Autor: P. G. O.. 
 Los Presupuestos Generales del Estado para 1981; El año próximo se destina un 31,1% más la inevrsión pública. 
 Con el 12,5% de aumento salarial a los funcionarios, el Gobierno abre la negociación para 1981     
 
 El País.    01/10/1980.  Página: 56-57. Páginas: 2. Párrafos: 36. 

Los Presupuestos Generales del Estado para 1981

El año próximo se destina un 31,1% más a la inversión pública

Con el 12,5% de aumento salarial a los funcionarios, el Gobierno abre la

negociación para 1981

La previsión de un aumento de 0,5 puntos en la productividad de los funcionarios

es una de las novedades más apreciables de los Presupuestos para el año 1981, ya

que hasta ahora el sector público no había introducido conceptos de este tipo en

sus particulares relaciones laborales con sus trabajadores, al igual que

sucederá en el sector privado. Con este porcentaje del 12,5%, el sector público

manifiesta, por otra parte, cuál es la conducta que espera ver homologada por el

sector privado de cara a las próximas negociaciones salariales y a la renovación

del acuerdo-marco.

P.G. O.

Con ocasión de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del

Estado para el año 1981, el titular de Hacienda anunció algunas de las medidas

que en el futuro se van a adoptar para reducir los crecimientos de los gastos

corrientes, que son en estos momentos el principal caballo de batalla de los

responsables de la elaboración de los Presupuestos. De hecho, en 1981, el

crecimiento de los gastos corrientes va a ser bastante superior —si se cumplen

las previsiones del proyecto de ley presentado ayer— al crecimiento, nominal

previsto para el PIB, ya que los gastos corrientes aumentarán en principio en un

21,1 %, y el PIB nominal lo hará en torno al 16%.

Invertir los porcentajes de crecimiento de ambos es uno de los objetivos de la

política económica para los próximos años, tal y como señaló Suárez en su

discurso de la cuestión de confianza.

Las medidas que se han adoptado y que se tomarán en el futuro para lograr el

objetivo de reducir el crecimiento de los gastos comentes son varias. En primer

lugar, la culminación del llamado presupuesto por programas, que en 1982

afectará a la totalidad de los ministerios.

En segundo lugar, la adopción de las técnicas de elaboración del «presupuesto

base cero» a un nivel más generalizado. El «base cero» implica elaborar los

presupuestos de cualquier departamento u organismo público partiendo de cero en

vez de añadir un porcentaje a las cifras del año anterior. Con esta técnica se

puede evitar el «arrastre» de gastos que han perdido su justificación y que

deben ser reducidos o incluso anulados.

Este sistema fue empleado este año para el 25% del total del presupuesto de cada

ministerio, al pare-

cer con escaso éxito. El año próximo será extendido al 50% de los gastos de cada

departamento ministerial, con objeto de que los Presupuestos del año 1982 —cuya

elaboración, según fuentes solventes, se iniciaría el día 2 de enero de 1981— se

hagan ya en un 50% con nuevos criterios.

Una tercera medida que pretenden adoptar los responsables de Hacienda es la del

establecimiento, como requisito necesario para la tramitación de proyectos de

leyes o disposiciones administrativas que puedan tener repercusiones

presupuestarias o financieras, el que vayan acompañadas de una memoria

financiera y económica que evalúe y determine dichas repercusiones. Esta medida

es consecuencia del proceso de discusión parlamentaria y aprobación de las

pensiones para los afectados por la guerra civil.

Los gastos de personal constituyen la partida más fuerte del Presupuesto, como

es tradicional,

ya que representarán en 1981 el 37,4% del total, con merma ligera respecto a

este año, en que representan el 38,2%.

El Presupuesto 1981 ha considerado un incremento de sueldos y salarios del 12%,

más un 0,5$ de productividad, que se introduce por vez primera como dato en la

elaboración de las cuentas de la nación.

El 12% mencionado de aumento salarial se estableció a la vista del objetivo

general de un aumento de tos precios previsto del 13,5% para 1981, y teniendo en

cuenta que los aumentos salariales no tienen por qué reflejar la parte del

aumento de precios que es imputable a los eventuales aumentos de precios

petroleros.

En segundo lugar, las plantillas de funcionarios van a congelarse a su nivel

actual. Por otra parte, el Gobierno pretende regular «de forma rigurosa» las

incompatibilidades para el desempeño de puestos en el conjunto del sector

público (no sólo de la Administración central, sino incluso para las empresas

públicas, como señaló García Añoveros expresamente). El principio de puesto de

trabajo único «sólo podrá excepcionarse por ley».

En materia de pensiones también se establecen medidas para aquellos casos en los

que concurra el cobro de más de una, estableciéndose un aumento del 12% para la

principal y crecimientos menores para las demás. Las pensiones mínimas únicas

aumentarán en un 14%.

Todas estas medidas en relación con los gastos de personal no impiden, sin

embargo, que tales gastos aumenten en 182.090 millones de pesetas, lo que

convierte a esta partida en la de mayor importancia presupuestaria, por su

aumento en términos absolutos. Es más, el aumento de los costes de personal es

superior al aumento de las inversiones del sector estatal en unos 20.000

millones de pesetas.

La moderación de los gastos corrientes globales tiene, por otra parte, mucho que

agradecer a la compra de bienes y servicios, que aumenta muy moderadamente, un

6,4%, y que ascenderá en 1981 a unos 110.800 millones de pesetas.

Gastos congelados

Todas estas medidas no eran, sin embargo, suficientes para frenar el aumento de

los gastos corrientes, por lo que los autores del Presupuesto han debido

recurrir a otras dos de carácter excepcional.

La primera de ellas es la relativa a los gastos militares. Se suspende la

aplicación de la modernización de las Fuerzas Armadas, que tenían previsto haber

incrementado sus presupuestos de defensa en un 31%. Las medidas adoptadas en

esta materia consisten en diferir el gasto de 10.500 millones de pesetas,

destinando además otros 9.000 millones de pesetas adicionales a reembolsar

anticipos del Tesoro efectuados años atrás. Tras este recorte de casi 20.000

millones de pesetas, el presupuesto del Ministerio de Defensa para comprar

bienes y servicios aumentará en términos reales tan sólo el 1,2%.

La segunda medida se refiere al pago de las pensiones derivadas de la guerra

civil. Se va a aprobar un real decreto-ley por el que se fracciona el pago de

los atrasos de estas pensiones. El pago de estos atrasos, aprobado en las

Cortés, obligaba al Estado a abonar durante el próximo ejercicio la cantidad de

130.000 millones de pesetas, lo que representaba, por sí sólo, el equivalente a

más del 7% de los gastos comentes de este año. Para evitar este pago de una sola

vez y las consiguientes perturbaciones sobre el presupuesto, el Gobierno ha

decidido fraccionar el pago del atraso a lo largo de un período de cuatro o

cinco años, con devengo de intereses, lo que producirá un alivio sobre el

presupuesto del año próximo de unos 70.000 millones de pesetas, cuyo pago se

aplaza y se fracciona. Según manifestó ayer el titular de Hacienda, el

fraccionamiento para cuatro años afectará a las pensiones de menos de 500.000

pesetas, y para las que superen esta cifra anual, el plazo de pago será de cinco

años. En ambos casos, el interés devengado será del 8% anual.

Escasos límites a las subvenciones

Dentro del capítulo de los gastos corrientes, las subvenciones y transferencias

representan el segundo renglón en importancia, y lo mismo sucede a nivel de todo

el presupuesto de gastos, ya que esta partida absorbe el 31,2% del total de

gastos previstos para el año próximo, porcentaje casi igual al del año en curso.

El Estado se gastará en este concepto 879.300 millones de pesetas en 1981, con

aumento de 162.116 millones de pesetas sobre el año 1980. Este aumento es

incluso superior al aumento previsto para la inversión pública, de modo que el

Estado se va a gastar más dinero en subvencionar durante el año próximo que en

invertir. La diferencia a favor de las subvenciones será de unos 200.000

millones de pesetas. En este capítulo se incluyen también las transferencias a

diversos organismos con finalidades concretas. , Las mayores partidas de las

transferencias corrientes tienen una finalidad asistencial. Por ejemplo, las que

tienen por destino la Seguridad Social se incrementan en un 50%, con objeto de

abaratar el coste del empleo para las empresas en un porcentaje que los autores

del presupuesto han estimado en torno al 0,5%, con lo que esperan reducir «el

coste real del factor trabajo, facilitando la generación de empleo».

El seguro de desempleo se llevará 100.000 millones de pesetas el año 1981, con

cargo al Estado, con

aumento del 25 %. El Estado deberá asumir en el futuro el 40% del coste de este

seguro. La subvención a la gratuidad de la enseñanza se incrementa en un 12%. Y,

finalmente, las transferencias a las corporaciones locales crecen de modo

sustancial, alcanzando el 52% de aumento la participación de los ayuntamientos

en los ingresos del Estado y otras asignaciones. Por otra parte, los impuestos

directos ya cedidos aumentan en un 25% (contribución urbana y cuota de licencia

fiscal). El trasvase de fondos desde el Estado a las corporaciones locales es el

de mayor aumento entre todos los capítulos de las transferencias.

Por lo que se refiere a la subvención de los déficit de explotación de empresas,

Hunosa se llevará el año próximo unos 17.500 millones de pesetas, aunque el

montante de la subvención dependerá, a partir del año próximo, de la cantidad de

toneladas producidas, lo que implica establecer un cierto límite a la cobertura

de sus pérdidas.

La inversión pública

El conjunto de las inversiones públicas aumenta en un 31,1% sobre el presupuesto

de 1980, siendo la inversión de carácter civil la que crecerá más fuertemente

(un 32,5%) respecto a la militar (un 23,4%).

El ministerio más inversor, con el 27% del total, será el de Obras Públicas y

Urbanismo, con 179.210 millones de pesetas, y aumento del 32% sobre este año.

Los entes territoriales son los que mayores crecimientos experimentan en sus

programas de inversión, cifrándose dicho aumento en un 156,4% en términos

relativos. Las prioridades inversoras del sector público han sido fijadas en los

sectores de la construcción, agricultura, transportes y obras de ámbito local,

además del sector energético.

De forma adicional, las dotaciones en poder del crédito oficial van a

experimentar un aumento sensible, lo que permitirá mejorar el volumen de fondos

disponibles por las empresas en las entidades oficiales de crédito. Las

dotaciones del Tesoro al crédito oficial se incrementarán en un 30%, ascendiendo

a 230.000 millones de pesetas. Alrededor de la mitad de esta cifra (unos 115.000

millones de pesetas) será financiada con la emisión de cédulas para inversiones,

y el resto, mediante anticipos del Tesoro. Las disponibilidades de crédito de

las entidades oficiales podrán así atender a la mayor demanda que se producirá

en el sector de la construcción de viviendas, en la ejecución del Plan

Energético Nacional y en el apoyo financiero a empresas necesitadas de

reestructuración de los sectores en crisis.

El déficit y su financiación

La previsión de déficit para los próximos Presupuestos Generales del Estado es

de 435.609 millones de pesetas, de los que 120,000 millones de pesetas serán

financiados con emisiones de deuda pública, unos 70.000, con crédito exterior, y

los restantes 245.609 millones, con recurso al Banco de España.

Sin embargo, el recurso total al banco emisor será del orden de los 330.000

millones de pesetas, en términos monetarios. La apelación real será de unos

245.000 millones, lo que supondrá un 11,7% de las disponibilidades liquidas en

el año próximo, inferior al 16, Imprevisto para este año.

Para el Ministerio de Hacienda, «el comportamiento monetario previsible del

sector público, así definido, es perfectamente compatible, tanto con un

crecimiento moderado de las disponibilidades líquidas como con una financiación

adecuada del sector privado».

E1 presupuesto de la Seguridad Social aumenta en un 19,3%.

El presupuesto de la Seguridad Social, presentado en las Cortes juntamente con

el del Estado, prevé unos gastos de 2.084,063 millones de pesetas, con un

aumento del 19,3% sobre el del año anterior, según explicó Alberto Oliart en el

curso de la conferencia de Prensa celebrada ayer con motivo de la

presentación de ambos documentos.

Los ingresos de la Seguridad Social contarán el próximo año con una aportación

de 216.500 millones de pesetas del Estado, lo que representa un incremento del

50% sobre el año anterior y un aumento en términos absolutos de 72.000 millones

de pesetas. De esta forma, el Estado pasa a participar en la financiación de la

Seguridad Social en un 10,39%, frente al 8,35% de este año.

Una de las novedades del presupuesto es la reducción de 0,5 puntos en el tipo de

cotización en el régimen general de la Seguridad Social. Esta medida acarreará

un ahorro de 22.000 millones de pesetas para los cotizantes, que se distribuyen

entre los empresarios (18.600 millones de pesetas) y los trabajadores (3.400

millones de pesetas).

En el capitulo de los gastos, las dotaciones para el pago de pensiones superan

el billón de pesetas (exactamente, 1.129.225 millones de pesetas), con un

aumento del 22,8% sobre la liquidación prevista para este año. La revalorización

media de las pensiones será de un 12%, aplicándose un 14% a las pensiones

menores.

Para incapacidad laboral transitoria se destinan 124.890 millones de pesetas,

con aumento del 6,4% sobre este año.

Los gastos de farmacia se incrementan en 12.152 millones de pesetas, con un

crecimiento relativo del 11,2% sobre la liquidación prevista para el año en

curso.

Finalmente, la asistencia sanitaria con medios propios aumenta en un 13,2% en

términos relativos, creciendo su principal apartado, el de las retribuciones del

personal, en un 12,5%. La asistencia sanitaria con medios ajenos le costará a la

Seguridad Social el año próximo 122.718 millones de pesetas, lo que representa

un aumento en términos relativos del 14,9% sobre este año.

Las inversiones reales de la Seguridad Social en 1981 ascenderán a 50.383

millones de pesetas, lo que representa un aumento del esfuerzo inversor del

23,7% sobre el presupuesto inicial previsto para 1980.

 

< Volver