Autor: Medina Cruz, Ismael. 
   Estado de Derecho y subversión revolucionaria     
 
 El Alcázar.    30/12/1977.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

Crónica de España

ESTADO DE DERECHO Y SUBVERSIÓN REVOLUCIONARIA

EL ministro de Justicia ha reconocido ante el Senado que no vivimos en un Estado de Derecho, sino en

situación inequívocamente revolucionaria: «Estamos pasando por un momento en que el Código Penal no

se aplica, las sentencias no se cumplen, y el resultado es una sensación de impunidad y una sensación de

amenaza sobre la comunidad entera».

No creo que don Landelino Lavilla se dejara llevar por un impulso emocional al pronunciar las anteriores

palabras. Don Landelino Lavilla es un joven profesional, de talante circunspecto. Es cierto que las

bestialidades, burradas, sandeces y tonterías dichas por determinados senadores en relación con la pena de

muerte eran suficientes para hacer perder la compostura a cualquier persona con un correcto

entendimiento de la política y del derecho. O, simplemente, de la estética. Pero don Landelino Lavilla,

ministro de Justicia y notario mayor del Reino, evacuó su discurso con el distante énfasis tecnocrático que

le es habitual. Don Landelino Lavilla, miembro sobresaliente del Gobierno Suárez, tercero de la

Monarquía, segundo del arbitrismo, y primero del desastre parlamentario, dijo a los senadores lo que

pretendía decir. Estas otras palabras suyas avalan la coherencia discursiva del terrible párrafo antes

transcrito: «Una abolición precipitada (de la pena de muerte) podría acentuar la conciencia de

desprotección que algunos sectores sociales padecen ».

Con la autoridad que le presta la función asumida en el Gobierno Suárez, don Landelino Lavilla ha

prestado un impagable servicio de clarificación a los españoles, al reconocer en escenario idóneo que no

estamos en un Estado de Derecho, sino en un período de inequívoca transferencia revolucionaria.

Si alguien lo duda puede preguntar a un jurista independiente, sea nacional o extranjero, qué calificación

le merecería un Estado en que no se aplicara el Código Penal, no se cumplieran las sentencias, se diera

una sensación generalizada de impunidad y la comunidad entera se sintiese amenazada. Y en el que,

además, según se desprende de los hechos cotidianos, el Gobierno desconoce con demasiada frecuencia el

principio de jerarquía de las normas; deroga por decreto preceptos constitucionales; pacta con los

terroristas y elude en su beneficio imperativos procesales, aún antes de promulgarse la amnistía; se

apresura, por el contrario, en la reprensión de posibles faltas de los servidores del Estado, dictadas casi

siempre por la sensación de amenaza proveniente de la impunidad de que disfrutan quienes asesinan a sus

compañeros y conciudadanos; decreta y favorece fórmulas autonomistas que ponen en precario la unidad

nacional; absorbe la exaltación del terrorismo y el ataque implícito a las Fuerzas Armadas y a principios

fundamentales de la soberanía realizados por parlamentarios; deja sin reparación declaraciones públicas

como la deTelesforo Monzón en Álava; y tantas otras cosas que están en el ánimo de todos y cuya

relación convertiría esta crónica en una inacabable nómina de conculcasiones y agravios.

La aceptación por el ministro de Justicia de los datos básicos que definen la vulneración sistemática del

Estado de Derecho y, por consiguiente, la aconstitucionalidad de la actual situación política, permiten

deshacer numerosos equívocos sobre los que cabalga a sus anchas la tiranía partitocrática generada por el

señor Suárez. Y barrer no pocos eufemismos.

Frente a cualquier confirmación del proceso revolucionario, todos los españoles estamos en el deber de

adoptar una neta actitud de honestidad, similar a la que mostró José Antonio Primo de Rivera cuando, al

ser juzgado por el Tribunal Popular de Alicante, aceptó ser condenado a muerte por una nueva legalidad,

resultante de una subversión revolucionaria del Estado, es decir, de la II República. Lamentó con hombría

morir joven ante un pelotón defusilamiento. Pero no puede encontrarse en ninguno de sus escritos

postumos repulsa jurídica alguna respecto a la legitimidad revolucionaria que le llevaba a la muerte.

También ahora habríamos de admitir todos los españoles, con análoga hombría y honestidad, al hilo de

las palabras del ministro de Justicia y de los hechos, que la legitimidad nacida del Alzamiento del 18 de

julio de 1936 y de la Victoria del 1.° de Abril de 1939, ya no existe. Y como la autorización de reforma

política contenida en el referéndum tenía unos límites, que han sido ampliamente traspasados y el

ministro de Justicia reconoce la conculcación sistemática de elementos sustanciales del Estado de

Derecho, admitamos sin fariseísmo que la legitimidad del Estado Nacional, configurada por las Leyes

Fundamentales, habría sido subvertida y sustituida por un proceso revolucionario en período

constituyente.

En tal caso, deberíamos aceptar que tenía razón Carrillo el otro día, en la Cámara de Diputados, cuando se

pavoneaba de que la victoria era ahora de los que perdieron la guerra y enseñaba las uñas vindicativas de

un nuevo proceso revolucionario, sustitutivo de aquel que las Fuerzas Armadas y el Pueblo frustraron en

1936.

Las declaraciones de Carrillo, González, Guerra y otros copartícipes del poder en la actual situación

política, podían atribuirse a baladronadas, excesos retóricos, efectos propagandísticos, ensoberbecimiento

o cualquier otro tipo de achaque. Pero las palabras del ministro de Justicia ante el Senado, insisto, prestan

a todas ellas y a un sinfín de acontecimientos un soporte de muy difícil refutación.

Los políticos tienen el deber de medir con máximo cuidado el alcance de sus palabras. Cosa que creo ha

hecho don Landelino Lavilla, y cuyas prendas personales me hacen suponer que ha pretendido advertir

honradamente a los españoles sobre la verdadera índole de nuestra situación política. Si es así, merece

nuestra gratitud y aplaudiremos su dimisión, pues no es coherente denunciar la vulneración del Estado de

Derecho y permanecer en el Gobierno. En caso contrario, sería preciso que rectificara y me diera ocasión

para modificar la interpretación de su discurso. Aunque me temo que será difícil desmentir la projimidad

entre dicha interpretación y los hechos que la en marcan.

Ismael MEDINA

 

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