Autor: Fernández, Julio. 
 Cien mil jornaleros andaluces, en paro. El movimiento campesino está controlado. 
 Gobierno y Oposición tratan de evitar el estallido del campo     
 
 El País.    07/03/1978.  Página: 50,51. Páginas: 2. Párrafos: 29. 

Cien mil jornaleros andaluces, en paro

Cien mil obreros agrícolas en paro en Andalucía colocan a esta región en una crítica situación cuya más

reciente manifestación fueron los reiterados intentos de ocupación de fincas con que concluyeron

hace una semana las jornadas de lucha convocadas por los sindicatos obreros para llamar

la atención del Gobierno sobre tan grave problema. Por unos días, al menos, la atención gubernamental

y la opinión pública del país han estado centradas sobre el polvorín que representa tan elevado

índice de paro. Julio Fernández, enviado especial a Andalucía, informa sobre el auténtico alcance

del problema, que amenaza con incendiar el campo andaluz si no se aplican con prontitud

las necesarias medidas.Hoy, el campo aún no arde, pero nadie puede asegurar por cuánto tiempo

se podrá evitar el estallido.

El movimiento campesino está controlado

Gobierno y Oposición tratan de evitar el estallido del campo

El campo andaluz no arde, aunque los obreros agrícolas están al limite de la desesperación a causa del

índice de paro que soporta la población rural de las ocho provincias de Andalucía. Los casi 100.000

jornaleros que permanecen en paro, sin cobrar seguro de desempleo ya que están fuera del régimen

general de la Seguridad Social, suponen, sin embargo, una seria amenaza para la estabilidad democrática

y, conscientes de ello, las fuerzas sindicales y políticas con implantación entre el campesinado se

esfuerzan por controlar la situación y evitar que los obreros agrícolas,en su desesperación, sobrepasen en

sus acciones todos los límites que se les quiera poner. Junto con el responsable comportamiento de las

fuerzas de izquierda, el Gobierno, a través de los fondos destinados al empleo comunitario, subvenciona

el orden público en evitación de que el ambiente explosivo que conduce el hambre que, como realidad

física se deja sentir en algunos casos, desencadene una espiral de violencia de consecuencias

imprevisibles.

Esta es, en resumen, la situación en el campo de Andalucía, en el que según las cifras más fiables —la

falta de datos exactos es otra de las dificultades a la hora de evaluar el auténtico alcance del problema del

desempleo en el sector agrario— hoy se encuentra en paro un 24,75% de los 390.000 jornaleros que

componen el censo de trabajadores agrarios de las ocho provincias andaluzas. De los 96.500 jornaleros

que actualmente no tienen ocupación, la provincia de Sevilla contabiliza 27.500, lo que supone un índice

de paro del 35,6% y coloca a esta provincia a la cabeza de la conflictividad que tal situación origina. No

obstante, Almería y Cádiz registran aún mayor índice de paro: la primera de ellas soporta un 51,7% de

desempleo (es decir, 9.000 obreros sin trabajo sobre una población agrícola activa de 17.400); Cádiz

cuenta en la actualidad con 18.000 parados entre los 37.896 jornaleros que figuran en su censo, es decir

un 47,5%.

A la tradicional marginación del campo ha venido a sumarse en la actualidad la dura crisis económica que

atraviesa el país. «La solución a los problemas del campo no puede buscarse en el campo, sino en la

economía general del país, pues en su deterioro reside la crítica situación en la que se encuentra la

agricultura en general y, particularmente, en Andalucía», según declara a EL PAÍS el diputado ucedista

por Sevilla, Jaime García Añoveros.

El freno que la crisis económica en Europa ha supuesto para la emigración española, unido al creciente

índice de paro en los demás sectores de la producción en nuestro país (la construcción,fundamentalmente,

y la hostelería por temporadas, absorbían buena parte de la mano de obra que el final de las campañas

dejaba desocupada) ha colocado al campo andaluz en una difícil situación, agravada más aún por la falta

de una auténtica política agraria, cuya carencia anima el abstencionismo inversor del empresariado

agrícola.

El Gobierno, antagonista

Hoy la crisis no enfrenta tanto al jornalero y pequeño propietario de tierras con el terrateniente andaluz,

como con el propio Gobierno, ejecutor de una política económica básicamente monetarista que,

empeñada en frenar la inflación, potencia el desempleo. Hoy son también los propios terratenientes —

aunque menos afectados, dado que cuentan con la reserva de fondos que los buenos años les han

permitido constituir—junto con los medianos propietarios —los pequeños propietarios, en muchos casos,

padecen tales dificultades económicas que se pueden incluso solidarizar con los jornaleros— quienes

padecen el abandonismo político en el terreno agrícola. La incertidumbre ante unos precios agrarios

fijados al margen del más mínimo cauce democrático, la falta de planificación de cultivos, la presión

social que dificulta la mecanización de las tierras y, en definitiva, la ausencia de una política exportadora,

retienen las inversiones. Por otra parte, la insolidaridad de un sector del capital tradicionalmente

reaccionario, que históricamente ha supuesto el más serio impedimento para abordar la reforma agraria a

cuya enunciación se recurre siempre que, como en la actualidad, la tensión social en el campo amenaza

con estallar, dificulta la reconversión de unas tierras que por desinterés de sus propietarios permanecen

sin explotar, mientras que la población activa del campo andaluz («amamos la tierra y no queremos salir

de ella, sino poder trabajarla») padece el más elevado índice de paro registrado desde la guerra civil.

En este clima, el extremismo rei-vindicativo de una de las fuerzas sindicales con implantación en el

campo andaluz, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC, integrado en la CSUT), concluyó la pasada

semana las jornadas de lucha que viene propiciando en Andalucía con el llamamiento a la ocupación de

fincas abandonadas o mal explotadas. Pese al carácter simbólico de las ocupaciones —que llegaron a

consumarse en Lebrija, localidad sevillana en la que unos quinientos jornaleros ocuparon durante algo

más de una hora una finca del Iryda— el alarmismo creció tanto en los medios oficiales como en los

sectores económicos no sólo de la región andaluza, sino de todo el país.

Lo que el profesor Malefakis, experto conocedor del tema agrario en nuestro país, calificaría de «jornada

histórica» supuso, en efecto, un escalón más en la lucha del campesinado. La jornada, pese al limitado

eco de la convocatoria, fue importante y demostró, como escribíamos al principio, que el campo está

controlado, que la desesperación está contenida, aunque nadie pueda asegurar por cuánto tiempo.

El presidente del SOC, Gonzalo Sánchez, declaró a EL PAÍS que esta fuerza sindical «actúa de manera

responsable, como sindicato de clase que es, y dirige a las masas sin llevarlas a enfrentamientos

sangrientos que tampoco supondrían una solución al problema. Sin embargo, las ocupaciones han

permitido crear una corriente de atención hacia el campo y ello nos indica que estamos en el buen camino,

por lo que reforzaremos la lucha. Si el Gobierno no acaba con el paro, llegaremos a las ocupaciones reales

de fincas y no seremos nosotros quienes impidamos a los trabajadores hacerse con la tierra que les

pertenece».

La jornada de ocupaciones, el pasado 28 de febrero, supone la más reciente manifestación de la

proximidad en que se encuentra el campo andaluz de alcanzar el temido punto sin retorno. Y, sin duda,

supuso para el Gobierno un duro toque de atención acerca del grado de desesperación en que se

encuentran los obreros del campo.

El PSOE quiere serenar los ánimos

El principal partido de la Oposición, a través del secretario regional del PSOE de Andalucía, José,

Rodríguez de la Borbolla, coincide en calificar de límite la situación, aunque rechaza los métodos de

lucha del SOC —«cuya vinculación al Partido del Trabajo, actualmente fuera de donde se hace la política,

le fuerza a posturas extremistas»—, por lo que apoya el llamamiento unitario que UGT hiciera

unitariamente con CCOO para la huelga general del pasado día 21. «Como muestra de responsabilidad de

las centrales mayoritarias, ante la convocatoria ultrancista del PTE, vimos la necesidad de serenar los

ánimos, aunque pareciese una contradicción, aun a costa de la movilización popular.»

«Porque la gente de los pueblos te llamaba y te decía: mira, que como mañana es la huelga general,

hemos pensado tomar el Ayuntamiento; como mañana es la huelga, hemos pensado manifestarnos ante el

cuartel de la Guardia Civil. La gente está desesperada, auténticamente desesperada. Si no, no se entiende

de otra manera los 1.500 millones de pesetas que el Gobierno ha puesto a disposición de la provincia de

Sevilla, sólo para el primer cuatrimetre, para paliar los efectos del paro. Era un acojono permanente.»

«Que es que había huelga general en todos los pueblos —continúa el dirigente socialista—. Que no es que

fuera una cosa que no tuviera eco. Es que Utrera fue totalmente a la huelga, y Puebla de Cazalla, y Osuna,

y Marchena. Y cerraban los comercios, y no por miedo, sino porque los comerciantes no cobran. Porque

el comerciante está fiando a la gente y la fía durante todo el año hasta que llega la recogida del algodón y

cobran lo que pueden; o llega la campaña del olivo y cobran lo que pueden y empiezan a fiar otra vez.»

Sin embargo, el PSOE no cree que exista un control absoluto sobre la situación. «El SOC, o el PTE, ha

controlado a su gente, y nosotros, como el PCE y las Comisiones Obreras, a la nuestra. Pero nadie puede

garantizar que el campo no estallará. La situación es límite y lo que nadie puede establecer es en qué

momento se ha rebasado este límite», opina el dirigente socialista andaluz.

En cambio, para el Partido Comunista, según el secretario provincial del PCE de Sevilla, Antonio

Iglesias, «si alguien tiene el cerillo que pueda incendiar el campo, al menos en nuestra provincia, somos

nosotros. Y el campo está en condiciones de arder, porque el hambre es una realidad. Pero nosotros

sabemos a quién beneficia incendiar el campo. A quién interesa el deterioro de la situación, y es al capital,

a la reacción y a esos poderes fácticos presentes todavía en el país, si no contra la democracia, por lo

menos tampoco a su favor.»

Tampoco el PCE está de acuerdo con los métodos de lucha del SOC. «No es precisamente el espectro del

pinochetazo el que nos lleva a nosotros a tener el cerillo guardado —explica Antonio Iglesias—. Es que

queremos transformar la forma clásica de lucha en el campo, porque también eso es un parcheo. Hoy se

agrava la situación en el campo, pues jornada de lucha al canto y huelga general. Mañana se mejora la

situación y a otra cosa... Y ese parcheo, que es una especie de Palmar de Troya, es lo que queremos evitar

dando auténtica solución a los problemas. Y queremos transformar la mentalidad de nuestros propios

afiliados en el campo, en el sentido de que no tengan que ser los bomberos de ninguna situación

desesperada, sino los que encabecen, porque tampoco vamos a renunciar a ello, la huelga y la protesta.

Pero lo haremos en momentos determinados, cuando creamos que es absolutamente necesario.»

El PCE no está por la subversión

En cuanto a la práctica del control que el PCE asegura tener sobre

la situación, Antonio Iglesias asegura que «el partido no observa las cosas desde un despacho. Nuestros

militantes, unos cien mil en la provincia de Sevilla, no son la masa, sino los dirigentes de ésta. Por

ejemplo, hay miembros del comité provincial que son dirigentes natos de los trabajadores, como son

Carmelo Acuña, o Guerra, o Pepe Gutiérrez, que son a su vez dirigentes de CCOO. Ellos tienen detrás a

miles de trabajadores, como se pudo ver en la huelga del día 21.

Tampoco el PCE acepta la actuación del SOC —el presidente de este sindicato anuncia a EL PAÍS que

muy pronto reiniciarán la actividad de lucha, fundamentalmente para conseguir que el empleo co-

munitario con que el Gobierno trata de palir los efectos del paro, alcance a todos los jornaleros— y

persigue la acción constante de planes reivindicativos que vayan dando solución al problema y no salidas

momentáneas.

«Hemos de salir del terreno de la agitación clásica —explica Antonio Iglesias— y entrar ya en el terreno

de las soluciones mediante la transformación de las estructuras. Ello no desdice que en momentos clave o

fundamentales en los que desde el punto de vista político sea consecuente y desde el punto de vista

sicológico, oportuno, vayamos a las acciones generalizadas en el campo. Pero no estamos por la

subversión.»

«Las situaciones de desesperación como la que vivimos ahora son muy propicias a la violencia ya formas

anarquizantes de lucha que no buscan soluciones, sino salidas. En el campo andaluz hay muchos sitios

con desesperación y una de las razones, desde nuestro punto de vista, es el insistir en los métodos

tradicionales de los últimos veinte años: concentración delante del ayuntamiento, encierro, manifestación

y si era necesario, enfrentamiento con la Guardia Civil, hasta conseguir que una comisión se entrevistara

con el alcalde para pedirle fondos comunitarios. A los tres días llegaba el dinero y se ponía otro parche a

la situación. Esos métodos, posiblemente los únicos en la anterior situación, en la actualidad son

peligrosos en cuanto que conducen a la desesperación, pues si la gente ve que sí se moviliza y lucha

consigue el millón o las quinientas mil pesetas para el paro, tiene trabajo para cuatro días y a los cuatro

días tiene que volver a insistir. Cuando lo han hecho durante dos o tres

semanas consecutivas, llega un momento que la gente estalla y aquí es cuando se corre el riesgo evidente

de que los jornaleros sobrepasen en su acción todos los límites que se les quiera poner. Y el riesgo no es

sólo para los sindicatos, que habrían fracasado en su papel de representantes de los obreros, sino para la

misma democracia.»

Esta argumentación justifica la práctica de lucha seguida por el PCE, utilizando los resortes parla-

mentarios, «pero buscando también en los pueblos el apoyo y el consenso de toda la población. Una de

las iniciativas más interesantes en este sentido, ya generalizada, es la participación de sectores amplísimos

de gentes del pueblo que ya no sólo son los jornaleros, sino los comerciantes, los maestros, la gente de los

ambulatorios, los cuales participan en la solución del problema del paro conscientes de que también les

afecta a ellos».

UCD no cree que la situación sea límite

La situación del campo andaluz, sin embargo, es menos dramática desde la visión ucedista del gobernador

civil de Sevilla, Luis

Fernández Madrid, quien pasa por ser el gobernador más liberal de la región y, por supuesto, el más

demócrata de los representantes gubernamentales que ocuparon con anterioridad a él el Gobierno Civil de

la provincia. «Yo creo honradamente que hambreno hay. He leído en algún periódico que hay obreros por

los caminos cogiendo hierba para comer —comenta— y eso es rigurosamente inexacto. De hambre no se

puede hablar. Lo que sí hay es angustia, incertidumbre, estrechez, pero hambre, no. Estamos en una

situación gravísima pero no límite.» Tampoco la tensión social que la grave situación de estrechez

mantiene de manera constante entre el campesinado parece tener excesiva importancia para el señor

Fernández Madrid: «El desorden público es una consecuencia teórica, potencial. No actuamos porque

tengamos miedo a que haya incidentes. Si hubiera incidentes, tendríamos que reprimir. La prueba está en

que se puede contar con los dedos de las manos las veces que han intervenido las fuerzas de orden

público. Yo llevo aquí siete meses y habrán salido unas siete u ocho veces y casi nunca han intervenido.

No se ha disparado un tiro. Hemos tirado una vez, creo que ha sido una vez, en Lebrija, donde se cortó la

carretera general, unos botes de humo. Y otra vez en Utrera. El otro día fue la Policía Armada a caballo a

Lebrija, pero no hubo enfrentamientos».

No obstante, el gobernador de Sevilla reconoce que se hace urgente una solución acertada al paro: «A mí

me horroriza pensarlo, pero a veces lo pienso y a veces lo digo en voz alta, tal y como están las cosas y

pese a que parezca un sarcasmo, es tanto el dinero que se invierte aquí, que yo estoy convencido de que

hoy el paro, si no se reconduce a una solución acertada, hoy por hoy, salvando lo que tiene de angustia y

de dramatismo, es casi una riqueza. Es decir, que el paro es casi un negocio. Se está financiando el paro

cuando lo que teníamos que financiar es el empleo».

El empleo comunitario financia el orden público

La principal solución, y casi única —al menos no se tiene noticia de que el Ministerio de Agricultura ni

otros departamentos hayan comenzado la aplicación de soluciones de futuro, ni siquiera a corto o medio

plazo—, para paliar los efectos del paro, que el paro en sí, es el empleo comunitario. Bajo esta

eufemística denominación se encubre el principal objetivo del Gobierno Suárez en estos momentos: evitar

incidentes, que el campo no arda. Y, ciertamente, el campo no arde, pues el Gobierno ha destinado, tan

sólo a la provincia de Sevilla y para el primer cuatrimestre del presente año, 1.500 millones de pesetas

para medidas urgentes de corrección del paro.

A esta cifra —seguimos en Sevilla— hay que sumar los 825 millones de pesetas concedidos con cargo a

los planes provinciales de 1977, autorizados ahora, y aún otros noventa millones más concedidos el

pasado 13 de febrero con cargo a la Mutualidad Agraria. En total, la nada despreciable cantidad de casi

2.300 millones de pesetas que, entre empleo comunitario, planes provinciales y otros calificativos,

suponen una auténtica subvención del orden público.

El propio Fernández Madrid confió a EL PAÍS que los fondos del empleo comunitario «se van por las

alcantarillas». La fórmula del empleo comjnitario supone la concesión de dinero destinado

exclusivamente a pagar salarios por un trabajo para el que, alguien, los ayuntamientos, los vecinos, los

comerciantes, la diputación o quien sea, pone los materiales necesarios y se pueden sanear ríos, limpiar

acequias, arreglar una calle. Decimos que se pueden hacer esta serie de cosas porque, en la práctica, no se

hacen. «No trabaja nadie. Las subvenciones que se concedan sin incluir los materiales necesarios para

realizar el trabajo comunitario suponen dinero perdido», apunta por su parte un alto funcionario de la

Delegación de Trabajo en Sevilla.

El salario que perciben los beneficiados por el empleo comunitario es de 738 pesetas por una jornada

teórica de siete horas y veinte minutos. Este salario, sólo para mayores de dieciocho años, se ha

establecido de acuerdo con el mínimo interprofesional, incrementado por las partes proporcionales a las

pagas extraordinarias de Navidad y julio.

Que esto es así, lo ratifica un alto funcionario gubernamental al comentar a EL PAÍS la dimisión del

alcalde de Lebrija. El alcalde se ha quitado de encima el mochuelo, asustado, y yo comprendo que esté

asustado. Los jornaleros van por allí, piden el dinero, se lo dan y se marchan a casa. Es lo que se llama

hacer el comanche.. El comande es el dinero que los alcaldes no han sabido administrar. Pero, en el

fondo, han conseguido algo que es orden público, han financiado orden público, no ha habido incidentes.»

«Muchos alcaldes, los que no saben estar en su sitio, los que son débiles, cuando llegan estos tíos se van

al Gobierno Civil. El gobernador libra el cheque, llegan allí, lo hacen efectivo y se pone ahí un tío en la

puerta y paga, pues, como el padre de la propina a sus hijos el domingo. Que yo he estado trabajando; no

trabaja nadie. Eso es lo que se llama hacer el comanche. Se junta una cuadrilla de quince o veinte tíos, se

van a la primera finca que encuentran, recogen ramas, palos y leña, pegan fuego y como los indios, a

pasar allí la mañana. Y, claro, ese dinero, parte de él, se va por el alcantarillado, te lo digo con toda

honestidad. Repito que me tranquiliza mi conciencia el saber que, por lo menos, se financia el orden

público.»

 

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