Autor: Contreras, Lorenzo. 
   Brazos abiertos y brazos cruzados; El papel de la Conferencia Episcopal; Tras las huellas de monseñor Acerbí; Otra vez el dilema concordato-acuerdos parciales; América, América; Las metas de la selectividad     
 
 Sábado Gráfico.    21/03/1974.  Página: 16-18. Páginas: 3. Párrafos: 16. 

RUEDO IBÉRICO DE LA POLÍTICA

EL Gabinete Arias avanza hacia su tercer mes de vida agobiado de promesas y de

problemas internes y exteriores. Autoemplazado en la dirección de una política

aperturita ve cómo la situación españoa se enrarece, mientras alla donde las

fronteras su gestión encuentra una opinión hostil que declara en el Parlamerto

europeo de Estrasburgo la "¿ rra a nuestras ya viejas aspiraciones comunitarias.

Calmada la tensión con la Iglesia, vigilada y contrarrestada la verdadera

oposicion interior, el Gobierno par encontrarse entre la pared u su programa y

la espada de sus tribulaciones. Utrera Molina, ministro del Movimiento, ha

declarado en Barcelona, I patria de Puig Antich, que el Gabinete al que

pertenece «no es de orden público» y que el presidente Arias «se dispone a

afrontar con gallardía los temas sociales, políticos y económicos actualmente

planteados». En los mentideros madrileños se sigue hablando, sin demasiado

entusiasmo, de asociaciones. Se especula con una resurrección del «proyecto

Solís» parcialmente retocado. La opinión interesada se pregunta con cierta

insistencia si el Estatuto anunciado por Carlos Arias va a ser o no succionado

por el Consejo Nacional, en perjuicio de las Cortes. Hay confusión en el tema. Y

en el fondo, desinterés numérico, mezclado con desconfianza. El capítulo semanal

relativo a estas realidades se cierra con la puntualización de Utrera Molina en

sus declaraciones periodísticas:

«Nuestra labor es merecedora, por lo menos, de respeto. Nosotros no queremos

ofrecer una política clanística, pues entonces mereceríamos el desprecio, sino

una apertura total. Abrirnos los brazos y creo que eso merece una leal

correspondencia.

Mas de un español políticamente sensibilizado podría aducir que son muchos los

años de brazos abiertos» ante una Administración empeñada en permanecer con los

brazos cruzados frente a las realidades del país. El ex ministro Silva Muñoz ha

manifestado públicamente en estos días: «Nos hallamos en momentos de reforma

política. Nos la impone la marcha dé los tiempos, siempre implacable, con un

relevo generacional que trae, como todos los relevos de este género, sus ideas y

sus sensibilidades peculiares...».

Entre las nuevas ideas que surgen como una llamada de los tiempos figuran las

referentes a un enfoque moderno de las relaciones entre el Trono y el Altar. El

conflicto Iglesia-Estado, vigorosamente planteado por acontecimientos que están

en el recuerdo de todos, ha movilizado alarmas que podrían ser definitivas.

El tema era informativamente tentador hace pocos días, cuando don Pío Cabanillas

recibió a los periodistas y les comunicó lo tratado en el último Consejo de

Ministros. Cabía preguntar al ministro sobre el destino del vigente Concordato y

sobre asuntos relacionados con las tensiones recientes, pero el señor Cabanillas

prefirió adelantarse a la curiosidad de la Prensa, sin admitir —lo dijo

explícitamente— preguntas sobre el tema.

LO que el representante del Gobierno dijo fue escasamente novedoso. Se limitó a

leer un comunicado que, por su brevedad, transcribo: «Los últimos

acontecimientos han puesto de manifiesto, una vez más, que las normas vigentes

en la materia no son adecuadas a la actual realidad y que resulta urgente un

nuevo replanteamiento. El Gobierno tiene plena conciencia de ello y está

decidido a proveer sin pausa al respecto, para clarificar las relaciones entre

el Estado y la Iglesia, conforme a las orientaciones dé colaboración y, mutua

independencia».

«ABC» se había anticipado a esta nota oficial con un editorial que el mismísimo

López Rodó podría haber suscrito. Su nervio consistía en marginar a la

Conferencia Episcopal del marco negociador que se perfila. El comentario

argumentaba: «Sería inútil tratar de llegar a un entendimiento en este asunto

con jerarquías eclesiásticas a otros niveles, puesto que la Santa Sede es la

única instancia competente para negociar con el Estado la modificación del

vigente Concordato».

«Ya», órgano de la Editorial Católica, tardó sólo cuarenta y ocho horas en

reaccionar: «Insistir —dijo en un comentario dominical— en que la Conferencia

Episcopal no es dialogante concordataria del Gobierno es empeñarse en refutar a

inexistentes maniqueos».

Es decir, «Ya» y el mundo que más o menos representa no admiten que la

Conferencia Episcopal pase como reivindicadora de un protagonismo negociador; a

este efecto, el diario confesional

madrileño ha invocado la declaración colectiva episcopal de enero de 1973, que

reconoce «la competencia exclusiva en la materia de la Santa Sede y el Estado

español». Ahora .bien, el citado periódico matizaba: «Otra cosa es que la Santa

Sede consulte con los obispos españoles...».

ESTA breve polémica ofrece el interés del momento en que se suscita, cuando

todavía están frescas las huellas de monseñor Acerbi en la arena diplomática

de Madrid, donde se reunió durante dos horas, acompañado del Nuncio, con el

ministro español de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina,

Monseñor Acerbi, segundo de Casaroli, no vino sólo a Madrid para hablarle de

traslados a monseñor Añoveros, hoy de vacaciones en Málaga, sino,

presumiblemente, para iniciar aproximaciones negociadoras al Gobierno español,

en el marco de una crisis cuya entidad no parece desdeñable. Esta presencia del

diplomático vaticano no es desconectable del definitivo destino del prelado

bilbaíno, entre cuyos valedores, a juicio de los expertos, se encuentran en la

Curia vaticana monseñor Benelli y el ex obispo de Avila, don Maximino Romero de

Lema.

PERO el interés fundamental del debate a que conduce la reciente exhibición de

opiniones radica, a mi juicio, en la vigorización de la teoría de los «acuerdos

parciales». En la dialéctica Concordato sí Concordato no, la solución intermedia

de los llamados «acuerdos parciales» ha pasado por momentos de alza y por

períodos de eclipse. El hecho de que «ABC» haya sugerido un nuevo Concordato

concebido técnicamente como «texto breve»; «con soluciones jurídicas concretas

para aquellas cuestiones que puedan ser conflictivas», ha motivado una «salida»

irónica de su colega matutino, en el sentido de que no habría nada más breve que

un mutuo «cheque en blanco». Pero, sobre todo, «Ya» ha usado un paralelismo

argumenta! que hasta ahora creo entender estaba inédito. Me refiero a la

comparación de los pretendidos islotes de entendimiento para cuestiones

concretas con la técnica aplicada a los pactos hispano-norteamericanos. El

diario confesional preguntó en este sentido: «¿No abordamos nuestras relaciones

con los Estados Unidos o con la Comunidad Económica Europea por acuerdos

parciales, vistos los obstáculos de una negociación global?».

«Ya» no comprende, pues, «la oposición a ultranza a los acuerdos parciales».

Pero quizá la opinión pública, a fuerza de asistir a polémicas que cada vez la

rozan más de lejos, no acabe tampoco de comprender a quién no le interesa el

Concordato, por qué su simple mención genera tanta disputa y qué diferencia hay,

en definitiva, entre una suma de acuerdos parciales y una solución concordada.

Quizá la clave para entender este embrollo se encuentre en la resistencia

vaticana a solemnizar nuevamente, actualizándolas, las estipulaciones de 1953. A

propósito de aquel Concordato, tan lastimado por los acontecimientos de los

últimos tiempos, se han enfrentado algunas opiniones de nuestro parlamento de

papel. La teoría de que la Santa Sede se benefició de aquel solemne acuerdo

global, aprovechando la difícil coyuntura diplomática de la España de los años

cincuenta, ha recibido las objeciones de quienes estiman que el Vaticano forzó

soluciones y cláusulas leoninas para desalentar al Régimen español y evitar el

compromiso indeseádo. «Ya» acaba de tomar partido olímpicamente, sin citar a las

partes en polémica y elaborando un comentario fugaz sobre los entresijos

inexplorados de aquella negociación presidida por la elevada y discutida figura

de Pío XII: «Lo mejor sería evitar cualquier alusión al pasado, pues él futuro

es lo que importa; pero no nos parece justo que en alguna Prensa se presente al

Concordato de 1953 como el resultado de la debilidad de una España acosada

internacionalmente, ante las exigencias de una Santa Sede que tiene . conciencia

de ocupar una situación de fuerza. Semejante simplificación es radicalmente

opuesta a la verdad histórica».

ESTA crónica ha de reflejar, por fuerza, una semana con pocos hechos políticos

visibles y cierta abundancia de opiniones en circuito. Entre los primeros hay

que registrar el «probable» aplazamiento del viaje del señor Cortina Mauri a

Washington, donde iba a negociar para España una declaración de prestigio que

asimilase en lo posible nuestro «status» defensivo occidental al papel que

representan los socios de la Alianza Atlántica. El señor Kissinger y luego el

presidente Nixon han «reñido» con Europa y, según la interpretación oficial, la

demora que esta tensión impone a la proclamación de una nueva «carta atlántica»

arrastra o comporta la «guadianización» de nuestro idilio verbal con el coloso

yanqui. El tema tiene un cierto interés cuando precisamente se acercan los

vitales contactos hispano-norteamericanos para la renovación de los pactos

militares. Un Nixon con «menos Congreso» que nunca va a entablar con los

representantes de España las conversaciones para la renegociación de los famosos

acuerdos entre Ejecutivos. Un país como el nuestro, acuciado por problemas

económicos de envergadura indudable, parece más obligado que nunca a exigir

contrapartidas serias por la aportación de su suelo a la arriesgada empresa de

colaborar militarmente con Washington. Claro es que no deja de parecer un

«handicap» para España el influjo psicológico-político de sus dificultades

exteriores. Si Norteamérica vuelve a abrirnos sus amorosos brazos y nos brinda

su consuelo declarativo en medio de un contexto internacional inamistoso, ello

no debe hacer más complaciente la instrumentación diplomática de nuestra baza

negociadora.

EL proyecto de ley sobre selectividad para el ingreso en la Universidad congregó

ante el Ministerio de Educación, en plena calle de Alcalá, a la muchachada del

COU, dispuesta en sus representaciones más activas a exteriorizar una protesta

con visos de manifestación. La fuerza pública, dotada con cascos y auxiliada

incluso por un coche-cisterna, guardó la entrada del edificio. La manifestación

fue pequeña en sus proporciones, pero significativa en lo que tiene de gesto

frente a unas medidas ministeriales arropadas por el Gobierno. La cuestión de la

selectividad ha planteado a un estudiantado sujeto durante cuatro años al

sistema académico de las evaluaciones globales, la repentina necesidad de

someterse, a pruebas de aptitud. La drástica revisión de la Ley General de

Educación pudo llevar inicialmente, según rumores circulados, la forma de

Decreto-Ley. Se sabe que el tema, sea cual fuere la formalidad legal pretendida,

pasó por el Consejo Nacional de Educación y allí fue ampliamente discutido.

Posteriormente, el Consejo de Ministros remitió la selectividad a las Cortes, es

decir, envió a éstas un proyecto de ley que consagra la necesidad de «filtro»

para acceder a las facultades y escuelas técnicas superiores, así como a los

colegios universitarios.

El debate público proclama selectividad sí, selectividad no. Pero, sobre todo,

¿selectividad para qué? ¿Para desmasificar los centros superiores? ¿Para

garantizar la promoción de los más capacitados? ¿Para hacer levas de élites

basadas en una mitad de talento y otra mitad de mediocridades con capacidad de

resistencia económica?

Los catedráticos de Instituto, a través de la Comisión Ejecutiva de su

Asociación Nacional, han expresado sorpresa y extrañeza ante el proyecto de ley,

argumentando que su elaboración se ha hecho de espalda a los sectores afectados

y aduciendo quebrantamiento de las condiciones jurídicas en que los alumnos

comenzaron su Curso de Orientación Universitaria.

Problema académico, problema personal, problema familiar. Habrá ocasión de

retornar sobre el tema. El proyecto está en las Cortes, sometido ya a trámite de

enmienda. Su discusión se verá prontamente. La atención se desvía, de momento,

hacia asuntos de otra entidad. Por ejemplo, cuál será el próximo paso de la

nueva política educativa, en qué van a parar los exámenes para mayores de

veinticinco años con vocación universitaria (no todo es demagógico en este

capítulo) y cuál será el definitivo destino de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia, cuyo antiguo rector acaba de ser removido. ´• L. C.

 

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