Autor: Cebrián Echarri, Juan Luis. 
 Corresponsal en Madrid. 
 El gobierno de la reconciliación     
 
   03/11/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

Corresponsal en Madrid

EL GOBIERNO DE LA RECONCILIACION

Por Juan Luis CEBRIAN

ME invitan, en público y en privado, a que clarifique la idea de mi último artículo sobre lo que definía

como un «Gobierno de unidad nacional», que es —decía entonces e insisto ahora— lo que el país

necesitará cuando la sucesión real y no la accidental se produzca. Y aún consciente de los riesgos que

entraña hacerlo, acepto el reto. Reitero de antemano mi intención de no pretender darle consejos al

Príncipe. Este no necesita más mentores que los que en realidad tenga, ni más asesoría que las que las

leyes establecen. Me parece justo, en cambio, que se reflejen en la Prensa algunas de las inquietudes que

atraviesan la sociedad española y cuyo sentido no debe desoír el futuro Monarca. Las esperanzas de

nuestro pueblo y la comunidad Internacional están ahí, a flor de piel. Se resumen en la creencia de que

sólo una solución democrática puede a un tiempo estabilizar la Monarquía como forma de Estado en

España y garantizar a Occidente la existencia, en nuestro país de un régimen sólido, con el que sea

posible contar en los organismos internacionales de todo tipo como miembro de pleno derecho. Los pasos

que deba dar en su día —no lejano— el Rey para atinar en semejante empeño, son opinables y en algunos

casos hasta contradictorios. Pero hay cosas que un Soberano no puede permitirse nunca en ningún país, y

entre ellos está el asumir el protagonismo político de un grupo, o de una facción, o de una camarilla de

poder, sea cual sea el signo ideológico que la anime. Cuantas veces un Monarca ha caído en tentación

semejante, ha terminado pereciendo con sus validos o a manos de éstos.

Una de las cosas en las que está todo el mundo suficientemente de acuerdo es en que el pueblo español no

es verdaderamente monárquico. En una palabra: la Monarquía no tiene entre nosotros el arraigo y el

carisma necesario para jugar ese papel de encarnación de los intereses populares que en otros países tiene.

Cuando los españoles votaron la ley Orgánica y aceptaron la figura del Príncipe, lo que hicieron fue

acatar una decisión de Franco. Puede decirse sin temor a yerro alguno que cualquier otra cosa que el

Caudillo hubiera dispuesto en aquella ocasión, habría tenido idéntico refrendo. Pero en la clase política y

en las élites dirigentes del país, tanto en las depositarías de la ideología del Régimen como en las de la

oposición tradicional, anida en cierta medida el convencimiento de que lo que menos nos conviene a

todos es ponernos a discutir ahora de golpe y porrazo la forma de Estado. Este es un problema como el de

las legitimidades: quedará resuelto si la Monarquía de Juan Carlos es constitucional y democrática.

La Corona, sin embargó, necesita el carisma suficiente que le permita ser y contemplarse a si misma

como la máxima representación del pueblo español. Por eso, en los primeros años de su propia andadura

se verá precisada de todos los apoyos visibles y de todos los refuerzos imaginables dentro y fuera de

nuestro país. Tendrá que consolidarse como la forma tradicional e histórica de nuestro Estado, proveer un

futuro democrático y estable a la nación y ser consciente de la huella imborrable que en cualquier caso

han de jado sobre el país los cuarenta años del Régimen de Franco. El advenimiento del Rey significará,

quiérase o no, el último broche a un ciclo histórico abierto dramáticamente hace casi medio siglo con una

guerra fratricida entre españoles. O somos conscientes de este significado de reconciliación final que la

Monarquía ha de tener entre nosotros o no entendemos nada de lo que verdaderamente está sucediendo

aquí. Junto a esto, graves problemas hoy día agudizados, como el de las llamadas «nacionalidades

periféricas», o el ahora palpitante del Sahara, van a hacer o a intentar hacer eclosión coincidiendo con la

nueva etapa de vida española que se anuncia. En resumen, se abrirá una crisis constitucional, a la que el

Monarca tendrá que hacer frente con habilidad y decisión. No es el signo dé la política lo que

tendrá que definirse, sino el carácter del Régimen. Y para gobernar la nave del Estado en momentos como

ese, en los que las fuerzas sociales se moverán más deprisa, más agitada y hasta más violentamente que

hasta ahora lo han hecho, el Rey necesitará el Gobierno adecuado: .un Gabinete construido para esas

circunstancias y desde esa visión genérica de las espectativas de futuro que la sucesión abre en la calle. El

Gobierno de unidad nacional que yo entiendo ha de tener, pues, el mismo signo que la Monarquía que se

espera: el de la reconciliación.

Cómo ha de componerse, quién ha de presidirlo, si serán o no gentes nuevas, es otro cantar. Todo el

mundo sabe que una manera elemental de significar que se emprenden cambios profundos —siempre

costosos y lentos en su realización— es producir rápidamente cambios sencillos. Pero yo, desde luego, no

me pienso mojar en el charco de las adivinanzas sobre los presidenciables. Lo que importa, en cambio, es

definir las líneas coherentes que un Gobierno de unidad nacional, apoyo e instrumento de una Monarquía

aún balbuciente, debe tener.

Ha de ser —pienso— un Gobierno fuerte, capaz de hacer frente a las provocaciones que han de llegarle

de todos lados. Firmemente unido en su interior por eso, sin la más mínima quiebra o falla, sin reyertas ni

conspiraciones que obliguen al gobernante a estar siempre preocupado por defender su puesto antes que

por los problemas de la nación. Ha de ser un Gobierno creíble, no sólo para los que se beneficien de su

política, sino para quienes la combatan o la discutan. Capaz así de admitir el diálogo con todos y de estar

dispuesto al contraste de las urnas.

Un Gobierno de unidad nacional no es siempre, ni necesariamente, un Gobierno de concentración. En

nuestro caso no lo puede ser, porque antes habría que delimitar claramente qué es lo que se quiere

concentrar, quiénes son los llamados a recabar del pueblo su representación y cómo pueden y deben

hacerlo. Un Gobierno constituido por todas las familias políticas del país, así concebido, sólo sería

posible aquí como Gobierno provisional que abriera un período constituyente y convocara a elecciones

generales. La revolución, vamos. Y un Gobierno que reuniera a sólo las familias políticas y a los notables

del Régimen, trataría de defender en cualquier caso posiciones de poder adquiridas, y poco más. Lo que,

desde luego, sería la mejor manera de abonar el campo para que el caos final se produjera al cabo de no

muchos años.

Un equipo coherente y unido en el Poder, no sospechoso de rupturas ni añorante de situaciones caducas,

respaldaría, en cambio, la acción unificadora y de futuro que el Rey tendrá ante sí. Sería un Gobierno de

certidumbre y de certezas: capaz de establecer clara y distintamente lo que piensa hacer con el país y de

sentirse solidario en el programa de la reforma necesaria y la conservación prudente. Saldría a un tiempo

como garantizado y garante de la Corona ante la empresa nacional de recuperar a los excluidos sin

renegar por eso de los excluyentes. Para que el Rey pudiera así, real y verdaderamente, sentirse reinar

sobre todos los españoles.

Eso entiendo por un Gobierno de unidad nacional. Un equipo civil compacto y sólido, amparado en los

textos de la ley y en la voluntad del Ejército, que garantiza el cumplimiento de ésta. Afincado en las

realidades del pueblo y desprovisto de utopías que le lleven a querer cambiarlo todo o a no cambiar nada

en absoluto. Un Gobierno preocupado de la gobernación del país y no de la conservación del legado del

Régimen. Porque es al Monarca y a las instituciones, al pueblo español, en definitiva, a quien tal legado

pertenece y quienes deben asumirlo ante la Historia.

Un Gobierno así, estoy convencido, será capaz de instaurar la confianza en la Monarquía y en la figura

del Rey y de establecer también la fe, el orden y la tranquilidad de un pueblo que no aspira más que a que

se le reconozca su mayoría de edad. Y el único, probablemente, que podría darnos a los españoles las

libertades básicas políticas y sindicales que la Monarquía del cambio debe amparar.

 

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