Autor: Ballarín Marcial, Alberto. 
 Puntos esenciales de una proposición. 
 Una futura ley fundamental para el campo     
 
 Ya.    04/01/1978.  Página: 5,6. Páginas: 2. Párrafos: 19. 

PUNTOS ESENCIALES DE UNA PROPOSICIÓN

UNA FUTURA IEY FUNDAMENTAL PARA EL CAMPO

LOS pactos de la Moncloa se olvidaron de citar la más urgente e importante ley para el campo: la reforma

de la ley del FORPPA (de 20 de junio de 1968), que resulta, además, obligada por sus referencias a los

sindicatos verticales y a ministerios que no se corresponden con los actuales. Sin embargo, como los

pactos demandan un sistema de precios similar al de la CEE, de ahí puede deducir el intérprete que

aquella nueva ley se impone. Así lo he deducido yo, y por eso acabo de entregar a mi grupo parlamentario

— UCD— en el Senado un anteproyecto de proposición de ley que lleva este largo y ambicioso título,

"creando el Ministerio de Agricultura y Alimentación y sobre orientación de las producciones y

ordenación de los mercados de los productos alimenticios". Los principios en que se inspira esta

proposición son los siguientes:

A) Que juegue el mercado para todos los productos agrarios entre un precio mínimo garantizado al

productor y un máximo de protección, al consumo. Ahora no es así. Subsisten precios políticos y hay

comercio exterior que es "de Estado". Si queremos entrar algún día en la Comunidad hemos de alinearnos

con ella en ese imprescindible juego del mercado. Cuanto antes, mejor.

B) Protección automática de esos precios en lugar de paternalismo político administrativo, como el

practicado hasta la fecha. Cuando los cursos rebasan el precio de orientación, entonces—y sólo

entonces —se abre la esclusa de las importaciones. Cuando los precios se hunden,, entonces procede

la exportación o la retirada de una parte del producto, en el caso de los hortifrutícolas, por ejemplo.

Exportaciones e importaciones no podrán ser decididas por el Ministerio de Comercio y Turismo,

actuando por si y ante si. El Ministerio comprará y venderá "por encargo" del nuevo FORMPA.

CREO que ésta es una de las reivindicaciones fundamentales del campo español: no sólo ya que los

precios sean remuneradores, sino que permanezcan relativamente estables. Que no quiebren de repente

por maniobras de comercio exterior. Cuando hice mi campaña electoral en Huesca comprobé, una vez

más, que ése era el problema número 1. Los ganaderos, de modo especial, se sentían amenazados, cuando

no estaban ya seriamente afectados por la brusca caída de unos precios inciertos, ¿cómo planificar una

empresa en esas condiciones ? Hemos visto en estas mismas fechas cómo se ha hecho una importación de

carne de cordero precisamente en la época de mayor producción. Y ello ha derrumbado los precios en 40

pesetas kilo. Consecuencia de estas repetidas importaciones: que la cabaña ovina nacional pierde

anualmente efectivos ¡en el viejo país de la Mesta! Estas cosas son las que no volverán a ocurrir si pros-

pera nuestra proposición de ley, con la cual no es que vayamos a copiar a los europeos, sino a las Cortes

liberales de Riego, que ya en 1820 votaron un acuerdo prohibiendo la entrada de trigo extranjero,

mientras el nacional no excediera de 80 reales el quintal y 120 el de la harina.

C) Subvenciones que podrán ser—-y esto no lo dice la ley de 1968—selectivas o condicionadas a

requisitos de reforma estructural, como, por ejemplo, la asociación con otros agricultores para producir,

porque ya sabemos que el cáncer de nuestro campo es el estructural, casi dos millones de explotaciones

de menos de cinco hectáreas.

Así, pues, cabía distinguir a partir de ahora tres tipos de unidades: a) Las marginales, que convenga

mantener a pesar de todo en las áreas de montaña, por ejemplo, por ser sus titulares los guardianes de la

naturaleza. No cabe mantenerlas con precios altos, sino por medio de subvenciones; b) Las postradas,

pero modernizables. En ellas las subvenciones y créditos se condicionarán al plan de modernización; c)

Las modernas o racionales. Una de éstas, de tipo medio, servirá para fijar el precio de intervención o

garantía. El gran desafío a nuestra agricultura para entrar en la CEE es justamente el de la modernización

de nuestras empresas, y mal empezamos este año con un presupuesto que nos trae un incremento

regresivo de tan sólo el 4,5 por 100, ¡con una inflación del 28 por 100! Mientras tanto, los europeos se

están ya preparando para hacernos frente: proyectos de grandes regadíos apoyados por el FEOGA,

incremento en un 17 por 100 del presupuesto agrícola en Holanda, plan italiano para la reactivación

productiva, a fin de que ésta crezca—sobre todo la de carne en un 2,5 por 100 y no sólo en un 1,5 anual...

Decididamente, las cabezas pensantes de nuestra economía siguen sin admitir que la reactivación debería

empezar ahora mismo por el sector primario. ¡Imitemos a los europeos!

La proposición de ley aborda la indispensable coordinación entre política de rentas y política estructural,

cosa totalmente ajena al pensamiento de 1968: lo que se querían eran precios más altos y nada más.

d) Se sustituye la "ordenación de campañas" actuales, detenida en el escalón mayorista según la ley de

1968, por el sistema europeo de las "reglamentaciones de productos"; que abarcan el ciclo completo

producción-consumo. A ver si así conseguimos acercar a productor y consumidor, que no son enemigos,

sino aliados contra el peligro común de los intermediarios inútiles, los monopolistas grandes o pequeños,

etcétera.

Podemos aspirar a ampliar la lista de productos protegidos del 65 por 100 actual hasta el 80 ó 90 por 100

de la CEE.

E) Unificación político-administrativa y económica del total sector alimenticio: Ministerio de

Agricultura y Alimentación, dentro del cual se propone exista una Secretaría de Estado para la

alimentación.

F) Paridad administrativa profesional en el FORMPA. En efecto, ese secretario de Estado sería el

presidente del nuevo Fondo de Orientación — la palabra es más "europea" que la de regulación—de las

Producciones y Ordenación de los Mercados (se ordenan los mercados, no los precios, pues éstos derivan

del juego relativamente libre de oferta y demanda) de los Productos Alimenticios. Su Consejo se

compondría de 15 "administrativos" y 15 profesionales elegidos por las organizaciones profesionales

agrarias, según criterios democráticos.

Pero hay otra innovación de la mayor importancia: el SEN-PA y la Comisaría General de

Abastecimientos y Transportes, que hoy están en Ministerios distintos, manejando productos distintos con

criterios distintos, desaparecerían por refundición en un Servicio Interprofesional de Productos A1imen-

tarios—´SIPA—, con ocho comisiones de productos, constituidas también paritariamente para que

siguiera la intervención del elemento profesional. El SIPA sería el único órgano ejecutivo del FORMPA,

así que desaparecería de unía vez la dualidad.

Ya se deduce de lo expuesto que la Dirección General de Pesca pasaría a depender de esta nueva

Secretaría de Estado, lo cual es lógico porque, en efecto, es sector primario y deprimido, como el campo,

sin hablar de los agricultores-pescadores típicos de muchas costas, y lo que interesa, en definitiva, es el

total frente alimenticio, por lo cual también pasaría ahí la Dirección General de Industrias Alimentarias,

hoy ubicada en el Ministerio de Industria y Energía. El sector pesca había reivindicado últimamente una

protección semejante a la del FORPPA. La conseguirá con la nueva ley.

G.) Fomento de las agrupaciones de productores, y en especial de las cooperativas. La proposición se

inscribe en el marco de los acuerdos de la Moncloa, que obligan a elaborar una nueva ley de Asociaciones

y Sociedades Agrarias, en la cual habrá que modificar la ley de 1972 sobre las APAS. De ella debiera

surgir también algo que en Europa funciona: la interprofesión. Pero, sobre todo, nos interesa el fomento

de las cooperativas agrarias españolas, que sólo son 6.000, frente a 25.000 en Francia, y no comercializan

más que el 10 por 100 de la producción, frente, a cifras que en la CEE superan siempre el 60 por 100. He

ahí otro de nuestros puntos débiles. Así, pues, la proposición, inspirándose en el FORMA francés, permite

que el nuevo SIPA utilice las empresas nacionales Endiasa, Mercasa y Mercosa como entidades

colaboradoras, asociándose, en su caso con agrupaciones de cooperativas, a fin de mejorar la

comercialización interior y de aumentar la exportación.

Transitoriamente seguiríamos con el sistema actual para el trigo, mientras tanto se organizan potentes

cooperativas de cereales, como las francesas, que controlan más del 80 por 100 de la producción.

HE aquí, pues, con mayor o menor acierto, pero con la mejor voluntad, un proyecto de ley fundamental

para el campo. Un paso indispensable en el camino de Europa. Un intento de poner orden en lo que hoy

es confuso, y a veces caótico. Los senadores UCD cumplimos así nuestras promesas electorales. Le

vamos a dar al campo lo que el campo quiere y necesita: una ley capaz de proporcionarle las dos cosas de

que hoy carece: rentabilidad y estabilidad, además de afrontar por esta vía—complementaria de otras—

esa gran reforma estructural, sin la que cualquier esfuerzo, cualquier precio por elevado que sea, cualquier

bueno voluntad será inútil.

Y de paso empezaremos a demostrar algo importante: que el Senado puede y debe ser un ámbito de

reflexión y una gran máquina legislativa, un mundo menos agitado que el Congreso, y por ello mismo

apto para una serena y meditada tarea de creación jurídica.

Alberto BALLARIN MARCIAL ,Senador UCD por Huesca

 

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