Autor: Villamandos, José. 
   Injusticia innecesaria     
 
 ABC.    11/12/1959.  Página: 40. Páginas: 1. Párrafos: 10. 

INJUSTICIA INNECESARIA

El nombre del bien común se puede imponer siempre a personas o entidades el sacrificio de sus privilegios y a veces, en cierto modo, el de sus intereses y derechos nobles, pero lo que nunca pue-

de reclamarse es el de su propio honor y dama que es patrimonio del alma... Actualmente pasa sobre los ingenieros una campaña maledicente innegable, valga tíe muestra que hace solo pocos días el más autorizado de nuestros representantes haya tenido que replicar públicamente a las difamaciones más absurdas.

La Iey de reforma ha sido promulgada —según se dice en la misma—para hacer posible una continuidad, con igual eficacia que hasta ahora, de la maritísima labor desarrollada por los ingenieros. Además, si en España ha podido ser realidad el ingente desarrollo industrial felizmente ideado por nuestro Gobierno y los ingenieros eran—según se dice—en número insuficiente, nadie dudará que en el pleno cumplimiento • -de su misión han rebasado el limite exigible.

Es evidente .pues, la existencia de un trato injusto, pero tras es subsanable aún manteniendo vigentes todos y cada uno de los fundamentos de la citada ley Permítase demostrarlo aquí.

un título profesional no está formado, solo por una yuxtaposición ´de palabras que únicamente constituyen su divisa o estandarte. El nivel cultural exigido, la delimitación de su campo de trabajo y el prestigio que desde su origen- haya ganado constituyen su patrimonio, y si el bien común puede justificar un reajuste, nunca será lícito que por su brusquedad y maneras tomé el aspecto de una degradación y escamoteo del título y pareciendo un castigo y ima burla, dé base aparente para el descrédito y escarnio de esa profesión. , Cosa opuesta sucede con las palabras comunes—como ingeniero—que ninguna institución o grupo profesional puedo reclamar en uso exclusivo. Sin degradación de su contenido, tal como nuestros académicos la han definido—sin confundir técnico con ingeniero—pueden y deben crearse por quien corresponda cuantas carreras de ingenieros y de técnicos se juzguen precisas para completar con las ya existentes la estructura orgánica a que hace referencia la ley y alcanzar así el número de titulados que sea necesario. Pero esto debe ser con la máxima urgencia para que pronto puedan suprimirse imposiciones apriorísticas—como las qus ahora existen— para el número de "admitidos en las ´escuelas de ingeniería; límites mínimos que ´ ,no solo son lógicamente contradictorios con ´la existencia:de unos programas, sino que además, sin constituir parte de la ley, son la causa indudable de la degradación, antes citada, y por tanto, de sus injustas consecuencias.

Es bien conocido que los títulos de ingeniería anteriores a la ley no sólo estaban llenos de prestigio, sino también—por su soledad—plenos de privilegios. Aún con dolor—y tal vez con protestas poco meditadas—resultó preciso podar estos privilegios. De improviso podrá parecer que suprimidos los topes mínimos volverán los privilegios, pero no será así. No teniendo ya los futuros Ingenieros—sean con título antiguo o de nueva creación—el carácter de funcionarios públicos, bastará darle a todos un trato equitativo en la provisión de las vacantes. La industria privada siempre las eligió libremente y mejor aún si aumenta la concurrencia de títulos y además, una gradación más amplia de niveles.

Una de las bases de la nueva ley fue suprimir el sistema de escuelas aisladas y a veces discordes, Incorporándolas, bajo un mando único a una nueva organización; ahora bien, todo organismo por simple que sea es consustancial con jerarquías y especializaciones múltiples. Y esto se conseguirá creando nuevos títulos a los niveles superiores o inferiores que sean precisos, pero respetando bien diferenciados los antiguos a los suyos, si es posible. Reduciendo las tradicionales facultades de sus tribunales de examen, sólo se conseguirá obtener "contra natura" un número de ingenieros prefijado, a nivel único, y por tanto, sin posibilidad de constituir un organismo vivo Y eficaz para el progreso que todos deseamos.

La solución apuntada es todavía posible y es evidentemente justa, y de su conveniencia para el bien supremo, de España nadie dudará cuando restablecido el derecho primario de dar a cada uno lo suyo, renazca entre nuestro grupo la confianza y la alegría quo da una justicia bien cumplida, olvidando pronto unos privilegios de los qus indebidamente presumíamos, pero conservando íntegro y limpio el prestigio que nuestros antecesores ganaron con el sudor de su trabajo honrado.

Que la solución sea posible, que sea justa y que sea coaveniente, son según creo, los requisitos que cualquier jurista puede imponer para que deba tomarse una determinación. Que asi sea.—José VILLA-MANDOS. Ingeniero de Caminos.

 

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