Autor: Medina González, Guillermo. 
 La Segunda interinidad. 
 La herencia política de Franco     
 
 Informaciones.    08/11/1975.  Página: 1, 12. Páginas: 2. Párrafos: 16. 

LA SEGUNDA INTERINIDAD

LA HERENCIA POLITICA DE FRANCO

Por Guillermo MEDINA

LOS historiadores situarán quizá el comienzo del "posfranquismo" el día en que don Juan Carlos de

Borbón, Jefe de Estado en funciones tomó la decisión inapelable de visitar al Ejército del Sahara.

El domingo, don Juan Carlos, vestido de general, no sólo infundió un golpe de timón a la trayectoria

abandonista del Sahara, sino que estableció una relación particularmente estrecha con las fuerzas

armadas; además, el gesto fue interpretado por la opinión como significativo de una voluntad y de una

capacidad de decisión políticas. La gente quiere ver actuar y decidir a don Juan Carlos, y se percibió

alivio, satisfacción y esperanza, después de semanas de «impasse», al ver a aquél empuñando el timón del

Estado.

Lo anterior sugiere dos reflexiones de interés. La segunda interinidad de don Juan Carlos está siendo más

dinámica y decisoria que la primera: en segundo lugar, la imagen de don Juan Carlos como estadista, no

como sucesor a la espera, va a definirse rápidamente con base a sus primeros actos y decisiones.. La

primera de todas debe clarificar sí el Príncipe está dispuesto a ejercer la plenitud de sus funciones como

Jefe de Estado en la interinidad o si, por el contrario, la suplencia tendrá un carácter más bien pasivo.

Imprimiendo a sus actos el sello de la provisionalidad. Todo parece indicar que la primera opción se

impone sobre la segunda.

El Príncipe tiene planteados en esta segunda interinidad problemas gravísimos —el Sahara no es el

único, pero sí el más inmediato y dramático—, que aconsejan el ejercicio del Poder en su plenitud de

funciones. Ciertamente la gran cuestión de la sucesión sólo se resuelve por la sucesión misma, pero

conviene tener presentes ciertas notas definitorias que tienen una interinidad que sólo puede ser activa y

dinámica, porque los problemas no esperan y una actitud de pasividad dañaría la imagen del Príncipe cara

al futuro.

La responsabilidad histórica de los actos de Gobierno qué se realicen durante la interinidad de don Juan

Carlos corresponderá a éste. Por ello es fundamental que esos actos no dañen la misión de futuro que

corresponderá al Rey, y que la gobernación del país se ajuste lo más posible a lo que debe ser esa misión.

El Gobierno actual no es el del Jefe del Estado en funciones, pero la eventual incoherencia formal entre

una Jefatura del Estado interina y un Gobierno anterior de pleno derecho sólo podría resolverse en favor

de la Jefatura del Estado. Es así no sólo por la superior jerarquía de ésta sobre la Jefatura del Gobierno,

sino también porque parece que si la intención del legislador hubiera sido otra habría dispuesto que la

interinidad fuera cubierta por el Consejo de Regencia. Por lo demás, es evidente que el Jefe del Estado en

funciones no ejercería la plenitud de las que le corresponden si el Gobierno no ajustara sus actos a las

orientaciones emanadas de la Jefatura del Estado. La interinidad se ejerce por tiempo limitado, pero con

plenitud de funciones.

Entre otras consecuencias del principio anterior está que don Juan Carlos debe ejercer como Jefe de

Estado en el procedimiento para designar la persona que después del día 26 habrá de desempeñar la

presidencia de las Cortes, y. por tanto, la del Consejo de Regencia y la del Consejo del Reino.

Decíamos también que los primeros actos de don Juan Carlos —como Jefe de Estado en funciones a

Inmediatamente después de la Sucesión— son y serán definitorios de un modelo político, de una opción

entre el continuismo —que no continuidad— y el cambio sin ruptura inicial (no parece que la

transformación revolucionarla, sea política o social, pueda ser .considerada como una alternativa viable)

Ambas opciones están presentes en, la vida política oficial española y representadas por dos estrategias

que se han ido definiendo y decantando a partir de! propio Régimen. La primera reivindica la ortodoxia

del Régimen y se identifica con lo que éste ha sido, buscando la perpetuación tras la muerte del fundador.

La segunda, quiere la pluralidad, el trasvase generacional y una nueva situación de práctica homologación

a Europa —es decir, un cambio sustancial—, aunque en forma gradual y a partir de lo existente.

EL CONTINUISMO, UTOPIA

La dificultad de conciliar posiciones es evidente y requerirá que el Sucesor haga gala de tres cualidades:

habilidad, rapidez y firmeza. El sistema institucional vigente —que tiene ahora la posibilidad de

demostrar si verdaderamente es abierto— tiene que superar la prueba de existir sin su fundador.

No parece fácil acercar posiciones en torno a un gran acuerdo nacional de convivencia pluralista. Lo que

a unos perece peligroso y excesivo, otros lo consideran necesario y a otros resulta insuficiente. Y sin

embargo, el cuadro político de la Sucesión aparece claro. No hay un problema institucional monárquico

(la mayoría no cuestiona oor principio la figura del Rey), sino de opciones políticas. A todas luces se

presenta una nueva situación política con Independencia de la letra de la ley. El simple continuismo es

una utopía, como lo seria el intento de proceder a un proceso constituyente global e inmediato.

La alternativa política de fondo es bien simple: o una dinámica democratizadora hasta alcanzar la vía

democrática para el ejercicio del poder político o el control de éste por un sector qué sólo podría

pretender sostenerse por la fuerza. Por supuesto, cualquier situación a corto plazo será de todos modos de

transición y todo el proceso político estará amenazado de fractura hasta que la dinámica de

democratización no traspase el punto de no retorno.

La primera gran batalla se centra en la búsqueda de un nuevo equilibrio de poder que resuelva el

problema de la herencia política de Franco. El fondo de poder del Jefe del Estado no se hereda ni se

distribuye formalmente, sino que se diluye entre las instituciones, el sucesor y, de hecho, entre las fuerzas

armadas y una sociedad que deberá manifestarse a través de instituciones más representativas.

Pero está por ver las cuotas de poder real que corresponderán a cada sector o institución

EL GOBIERNO DEL REY

Tras la sucesión, el hecho fundamental condicionante es la formación del primer Gobierno del Rey. Se

barajan hipótesis diversas —de concentración, homogéneo, de unidad...—, pero lo que se discute

realmente es si debe ser de transición, no en el sentido de provisionalidad, sino de práctica de una política

renovadora. Este test dilucidará si la clase política del Régimen acepta un proyecto de cambio y

renovación o si, por el contrario, levantará trincheras antirreformistas y «ancien régimen»

El primer Gobierno del Rey deberá ser plenamente coherente con la tarea dé futuro que corresponderá a

éste. Deberá ser, a nuestro juicio particular, un Gobierno «ex novo», que inicie su mandato, no una

prolongación del existente al cumplirse la Sucesión. Lo cual, por otra parte, no excluye técnicamente la

posibilidad de que el presidente cesante pudiera estar en la terna y fuera elegido por el Rey. La diferencia

no es sólo formal, pues el nuevo presidente —o el anterior nuevamente— saldría de una opción plena y

consciente del futuro Rey.

La coherencia debe ser del Gobierno con el Rey, no a la inversa, hasta tanto las reformas futuras no

ampliaran la representatividad de las instituciones. La coherencia de un Monarca constitucional y de su

soberano ha de establecerse con la voluntad popular. Pero nuestro problema inmediato de coherencia se

refiere a la que debe darse entre el Rey y los órganos del Estado que han de desempeñar un papel de

primer plano. Fundamentalmente entre el Rey y el Consejo del Reino, órgano al que las leyes confieren

poderes muy importantes en el posfranquismo.

Como en el caso Rey-Gobierno, el Consejo del Reino, autónomo y libre en el cumplimiento de las

funciones que le están confiadas, debe ser coherente con el Rey, no viceversa. El Consejo es un órgano

del Estado, no un poder de éste: en cambio, el Rey, magistratura suprema, forma parte de la condición de

poder ejecutivo. La coherencia ha de tener una consecuencia práctica: el Consejo del Reino debe facilitar

la tarea del Rey, adaptarse a las necesidades indeclinables de la política de éste. La terna a presentar en su

día por el Consejo del Reino debe reflejar este principio, que, por otra parte, ya fue usado tras la muerte

de Carrero Blanco, procurando presentar nombres coherentes con el proyecto político del Monarca y que

gocen de su confianza. Por lo demás, el Consejo del Reino no podrá ser insensible al hecho de que el Rey

es, en el posfranquismo, un pivote que se proyecta hacia el futuro y que tiene una misión en función de

ese futuro.

TRANSFUSION DE PODER

Podrá pensar el lector que concebimos un Rey revestido de amplios poderes. Así será inicialmente, no

sólo porque lo establece la ley, sino porque en una sociedad desorganizada políticamente desde el punto

de vista asociativo, sin esos poderes amplios del sucesor sobrevendría un vacío. La clave está en saber

derivar desde ese esquema de poderes constitucionales y prácticos amplísimos hacia otro en el que la

sociedad juegue un papel de importancia ascendente; hacia una sociedad políticamente organizada y unas

instituciones plenamente representativas. En otras palabras: deberá haber una transfusión de poder y de

soberanía de signo democrático a través de un proceso de autolimitaclón de los propios poderes.

La clave y apoyo para la realización de aquel proceso democratizador que colocaría a la Monarquía por

encima de las contingencias políticas reside en la alianza Rey-Ejército para llevarla a cabo. La institución

monárquica sólo puede aspirar a perdurar como coronación de un sistema democrático. En cuanto al

Ejército, llamado a desempeñar, un papel constitucionalmente como «de facto», primordial, su actitud no

puede ser otra que la de apoyar la legalidad tanto como el proceso de adecuación de ésta a la realidad y a

las aspiraciones colectivas. Otra cosa sería caer en la tentación de llenar cualquier vacío político y asumir

el poder. Pero el Ejército no tiene en esta encrucijada una aspiración de protagonismo político —aunque

es consciente de la trascendencia política de su papel— y por el contrario conoce el grave peligro que le

acecharía al convertirse en «clase militar gobernante». Experiencias hay de que la conversión en

estamento político deliberante produce la fractura y división interna de las fuerzas armadas.

Guillermo MEDINA

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