Autor: Nevares, Dámaso. 
   El Estatuto de 1936     
 
 El Pueblo Gallego.    22/11/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL ESTATUTO DE 1936

El Estatuto de Galicia, aprobado por referéndum popular el 28 de junio de 1936,

encontró un cúmulo tan grande de dificultades en su desarrollo que el éxito

final constituye una prueba inequívoca de la voluntad inequívoca del país. Por

1% actualidad del tema aludiremos a cuatro de estos obstáculos más importantes.

CAPITALIDAD E IDIOMA.

El primer problema que surgió fue el de la capitalidad. Al comienzo mismo de la

asamblea de municipios de Galicia, celebrada del 17 al 19 de diciembre da 1932

en el paraninfo de la Universidad de Santiago, el señor Iglesias Corral, alcalde

de La Corona, intervino para afirmar que «no da lugar a deliberar respecto a la

capitalidad de Galicia. El no ha lugar respecto a la capitalidad de Galicia se

basa en la situación de hecho y en la existencia de una capitalidad que es La

Coruña, dado que en La Corona residen los órganos e instituciones de

jurisdicción mas amplia. Lo contrario seria volver las espaldas a la realidad»

. Más adelante volvía a insistir: «La Coruña quiere y desea la autonomía, pero

tiene que manifestar con absoluta claridad que no acepta deliberación sobre una

capitalidad que actualmente ostenta y que no aceptaría un Estatuto en que se le

desconociese su personalidad». Era esta, junto a otros pequeños problemas

iniciales, «la prímera puñalada contra el Estatuto, en frase de Vicente Sierra.

Idénticas pretensiones albergaba el Ayuntamiento de Santiago, no solo por

constituir histórica y geográficamente la capital de Galicia, sino sobre todo

por el empeño con que había asumido el liderazgo de las entidades

socioeconómicas y políticas del país durante toda la campaña autonómica.

En realidad el problema de la capitalidad había surgido ya mucho antes de que en

la asamblea de municipios de Santiago se sometiese a estudio el proyecto de

Estatuto que finalmente sería plebiscitado el 28 de junio. No hace falta decir

que la intervención de Iglesias Corral estuvo a punto de paralizar el desarrollo

de la asamblea. Finalmente el texto del Estatuto dejó el problema a la decisión

de la asamblea: «Esta asamblea establecerá su residencia en el lugar que ella

misma designe y tendrá como misión especial... designar la capitalidad de

Galicia» (art. 36).

Otro problema importante fue el lingüístico. Para Montero Díaz, bibliotecario de

la Universidad de Santiago, la autonomía debía ser no solo «la consagración del

espiritu de las regiones», sino también «la consagración de una España mucho más

fuerte, de un Estado más fuerte del que hemos padecido desde hace bastantes

siglos por las dinastías extranjeras». Ello entrañaba el rechazo de un

hipotético gallego y el reconocimiento en exclusiva del Estado español, con la

lógica consecuencia de la oficialidad absoluta del castellano y el rechazo de la

cooficialidad. Para Montero Díaz, el idioma oficial de las autoridades debía ser

el castellano, Alebxandre Bóveda respondió al bibliotecario compostelano

afirmando que «si no se reconoce la coofiicialidad, todas las gentes del mar y

del campo tendrán del gallego la misma idea que han tenido hasta ahora, es

decir, de una cosa que no se debe emplear y que está por debajo de otras. El

sistema de cooficialidad podrá ser defectuoso, pero es el único viable con

arreglo a las realidades de Galicia y además por razones de orden pedagógico».

El Estatuto determinó la cooficialidad del gallegó y castellano en las escuelas

primarias, favoreciendo de hecho la oficialidad a favor del castellano en los

demás grados de la enseñanza (art. 15).

ECONOMÍA Y POLITICA.

El tercer problema fue de índole económica. De acuerdo con el decreto de 27 de

mayo de 1933, el Gobierno no prestaba ninguna, ayuda ni imponía a los organismos

oficiales ninguna prestación económica, limitando se a exigir que los

ayuntamientos facilitasen a las mesas electorales el material necesario para e1

desarrolla del plebiscito. Ello quiere de cir que el Estado, según subraya Cores

Trasmonte, consideraba el Estatuto >>como un asunto privado de la región... y al

mismo tiempo como un problema de orden público». Más bien el régimen republicano

recurrió» a todas las artimañas para frenar y para impedir el que hacer

estatutario», poniendo en evidencia la dicotomía existente entra el sistema

establecido y la realidad popular.

Este comportamiento inhibitorio del Gobierno tuvo consecuencias funestas para

el Estatuto, sobre todo durante la campaña de propaganda da junio de 1933. Más

de una vez se pensó en suspender el referéndum por esta razón, cuando finalmente

se habían superado dificultades más importantes. Como solución de emergencia se

encomendó a una comisión gestionar con el Banco Pastor de La Coruña «la apertura

de una cuenta de crédito a otra operación análoga por 100.000 ptas., a saldar

con el importe de las subvenciones de 50.000 ptas. concedidas por cada uno de

los ayuntamientos de La Coruña y Vigo y por la Comisión Gestora de la Diputación

de Pontevedra»;. Paro no faltaron quienes, como el señor Turnes Rey, se

opusieron a toda financiación por parte de la banca privada porque, a su juicio.

«podría hipotecar la autonomía».

El último problema a destacar es de naturaleza política. La victoria del centro

derecha (radicales y CEDA) en noviembre de 1933 hizo replantear la conveniencia

de seguir adelante con la preparación del referéndum. Algunos, como Carnero

Valenzuela y los federalistas en general, se pronunciaron por la convocatoria

inmediata. Otros sugirieron un breve aplazamiento: entre ellos Villar Ponte y

Rey Barral.

Finalmente Bóveda y Poza Juncal recomendaron el aplazamiento sine die, solución

que se adoptó en la asamblea de representaciones gallegas celebrada en el

paraninfo de la Universidad compostelana el 3 de diciembre de 1933. El 20 de

noviembre el presidente del Comité Central, Osorio Tafall, había puesto de

relieve que «en estas circunstancias puede, ser peligroso celebrar el

plebiscito, por tratarse de un momento de confusión política y tropezarse además

con el cansancio electoral motivado por las recientes elecciones generales,

desenvueltas en medio de una lucha enconada>>. Prevalecía el convencimiento de

que «lo esencial no es precipitarse ni acelerar la marcha», sino evitar poner en

peligro la labor realizada hasta entonces en favor de la autonomía. La ausencia

de la CEDA y el Partido Radical, formaciones vencedoras en las elecciones, de la

asamblea de representantes gallegos, hacia temer un resultado adverso en el

referéndum. Estas razones motivaron que Enrique Rajoy Leloup, simpatizante de la

CEDA e inicialmente fervoroso promotor del Estatuto, atenuase sus entusiasmos

autonomistas, presentando su dimisión como secretario general del Comité Central

de Autonomía, que sin embargo no le fue aceptada.

Dámaso NEVARES

 

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