Autor: Muñoz Iglesias, Salvador. 
   ¿Me permiten?     
 
 El Alcázar.    17/03/1977.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

¿ME PERMITEN?

Hace apenas un mes, el 11 de febrero, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Valladolid (Valladolid,

Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia, Zamora y Avila)» tajo´ el título "Estabilidad en la familia", han

estrilo una carta pastoral colectiva sobre el tema concreto del divorcio.

Creo que todos me honran personalmente con su amistad: uno de ellos fue compañero de estudios en

Roma; dos, antiguos alumnos míos en el Seminario de Madrid. ¿Me permiten que, a título de amigo,

tímidamente, pero con toda sinceridad y deseo de contribuir al esclarecimiento de un asunto tan grave,

ponga algunas apostillas a su pastoral?

Ante todo, los felicito por su oportunidad al ofrecer a los fieles de sus diócesis, en momentos de contesta-

ción y confusionismo sobre la materia, la enseñanza inconmovible de Cristo y de su Iglesia acerca de la

indisolubilidad del matrimonio: tanto entre bautizados, por ser sacramento, como en general, por insti-

tución divina positiva.

Y mi aplauso —aunque, por mío, valga poco— es apretado y sonoro a la valentía con que los obispos de

la Archidiócesis de Valladolid condenan el divorcio como un mal, que no se puede situar "al nivel de los

derechos fundamentales del hombre" y que "es, en todo caso, una quiebra, un fracaso en un asunto

fundamental de la vida humana que, aún suponiendo que ha*sido ocasionado exclusivamente por la otra

parte, hay que analizar no solo en una perspectiva del interés puramente personal, sino también en sus

repercusiones familiares y sociales".

Pero hay dos puntos en la pastoral que, en mayor o menor grado, me parecen discutibles.

Es el primero la afirmación de que el matrimonio entre bautizados solo pueda ser sacramento si le

acompaña de hecho la fe de los contrayentes. Es esta una opinión muy reciente de algunos teólogos

pastora-listas, no muy en consonancia con lo que siempre ha creído, enseñado y practicado la Iglesia.

Aceptarla y proponerla, sin matizar su grado de certeza, me parece peligroso en un documento

magisterial.

La cuestión de la falta de fe en los contrayentes bautizados es un serio problema pastoral. Pero su

planteamiento teológico de cara a la realidad del sacramento del matrimonio suele tener en muchos de sus

partidarios inconfesadas intenciones divorcistas: Si se niega a los bautizados que no tienen fe el

matrimonio-sacramento, no se les va a quitar el derecho a casarse por lo civil; con lo cual, si siguen sin fe,

se podrán acoger a un divorcio civil; si la recobran, nadie les impedirá contraer matrimonio-sacramento

con quien quieran, ya que la Iglesia no reconoce su matrimonio anterior.

El segundo punto discutible en la pastoral de referencia, que al igual que el anterior resulta incoherente

con el resto del documento, es la actitud que sugiere frente al divorcio civil. Dicen los señores obispos:

"El divorcio civil, hoy, en España, ¿sería un mal menor o no? Ante esta cuestión de hecho, no hay

respuesta dogmática; no la situemos en el plano de las exigencias de la fe, sino de la prudencia política".

Fundamentan esta conclusión en el principio moral de la tolerancia, que como "cuestión de derecho", en

el terreno de los principios, consideran cierto. Ante la cuestión de hecho (¿es lícito o no emplear aquí y

ahora la tolerancia en esta materia concreta?), y a pesar de sus reservas ante los inconvenientes sociales

del divorcio, sostienen que el creyente no debe situarla en el plano de las exigencias de su fe, sino de la

prudencia política.

Dos objeciones se me ocurren.

La primera es que el divorcio jurídico no es un caso de tolerancia. El Estado no se limita a permitir el mal

que otros hacen —como haría tolerando la bigamia o el adulterio —sino que realmente hace él un mal,

creando en los divorciados un derecho a nuevo matrimonio que no tenían. Y el principio moral de la

tolerancia no legítima hacer un mal —por pequeño que sea — para evitar otro mayor.

La segunda objeción se refiere a la actitud del ,creyente ante una ley civil que pretenda establecer el

divorcio jurídico. De acuerdo en que no hay respuesta dogmática sobre el particular, pero no en que sea

una simple cuestión de prudencia política. Hay muchas cosas, sobre las cuales no existe definición

dogmática, pero sí elementos revelados suficientes para formar desde la fe un juicio vinculante. Tal es el

caso del divorcio.

Aparte de saber que moralmente no es lícito a los católicos acogerse al divorcio civil, los creyentes

sabemos que, según enseñanzas infalibles de Cristo, por institución divina positiva el matrimonio es

desde el principio y para todos —no sólo para los bautizados— intrínsecamente indisoluble; sabemos, por

tanto, que no existe en los hombres el pretendido derecho al divorcio; sabemos que ninguna autoridad —

sin especial y expresa delegación divina— puede conceder a los hombres un derecho que Dios no les

otorga. Y sabemos, sobre todo, que Dios al imponer a todos la indisolubilidad del matrimonio, sabía de

antemano —¿o no lo sabía?— que iba a haber en el mundo muchos matrimonios rotos. Pero no se le

ocurrió —ni siquiera por "prudencia política"— que la solución de ese mal fuera el divorcio. ¡Quizá no se

diera cuenta de que una ley divorcista, subrogada a la suya intransigente de indisolubilidad del

matrimonio, evitaría los males mayores que en la sociedad produce la observancia de lo que El mandó!

En serio, la voluntad expresa de Dios, la actitud clara y resuelta de Cristo, la enseñanza y la práctica

secular de la Iglesia, creo que pesan lo suyo en la conciencia del cristiano —más que todas las posibles

razones de "prudencia política"— a la hora de enjuiciar una cuestión de hecho, que no es un simple caso

de tolerancia.

SALVADOR MUÑOZ IGLESIAS

 

< Volver