Aprobado ayer en el Consejo de Ministros. 
 EL Gobierno envía a las Cortes el proyecto de ley de Régimen Local     
 
 ABC.    09/05/1981.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

8/ABC

NACIONAL

Aprobado ayer en el Consejo de Ministros

El Gobierno envía a las Cortes el proyecto de ley de Régimen Local

El proyecto de ley por el que se aprueban las bases de la Administración Local

tiene su punto de partida y marco delimitador en la Constitución española de

1978. Como es bien conocido, nuestro ordenamiento constitucional consagra tres

principios básicos o fundamentales en relación con la Administración Local:

1) La autonomía de las Corporaciones Locales en la gestión de sus intereses

peculiares o específicos;

2) El carácter representativo y democrático de los órganos de gobierno y

administración de losMunicipios y provincias, y.

3) La suficiencia de las Haciendas Locales.

La nueva ley suprime gran número de controles, autorizaciones y aprobaciones que

la Administración del Estado venía ejerciendo sobre las Corporaciones Locales.

Esta reforma no sólo dotará de la necesaria autonomía a los Ayuntamientos y

Diputaciones, sino que permitirá, al mismo tiempo, una mayor celeridad y

eficacia en la gestión de sus intereses.

Tal régimen de autonomía exige, sin embargo, un cuidadoso y efectivo control por

parte de los Tribunales de Justicia. Con esta finalidad se establecen los

procedimientos adecuados para posibilitar la impugnación ante los Tribunales de

todos aquellos actos de las Corporaciones Locales que infrinjan las leyes y

reglamentos.

La suficiencia económica y financiera de los Ayuntamientos y Diputaciones

constituye, sin duda alguna, la auténtica garantía para la existencia de una

efectiva autonomía local. Por esta razón, la ley establece que las Corporaciones

Locales dispondrán de los medios y recursos necesarios para el cumplimiento de

sus fines específicos. Conviene precisar, sin embargo, que la ley no regula los

tributos y demás ingresos de las entidades locales.

Las Corporaciones deben contar con órganos ejecutivos fuertes, que hagan posible

una gestión ágil y eficaz de los servicios públicos locales. La nueva ley,

consciente de esta necesidad, potencia la figura del alcalde y del presidente de

la Diputación —órganos ejecutivos por excelencia— mediante la ampliación de sus

facultades, competencias y atribuciones.

Las competencias y funciones que se atribuyen al Municipio son muy extensas. En

este sentido, se contemplan, además de aquellas funciones tradicionalmente

consideradas como típicas de la actividad municipal, las compartidas con otras

Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito de la educación, la

cultura y la sanidad, y aquellas, otras que puedan asumir por delegación o

transferencia de la Administración del Estado o de las comunidades autónomas.

Se establecen como competencias de las Diputaciones la asistencia a los

Municipios, el fomento y administración de los intereses peculiares de la

provincia y la participación en los programas de cooperación del Estado con las

Corporaciones Locales.

La nueva ley establece un régimen municipal —dotado de la suficiente amplitud o

flexibilidad para adaptarse a las exigencias de los Municipios de carácter

común— y, simultáneamente, regula diversos regímenes especiales, a fin de dar

adecuada respuesta a las necesidades y demandas suscitadas por determinados

Municipios de carácter singular.

Uno de los principios inspiradores de la nueva ley es que las Corporaciones

Locales se inserten, en la medida de lo posible, en el ordenamiento jurídico-

administrativo general.

Se establece que las Corporaciones Locales se regirán en todas las cuestiones

relativas al procedimiento administrativo, función pública, expropiación

forzosa, contratos y conexiones administrativas y responsabilidad, por la

legislación común a todas las Administraciones Públicas.

Dicha remisión no impide la regulación en el texto de algunas materias que

requieren un tratamiento especial y que, en ocasiones, representan novedades en

el Régimen Local. Entre tales innovaciones cabe destacar la reforma del sistema

de previsión social de los funcionarios locales —con el fin de acomodarlo a los

principios que inspiran el régimen especial de Seguridad Social de los

funcionarios civiles del Estado—, la homogeneización de su sistema de

retribuciones con el resto de la función pública y el establecimiento de

carreras administrativas y cauces de promoción interna para el personal al

servicio de las Corporaciones Locales. Asimismo contiene una regulación de los

denominados Cuerpos Nacionales de Administración Local, que en él futuro

quedarán reducidos a dos: el de secretarios y el de interventores y

depositarios.

 

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