Prensa.

Cataluña pagará al Estado un porcentaje de impuestos al total de los mismos para toda la

Nación, equivalente al porcentaje de su población en relación con el total de la población

española.

El 31 de diciembre de 1 977, según el Anuario Estadístico, (INE año 1 979) páginas 503 y 504,

la población total de España era de 37.742.824 habitantes y la de las cuatro provincias

catalanas de 5 980.1 70 habitantes, lo que representa un porcentaje de población catalana al

total de España del 1 5,8 por ciento, y ése es el porcentaje de impuestos que pretenden pagar,

posición que debe ser rechazada de plano, porque los impuestos se pagan en función de la

renta y es bien conocido que la renta de Cataluña, por su desarrollo industrial, es más alta que

la que se deduce de su población.

¿Y cuál es el porcentaje de la renta de la región catalana al total de la de España? Este dato

figura en la publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística que se refiere al año´1976,

titulada «La renta nacional en 1 976 y su distribución». Página 125 Madrid -1977, y el

porcentaje de la renta regional de Cataluña en relación a la total de España es del 19 por

ciento. Por consiguiente con arreglo a ese criterio que es el criterio equitativo, Cataluña debe

pagar un 3,2 por ciento más, que si se sigue el injusto criterio de la población.

Ello significa que en el año actual, con la propuesta catalana, Cataluña pagaría al Estado

cincuenta y seis mil millones de pesetas menos que siguiendo el criterio de equidad y la cifra

sería mucho mayor en el año próximo y siguientes.

Este no es un problema en el que se deban admitir criterios políticos y, por tanto, ser resueltos

por negociaciones, porque cuando al menos en teoría, se vive en un Estado constitucional, de

Derecho, cuyas normas obligan a los gobernantes, cada persona y cada región debe pagar lo

que le corresponda y sería una dictadura atroz en materia de impuestos, que las regiones más

ricas paguen proporcionalmente menos que las demás, pues representaría volver al sistema de

capitación, propio de los Estados absolutos déla Edad Antigua y déla Edad Media.

Del cómputo de impuestos indicado, deben ser excluidos en la parte correspondiente, los

impuestos por Aduanas, porque puertos y fronteras son simples puntos de entrada de

mercancías, destinadas en su mayor parte a otras provincias.

Citamos a continuación los artículos constitucionales que se infringen con la propuesta de los

parlamentarios catalanes que, si se aprobasen, escandalizarían a todos los españoles no

catalanes.

Artículo 40.Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución

de la renta regional y personal más equitativa.

Artículo 138-1. El Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad

consagrado en el artículo 2 de la Constitución, vetando por el establecimiento de un equilibrio

económico adecuado y justo, dentro de las distintas partes del territorio español.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes comunidades autónomas no podrán

implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 156. 1. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera, para el

desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la

Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

Los artículos constitucionales citados demuestran con toda evidencia, que la propuesta de

participación de la Hacienda autonómica catalana en el total de impuestos del Estado, en

función de la población y no de la Renta, es abiertamente anticonstitucional, pues no se puede

negar lo que es evidente y constituye uña explotación descarada de las demás regiones,

muchas de ellas las más necesitadas, y se puede tener la seguridad de que no van a tolerar

resignadamente los privilegios de una región, que significan una expoliación para las demás y

las Cortes antes de aprobar tal propuesta, si llegase a pasar por la Ponencia y la Comisión,

debe saber que las consecuencias de una injusticia tan grave serán muy trascendentales, y

como españoles tenemos la obligación de hacer todo lo posible para evitar que se consume.

Higinio PARÍS EGUILAZ

 

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