El reto de la sucesión. 
 De la democracia orgánica a la organización de la democracia     
 
 Informaciones.    01/11/1975.  Página: 1,2. Páginas: 2. Párrafos: 12. 

EL RETO DE LA SUCESION

DE LA DEMOCRACIA ORGÁNICA A LA ORGANIZACION DE LA DEMOCRACIA

Resulta fácil advertir a cualquier observador de la Historia contemporánea española que, entre las

múltiples facetas que ésta presenta, destaca la de una afanosa y accidentada búsqueda de un sistema

político estable.

El vacío institucional que provoca en nuestro país el desmoronamiento a principios del siglo XIX del

«antiguo régimen» va a ser muy difícil de llenar. Él pueblo español, proclamado formalmente titular de la

soberanía nacional, no llegó a encontrar los cauces adecuados para formar, expresar o hacer efectiva su

voluntad, y personas, grupos, organizaciones e instituciones de muy diversa índole van a debatirse, en

abierta o solapada hostilidad, para hacerse con la mayor parcela posible de poder político. En este tipo de

situaciones violentas es lógico que la suprema fuerza institucionalizada, el Ejército, pase a ocupar el

primer plano del protagonismo político y lo puede hacer, cuando el poder civil no es viable, por muy

diversos títulos, y entre ellos el de su extensa organización y el de ser la institución más representativa de

todo Estado independiente, la garantía de su supervivencia histórica como tal.

Un supuesto de este cariz, la incapacidad del Gobierno para ni siquiera garantizar la convivencia

ciudadana, se dio en el Alzamiento militar de 1936, preparado remota y próximamente por numerosos

oficiales jóvenes de nuestro Ejército, agrupados muchos de ellos en la Unión Militar Española, asociación

cuyos precedentes pueden hallarse en las Juntas de Defensa que promovieron la Dictadura del general

Primo de Rivera y que, aunque clandestina, vieron con tanto agrado los generales Sanjurjo, Fanjul,

Franco, Mola y Goded, y que tan estrechamente colaboró en aquellos momentos con Falange Española.

Una vez más, el Ejército recogía los maltrechos restos de la autoridad política, y una Junta de Defensa

Nacional, integrada por cinco generales y dos coroneles, asumía, por el decreto número 1, dado en

Burgos el 24 de julio de aquel año, «todos los poderes del Estado» y la representación legítima del país

«ante las potencias extranjeras». La propia Junta, por decreto número 138, de 29 de septiembre siguiente,

«segura de interpretar el verdadero sentir nacional», nombra «Jefe del Gobierno del Estado español al

excelentísimo señor general de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los

poderes del Estado» y «asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire y se le

confiere el cargo de general jefe de los Ejércitos de operaciones».

A partir de entonces se inicia un proceso de institucionalización política que los tratadistas han ido

calificando en sus diversas etapas: de afirmación autoritaria (leyes de 1933 y 1939, atribuyendo al

Caudillo «en su entera plenitud la más absoluta autoridad» y «la suprema potestad de dictar normas

jurídicas de carácter general»): de complemento institucional (ley de 1942, creando las Cortes); de posible

renovación (ley de Referéndum Nacional, de 1945); de previsión sucesoria (ley de Sucesión a la Jefatura

det Estado, de 1947); de fundamentación doctrinal (ley de Principios Fundamentales del Movimiento, de

1958); de desarrollo institucional (ley Orgánica del Estado, de 1967), y de designación de sucesor en

1969. No obstante las facultades atribuidas al Caudillo de España por las leyes de 1938 y 1939 quedaban

subsistentes hasta que se produjese el evento sucesorio. El proceso constitucional, por otra parte, queda

abierto y es susceptible, por sí mismo, de reformas.

Ha pasado el tiempo y el pueblo español se enfrenta con la realidad del momento sucesorio, del paso de

una Jefatura a otra, que no es meramente forma, ya que se extinguen aquellas facultades personalísimas

que los especiales condicionamientos históricos concedieron al Generalísimo Franco, y junto a ello se

abre el interrogante, que a nadie se oculta, de la tremenda prueba a que puede ser sometido el sistema, un

sistema hecho a la medida de una figura irrepetible, en ausencia de la persona que le dio vida.

Sería verdaderamente lamentable que nuestro país, que ha sabido, a costa de no pocos sacrificios, no

siempre igualmente distribuidos, lograr un desarrollo económico espectacular y que ha logrado, a pesar de

los pesares, una mayor permeabilidad social, no encuentre ahora la senda política que reclaman las

exigencias de hoy y que pudiera, por este de fecto capital, perder cualquiera de los logros obtenidos o el

impulso para lanzarse a otros nuevos y apremiantes.

Es posible que a la larga el sistema se resienta de los embates de que probablemente va a ser objeto, y

entonces se hará necesario recordar las lecciones del pasado, tan repetidas y tan olvidadas, y mirar en

nuestro derredor para ver de dónde partimos y a dónde podemos ir. Si llega el caso, no será extraño ver —

y el hecho actual de la súbita y creciente atención que todos los medios de opinión dedican al fenómeno

militar lo confirma— que nuevamente las fuerzas armadas, como expresión organizada, a falta de otras

válidas de la voluntad general, hayan de desempeñar una importante función en esta delicada travesía

para reintegrar, si es posible de una vez para siempre, el poder político a su titular verdadero, para hallar

en suma, una vía democrática para su ejercicio.

Pensamos que la gran misión que en tal momento han de cumplir las fuerzas armadas ha de ser, como

tantas veces se ha dicho, la de posibilitar sin dramas, sin traumas, la sucesión. Han de ser estas fuerzas

como esos buenos albaceas que, conscientes de que no son dueños de lo que administran, han recibido un

gran poder de custodia, para transferirlo a los herederos, tomando las precauciones necesarias para que no

se pierda nada de un patrimonio amasado con esfuerzo, cumpliendo lo que de válido y posible se

contenga en la voluntad de la ley sucesoria y no ejerciendo su cargo ni reteniendo sus facultades más allá

del tiempo imprescindible para que los verdaderos destinatarios de los bienes puedan hacerse

responsables de la herencia.

Disponemos de un ejemplo a seguir, salvando todas las diferencias salvables: si en el terreno del

desarrollo económico y el progreso social nuestra aspiración ha sido homologarnos a los países de la

Europa occidental, también en el área del desarrollo político ha de ser así, porque histórica, geográfica y

culturalmente somos Europa.

Tenemos un Jefe indiscutible como vértice de la organización jerarquizada militar: el Sucesor a título de

Rey, quien ha de encontrar, en caso de deflación institucional, en esas mismas fuerzas armadas el

basamento granítico en el que se pueda apoyar firmemente, el muro de contención a derecha e izquierda

donde se estrellen los gritos de los que no dejan hablar, la tupida red con la que, sin riesgos mortales,

puedan intentarse, una y otra vez, todas las que sea preciso, los proyectos de organización democrática y

de reformas sociales que pide nuestra realidad actual, y finalmente, el marco seguro para que el pueblo

español pueda caminar en justicia, orden, progreso y paz.

No perdamos, como antaño, otra oportunidad.

 

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