Autor: Casado, Pablo. 
   El Mando Supremo de las Fuerzas Armadas     
 
 Informaciones.    15/11/1975.  Página: 5. Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL MANDO SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Por Pablo CASADO

La disposición transitoria primera de la ley Orgánica del Estado vino a establecer, en 1967, una dualidad

de régimen jurídico respecto a los poderes, competencia y funciones de la Jefatura del Estado: uno, el

aplicable al Caudillo de España, en tanto no se cumpliesen las previsiones de la ley de Sucesión y que

mantiene subsistentes las atribuciones concedidas al mismo por las leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de

agosto de 1939 y, otro, el aplicable a sus sucesores a título de Rey.

La Junta de Defensa Nacional que, el 24 de julio de 1936, asumió todos los poderes del Estado, los

transfirió, por decreto de 29 de septiembre del mismo año, a Francisco Franco, a quien, al propio tiempo,

nombró «Generalísimo de las fuerzas nacionales de Tierra, Mar y Aire» y «General Jefe de los Ejércitos

de Operaciones». Poco después, la aludida ley de enero del 38 que, entre otras disposiciones, organizó la

Administración Central en Departamentos Ministeriales, determinó en su artículo 7 que,

«independientemente de las facultades del ministro de Defensa Nacional, encargado de la gestión del

Departamento, el Generalísimo conservará el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire». Un

paso más da la también mencionada ley de agosto del 39, por la que se reorganiza la Administración

Central y por la que, a su vez, se crean el Alto Estado Mayor y la Junta de Defensa Nacional; el primero

«a las órdenes directas del Generalísimo», «como órgano directivo de trabajo de la defensa nacional y

coordinador de los tres Estados Mayores» y la segunda, «bajo la presidencia de1 Generalísimo y

compuesta por los tres ministros del Ejército, de Marina y del Aire, sus Jefes de Estado Mayor y actuando

de secretario el general jefe del Alto Estado Mayor».

Congruentemente con lo anterior, las leyes de octubre de 1939 y julio de 1940 que, respectivamente,

crearon el Ejército y el Ministerio del Aire, dispusieron que «el mando en paz y en guerra del Ejército del

Aire corresponde al Generalísimo de los Ejércitos».

En 1947, la ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, promulgada con el carácter de fundamental,

confirma lo antes expuesto, al designar en su artículo segundo al Caudillo de España, como

«Generalísimo de los Ejércitos».

Es en esta situación legal cuando, en 1967, se aprueba, también con rango fundamental, la ley Orgánica,

cuyo artículo 6 proclama que el Jefe del Estado «ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar

y Aire» y el 7, que corresponde al mismo «convocar y presidir la Junta de Defensa Nacional, cuando

asista a sus reuniones». Junto a ello, esta ley regula nuevamente la «Junta de Defensa Nacional», que

«integrada por el presidente del Gobierno, los ministros de los departamentos militares... propondrá al

Gobierno las líneas generales concernientes a la seguridad y defensa nacional» (artículo 38) y el Alto

Estado Mayor, que «dependiente del presidente del Gobierno, será el órgano técnico de la defensa

nacional, con la misión de coordinar la acción de los Estados Mayores de los tres Ejércitos (art. 39).

Entre uno y otro régimen, por tanto, podemos observar ya una notoria diferencia y es la de que, aun

ostentando tanto el Caudillo como el Rey la suprema jefatura de los Ejércitos, éste ya no tiene a sus

órdenes directas al Alto Estado Mayor, que pasa a depender del presidente del Gobierno, quien asume

también la presidencia habitual y efectiva de la Junta de Defensa Nacional.

Ahora bien, creemos que, cesadas las especialísimas prerrogativas del Generalísimo, de las que, dicho sea

de paso, no ha hecho uso ordinariamente, la mayor variación que va a operarse es en la competencia para

seguir esas líneas generales y adoptar las resoluciones pertinentes en todo lo relativo a organización y

disposición de las fuerzas armadas, que, en defecto de preceptos específicos, corresponde al Gobierno, a

quien globalmente «compete determinar la política nacional» (art. 13 ley Orgánica del Estado) y teniendo

en cuenta que «todo lo que el Jefe del Estado disponga en el ejercicio de su autoridad deberá ser

refrendado, según los casos, por el presidente del Gobierno o el ministro a quien corresponda...

careciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta formalidad» y que «de los actos del Jefe

del Estado serán responsables las personas que los refrenden» (art. 8, II y III, de la misma ley).

15 de noviembre de 1975

 

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