Autor: Arias-Salgado Montalvo, Rafael. 
   La disolución de las Cortes Generales     
 
 El País.    20/02/1981.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

TRIBUNA LIBRE

La disolución de las Cortes Generales

RAFAEL ARIAS-SALGADO

Declaraciones políticas de algún dirigente socialista, artículos periodísticos e

interpretaciones apresuradas de aficionados han hecho circular la tesis de que a

partir del 1 de marzo la oposición parlamentaria tendrá en sus manos la

posibilidad de disolver las Cámaras y provocar elecciones anticipadas. Esta

tesis no sólo carece de fundamento constitucional y legal, sino que vulnera

abiertamente los principios sustanciales sobre los que se articula el régimen

parlamentario que consagra explícitamente la vigente Constitución española en su

artículo primero.

La irresponsable tesis que trata de rebatirse se apoya, de una parte, en el

artículo 68 de la Constitución, que establece que «el Congreso se compone de un

mínimo de trescientos y de un máximo de cuatrocientos diputados». Y de otro

lado, en el artículo 29 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre

normas electorales, que dispone que «las vacantes que se produzcan en el

Congreso y en el Senado, trancurridos los dos primeros años de la legislatura,

quedarán sin proveeer».

No se trata ahora de entrar en el polémico tema de la distinta eficacia

normativa de los preceptos constitucionales. Creo, sin embargo, que el artículo

68 de la Constitución no es de aplicación directa e inmediata a la vida

política, sino que contiene un mandato al legislador ordinario para que elabore

ana ley electoral en el marco de los principios y límites que el propio texto

constitucional señala. La prueba práctica más palmaria estaría en que con la

sola aplicación del artículo 68 de la Constitución no podría precederse a la

elección del Congreso de los Diputados. En realidad, lo único que se desprende

de este precepto constitucional es que ninguna ley electoral podrá configurar un

Congreso de los Diputados que tenga menos de trescientos o más de cuatrocientos

escaños a proveer.

La actual ley Electoral, anterior a la entrada en vigor de la Constitución,

configura un Congreso compuesto de 350 diputados y prevé la posibilidad de su

sustitución únicamente durante los dos primeros años de cada legislatura. Pero

ello no supone que el funcionamiento de la Cámara exija la presencia de

trescientos diputados, ni menos aún que la disminución del número de

parlamentarios por dimisión, fallecimiento, expulsión o cualquier otra causa,

después de constituida la Cámara en debida forma, produzca la disolución

automática del Congreso de los Diputados.

El vigente reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 46, apartado

2, dispone que el Pleno del Congreso «se entenderá válidamente constituido

cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros».

Esta disposición significa que el Congreso de los Diputados, si se ha

constituido en debida forma, de acuerdo con las previsiones, constitucionales,

después de las elecciones generales puede seguir funcionando hasta el término de

su mandato porque, su órgano máximo, el Pleno, puede constituirse válidamente

siempre que continúen siendo diputados y estén presentes al iniciar cada sesión

plenaria la mitad más uno de sus miembros: 176 diputados. Pero esta razón, con

ser importante, no es la fundamental. La incorrección de la tesis que se combate

radica en el artículo 115 de la Constitución, que recoge el principio capital

del régimen parlamentario que instituye nuestro texto constitucional

explícitamente.

Establece el artículo 115 que «el presidente del Gobierno, previa deliberación

del Consejo de Ministro y bajo su exclusiva responsablidad, podrá proponer la

disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será

decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las

elecciones».

Es este un supuesto tasado y excluyente de cualquier otro imaginable. No hay

otro mecanismo posible de elecciones generales anticipadas en la Constitución

española (*). Es lo propio de un auténtico régimen parlamentario que se apoya en

el trípode de censura, confianza y disolución como instrumentos de equilibrio

político entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Cualquier

interpretación que conduzca a conclusiones diferentes vulnera, tanto el artículo

115 de nuestra norma fundamental, como los supuestos políticos del régimen

parlamentario sobre los que la Constitución se articula al regular estos dos

poderes del Estado y al definir la forma política de éste como monarquía

parlamentaria (artículo uno de la Constitución).

Régimen parlamentario

Afirmar que el principal partido de la oposición en número de escaños, haciendo

dimitir a un cierto número de diputados, puede provocar la disolución, y

consecuentemente la convocatoria anticipada de elecciones generales, supone

transgredir abiertamente el principio básico del régimen parlamentario, que

quedaría así convertido en un régimen de asamblea o convención en el que podría

llegar a

operar, en virtud de su lógica interna, el mecanismo de la autodisolución. De

ahí que una operación de esta índole implique, además de una vulneración de la

Constitución, una cierta acción de boicoteo inadmisible al funcionamiento del

Congreso de los Diputados. En ningún caso puede la oposición provocar

constitucionalmente la disolución de las Cámaras. Para que ésta se produzca

constitucionamente es imprescindible la promulgación del decreto de disolución

de Su Majestad el Rey, que habrá de fijar además la fecha de las elecciones. Y

el decreto de disolución solamente puede ser propuesto al jefe del Estado por el

presidente del Gobierno. Si en pura, aunque descabellada, hipótesis el Congreso

de los Diputados perdiera por dimisión de éstos, a partir del 1 de marzo

próximo, más de la mitad de sus miembros, se podría originar un impasse

funcional, pero en ningún caso elecciones anticipadas. Y quien voluntariamente

provocase tal situación de parálisis institucional incurriría en la gravísima

responsabilidad de violar la Constitución española por intereses de partido.

Rafael Arias-Salgado es ministro en funciones de la Presidencia y diputado de

UCD.

* Excluyo, a los efectos de este trabajo, lo previsto en el artículo 99,

apartado 5 de la Constitución, que se refiere al supuesto de imposibilidad de

elegir un presidente de Gobierno.

 

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