Autor: Meliá Pericás, Josep. 
   ¿Se le debe nombrar ahora?     
 
 Informaciones.    15/11/1975.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

¿SE LE DEBE NOMBRAR AHORA?

Por Josep MELIA

LA presidencia de las Cortes, para Franco, ha sido siempre una pieza de equilibrio y nivelación del

tablero político. En épocas de Gobiernos de predominante signo «azul», Franco llevó a las Cortes a

hombres de indiscutible filiación tradicionalista (Bilbao, Iturmendi). En cambio, cuando en 1969 Carrero

consiguió formar un Gobierno a su medida, y de signo marcadamente teCnocrático, el Jefe del Estado

elevó a la presidencia de las Cortes a un ilustre falangista. Y no hay razón alguna para negar, al margen

del posible acierto en la elección de la persona, que aquella designación restableció la calma y la

serenidad en sectores políticos que veían con lógica preocupación la andadura solitaria del equipo

laureanista.

Estas combinaciones, como es natural, pudieron tener su lógica y su justificación. Pero lo menos que se

puede decir es que responden a una estrategia política de un pasado que se está evaporando en el banco de

pruebas del presente, y que es incapaz, por consiguiente, de servir de modelo para las decisiones que

deben regir el inmediato futuro. Ocurre, sin embargo, que las leyes establecen un mecanismo tan

automático que cuando llega la primera ocasión de verificarlas se descubre que contienen más riesgos que

seguridades. Y sucede, además, que sin definir suficientemente los principios nos vemos abocados a un

mecano cuyas piezas quizá no encajen debidamente cuando sea necesario.

Quede claro, de entrada, que la Presidencia de las Cortes no es un cargo electivo ni representativo. Es,

fundamentalmente, un cargo de confianza del Jefe del Estado y que rueda por los mismos carriles que el

nombramiento del presidente del Gobierno. Sin embargo, mientras parecemos haber llegado a la

conformidad respecto de que la aparición de un nuevo Jefe de Estado comporta el cese del presidente del

Gobierno, por elegancia o por imperativo legal, estamos operando a partir del dato de que el mandato del

presidente de las Cortes y del Consejo del Reino se prorroga. Y no hay, bajo ningún supuesto, razón

alguna para hacer tal distinción. De la misma manera que el Rey puede destituir al presidente del

Gobierno, puede cesar al presidente de las Cortes. Por ello debe quedar claro que nadie puede tratar de

imponerle un freno o un control. Y sería absurdo, hasta que se modifiquen las Leyes Fundamentales, que

habiendo funcionado el Consejo del Reino de tal manera que se acomodara lo mejor posible a los deseos

de Franco, ahora se pensará, sobre todo en los primeros tiempos, en un Consejo calculado para controlar y

limitar al Rey. Esto debe ocurrir, desde luego. Pero cuando el Consejo del Reino sea una pieza

plenamente constitucional y representativa. Es decir, ligada por entero a un mecanismo electivo y al

equilibrio de poderes inherente a una Monarquía Constitucional. Entre tanto, mejor es no tratar de ponerle

puertas al campo.

Y esto es, pese a todo, lo que está ocurriendo en los últimos años. El inmovilismo quiere controlar el

Consejo del Reino. Y para ello, de uno u otro modo, ya está marcando la falsilla sobre la que deben

escribirse los renglones de la historia inmediata. Por eso importa tanto ver cuál es la intención que se

agazapa en las decisiones que, al parecer, se aproximan.

UN CARGO DE CONFIANZA

La primera cuestión, en este horizonte tachonado de problemas, es si un cargo de confianza del Jefe del

Estado debe ser cubierto por un Jefe de Estado en funciones. Sin hablar de incompatibilidades ni

desavenencias, que no es el caso, sí creo que podemos hablar de programa político, de táctica y de

estrategia. ¿En tales condiciones, con qué criterios habría que precederse a la designación? ¿Con arreglo a

la confianza de Franco o con acomodo a la del Rey? Por lo menos, la pregunta deja claro que no debe ni

puede ser con arreglo a la confianza del Príncipe o del Jefe del Estado en funciones. Para esto no basta

una interinidad en el ejercicio de los plenos poderes. Es precisa una titularidad indiscutida y sin riesgos de

revocación. Y, aunque esto clínicamente parece estar bastante decidido, políticamente no lo estará hasta

que los hechos se consumen.

Con lo cual nos encontramos con otra alternativa. Si Franco no muere, surgen las dudas a que acabo de

referirme. Si Franco muere, puede ocurrir perfectamente que la designación del nuevo presidente de las

Cortes —mejor sería decir la expiración del mandato del presidente actual— puede coincidir con el

proceso de transmisión de poderes. ¿Es esto lógico? A las claras se ve que no. No parece sensato,

pongamos por caso, que si un Jefe de Estado muere repentinamente un día 25, el presidente del Consejo

del Reino cese legalmente un 26 si así le corresponde con arreglo al mecanismo automático antes

denunciado. Lo lógico, en una eventualidad así, es que haya una cobertura institucional hasta que se

despejen las incógnitas. Y este es un extremo que hay que modificar, prever y regular adecuadamente.

MECANISMO CONFUSO

Las Leyes Fundamentales españolas, desde luego, son complicadas, confusas y voluntariamente

desincronizadas. Inspiradas en el temor visceral al 14 de abril de 1931, han tratado de cubrir el riesgo de

una sacudida general en el proceso de normalidad del país. Por eso no hay un solo cargo que tenga la

misma duración y no una elección que coincida. El presidente de las Cortes dura seis años, el del

Gobierno cinco, las legislaturas, cuatro, los concejales y la mitad de alcaldes y presidentes de Diputación

se renovarán cada tres. Son ruedas dentadas, nada casuales, engarzadas como piezas de relojería con

arreglo al principio jarárquico, en base a una concepción de la soberanía que se derrama desde el poder a

la sociedad y que incluye la presunción, y el ejercicio práctico, del albedrío y la intervención de las

instancias superiores en la composición de las inferiores. Es, por consiguiente, un mecanismo que tiene

tanto de conservador como de autoritario, pensado para la defensa de la estructura de poder, calculado

para que quienes ejercen sus prerrogativas gocen de la mayor amplitud de facultades, el más amplio

margen de libertad para recomponer las piezas del damero. De ahí que esta estructura sólo se explique en

función del personalismo del sistema, teniendo en cuenta tanto el ejercicio vitalicio del poder como la

imprescindible necesidad de revisar su código jurídico una vez se pase a una situación más institucional.

Por eso ahora, situados el gozne entre las dos épocas, se ven tan claras las diferencias entre quienes

pretenden perpetuar un pasado irrepetible y quienes tratamos de hacer viable y llevadero un futuro

irreversible.

En su día, desde estas mismas columnas, trate de explicar las posibles razones de la prórroga de la

legislatura. Ahora, varios meses después, hay que decir que la maniobra se ha vuelto contra sus autores

por la sencilla razón de que en su cálculo de probabilidades se olvidaron de computar una variable: que

Franco podía enfermar. De resultas de aquéllo, no obstante, sucede que unas Cortes prorrogadas, con un

Consejo del Reino que en buena parte habría cesado en sus funciones si se hubiera procedido a la

renovación legal, debe presentar la terna para la reelección o sustitución del presidente actual. Bien.

Posiblemente esto es lo que se quiso. Pero hay matices esenciales. Quien dictó la prórroga no es quien

ahora debe firmar el nombramiento. Y, con toda probabilidad, el panorama que avizoran desde la

respectiva altura de su responsabilidad contiene algunas correcciones de rumbo. De ahí que sea necesario

desvelar cuál es la intención y alcance de una designación como la que ahora entra en juego. Un

presidente de las Cortes y el Consejo del Reino ahora nombrado intervendrá decisivamente en la

presentación de dos ternas para la Presidencia del Consejo de ministros y tendrá una influencia decisiva

en la Cámara durante una legislatura y media. No parece razonable que una cobertura tan amplia pueda

ser dictada con una apoyatura tan frágil como la que ofrecen los datos de coyuntura a los que ha abocado

la política española. No sería serio que perspectivas tan amplias dependieran de cambios anclados a unas

pocas horas o a unos pocos días.

¿PRORROGA?

Mientras esto escribo, Franco está librando otra batalla con la muerte. Si la muerte le ganara la pelea,

todas las consideraciones contenidas en este papel caerían por su base. El Rey se situaría a la cabeza del

Estado y tendría posibilidad física, y margen de tiempo suficiente, para proceder a la designación del

nuevo presidente de las Cortes y del nuevo presidente del Gobierno. Pero quedarían en pie las dudas

sobre el momento más oportuno. Y así, mientras está claro que el Rey le podría pedir al presidente del

Gobierno que continuara, digamos, durante tres meses, sigue sin admitirse que pudiera hacer lo mismo

con la Presidencia de las Cortes hasta que se renovara la Legislatura. Y pienso que hay que insistir en esta

posibilidad. Porque la próxima legislatura puede ser muy distinta a ésta, porque acaso entonces el Consejo

del Reino será plenamente electivo y porque, de momento, para ser presidente de las Cortes es preciso ser

previamente procurador. Y esto, en alguna medida, ya marca las cartas, y hace bastante previsible que la

persona que se pudiera elegir no se aparte en demasía de quiénes disponen de mayoría en el Consejo del

Reino.

Si Franco vive, por consiguiente, quizá lo más adecuado sería pensar en la posibilidad de que al haberse

prorrogado la legislatura, también se ha prorrogado el mandato de su presidente hasta que no se

constituya el Consejo del Reino. O bien, en caso contrario, esperar tres meses a dejar vacante tal

Presidencia. Porque acaso pueda ser necesaria otra prórroga de la legislatura para hacer una serie de

retoques imprescindibles con carácter previo a la convocatoria de unas elecciones generales. Y nada hay,

en la ley, que parezca oponerse a esta eventualidad. Siempre se dijo que quien puede lo más puede lo

menos. Y si el Jefe del Estado puede establecer una prórroga legislativa, cuando se trata de escaños de

presunta elección popular, lo lógico es que también pueda otorgar el mandato de quien sólo preside las

Cortes en base a la confianza que él mismo le otorga.

 

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