Autor: Piñar López, Blas. 
 La Polémica ¿República presidencialista?. Palabras, ideas, realidades (IV). 
 La Reforma Política     
 
 El Imparcial.    30/09/1979.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 26. 

Palabras, ideas, realidades (IV)

LA REFORMA POLÍTICA

PARA darnos cuenta de la distancia casi abismal que existe entre la Monarquía perfilada e identificada

con los apellidos de tradicional, católica, social y representativa y el régimen actual, no hay otro remedio

que detenerse en la reforma política, amparada y respaldada por los sectores franquistas a que alude el

señor Ruiz Gallardón y que él conoce perfectamente por haber compartido y seguir compartiendo con

ellos la postura reformista.

Conviene a este respecto señalar que la Constitución del 18 de julio —y hablo así para fijar un punto de

referencia— no fue nunca una Constitución de las llamadas pétreas. Si algo caracterizó a la misma, y así

lo reconocen autoridades en Derecho político, fue su sano y pragmático oportunismo. A tal fin, y con la

carga de prudencia que fue una de las grandes virtudes de Franco, se distinguía entre la ley de Principios

y las Leyes Fundamentales.

Aquéllos, al dar expresión sintética a los valores nacionales y a la filosofía del régimen, se declaraban

«por su propia naturaleza, permanentes e inalterables», por lo que se sancionaban con pena de nulidad las

leyes y disposiciones de cualquier clase que los vulneraran o menoscabasen.

LAS Leyes Fundamentales, por el contrario, podían ser modificadas y aun derogadas por acuerdo de las

Cortes y referéndum de la nación (artículos 1 y 3 de la ley de 17-5-1958, y artículo 10 de la ley de 26-6-

1947, modificada por la ley Orgánica del Estado de 10-1-1967). A partir de los Principios, respetándolos

y desarrollándolos, la reforma era lícita, posible y hasta quizá necesaria. Salvado lo esencial por los

Principios, quedaba un amplio margen de libertad para la reforma de las Leyes Fundamentales.

La Constitución del 18 de julio no encorsetaba, como lo había demostrado su propia evolución, pero sí

tenía un cimiento sólido; no se había construido sobre arena movediza, sino sobre una roca firme, que

luego, como vamos a ver, se desechó, dinamitándola.

Al defender ante el Pleno de las Cortes mi enmienda a la totalidad del proyecto de ley para la Reforma

Política argüí, frente al criterio de la ponencia, integrada por personalidades muy destacadas del

franquismo, con la emoción que el momento trascendental requería, de la siguiente forma: «El que las

Leyes Fundamentales se puedan modificar y derogar, y no los Principios, responde a la distinta naturaleza

de aquéllas y de éstos. Los Principios y la ley que los recoge son algo así como lo subyacente a la

Constitución, o lo que los juristas alemanes llaman constitución de la Constitución, es decir, la filolosfía

política de un sistema determinado, la expresión viva de las valencias que definen e identifican a una

comunidad concreta, y en este caso a España, la base de lo permanente, que decía José Antonio y que no

puede ponerse en peligro.»

UN ilustre soldado, Mateo Prada, cuando estaba a debate el tema de la reforma política, dijo, saludando

oficialmente al Rey: «En la vida de las naciones hay unos principios consustanciales. Cuando se

olvidan o simplemente se vulneran, la vida de la nación se desarrolla en un estado de inquietud, y al final

surgen el caos, la destrucción y la miseria.» Creo que las palabras del teniente general Mateo Prada, de 9

de junio de 1976, se han hecho sangrienta y dolorosa realidad. Si a partir, pues, de los Principios toda

perfección era posible, cara al futuro, toda vulneración de los mismos tenia que devenir un error

incalculable y un regreso al pasado. Este criterio servía para calificar debidamente a la reforma,

proyectada entonces, de auténtica ruptura. No se trataba de una reforma de la legalidad, sino de un golpe

de Estado desde el poder. La legalidad no se reformaba, sino que se destruía desde una apariencia de

legalidad. La reforma no pretendía perfeccionar el sistema, sino deteriorarlo, desmontarlo y sustituirlo,

buscando su apoyo para ello en unos principios o filosofía diferentes.

La palabra reforma —de nuevo la engañosa equivocidad o multivalencia de los vocablos— se había

convertido en un estuche que podía guardar ideas distintas y hasta contrarias. También entonces y

tratando, aunque inútilmente, de proyectar un poco de luz en la confusión reinante, dije en el Pleno de las

Cortes: HAY una reforma para conformar y otra para deformar; hay una reforma para rematar una

Constitución y otra para cambiarla; hay una reforma para depurar de incrustaciones y perfeccionar la obra

realizada y hay una reforma que aspira a sustituir un régimen por otro régimen distinto; hay una reforma

para hacer coincidir la empresa con los planes ideales del comienzo y una reforma para destruir lo

edificado, y sobre el solar, si algo queda del mismo, levantar un edificio diferente; hay una reforma que

pretende adaptar mejor las leyes fundamentales, el ordenamiento jurídico de rango inferior y hasta los

hábitos sociales a los Principios que configuran el alma nacional, y hay una reforma que lleva consigo el

desconocimiento fáctico y la denegación subsiguiente de tales Principios; hay una reforma, corolario de la

dinámica interna de una comunidad política fiel a sí misma, que aspira a la perfección, equivalente a lo

que para la comunidad espiritual supone el «Ecclesia semper reformanda» y una reforma que implica un

comportamiento negativo, una conversión al revés, una apostasía; hay, en suma, una reforma, como la

carmelitana de Teresa y Juan de la Cruz, o la franciscana de Pedro de Alcántara, que nacen del propósito

de acabar con la relajación y de volver a la regla fundacional y hay una reforma, como la de Lutero o la

de Calvino, que acabaron saliendo de la Iglesia para fundar otra Iglesia distinta.»

La postura que entonces defendimos podía resumirse asi: si el proyecto de ley para la Reforma Política

viola los Principios no puede admitirse porque es anticonstitucional y, si se admite a pesar de ello, se

cambia de Estado. Y eso fue, efectivamente, un cambio de Estado, una ruptura de la legalidad lo que

supuso la aprobación, y luego la sanción y promulgación, el 4 de enero de 1977, de la llamada Reforma

Política, que alteró sustantivamente los cauces de la representación política e, inspirándose en el

liberalismo, proclamó soberana la voluntad del pueblo.

CREO que se recordará todavía a quienes apoyaron resuelta y machaconamente dicha

reforma, no sólo en el Consejo Nacional y en las Cortes, sino también en la campaña que desató el

referéndum. También creo que se recordará nuestra postura adversa. En los tres minutos que me fueron

concedidos para comparecer en las pantallas de televisión a fin de exponer las razones que justificaban

nuestra actitud, dije, entre otras cosas: «Votaremos no: porque la ley de Reforma Política modifica no la

Constitución, sino presupuestos esenciales de la misma.»

«Votaremos no: porque, aplicado el principio VIII al procedimiento derogatorio de las Leyes

Fundamentales, mañana podrá someterse a referéndum el principio VII y, por consiguiente, la alternativa

Monarquía o República; el principio IV y, por consiguiente, la unidad de España, o el principio V y, por

consiguiente, el divorcio.»

«Votaremos no: porque la ley ha de ser expresión clara de "categorías permanentes de razón", y no tan

sólo de arbitrarias "decisiones de voluntad", como dijo José Antonio sintetizando la filosofía cristiana y el

pensamiento tradicionalista.»

«Votaremos no: porque no queremos la sustitución del Estado nacional, en el que España ha vivido en

paz y progreso creciente, por el Estado liberal, origen de todas nuestras desgracias y antesala del

comunismo.»

«Votaremos no: porque deseamos no destruir, sino continuar y perfeccionar la obra de Franco.»

«Votaremos no: porque recordamos y mantenemos sin fisuras los ideales de la cruzada y no queremos

hacer estéril y pisotear la sangre vertida en su defensa por centenares de miles de españoles en el combate

o en el martirio.»

«Votaremos no: porque nos repugna que se entregue a los partidos políticos la tarea de elaborar las leyes

y se le confisque a las estructuras básicas de !a comunidad y, especialmente, a los sindicatos.»

EL no a la reforma política fue escaso. Pero, desgraciadamente, esa minoría adversa acertó. Las

realidades subsiguientes son demasiado visibles y afectan, incluso, y no sólo por razones de hecho, sino

doctrinales, a la propia Monarquía. Quienes votaron esa reforma, confundidos, sin duda, por el aval que la

prestaron «muchísimos franquistas... con intachable hoja de servicios al régimen anterior», no votaron «la

forma de Estado que quiso Franco», como dice el señor Ruiz Gallardón, porque sustituyeron y cambiaron

la Monarquía católica, tradicional, social y representativa por un liberalismo coronado.

La Monarquía buscó, sin duda, una legitimidad distinta de la histórica, es decir, de la consagrada en los

Principios «permanentes e inderogables». Al hacerlo no quiso situarse, como esos Principios establecían,

«al margen y por encima de la discusión política de los hombres», y deseó y quiso someterse a la

voluntad soberana y creadora del pueblo. Después ,de la reforma vino la Constitución, elaborada por una

asamblea no elegida como constituyente. El «cambio» total se produjo. Del Estado nacional, hoy

transformado en liberal, no queda nada, ya que su ordenamiento jurídico básico y su filosofía política

fueron derogados por la nueva Constitución.

ME parece que no me equivoco al decir que el pueblo español se halla obnubilado, sin comprender lo

sucedido. Si este debate sirve para que muchos españoles de buena fe entiendan, no sólo lo que ha pasado,

sino cómo y por qué ha pasado, me daré por satisfecho.

Pero en todo caso, conviene señalar que esta solución política sin soluciones reales parecía imposible ante

la reiteración pública, solemne y anticipada de la legitimidad histórica y ante la opinión cualificada de

muchos monárquicos.

Pero de ambas cuestiones procuraré ocuparme mañana.

 

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